Sindy Yocelyn Velazquez Leguizamo

Expediente 375/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
375/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
14/05/2019

Partes del expediente

  • Sindy Yocelyn Velazquez Leguizamo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    IV.- Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de nueve de mayo de dos mil dieciséis (foja 79), se ordenó el archivo del presente asunto, y se precisó de manera incorrecta lo relativo al destino final del expediente en que se actúa; por tanto, en términos de lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se aclara lo siguiente: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó el presente juicio de amparo, por lo que se actualiza el punto vigésimo primero, inciso I, en relación con el diverso Segundo, inciso XXI.

  2. Principal

    III. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que no obran los acuses de recibo de los oficios 6835/2016 dirigido al Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS Chiapas"; 6836/2016 dirigido al Encargado del Despacho de la Jefatura del Complejo Penitenciario "Islas Marías" y 6838/2016 dirigido al Comisionado General de la Policía Federal dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad, que mediante auto de cuatro de marzo de dos mil dieciséis, quedó firme la resolución por la que se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa. Atento a lo anterior, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, vía telegráfica, requiérase a las responsable a fin de que por la misma vía y forma, bajo protesta de decir verdad, hagan del conocimiento el día en que recibieron respectivamente los diversos 6835/2016, 6836/2016 y 6838/2016; requiriéndoles lo anterior dentro del término de tres días contados a partir de la notificación de esta determinación; apercibidas que de no dar cumplimiento en los términos indicados, se les impondrá la multa de cincuenta a mil días, de la unidad de medida y actualización, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con los artículos 237 y 259, de la Ley de Amparo. Finalmente, visto el contenido del oficio SEADS/760/2016 de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, del cual se advierte que el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, comunica que mediante sesión ordinaria de aquella fecha, el Pleno de dicho Órgano, acordó por unanimidad de votos, la adscripción del Juez Everardo Maya Arias, a este Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, a partir del uno de mayo del dos mil dieciséis; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    IV. Vista la certificación secretarial que antecede y tomando en consideración que las partes dentro del término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrieron el auto de primero de abril de dos mil dieciséis, por el que se sobreseyó el presente juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones de estilo en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  4. Principal

    IV.- Vista la razón de cuenta, por medio de la cual el actuario de la adscripción, manifiesta su imposibilidad para llevar a cabo la notificación a la parte quejosa del auto de primero de abril del año en curso, toda vez que mediante acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, se le tuvo como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional; en consecuencia hágase la notificación de dicha determinación por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito. ACUERDO DE UNO DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO QUE DICE: Vistos los oficios de cuenta signados por el Oficial Calificador adscrito a la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de Metepec, Estado de México y por el Director de Seguridad Pública y Tránsito de Metepec, Estado de México, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento de veintiocho de marzo del año en curso, remiten las constancias con las cuales acreditan que la quejosa Sindy Yocelin Velázquez Leguizamo fue puesta en libertad el veinte de marzo de dos mil dieciséis; agréguese a los autos para que surtan los efectos legales procedentes. Ahora bien, el suscrito advierte oficiosamente que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Ahora bien, el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Sobre esa base, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo cual implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 192 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. La interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 192 de la Ley de Amparo, permite considera que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. En el presente asunto eso es lo que acontece, pues los actos de autoridad reclamados en esta instancia constitucional ya no existen en la realidad, y en consecuencia de ello no hay motivo para estudiar su legalidad o ilegalidad, porque ya no existiría garantía individual que reparar. En el caso concreto, por oficios presentados en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito el treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, el Oficial Calificador y el Director de Seguridad Pública y Tránsito, ambos del Ayuntamiento de Metepec, Estado de México, informaron que a las seis de la mañana con cincuenta minutos del veinte de marzo del año en curso, se le dio inmediata libertad de las galeras municipales de dicho municipio a la quejosa Sindy Yocelin Velázquez Leguizamo, tal y como lo acreditan con las copias certificadas del Libro de Gobierno que se lleva en dicha dependencia, así como de la boleta de libertad signada por Otoniel Gómez Serrano en su carácter de Oficial Calificador del Tercer Turno del Ayuntamiento de Metepec; ahora bien, al haber decretado la libertad a la impetrante de garantías y dado que el acto reclamado fue el arresto administrativo; y, tomando en consideración que se ha decretado la libertad de la impetrante de garantías, ello permite establecer válidamente que en la especie, ha operado una cesación de efectos respecto de dicho mandato; de ahí que se ha constituido legalmente una situación idéntica a aquella que existía antes de que acontecieran los actos reclamados. Por las razones expuestas es que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, lo que origina el sobreseimiento del juicio respecto de dicho acto, conforme a lo establecido en el artículo 63, fracción V de la misma Ley. Atento lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veinticinco de abril de dos mil dieciséis. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 81, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, que es del tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal."

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 12,830 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano