Síndico Municipal de Susupuato, Michoacán

Expediente 1005/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1005/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
11/01/2023

Partes del expediente

  • Síndico Municipal de Susupuato, Michoacán

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado en el presente juicio el veinte de septiembre de dos mil veintidós, que desechó la demanda; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que se desechó la demanda de amparo, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA TERCERA INTERESADA ALICIA ANAYETSI MUNGUÍA RANGEL, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE LITIGACIÓN DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y GÉNERO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN, EL CONTENIDO DE LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN...SENTENCIA VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 432/2022. RESULTANDO PRIMERO. Mediante escritos presentados el veintidós de abril y uno de agosto de dos mil veintidós, respectivamente, por Carmen Edith Silva Sandoval, por propio derecho y en cuanto representante de su menor hija de iniciales T. M. F. S., solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y otra autoridad, demanda que la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, turnó a este Juzgado de Distrito. En la demanda y ampliación, la parte quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio y de su menor hija los artículos 1o., 14, 16 y 20, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado el conocimiento del asunto; por lo que, en acuerdos de veinticinco de abril, treinta de junio (en cumplimiento a lo ordenado por la superioridad, se determinó admitir la demanda de amparo, mismo que se firmó en la propia fecha) y dos de agosto del año en curso, se admitió a trámite la demanda de amparo y su ampliación, respectivamente, se solicitó a la autoridades responsables rindieran su informe con justificación, se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que se reclaman actos respecto a dos autoridades sobre las cuales este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción I, y 75 de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados. Del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia: La audiencia de formulación de imputación de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, en la que se ordenó auto de no vinculación a proceso respecto de Roberto David Fuentes de León, dentro del proceso penal 263/2022, emitido por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia. Del Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán: La resolución de veintidós de junio de dos mil veintidós, dictada dentro del toca de apelación XI-41/2022, en la que confirmó el auto de no vinculación a proceso respecto de Roberto David Fuentes de León, dentro del proceso penal 263/2022, emitido por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, al rendir su informe con justificación, aceptaron la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con los autos relativos al toca de apelación XI-41/2022, que remitió el Magistrado responsable como complemento a su informe de ley, con los que se formó un tomo de pruebas por separado, en tanto el juez responsable exhibió el índice cronológico y un disco de audio y video de la audiencia oral desahogada en la causa penal 263/2022; documentales que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia. Sustenta lo anterior también la jurisprudencia sostenida por el Pleno del alto Tribunal Constitucional, cuyo rubro establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de voz y contenido: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". CUARTO. Análisis de las causales de Improcedencia. Se examina la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de la Materia, las causales de improcedencia deben estudiarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del amparo. Ahora, en relación con el acto reclamado que consiste en el auto de no vinculación a proceso a Roberto David Fuentes de León, emitido el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, dentro del proceso penal 263/2022, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en la cual se establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia, se actualiza por dos hipótesis, a saber: a) por revocación y b) por sustitución - como en el caso acontece-. El primer supuesto se presenta cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos. Lo anterior, porque cuando el acto reclamado ya fue materia de análisis en un medio por el cual se puede lograr su revocación o modificación, y recayó una resolución, la validez o insubsistencia de aquél ya depende de lo resuelto en la nueva determinación: sustituyó procesalmente a la anterior. Entonces, será la nueva determinación, en todo caso, la que podría ser materia de reclamo. Previo a su análisis, es pertinente invocar los antecedentes que se obtienen de las constancias que obran en autos: Con motivo de la denuncia presentada por Carmen Edith Silva Sandoval, ante la agencia del Ministerio Público de la Fiscalía para la Atención de Delitos Sexuales de la Fiscalía General de la República, en su carácter de representante legal, se inició la carpeta de investigación MOR/053/27426/2019, con número único de caso 1003201918194, por la posible realización de un hecho con apariencia del delito de abuso sexual a menor de dieciséis años, en detrimento de la menor de iniciales T.M.F.S. En audiencia inicial celebrada el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 263/2022, del índice del Juzgado