Sirenio Martinez Rincon

Expediente 664/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
664/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • Sirenio Martinez Rincon

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Visto el oficio de cuenta, suscrito por el Secretario del Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, mediante el cual remite los autos originales del presente juicio de amparo, así como testimonio de la ejecutoria dictada el treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, en el toca de revisión principal *, del que se advierte que la superioridad resolvió lo siguiente: PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida que decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege al quejoso*, contra el acto reclamado y la autoridad responsable precisados en el resultando primero de esta ejecutoria; conforme con los razonamientos expuesto en el séptimo considerando y para los efectos precisados en el último de ellos. Hágase saber la circunstancia anterior a las partes, efectúense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno, glósese el cuaderno de antecedentes relativo y acúsese el recibo correspondiente. Ahora bien, la ejecutoria de mérito, en lo conducente, establece: OCTAVO. Concesión y efectos de la sentencia de amparo.... Por tanto, con fundamento en los artículos 192, 193 y Tercero Transitorio de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Funcionario Conciliador del Centro Federal de Conciliación y Registro Federal en el Estado de Jalisco, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación del presente proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo en los términos antes indicados; bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el incumplimiento, con apoyo en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el artículo tercero transitorio del Decreto de reformas Constitucionales publicada el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26 Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo; y en su caso, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para los efectos previstos en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución General de la República, consistentes en su separación del cargo y consignación ante autoridad competente.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo ********************, promovido por ********************, por su propio derecho, contra actos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 13; Tribunal Unitario Agrario Distrito 16; Actuario Notificador del Tribunal Unitario Agrario Distrito 13; Actuario Notificador del Tribunal Unitario Agrario Distrito 16; Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco; Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco; Oficina Registral en el Municipio de Ameca, Jalisco, del Registro Público de la Propiedad y de Comercio; Oficina Registral en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, del Registro Público de la Propiedad y de Comercio; Dirección de Catastro del Arenal, Jalisco; Dirección de Catastro de Zapopan, Jalisco; Guardia Nacional, Órgano Desconcentrado de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana; Policía Estatal dependiente de la Secretaria de Seguridad del Estado de Jalisco; Dirección de Seguridad Pública del Arenal, Jalisco; Comisaria de Seguridad Pública de Tala, Jalisco; Dirección de Seguridad Pública de Tequila, Jalisco; Comisaria General de Seguridad Pública de Zapopan, Jalisco; Fiscalía del Estado de Jalisco; Dirección Regional IX en Ameca, de la Fiscalía del Estado de Jalisco; Dirección Regional X de Tequila, de la Fiscalía del Estado de Jalisco; Perito Ejecutor del Tribunal Unitario Agrario Distrito 16; y Comisaría General de Seguridad del Estado de Jalisco; por considerarlos violatorios de las garantías contenidas para su protección en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. ********************, el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, presentó demanda de amparo indirecto contra actos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 13; Tribunal Unitario Agrario Distrito 16; Actuario Notificador del Tribunal Unitario Agrario Distrito 13; Actuario Notificador del Tribunal Unitario Agrario Distrito 16; Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco; Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco; Oficina Registral en el Municipio de Ameca, Jalisco, del Registro Público de la Propiedad y de Comercio; Oficina Registral en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, del Registro Público de la Propiedad y de Comercio; Dirección de Catastro del Arenal, Jalisco; Dirección de Catastro de Zapopan, Jalisco; Guardia Nacional, Órgano Desconcentrado de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana; Policía Estatal dependiente de la Secretaria de Seguridad del Estado de Jalisco; Dirección de Seguridad Pública del Arenal, Jalisco; Comisaria de Seguridad Pública de Tala, Jalisco; Dirección de Seguridad Pública de Tequila, Jalisco; Comisaria General de Seguridad Pública de Zapopan, Jalisco; Fiscalía del Estado de Jalisco; Dirección Regional IX en Ameca, de la Fiscalía del Estado de Jalisco; Dirección Regional X de Tequila, de la Fiscalía del Estado de Jalisco, que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo de referencia, se turnó