Sindy Maricela Oliva Vidal y Otros.
Expediente 113/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 113/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Wilfredo Otoniel Abaloni Illescas
- Jenniffer Valeska Rodas Zacarias y Otros.
- Sindy Maricela Oliva Vidal y Otros.
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo en el que se tuvo por no presentada la demanda promovida por xxxxxx, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese este juicio como asunto concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: 1. Al haberse concedido en su momento la suspensión de plano en este asunto, procede calificar este expediente, según lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relacionado con el Capítulo 7, punto 7.4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, como DEPURABLE, por lo que se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 de dicho Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes noventa días deberá procederse a su depuración, conservando las resoluciones relativas a la demanda, el decreto de la suspensión de plano, la resolución que puso fin al juicio y el auto que la declara firme, y terminado el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo y último párrafo del mencionado artículo. Máxime que no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. 2. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno. Hágase constar en la carátula del expediente, la leyenda "DEPURABLE", de conformidad con lo dispuesto por el aludido numeral 35 del citado Acuerdo Archivístico, para efectos de su transferencia.
- Principal
MESA 7-B. Visto la certificación que antecede y del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a la parte quejosa en proveído de siete de febrero de dos mil veintidós, para que desahogara la prevención contenida en dicho auto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado y SE TIENE POR NO PRESENTADA la demanda de amparo, promovida por XXXXXX contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, con sede en esta ciudad, quedando sin efecto las providencias decretadas. Comuníquese lo anterior, a la autoridad señalada como responsable, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Se tiene por recibido el informe de suspensión de plano rendido por la autoridad responsable Jefa de Departamento de Asuntos Jurídicos adscrita a la Oficina de Representación, por ausencia de la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad. Al respecto, agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe de cuenta, sin mayor a proveer, toda vez que por auto de once de los corrientes, se acordó lo conducente con relación al contenido del mismo.
- Principal
MESA 7-B. Vista la demanda de amparo promovida por XXXXXXXXX, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, con sede en esta ciudad y otras autoridades. ANOTACIONES. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 113/2022-7-B ACTO RECLAMADO De la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados, los siguientes: "IV. ACTOS RECLAMADOS: 1. LA INMINENTE ORDEN DE DETENCIÓN EN CONTRA DE LOS SUSCRITOS POR VIRTUD DE NUESTRA CALIDAD DE MIGRANTES DE NACIONALIDADG GUATEMALTECAS DENTRO DE TERRITORIO MEXICANO. 2. LA NEGATIVA DE ORTORGAR EL PASE DE SALIDA PARA TRANSITAR POR LA REPÚBLICA MEXICANA, EN AGRAVIO DE LAS SUSCRITAS POR VIRTUD DE NUESTA CALIDAD DE MIGRANTES DE NACIONALIDAD GUATEMALTECA DENTRO DE TERRITORIO MEXICANO. 3. LA ORDEN DE EXPULSIÓN O DEPORTACIÓN DE TERRITORIO MEXICANO EN AGRAVIO DE LOS SUSCRITOS POR VIRTUD DE NUESTRA CALIDAD DE MIGRANTES DE NACIONALIDAD GUATEMALTECA DENTRO DE TERRITORIO MEXICANO". En primer lugar, a efecto de velar por una impartición pronta y expedita acorde a lo establecido por el artículo 17 de la Ley de Amparo, se estima innecesario tener como autoridades responsables a todas las señaladas por los quejosos en su demanda de amparo, atento a los actos reclamados consistentes en: La orden de detención, la negativa de otorgar el pase de salida para transitar por la república mexicana, la deportación o deportación, así como su cumplimiento. Por tanto, se advierte que la única autoridad que puede tener participación en esos actos es la siguiente: Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, con sede en esta ciudad. Por consiguiente, es la única a la que se le dará el carácter de autoridad responsable en el presente juicio, ello a fin de evitar emplazar innecesariamente a un sinfín de autoridades que no tienen ese carácter, sin perjuicio de que su