de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, el agente del Ministerio Público formuló imputación contra Roberto David Fuentes de León, por el hecho considerado como delito de abuso sexual en persona menor de dieciséis años, y solicitó la vinculación a proceso. En la propia fecha el juez de control resolvió no vincular al proceso al investigado, al considerar que no se encontró justificado un hecho previsto como delito de abuso sexual en persona menor de dieciséis años. El anterior constituye el acto reclamado identificado con el número 1. El agente del Ministerio Público interpuso recurso de apelación, el cual fue turnado al Magistrado de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, quien en resolución de dos de mayo del año en curso ordenó reponer el procedimiento para que se redactara el auto de no vinculación a proceso. El cuatro de mayo del año en curso, se dictó por escrito la resolución de no vinculación a proceso a favor del imputado Roberto David Fuentes de León, la cual se notificó a Carmen Edith Silva Sandoval el cinco de mayo siguiente, según acta circunstanciada levantada por el notificador Sinhue Gezrain Cardona Aparicio. El once de mayo de esta anualidad, la agente del ministerio Público interpuso nuevamente apelación en contra de la resolución escrita de cuatro de mayo, apelación respecto de la cual la defensa se adhirió; por razón de turno correspondió conocer al Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, quien lo registro con el toca de apelación XI-41/2022. En resolución de veintidós de junio del año en curso, la Sala Penal calificó infundados los agravios expresados por la fiscalía y confirmó el auto apelado del cuatro de mayo de dos mil veintidós. El anterior constituye el acto reclamado identificado con el número 2. Como se aprecia, en el presente asunto la quejosa reclamó como primer acto, el auto de no vinculación a proceso de Roberto David Fuentes de León, emitido el veintiocho de marzo del año en curso, por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, en el proceso penal 263/2022. Sin embargo, como ya quedó evidenciado en la narrativa, inconforme con dicha determinación, el ministerio público interpuso en su contra recurso de apelación, respecto del cual, mediante resolución de veintidós de junio del año en curso, la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado confirmó el auto de no vinculación a proceso. En ese contexto, se concluye que el auto de veintiocho de marzo de dos mil veintidós -de no vinculación a proceso- fue sustituido procesalmente por la resolución de veintidós de junio del año en curso, dictada por la Sala responsable, por lo que, es esta determinación la que ahora rige la situación jurídica que reclama la parte quejosa. De lo anterior se desprende la materialización del motivo de improcedencia en estudio, dado que las consecuencias jurídicas del acto reclamado identificado con el número 1, fueron sustituidas por la determinación dictada posteriormente. Sirve de apoyo a tal consideración, por identidad de razón jurídica, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la tesis I.2o.P.4 K (10a.), que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia". En tales condiciones, al estar probada de modo fehaciente la causal de improcedencia a que alude el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, respecto del acto consistente en el auto de no vinculación a proceso respecto de Roberto David Fuentes de León, emitido por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, dentro del proceso penal 263/2022. Por otra parte, respecto del diverso acto consistente en la resolución de veintidós de junio de dos mil veintidós, dictada dentro del toca de apelación XI-41/2022, en la que el Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado confirmó el auto de no vinculación a proceso dictado por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, en el proceso penal 263/2022, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 17, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo. De la interpretación sistemática de estos preceptos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente en contra de los actos de autoridad que no sean reclamados dentro de los plazos establecidos en la ley reglamentaria de los artículos 103 y 07 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por consecuencia, el juicio de amparo que se promueve en contra de los actos que de ellos deriven de forma directa también será improcedente, por constituir un acto derivado de otro consentido. Conforme a la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el juicio de amparo es improcedente contra actos derivados de otros consentidos; para ello, el Pleno del Alto Tribunal desde la séptima época del Seminario Judicial de la Federación estableció que los supuestos para que opere dicha causal de improcedencia son: a) Que entre los actos consentidos y los actos derivados exista una relación de causalidad; esto es, que los segundos no puedan realizarse sin los primeros; y, b) Que el acto origen del reclamado se hubiera notificado al quejoso, pues no podría decirse que dicho acto inicial fue consentido, si este no se dio a conocer al impetrante, de tal forma que estuviera en aptitud de impugnarlo. Sustentan lo anterior las tesis de rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél". "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos". Es por ello, que para determinar si un acto es consecuencia inmediata y directa de otro consentido, es necesario realizar un análisis de la naturaleza del acto primigenio. En la especie la parte quejosa