para su conocimiento a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, cuyo entonces Titular, previa aclaración, dictó proveído el seis de mayo de dos mil veintiuno, en que ordenó admitir la demanda de amparo y registrarla bajo expediente ********************; pedir informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; reservándose el llamamiento de los terceros interesados; dar intervención a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, mediante escrito presentado el dieciséis de junio de dos mil veintiuno, ante la oficialía de parte de este Juzgado Federal (fojas 316 a 404), la quejosa amplió su demanda de amparo, respecto de las autoridades responsables Tribunal Unitario Agrario Distrito 16; Actuario Notificador del Tribunal Unitario Agrario Distrito 16; Perito Ejecutor del Tribunal Unitario Agrario Distrito 16; Comisaría General de Seguridad del Estado de Jalisco, y actos que se precisarán en el considerando segundo de esta resolución. Mediante acuerdo de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se admitió la ampliación de demanda, y se ordenó: pedir informe justificado a las autoridades responsables; dar intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; fijar día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de garantías, de conformidad con los numerales 103, fracción I, y 107, fracciones IV y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 36, 107 fracción III, de la Ley de Amparo y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se combaten actos de autoridades administrativas, cuya ejecución tuvo lugar en la demarcación territorial en que este Juzgado de Distrito ejerce su jurisdicción constitucional. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; modificado por el Acuerdo General 41/2018. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad el libelo actio de amparo, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XI, abril de dos mil, página 32, cuyo texto y rubro, dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Asimismo, es aplicable a lo anterior, la tesis P.VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que literalmente dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese sentido, de la lectura de la demanda de amparo y su ampliación, así como de las demás constancias que integran el juicio, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional consiste en: Demanda de amparo. Del Tribunal Unitario Agrario Distrito 16 con sede en Guadalajara, Jalisco y Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 13, en su carácter de autoridades ordenadoras: El auto, acuerdo, decreto, sentencia interlocutoria o definitiva que se haya dictado o emitido en el expediente agrario 1151/2012, y que contenga orden, instrucción o encomienda de desposeer a la quejosa ********************, de la superficie aproximada de 125,682.77 metros cuadrados, al cual no fue llamada la quejosa, por lo que se tiene temor fundado de ser desalojada del inmueble ubicado en el ejido denominado la Cruz del Astillero del Arenal, Jalisco. La falta de emplazamiento de la quejosa al procedimiento judicial bajo el expediente, así como todo lo actuado en dicho procedimiento. El reconocimiento de la existencia de derechos a favor de alguna de las partes que intervengan o tengan interés en el proceso judicial bajo expediente respecto del predio de referencia. La adjudicación de derechos a favor de alguna de las partes que intervenga o tenga interés en el procedimiento judicial identificado bajo expediente en el que se ubica la casa habitación de la quejosa. La orden de cancelación del derecho reconocido a ********************, como posesionaria sobre el predio en el que se ubica la casa habitación. La orden de cancelación que se gire a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco, sobre los derechos agrarios de la parte quejosa relativos al predio en el que se ubica la casa habitación de la misma. La orden de cancelación que se gire a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco, sobre la calidad de posesionaria, reconocida a la parte quejosa. La orden que se gire a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco, para que asignen a una de las partes que intervengan o tengan interés en el procedimiento judicial identificado bajo expediente 1151/2012, el predio en el que se ubica la casa habitación de la quejosa. La orden que se gire a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco, para que expida documentos acreditantes a favor de una de las partes que intervengan o tengan interés en el procedimiento judicial identificado bajo expediente 1151/2012, sobre el predio en el que se ubica la casa habitación de la quejosa. Las órdenes que se giren a la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Jalisco, a sus Oficinas Registrales con sede en los Municipios de Ameca y Guadalajara, ambos del Estado de Jalisco, así como a las Direcciones de Catastro de los Municipios del Arenal y Zapopan, ambos del Estado de Jalisco, que tengan por objeto la construcción, modificación, cancelación o extinción de derechos de la parte quejosa sobre el predio en el que se ubica la casa habitación de la quejosa. Las órdenes que se giren a las autoridades responsables señaladas como ejecutoras para que se cumplan los autos, acuerdos, decretos, sentencias, interlocutorias o definitivas, y