participación pudiera acreditarse durante el trámite del juicio y emplazarlas; ello, porque el Juez de Distrito, como tutor y garante de la correcta sustanciación de este medio de control constitucional, debe velar por que las pretensiones de las partes sean afines con los principios de expeditez, prontitud y economía procesal que lo rigen. Aunado a lo anterior, se robustece el no tener por autoridades responsables a las ya mencionadas, porque el quejoso pretende obtener una suspensión a efecto de que no se le detenga en cualquiera de los puntos de migración durante el recorrido de la ciudad de Tapachula a cualquier punto del territorio nacional mexicano, específicamente con la finalidad de transitar por las Ciudades de México y Veracruz, y, al respecto, como se abundará en apartados siguientes, la tramitación del presente juicio de amparo o bien la suspensión que se llegase a conceder (de ser procedente) no tiene como efectos el tránsito libre del quejoso por el territorio nacional, o sea un salvoconducto para su desplazamiento por el país. Porque hasta que no se dicte resolución respecto de la situación migratoria del aquí quejoso, éste deberá permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la oficina de Tramites de Regulación Migratoria, donde podrá iniciar tramites de refugio o regularización, ello con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo respectivo; y por lo tanto, no cuenta con el derecho de transitar libremente por el país, pues para tal extremo, primero deberá definirse por la autoridad competente su situación migratoria.. OTORGAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR En consecuencia, analizado lo expuesto por la parte quejosa y ante el peligro de que se ejecuten los actos reclamados, se decreta la suspensión de oficio y de plano en los siguientes términos: Con fundamento en los artículos 125, 126 y 160, en relación con el 15 de la invocada Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO para que los directos quejosos XXXXXXXXX, no sean objeto de ninguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, así como tampoco sean deportados, expulsados, repatriados, detenidos y retenidos, fuera de procedimiento, esto es, sin causa legal; en el entendido de que la parte quejosa deberá quedar a disposición de este órgano jurisdiccional en el lugar donde en su caso sea detenida, sólo en lo que se refiere a su libertad personal y a la de la autoridad administrativa competente para la continuación de un procedimiento administrativo o averiguación previa que en su caso se le instruya, para la continuación del mismo, hasta en tanto se notifique sobre la sentencia ejecutoria que se dicte en este asunto. Sin que la suspensión decretada con antelación, impida la continuación de los procedimientos de verificación y regulación migratoria establecidos en la Ley de Migración y su Reglamento, ya que éstos son de orden público y no pueden suspenderse. Asimismo, la suspensión de plano concedida implica, que de ser detenidos por autoridad migratoria competente, que de manera inmediata en términos del artículo 109 de la Ley de Migración, le haga saber a los quejosos sus derechos como presentados. La medida cautelar concedida no surtirá efectos y por consiguiente, no impedirá la detención de la parte quejosa, si se le pretende privar de la libertad en cumplimiento a una orden librada en su contra por autoridad diversa de las aquí señaladas como responsables o se le haya sorprendido en la comisión de delito flagrante. Y, es que en ese sentido, la providencia decretada atiende al contexto de hechos que aluden ordenarse sin justificación legal por las autoridades responsables, acorde con lo que se narra en la demanda de amparo; sin embargo, no pasa desapercibido que la Ley de Migración y su norma reglamentaria, estatuyen diversos procedimientos que atendiendo al debido proceso pueden derivar en la deportación, expulsión, repatriación y/o retorno asistido a su país de origen. Por tanto, la medida suspensiva no surte efectos en caso de que los actos reclamados deriven de algún acto y/o procedimiento legalmente establecido que pudiera tener como consecuencia alguno de aquellos rebatidos en el presente juicio de amparo, pues de obstaculizar esa actuación se contravendría el orden público e interés socia. No obstante lo anterior, y toda vez que de la lectura de la demanda se advierte que la parte quejosa se duele de la PROBABLE PRIVACIÓN DE SU LIBERTAD, que se traduce en una posible restricción de su libertad de