Sinuhe Landa Díaz
Expediente 922/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 922/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Sinuhe Landa Díaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo para recurrir el auto de dieciocho de septiembre pasado, sin que se hubiese interpuesto recurso alguno. Conclusión a la que se arriba, pues atendiendo al sentido del mismo, dichas autoridades y tercero interesado carecen de legitimación para promover el recurso de revisión en su contra. Apoyan a lo anterior, las tesis 2a./J.127/20061 y XX. J/742 , de rubros: "REVISIÓN. LA AUTORIDAD QUE NIEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER AQUEL RECURSO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA." y "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMÓ." 2. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL MISMO HA CAUSADO ESTADO. 3. Anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes: Se solicita al Oficial Judicial "A" de este órgano jurisdiccional, encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), haga las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico que se lleva en este órgano jurisdiccional. 4. Archivo del expediente. Por lo anterior se advierte que el juicio de amparo en que se actúa, ha quedado definitivamente concluido, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, procédase al archivo definitivo del expediente. 5. Destino del expediente. Acorde a lo establecido en el capítulo sexto, en el artículo 20, fracción I), del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se declara que el presente expediente ES DESTRUIBLE. 6. Destrucción de expediente principal. Lo que así habrá de acontecer pasados tres años de dictado el presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del multicitado Acuerdo General. 7. Precisión de relevancia documental del expediente. De conformidad con el artículo 12, 14 y 15, del Acuerdo General que antecede, se hace constar que el presente expediente no es de relevancia documental, lo que deberá asentarse en la carátula, de conformidad con el numeral 35 del mencionado acuerdo. 8. Calificación del original del incidente de suspensión. Por otra parte, por lo que hace al original del cuaderno relativo al incidente de suspensión es CONSERVABLE, en virtud de que se ubica en lo establecido en el artículo 17, fracción III), inciso b) del Acuerdo General antes aludido, toda vez que se concedió la medida cautelar dictada en el incidente de suspensión; en consecuencia, para efectos de su conservación, se determina que el incidente de suspensión no debe permanecer glosado al presente juicio. 9. Transferencia. Hecho que sea lo anterior solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Entretanto, resguárdese en el recinto archivístico de este órgano jurisdiccional (archivo reciente). 10. Devolución de documentos a Sala. Ahora bien, debido a que se advierte que la Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, con residencia en Naucalpan de Juárez, remitió copia certificada de los autos del expediente 1217/2022; en consecuencia, devuélvase legajo a la citada autoridad; sin que sea necesario que acuse recibo de las mismas, pues para este órgano de control constitucional, es suficiente el sello de recibo de la citada autoridad, el cual hará las veces de acuse. Parte Tipo de notificación Quejosa Vía electrónica Autoridades responsables Oficio Fiscal Federal adscrito Vía electrónica
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Se sobresee fuera de audiencia Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que el quejoso señalo como actos reclamados: "Lo es la omisión del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, con residencia en Naucalpan de Juárez de establecer un régimen de visitas y convivencias entre el quejoso y los menores de iniciales D.M.L.G. y N.L.G. dentro del juicio de controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar, con número de expediente 1217/2022. Lo es la omisión por parte del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, con residencia en Naucalpan de Juárez de proteger le vinculo parteno-filial entre el quejoso ********** y sus menores hijos de iniciales D.M.L.G. y N.L.G. dentro del juicio de controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar, con número de expediente 1217/2022. Lo es la omisión del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, con residencia en Naucalpan de Juárez de realizar todo lo necesario para emplazar la reconvención a la ciudadana **********, dentro del juicio de controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar, con número de expediente 1217/2022." Ahora bien, vistas las constancias que obran en el juicio de amparo en que se actúa, mediante el cual se advierte que el pasado veintidós de agosto del año en curso, se recibió el oficio suscrito por el Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan, Estado de México, mediante el cual al rendir su informe justificado, manifestó que el once de agosto de dos mil veintitrés, se llevó a cabo el emplazamiento de la reconvención, dentro del expediente 1217/2022; asimismo, por manifestación propia de la aquí tercera interesada ********** y en favor de los menores de identidad reservada D.M.L.G y N.L.G., se estableció un régimen de visitas y convivencias provisional entre ellos y su progenitor, por tanto, conforme al principio de que un hecho notorio lo constituye el expediente principal de este asunto que se tramita ante este juzgado federal,1 de lo cual sirve de sustento la jurisprudencia número P./J. 16/2018 (10a.), del Pleno, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, número de registro 2017123, cuyo texto y rubro es el siguiente: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Circunstancia que se corrobora con las constancias que remitió el juez responsable como complemento a su informe; medio de convicción que constituye documento público y se le otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Bajo ese contexto, la suscrita juzgadora advierte que, de oficio, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo; por lo que debe sobreseerse de conformidad con lo dispuesto en la fracción V, del artículo 63 del dispositivo legal invocado, dadas las consideraciones siguientes: Los preceptos de referencia establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". De los artículos transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hayan cesado; luego, en caso de actualizarse la cesación de los efectos que la parte quejosa reclamó por afectar su esfera de derechos fundamentales, lo procedente es sobreseer el juicio constitucional. De la interpretación que se realiza de la fracción XXI del artículo 61 de la de la Ley de Amparo, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. Tratándose de la sustitución, se actualiza esa causal, por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado; por ende, si quedó sustituido por el segundo acto reclamado, el primero resulta improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis que sustentó el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el tomo XXX, Diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 1491, registro 165870, del epígrafe y contenido siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." En este orden de ideas, resulta inconcuso que el acto reclamado cesó en todos sus efectos con motivo de que el once de agosto de dos mil veintitrés, por manifestación propia de la aquí tercera interesada ********** y en favor de los menores de identidad reservada D.M.L.G y N.L.G., se estableció un régimen de visitas y convivencias provisional entre ellos y su progenitor y se llevó a cabo el emplazamiento de la reconvención, dentro del expediente 1217/2022, con ello, restituida