en general cualquier resolución que se hayan dictado o lleguen a emitirse dentro del procedimiento judicial bajo expediente 1151/2012, y que tengan como propósito la construcción, modificación o extinción de los derechos de la parte quejosa. De los Actuarios Notificadores de los Tribunal Unitarios Agrarios Distritos 13 y 16; Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco; Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco; Oficina Registral en el Municipio de Ameca, Jalisco, del Registro Público de la Propiedad y de Comercio; Oficina Registral en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, del Registro Público de la Propiedad y de Comercio; Dirección de Catastro del Arenal, Jalisco; Dirección de Catastro de Zapopan, Jalisco; Guardia Nacional, Órgano Desconcentrado de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana; Policía Estatal dependiente de la Secretaria de Seguridad del Estado de Jalisco; Dirección de Seguridad Pública del Arenal, Jalisco; Comisaria de Seguridad Pública de Tala, Jalisco; Dirección de Seguridad Pública de Tequila, Jalisco; Comisaria General de Seguridad Pública de Zapopan, Jalisco; Fiscalía del Estado de Jalisco; Dirección Regional IX en Ameca, de la Fiscalía del Estado de Jalisco; Dirección Regional X de Tequila, de la Fiscalía del Estado de Jalisco; en su carácter de autoridades ejecutoras: El acatamiento, cumplimiento, ejecución de los actos reclamados a las ordenadoras. Ampliación de la demanda. Del Tribunal Unitario Agrario Distrito 16 con sede en Guadalajara, Jalisco, en su carácter de autoridad ordenadora: a) El acuerdo de fecha veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, emitido dentro del expediente, mediante el cual se ordena la ejecución de la sentencia, en cuyo punto CUARTO determinó que habían quedado agotadas las dos primeras hipótesis de la sentencia dictada el once de noviembre de dos mil once, y en cuyo punto QUINTO ordenó la ejecución de dicha sentencia. De igual manera, en dicho auto se ordenó solicitar el auxilio de la fuerza pública a diversas autoridades responsables, como Comisaría General de Seguridad del Estado de Jalisco, para que proporcione los elementos necesarios y suficientes que resguarden el orden y la integridad física del personal actuante de las partes y personas que participen durante la diligencia. Destacando que la superficie controvertida en el juicio agrario , asciende a ** hectáreas, correspondiente al Ejido denominado "Santa Cruz del Astillero", Municipio del Arenal, Estado de Jalisco, y dentro del cual se ubica la superficie de *, que corresponden al predio que se defiende en esta instancia constitucional y que se localiza en el kilómetro b) Las consecuencias de la emisión del auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, en el juicio agrario, a efecto de señalar nueva fecha para ejecutar la sentencia de fecha once de noviembre de dos mil once. c) La sentencia de once de noviembre de dos mil once, dictada por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 13, que en ese entonces era competente por razón del territorio para conocer del juicio agrario, hoy radicado bajo el expediente, ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 16 con sede en Guadalajara, Jalisco. Del Actuario adscrito al Tribunal Unitario Agrario Distrito 16 y Perito Ejecutor designado por dicho Tribunal, así como de la Comisaría General de Seguridad del Estado de Jalisco, señaladas como autoridades ejecutoras: El acatamiento, cumplimiento, ejecución de los actos reclamados a las autoridades ordenadoras en el juicio agrario. Por lo mismo, respecto de dichos actos versará el estudio de la procedencia y, en su caso, de fondo del juicio de amparo. TERCERO. Negativa de los actos reclamados. No son ciertos los actos atribuidos al Magistrado y Actuario adscritos al Tribunal Unitario Agrario Distrito 13, Director Jurídico y de Comercio del Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco, en representación del Director General y de la Oficina Registral, ambos del Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco, Director de Catastro del Municipio de El Arenal, Jalisco, Director de Catastro Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, Comisariado de Seguridad Pública de El Arenal, Jalisco, Comisario General de Seguridad Pública del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, Director General Jurídico de la Secretaria de Seguridad del Estado de Jalisco, en representación de la Policía Estatal dependiente de la Secretaria de Seguridad del Estado de Jalisco, Director General Jurídico de la Fiscalía del Estado de Jalisco, en representación de la Fiscalía del Estado de Jalisco, Comisariado de Seguridad Pública Municipal de Tala, Jalisco, Director Regional Zona Valles, con sede en Tequila, Jalisco, en representación de la Dirección Regional IX Ameca de la Fiscalía del Estado de Jalisco, Encargado de la Unidad Departamental del Registro Público de la Propiedad y de Comercio con sede en Tequila, Jalisco, en representación de la Oficina Registral con sede en el Municipio de Ameca, del Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado; sin que la parte quejosa haya desvirtuado dicha negativa con constancia fehaciente. Dichas negativas cobran relevancia jurídica sin necesidad de mayores elementos, pues, la obligación que impone el artículo 117 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables al rendir su informe justificado, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su constitucionalidad, más no, cuando esa autoridad negó categóricamente los actos que se le imputan, pues, en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de estos últimos, quedando a cargo de la quejosa aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza de los actos de que se tratan y enseguida, aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para sostener que es inconstitucional. Así las cosas, del análisis de las constancias que integran el sumario, no se desprende con certeza algún medio de convicción que demuestre la existencia del acto reclamado a las precitadas autoridades. Por tanto, ante la omisión de demostrar el acto reclamado a las referidas responsables, lo conducente es SOBRESEER en el juicio de amparo, respecto a las referidas autoridades responsables, conforme lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. La Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XVI; Actuario Adscrito del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XVI; Perito Ejecutor del Tribunal Unitario Agrario de Distrito XVI; y Comisariado General de Seguridad Pública, al rendir informe con justificación, reconocieron la existencia de los actos que se les atribuyen y que precisados quedaron en el considerando segundo. Por otra parte, la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco, la Guardia nacional, como Órgano Desconcentrado de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, y Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Tequila, Jalisco, fueron omisos en rendir su informe con justificación, no obstante de habérselo solicitado oportunamente según se advierte de los acuses de recibo de los oficios números que obran agregados en autos, en consecuencia, con fundamento en el artículo 117, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se tienen como presuntivamente ciertos los actos que se les atribuyen. Además, lo anterior se corrobora con las documentales allegadas al sumario, en específico, las copias certificadas del expediente agrario número 1151/2012, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 16, mismas que por su naturaleza de documentales públicas, merecen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º. QUINTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es de orden público y su estudio es prioritario al fondo de la cuestión constitucional planteada, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En ese sentido, debe decirse que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, con relación al diverso 5°, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, al no contar la quejosa con interés jurídico para comparecer al juicio de amparo; es así que los artículos citados establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". De estas disposiciones se advierte, entre otras cosas, que el juicio de amparo indirecto únicamente lo puede promover la parte a quien perjudique el acto reclamado; a contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa. Cabe destacar que la disposición legal en estudio establece uno de los principios fundamentales del juicio de garantías, el cual consiste en la posibilidad de que la parte quejosa acuda al juicio de amparo cuando sea titular de un derecho que sea transgredido por un acto de autoridad, esto es, que se haya afectado su esfera jurídica de derechos y acuda en su defensa. Efectivamente, el juicio de amparo sólo puede ser seguido a instancia de parte agraviada, lo cual implica que únicamente quien tiene un interés jurídico tutelado, cuenta con legitimación, procesal y sustantiva, para promover y obtener la protección constitucional. En ese contexto, el primer presupuesto para la procedencia del juicio está determinado por la legitimación procesal del accionante del amparo, la cual le confiere, a su vez, la posibilidad de acreditar un interés jurídico sustantivo que, de resultar afectado con el acto autoritario u omisión, que en su caso reclame, es necesario acreditar que dicha conducta afecte su esfera de derechos subjetivos públicos. Luego, para demostrar la afectación al interés jurídico en el amparo, se requiere acreditar a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, cuando menos, la existencia de los siguientes elementos: un derecho legítimo del quejoso sobre el bien tutelado; la precisión indudable de ese derecho (legitimación); y la afectación del citado derecho, a través de un acto autoritario (principio de agravio personal y directo). Cabe citar al respecto las tesis siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías". Lo anterior significa, que el juicio de amparo sólo podrá promoverse cuando el acto reclamado cause un perjuicio real y definitivo, a la persona física o moral que se estime directamente afectada, y de no ser así, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5°, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, se puntualiza que el interés jurídico reviste tal importancia en el juicio de amparo, que debe quedar fehacientemente acreditado y no inferirse de simples deducciones, tal como lo advierte la jurisprudencia que indica: No está por demás señalar, que en el presente caso no resulta aplicable examinar si