tránsito, debe precisarse que si el acto reclamado se trata realmente de una medida de aseguramiento decretada con fundamento en la Ley de Migración, LA MEDIDA PRECAUTORIA NO SURTIRÁ EL EFECTO, en atención a que no se satisface el requisito previsto en el artículo 128 fracción II, de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión contra el posible aseguramiento de la parte quejosa por las autoridades administrativas, pues se atentaría contra el interés de la sociedad quien está interesada en que se cumpla con toda exactitud las disposiciones de la referida ley migratoria. Lo anterior, se estima apegado a lo dispuesto por el artículo 11 de la Constitución Federal, que contiene el derecho a la libertad de tránsito dentro del territorio nacional, que incluye además otro derecho fundamental aplicable a extranjeros, que es el de residir legalmente en el país. Sin embargo, tales derechos no son absolutos y por ende no es posible autorizarlos al margen de la disposición legal que los prevé, pues como se desprende de dicho precepto constitucional, están sujetos a límites y subordinados a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que establecen las leyes sobre migración o inmigración y de los extranjeros residentes considerados perniciosos; lo que redunda en que la autoridad migratoria ejerce la vigilancia correspondiente a través de las reglas que impone la Ley de Migración, específicamente, las previstas en los artículos 7, 31, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 52, 57, 81, 92, 97, 99 y 106, así como los relativos de su reglamento; de ahí que el interés de la sociedad está por encima del interés particular.. En ese sentido, notifíquese inmediatamente esta determinación a la autoridad responsable, para su debido conocimiento y efectos legales correspondientes, así como para que cumpla categóricamente con la suspensión de plano precisada anteriormente. PREVENCIÓN En otro orden de ideas, del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte promovente no cumple con lo ordenado en los artículos 108, fracción IV, 113 y 114, fracciones I y II de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; (.)" "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinara el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechara de plano." "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda;" II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley. (.)" Ello es así pues, del escrito de mérito se advierte que del capítulo relativo a los actos reclamados la parte quejosa manifiesta: "IV. ACTOS RECLAMADOS: 1. LA INMINENTE ORDEN DE DETENCIÓN EN CONTRA DE LOS SUSCRITOS POR VIRTUD DE NUESTRA CALIDAD DE MIGRANTES DE NACIONALIDADG GUATEMALTECAS DENTRO DE TERRITORIO MEXICANO. 2. LA NEGATIVA DE ORTORGAR EL PASE DE SALIDA PARA TRANSITAR POR LA REPÚBLICA MEXICANA, EN AGRAVIO DE LAS SUSCRITAS POR VIRTUD DE NUESTA CALIDAD DE MIGRANTES DE NACIONALIDAD GUATEMALTECA DENTRO DE TERRITORIO MEXICANO. 3. LA ORDEN DE EXPULSIÓN O DEPORTACIÓN DE TERRITORIO MEXICANO EN AGRAVIO DE LOS SUSCRITOS POR VIRTUD DE NUESTRA CALIDAD DE MIGRANTES DE NACIONALIDAD GUATEMALTECA DENTRO DE TERRITORIO MEXICANO". No obstante a lo anterior, más adelante, en el capítulo de antecedentes precisa: "..2. Que con fecha 1 de Febrero de 2022, los suscritos pretendimos efectuar nuestro trámites migratorios, así como de nuestros menores hijos mencionados ante el Instituto Nacional de Migración con sede en CARRETERA TAPACHULA A NUEVA ALEMANIA, KM 1.5, COL. 5 DE FEBRERO, ZONA NORTE C.P. 30700 TAPACHULA, CHIAPAS, empero, las instalaciones se encuentran abarrotadas de migrantes de distintas nacionalidades y técnicamente cerradas al público, por lo que se nos negó el acceso así como las facilidades para que se nos expidiera en su caso nuestros respectivos pases de salida migratorio. 3. Así las cosas inclusive los suscritos pudimos constatar en esa misma fecha 23 de noviembre de 2021 que existen diversos retener en esta ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, e inmediaciones, integrados por personal del Instituto Nacional de Migración y la propia Policía Federal dirigida por el gobierno de este país. Retenes que tiene la inminente finalidad de detenernos y posiblemente incomunicarnos, esto en virtud de nuestra calidad migratoria y el hecho de no contar con alguna regulación o pase de salida migratorio.". (Sic) De lo que se obtiene que el acto señalado como reclamado es ambiguo e impreciso, pues por un lado señala como tal una dilación por parte de la autoridad responsable de dar trámite a su solicitud y por otra una negativa a las resoluciones interpuestas. Entonces, con el objeto de acordar lo que proceda sobre la admisibilidad de la demanda de referencia, con apoyo en los artículos 108, fracción IV, 113 y 114, fracciones I y II de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad realice lo siguiente: 1. Precise si la demanda de amparo la promueven también en representación de Jeisson Edgardo Juárez Pineda, Alba Charling Franco González, Jorge Emilio Juárez Franco, María del Pilar Juárez Pineda y Luis Eduardo Alvarado López. 