en el pleno goce de sus derechos como si se hubiera concedido el amparo. En ese sentido, al comparecer la aquí tercero interesada ********** ante el Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan, Estado de México, y este estableció el régimen de visitas y convivencias provisionales, hizo cesar los actos que dieron origen a este amparo, habida cuenta que esa nueva situación restituyó de manera total e incondicional a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que estimó vulnerado; de ahí que al haber cesado la conducta que reclamó, lógico es que, como se dijo anteriormente, se actualiza en la especie la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo; en consecuencia, procede decretar el sobreseimiento de este asunto, respecto de los actos reclamados al Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan, Estado de México. Apoya la anterior determinación, la jurisprudencia P. CL/97, asentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, Tomo VI, Noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Asimismo, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, visible en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto señala: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Acceso a la justicia. El hecho de que se haya decretado el sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto en el caso, no constituye una decisión que haya tenido como consecuencia que se niegue el acceso a la justicia a la parte quejosa, ni tampoco que se haya dejado de aplicar lo previsto en los artículos 133 de la Constitución Federal, 2.1, a), 26 y 27.1, de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados; y, 8, 24, 25 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los criterios contenidos en la jurisprudencia nacional. Ello, debido a que el derecho de acceso a la justicia no implica necesariamente que se deba otorgar la razón a las pretensiones que se presentan ante el órgano jurisdiccional, sino únicamente implica que se le permita acceder a la jurisdicción, cumpliéndose con las formalidades en el juicio, tal como aconteció en el presente caso. Aunado a lo anterior, si bien la parte inconforme tiene a su favor el "acceder a un recurso sencillo y rápido que se resuelva en un plazo razonable"; ello, de ninguna manera significa que adquiere un derecho para poder soslayar los diversos requisitos procesales que se deben satisfacer. Esto es, la circunstancia de que se tenga a su favor el derecho de acceso a la impartición de justicia, no implica ni tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, como en el caso ocurre respecto de la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra del acto reclamado, pues se deben observar los requisitos necesarios y satisfacerse éstos, para que el mismo sea procedente. Además, el estimar lo contrario, esto es que no deben respetarse los presupuestos procesales y que siempre debe resolverse el fondo de la cuestión planteada, en el caso equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional. Es aplicable en el caso, por identidad de razón la jurisprudencia 1a. /J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA"1 . En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que hace al acto reclamado que se precisó en el inicio de este considerando; se sobresee el presente juicio de amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha de audiencia señalada para las diez horas con cuarenta minutos del diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, por lo que hágase del conocimiento de las partes la anterior determinación para los efectos legales a que haya lugar. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Vía electrónica Autoridades responsables oficio Fiscal Federal adscrito Vía electrónica Tercero interesado Lista
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a once de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Se glose escrito. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la tercero interesada **********, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formuladas en vía de alegatos las manifestaciones que hace valer en el escrito de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de las mismas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. 2. Autorización consulta de expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación los diversos numerales 9, 14, 16, 19, 35 y 36 del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo", por así haberlo solicitado la parte tercero interesada, se le autoriza la consulta del expediente electrónico a través del usuario proporcionado, vía internet del juicio en que se actúa; debido a que de la certificación de cuenta, se advierte que dicho usuario se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Usuario "**********" 3. Autorizados. Se autoriza en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que mencionan para tales efectos en su escrito de demanda, siempre y cuando tengan registradas sus cédulas profesionales en el Registro Único de Profesionales del Derecho, de lo contrario únicamente tendrán las facultades de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de la Materia. 4. Ahora bien, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, por lo que se le requiere para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de residencia de este órgano jurisdiccional, apercibida que en caso de no hacerlo así, se le harán las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado federal sin ulterior acuerdo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridades responsables Lista Fiscal Federal adscrito Lista Tercero interesada Lista
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. 1. Estado procesal de los autos. Visto el estado procesal del juicio en que se actúa y las constancias que lo integran, se advierte que aún no transcurre el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. 2. Imposibilidad legal para su celebración. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo1, el órgano jurisdiccional podrá diferir o suspender la audiencia, según proceda, cuando no haya trascurrido un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional. En suma a ello, es menester acotar que, en términos de la redacción del citado precepto legal, dicho diferimiento habrá de realizarse a solicitud del quejoso o del tercero interesado. Sin embargo, en el cuarto párrafo del numeral aludido se establece que los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero "podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Evidenciándose de esta manera la intención del legislador de otorgar a las partes la aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De ahí que, de una interpretación sistemática del contenido íntegro del precepto legal en cita, el órgano jurisdiccional se encuentra facultado para diferir, de oficio, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. Logrando así un debido equilibrio procesal de las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO."2 Criterio que resulta vigente de acuerdo con los artículos 2173 y sexto transitorio4 de la Ley de Amparo en vigor, al haberse emitido por el Máximo Tribunal conforme a normas de la Ley de Amparo anterior, que resultan sustancialmente similares a las normas correlativas de la Ley de Amparo vigente.5 3. Diferimiento. En consecuencia, a efecto dar margen a que se cumpla lo anterior, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 22 de dicho ordenamiento legal, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para que tenga verificativo las diez horas con cuarenta minutos del diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridades responsables Lista Fiscal Federal adscrito Lista
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