ante la falta de demostración del interés jurídico, se presenta un interés legítimo que haga procedente el amparo indirecto, pues esta figura jurídica se entiende como el interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor de la quejosa derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Sin embargo, no es posible verificar su actualización en el caso concreto porque por disposición expresa del último párrafo de la fracción I, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de actos o resoluciones que provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la quejosa debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, es decir, forzosamente tiene que contar con un interés jurídico comprobable. En la especie, la quejosa comparece al presente sumario ostentándose como tercera extraña en estricto sentido al juicio agrario, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 16 con sede en Guadalajara, Jalisco, en el que reclama la orden de ejecución de la sentencia emitida el once de noviembre de dos mil once, en dicho expediente agrario, consistente en el desalojo forzoso del predio denominado "La Primavera" con superficie de Precisado lo anterior, es importante establecer que para efectos del juicio de amparo existen dos tipos de terceros extraños, esto es, en estricto sentido y por equiparación. En ese orden, el tercero extraño a juicio en estricto sentido - supuesto en el que se encuentra el quejoso-, es la persona física o moral que no figura en el juicio o en el procedimiento (del que emana el acto reclamado) como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oído en su defensa, por desconocer totalmente las actuaciones relativas. Mientras que el tercero extraño a juicio por equiparación, es la persona que promueve juicio de amparo por no haber sido emplazada al juicio en el que debió ser parte, o en virtud de que fue citada al mismo en forma distinta de la prevenida en la ley, lo que ocasiona el desconocimiento total del juicio. Así, dicho tercero es el sujeto que, formando parte de la controversia de la que emana el acto reclamado, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado, y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Apoya al tema la tesis jurisprudencial: Ahora bien, es necesario hacer una breve relación de los antecedentes que informan este juicio de amparo, lo cual se recaba de las actuaciones del presente juicio de amparo, así como del diverso juicio de amparo, del índice de este órgano jurisdiccional -asunto confirmado en el recurso de revisión número 224/2019, por el Tercer Tribulan Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito-, y de los juicios de amparo, del índice de este Juzgado Federal; y que se traen a la vista como un hecho notorio. a) Que el juicio agrario, tiene su origen desde el once de junio de mil novecientos noventa y nueve, en que se resolvió el juicio agrario, y su acumulado 244/96, que corresponde a los expedientes, relativos a la primera y segunda solicitud de ampliación de tierras promovidas por campesinos del poblado denominado "Santa Cruz del Astillero", ubicado en el Municipio de Arenal, Estado de Jalisco, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo directo 43/98, pronunciada el veintidós de febrero de mil novecientos noventa y nueve, por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, promovido por el comisariado ejidal del poblado referido, en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Superior Agrario el veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y siete, el cual posteriormente se registró con el consecutivo. b) Que el once de noviembre de dos mil once, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Trece, resolvió el juicio agrario , de su índice; promovido por ; en contra del poblado "" municipio de "el Arenal" Jalisco; ; y, Secretaría de la Reforma Agraria, donde destacadamente se condenó a la entonces Secretaría de la Reforma Agraria: "a entablar negociaciones para adquirir tal superficie, mediante una compra con los actores; para incorporarla al patrimonio social de ejido en comento, con lo cual, se regularizaría la posesión del poblado por la citada secretaria, o en caso de comprobarse de manera fehaciente que después de múltiples gestiones de los funcionarios encargados de tal secretaría, no sea posible tal compra de las localizadas por el perito propuesto por la actora, a favor del ejido en mención, tal dependencia pondrá a disposición en propiedad y posesión al núcleo agrario otra superficie de semejante calidad y extensión, a partir de lo cual comenzaran a transcurrir un plazo de sesenta días para la desocupación y entrega de las tierras ocupadas por los integrantes del ejido en comento, salvo en las áreas donde tengan plantaciones, la entrega se hará en cuanto terminen los ciclos agrícolas de las cosechas plantadas antes de este día, en el cual se dicta la presente sentencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 302 y 309, de la Ley Federal de Reforma Agraria. Por ello, en caso de falta de compra-negociada con los actores José Luís Merchant Ovando y Juana Chávez Gutiérrez, por la Secretaría de la Reforma Agraria, además de la entrega de tierras en similares condiciones al ejido en comento, una vez transcurridos los plazos antes mencionados, se procedería a la entrega forzosa a favor de los propietarios de la superficie controvertida, de hectáreas, del predio denominado "La Primavera", y en su caso, con el auxilio de la fuerza pública; lo anterior, conforme al artículo 191 de la Ley Agraria, en correlación de lo dispuesto en los artículos 59 reformado, 420 y 421 del supletorio Código Federales de Procedimientos Civiles.". c) El diez de mayo de dos mil doce, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciséis, asumió competencia en el asunto, y lo radicó bajo su progresivo 1151/2012, declarando en esa misma fecha ejecutoriada la sentencia; y dictó providencia para su cumplimiento. d) En audiencia de ejecución, de ocho de marzo de dos mil trece, se tuvo, entre otros, a la parte actora solicitando, se requiriera al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, la remisión de avalúos relacionados con la superficie materia de la contienda. e) En auto de veintisiete de octubre de dos mil quince, se ordenó a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), antes Secretaría de la Reforma Agraria, entablar negociaciones con los actores José Luis Merchant Ovando y Juana Chávez Gutiérrez, para adquirir mediante compra la superficie en conflicto, a efecto de incorporarla al ejido de "Santa Cruz del Astillero" instruyéndole coordinarse con el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, para actualizar el valor comercial del predio controvertido. f) El nueve de febrero de dos mil dieciséis, el Tribunal Unitario Agrario, atendiendo informes previos de la Delegación Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), antes Secretaría de la Reforma Agraria, requirió se le informaran los avances de los estudios técnicos para que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, actualizara el valor comercial de los predios controvertidos. g) Después de requerimientos posteriores e imposición de multas; el veinticinco de enero de dos mil dieciocho, los actores José Luis Merchant Ovando y Juana Chávez Gutiérrez, -aquí quejosos- solicitaron al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciséis, la actualización a valor comercial real de los avalúos, formulados por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, relacionados con los predios controvertidos. h) El ocho de febrero posterior, en relación con la petición de los actores el tribunal, negó lo solicitado, indicando sintéticamente que la inconformidad de las partes con los avalúos mostrados, no obligaba al tribunal a ordenar su actualización puesto que ello no formaba parte del cumplimiento del fallo agrario, dejando expeditos los derechos de los promoventes para recurrir el dictamen valuatorio, ante las instancias correspondientes. i) En tanto que al rendir su informe justificado las responsables en el presente juicio de amparo, manifestaron que en acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, se dictó auto en el que se ordenó la ejecución del juicio agrario 1151/2012, del que derivan los actos reclamados. Antecedentes que como se adelantó se obtienen de los cuadernos de pruebas relativos a los juicios de amparo del índice de este Juzgado Federal, mismos que se citan como un hecho notorio con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ordenándose agregar para un debido entendimiento copia de las sentencias dictadas en los juicios de amparo en comento. De lo anterior, como se anticipó, se llega a la conclusión que a aquí quejosa no figuró como parte en el juicio de origen, toda vez que el mismo fue promovido por; en contra del poblado " municipio de "el Arenal" Jalisco; Francisco Olmos; y, Secretaría de la Reforma Agraria. No obstante, si bien se encuentra demostrado que la impetrante es tercero extraña en estricto sentido al juicio natural, del análisis de las constancias antes destacadas, también se evidencia que la falta de intervención en el juicio agrario, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 16, con sede en Guadalajara, Jalisco, no afecta su interés jurídico, pues para que ello ocurra es indispensable que se encuentre demostrado de manera fehaciente su interés que dice tener sobre el inmueble materia de la controversia. En ese orden, para demostrar su interés jurídico, la quejosa ofreció como medios de convicción los siguientes: 1. Lo actuado en el juicio agrario, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 16. 2. Copias simples de la constancia de posesión de nueve de julio de dos mil veinte, emitida por el Comisariado Ejidal de Santa Cruz del Astillero, Municipio del Arenal, Jalisco, que declara poseedora a la quejosa de una superficie que asciende a ; acta de asamblea de veintisiete de octubre de dos mil doce, en la que en el punto séptimo del orden del día se reconoce a Clementina Cortés Muñoz, como posesionaria; impresión de veintiocho fotografías sin fecha o dato de toma. 3. Copias certificadas del acta de asamblea de veintiocho de junio de dos mil ocho, en la que se asienta la cesión de derechos realizada por María Angélica Cortés Muñoz a favor de Clementina Cortés Muñoz. 4. Copia certificada de constancia de posesión de nueve de julio de dos mil veinte, emitida por el Comisariado Ejidal de Santa Cruz del Astillero, Municipio del Arenal, Jalisco, que declara poseedora a la quejosa de una superficie que asciende a Un acta de nacimiento a nombre de la quejosa.6. La prueba pericial topográfica, que tiene como objeto identificar la superficie de 125-682.77 metros cuadrados, que la ahora quejosa defiende como posesionaria. 