1.1 De ser en su representación, deberán manifestar quien o quienes los representa, así como exhibir el original o copia certificada del documento idóneo con el que se acredite dicha representación. 2. Manifieste qué acto o actos les reclama a cada una de las autoridades responsables domiciliadas fuera de la jurisdicción de este Juzgado, habida cuenta que el señalamiento de los actos reclamados a las mismas resulta ambiguo, es decir, no se justifica cuál es la razón de incorporarlas a la contienda constitucional. 3. Aclare cuál es el acto que concretamente reclama, es decir: 3.1. La dilación por parte de las autoridades responsables de dar trámite a su solicitud administrativa migratoria; o bien, 3.2. La negativa de las autoridades responsables de recibir y realizar el trámite solicitado; de ser la negativa de éstas, además deberá precisar: 3.3. Cuando y en qué forma tuvo conocimiento o se ostentó sabedora de dicha negativa. 4. Señale si existe en su contra algún procedimiento de regularización migratoria y el estado procesal del mismo, en virtud de que señala como acto la deportación, la cual es la sanción que se emite como conclusión de dicho procedimiento administrativo. 5. Indique si han promovido diverso juicio de amparo contra actos iguales, similares o relacionados a los que aquí se reclaman. . Se apercibe al promovente que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. En el entendido de que si con posterioridad en este juicio de amparo, de las constancias allegadas por las partes, este tribunal advierte que la parte promovente, sus representantes, abogados y/o autorizados afirmaron hechos falsos u omitieron los que le constaba con relación al acto reclamado y sus antecedentes, lo manifestado en su demanda y/o aclaración, se procederá contra quien resulte responsable en la comisión del delito federal de falsedad, previsto en el artículo 261, de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento que el desahogo de la prevención de referencia la deberá realizar la parte quejosa, pues de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, el autorizado en términos amplios no está facultado para desahogar prevenciones en las cuales el quejoso deba manifestar "bajo protesta de decir verdad". Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 50/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publica en la página 210, Libro 9, agosto de 2014, Tomo I del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA" DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones de manera electrónica de conformidad con los Acuerdos Generales 12/2020 y 21/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, los usuarios señalados en su escrito de demanda "reyesmonteroeduardo", "Jmatus", "jlmatus", "jaquelinevmeza" y "LuisAngelCardosoZamora"; toda vez que de la consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se encontraron registrados los usuarios que al efecto señala en su escrito de demanda. Asimismo, se tiene como autorizado en términos amplios a Eduardo Reyes Montero, toda vez que se encuentra inscrita su cedula profesional en el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Por último se tienen como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas que señala en el escrito de cuenta, por así solicitarlo expresamente. En relación a la solicitud de la autorización del acceso al expediente electrónico con los nombres de usuario "reyesmonteroeduardo", "Jmatus", "jlmatus", "jaquelinevmeza" y "LuisAngelCardosoZamora", al respecto, de conformidad con lo dispuesto en los Acuerdos Generales 12/2020 y 21/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le autoriza el acceso al expediente electrónicos con los usuarios que proporciona. En consecuencia, se instruye a la oficial judicial A de la adscripción para que realice las gestiones correspondientes por cuanto a la autorización de trato.
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