7. La inspección judicial, que tiene por objeto describir lo que se encuentra en el predio que por esta vía defiende la quejosa. 8. La testimonial, que tiene por objeto acreditar que la quejosa tiene una calidad agraria reconocida dentro del Ejido denominado Estado de Jalisco. Medios de prueba, que solo son aptos para acreditar lo siguiente: Con el primero de los medio de prueba, consistente en el juicio agrario 1151/2012, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 16 con sede en Guadalajara, Jalisco, documentales con valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, por tratarse de documentos públicos elaborados o expedidos por servidor público en ejercicio de sus funciones y dentro de los límites de su competencia, es apta para acredita la determinación de once de noviembre de dos mil once, en el sentido de desalojar a las familias de los campesinos y posesionarios que se encuentran en posesión de las tierras de la Primera Ampliación del Ejido de ** municipio de Arenal, Jalisco, para ser entregadas a los aquí terceros interesados, para lo cual en el diverso acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, se ordenó la ejecución forzosa de la misma, señalando las diez horas del día seis de mayo de dos mil veintiuno, para que se procediera al desalojo del predio denominado "La Primavera" con superficie de hectáreas. En tanto que con las copias simples aludidas en el segundo punto, destacadas como constancia de posesión de nueve de julio de dos mil veinte, emitidas por el Comisariado Ejidal y acta de asamblea de veintisiete de octubre de dos mil doce, en las que se reconoce a Clementina Cortés Muñoz, como posesionaria, al tratarse de fotocopias simples carecen de valor probatorio pleno para acreditar la propiedad o posesión de la quejosa. En tanto que, con la documental destacada en el punto tercero, copias certificadas del acta de asamblea de veintiocho de junio de dos mil ocho, en la que se asienta la cesión de derechos realizada por María Angélica Cortés Muñoz, a favor de Clementina Cortés Muñoz, no tiene alcance probatorio para justificar el fin pretendido por la quejosa -el derecho a la posesión y explotación tierras ejidales, oponible a las partes del juicio agrario natural-, pues si bien es cierto que en dicha acta de asamblea, se asienta la cesión de derechos realizada por María Angélica Cortés Muñoz a favor de Clementina Cortés Muñoz, en la misma no se asentó cual era el título generador de derechos de ni su fecha de adquisición. Además, de que dicha acta de asamblea de veintiocho de junio de dos mil ocho, resulta insuficiente para demostrar su interés jurídico para instar el presente juicio de amparo, púes si bien es cierto que la propiedad y/o posesión puede acreditarse mediante un documento privado, también lo es que para que sea eficaz respecto de personas ajenas, es necesario que sea de fecha cierta que, conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se adquiere: 1. Mediante la inscripción en el Registro Público de la Propiedad; 2. A través de su presentación o elaboración ante funcionario público por razón de su oficio; y, 3. Por la muerte de cualquiera de los firmantes. De ahí que en la especie, la parte quejosa pretende acreditar su interés jurídico con el acta de asamblea de veintiocho de junio de dos mil ocho, la certeza de su data con respecto a terceros será aquella en la que se presentó ante fedatario público (diez de mayo de dos mil veintiuno) y no la de su celebración por los firmantes; de ahí que no puedan retrotraerse sus efectos a la fecha en que aparece signada por quienes la celebraron. Luego, si el aludido juicio agrario, tiene su origen desde el once de junio de mil novecientos noventa y nueve, en que se resolvió el juicio agrarioy su acumulado, que corresponde a los expedientes, relativos a la primera y segunda solicitud de ampliación de tierras promovidas por campesinos del poblado denominado ", ubicado en el Municipio de Arenal, Estado de Jalisco, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo directo 43/98, pronunciada el veintidós de febrero de mil novecientos noventa y nueve, por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, promovido por el comisariado ejidal del poblado referido, en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Superior Agrario el veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y siete, el cual posteriormente se registró con el consecutivo, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Trece, y por último el diez de mayo de dos mil doce, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciséis, asumió competencia en el asunto, y lo radicó bajo su progresivo declarando en esa misma fecha ejecutoriada la sentencia; y dictó providencia para su cumplimiento. Por tanto, es inconcuso que a la fecha en que se verificó la substanciación del juicio de origen y la emisión de sus sentencias vinculatorias once de junio de mil novecientos noventa y nueve, y once de noviembre de dos mil once, -así como el auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, en que se ordenó la ejecución forzosa, la quejosa no contaba con un título sustentado en alguna figura jurídica que amparara su calidad de posesionaria de las tierras de uso común que, según su dicho, se verían afectadas con motivo de la restitución material ordenada en el juicio agrario y su fase de ejecución. En tanto que la documental descrita en el punto cuarto, copia certificada de constancia de posesión de nueve de julio de dos mil veinte, emitida por el Comisariado Ejidal de Santa Cruz del Astillero, Municipio del Arenal, Jalisco, que declara poseedora a la quejosa de una superficie que asciende a metros cuadrados, que se localiza en el kilómetro 22 de la carretera Guadalajara-Ameca, en el Ejido de la Cruz del Astillero, Municipio del Arenal, Jalisco, con las medidas y linderos descritas con antelación; la misma es insuficiente para acreditar los actos reclamados, partiendo de que la constancia de posesión expedida por el Comisariado Ejidal, no se le puede dar valor probatorio pleno, pues, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley Agraria, el Comisariado Ejidal no está facultado para expedir constancias de posesión, por tanto no debe concedérsele pleno valor probatorio, por ser cuestiones ajenas a sus funciones. La prueba documental descrita en el punto quinto, merecen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º, para acreditar el lugar y fecha de nacimiento de la quejosa. Por su parte, por lo que ve a la prueba pericial en materia topográfica desahogada en autos, e inspección judicial, descritas en los puntos sexto y séptimo, si bien son aptas para acreditar que el predio cuya posesión ostenta la quejosa se encuentra dentro de aquel que será materia de ejecución en el juicio de origen; lo cierto es que, de su contenido no se advierte que la posesión y /o propiedad del referido predio corresponda a la solicitante del amparo. Y, por último, la prueba testimonial, descrita en el punto octavo, solo es idónea para demostrar la posesión material de un inmueble, lo que resulta intrascendente al no haber acreditado que ese disfrute lo adquirió mediante un título justo sustentado en alguna figura jurídica, y admiculado con diverso medio de convicción. En efecto, tratándose de la citada posesión es menester la plena comprobación del derecho atribuido, ya que la posesión sin derecho sólo puede tenerse como simple detentación por falta de causa legal que la apoye y por tanto no protegida a través del juicio constitucional. Entonces, al resultar manifiesta la falta de interés jurídico de la quejosa para reclamar los actos de afectación sobre la superficie de tierra de uso común materia de la litis, se actualiza la causal de improcedencia en análisis, por lo que se sobresee en el juicio acorde con lo previsto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, situación que desde luego impide emprender el análisis de los conceptos de violación planteados. El sobreseimiento decretado se hace extensivo a los actos imputados a las autoridades ejecutoras, al no impugnarse por vicios propios y su ilegalidad hacerla depender de los actos atribuidos a la autoridad ordenadora. Finalmente, resulta innecesario el estudio de la diversa causa de improcedencia hecha valer por la tercera interesada, así como inatendibles los alegatos expuestos, dado que carecen de vinculación porque no son integradores de la litis constitucional, aunado al sentido del presente fallo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 1º, 73, 74, 75, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo en vigor, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo ********************, promovido por ********************, contra los actos y autoridades que se precisan en el considerando segundo, por las razones y motivos expuestos en los considerandos tercero y último de esta sentencia.

  3. Principal

    Visto el escrito de cuenta, suscrito por perito oficial, mediante el cual, solicita se le otorgue un prórroga a fin de estar en condiciones de emitir su dictamen pericial; se otorga una prórroga de diez días, por lo que, requiérase al perito de mérito, para que dentro del término de diez días contados a partir de su legal notificación, emita su dictamen pericial encomendado en autos, el que deberá estar ratificado ante la presencia judicial, apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el incumplimiento, con apoyo de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Visto el estado procesal de los presentes autos, de los cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado el recurso de queja interpuesto por la autoridad responsable,; por tanto, se ordena remitir copia certificada de los autos del juicio de amparo en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, original y copia del oficio de expresión de agravios y de las constancias respectivas, para efectos de su debida substanciación. Por otra parte, visto el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa mediante el cual solicita se requiera por el cumplimiento de la ejecutoria de amparo a las autoridades responsables; sin embargo, dicha resolución mediante el cual se actualizó el monto de la indemnización que deberá ser restituida al quejoso, para dar total cumplimiento al fallo protector, la cual fue impugnada por la parte quejosa; en consecuencia, una vez que la superioridad resuelva el recurso de queja interpuesto por las autoridades responsables se acordará lo conducente.

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