reclama: La resolución de veintidós de junio de dos mil veintidós, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, en el toca de apelación XI-41/2022, en la que confirmó el auto de no vinculación a proceso respecto de Roberto David Fuentes de León, emitido por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, en el proceso penal 263/2022. Para demostrar la actualización de la causa de improcedencia invocada, como quedó narrado en el apartado de antecedentes, Carmen Edith Silva Sandoval presentó formal denuncia en contra de Roberto David Fuentes de León, ante la agencia del Ministerio Público de la Fiscalía para la Atención de Delitos Sexuales de la Fiscalía General de la República, en su carácter de representante legal de su menor hija, lo que dio origen al inició la carpeta de investigación MOR/053/27426/2019, con número único de caso 1003201918194, por la posible realización de un hecho con apariencia del delito de abuso sexual a menor de dieciséis años, en detrimento de la niña de iniciales T.M.F.S. Como consecuencia de ello, en audiencia inicial celebrada el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 263/2022, del índice del Juzgado de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, el agente del Ministerio Público formuló imputación contra Roberto David Fuentes de León y solicitó la vinculación a proceso; en la propia fecha el juez de control resolvió no vincular al proceso al investigado, al considerar que no se encontró justificado un hecho previsto como delito de abuso sexual en persona menor de dieciséis años. Por lo que, el agente del Ministerio Público interpuso recurso de apelación, el cual fue turnado al Magistrado de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, quien en resolución de dos de mayo del año en curso ordenó reponer el procedimiento para que se redactara el auto de no vinculación a proceso; el cuatro de mayo del año en curso, se dictó por escrito la resolución de no vinculación a proceso a favor del imputado Roberto David Fuentes de León, la cual se notificó a Carmen Edith Silva Sandoval el cinco de mayo siguiente, según acta circunstanciada levantada por el notificador Sinhue Gezrain Cardona Aparicio. Como quedó de manifiesto, el once de mayo de esta anualidad, la agente del ministerio Público interpuso nuevamente apelación en contra de la resolución escrita de cuatro de mayo, apelación respecto de la cual la defensa se adhirió; por razón de turno correspondió conocer al Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán., quien lo registro con el toca de apelación XI-41/2022. Finalmente, en resolución de veintidós de junio del año en curso, la Sala Penal calificó infundados los agravios expresados por la fiscalía y confirmó el auto apelado del cuatro de mayo de dos mil veintidós. Ahora, se considera que la resolución de veintidós de junio de dos mil veintidós, dictada dentro del toca de apelación XI-41/2022, es derivada de otra consentida, dada la posibilidad que tiene la víctima de apelar las determinaciones que implican una afectación a sus derechos a la reparación del daño. En efecto, toda vez que la resolución de no vinculación dictada por el Juez de Control no fue apelada por la víctima, aquí quejosa, no obstante que fue debidamente notificada el treinta de marzo de dos mil veintidós, como lo manifestó bajo protesta de decir verdad en su escrito de demanda, nació la posibilidad de impugnarla, derecho que en relación al juicio de amparo constituye una obligación en acatamiento al principio de definitividad que lo rige, en términos del artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Se sostiene lo anterior, ya que fue la resolución de primera instancia la que ocasionó un perjuicio a la quejosa, al decretar la no vinculación a proceso del imputado Roberto David Fuentes de León, y no así la determinación de segunda instancia, dado que esta última solamente confirmó la determinación de primer grado. De las actuaciones que acompañó la responsable, se pone de manifiesto que la representación social interpuso recurso de apelación en contra del auto de no vinculación a proceso dictado por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, respecto de la cual se adhirió la defensa del imputado, pero de modo alguno significa que lo haya hecho a nombre de la parte ofendida, aquí quejosa, pues el Ministerio Público es el titular de la acción persecutoria y representación social, pero no sustituye a la víctima u ofendido. De manera que la omisión de la víctima u ofendida, aquí quejosa Carmen Edith Silva Sandoval, por propio derecho y en cuanto representante de su menor hija de iniciales T. M. F. S., de agotar el recurso de apelación previsto en los artículos 459 y 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se subsana con el hecho de que sí lo haya hecho la autoridad ministerial, pues la representación social no sustituye a la parte ofendida en la obligación procesal que tiene de agotar los medios de defensa con que cuente, previo a la interposición del juicio de amparo. Lo anterior porque la legitimación de la víctima para agotar el recurso ordinario no es dudosa, en términos de la interpretación que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido respecto del artículo 459 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 54/2020 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO. LA VÍCTIMA U OFENDIDO ESTÁN LEGITIMADOS PARA INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN EN SU CONTRA, PORQUE AFECTA INDIRECTAMENTE SU DERECHO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO, EN LOS CASOS EN QUE ÉSTA PROCEDA, Y PORQUE CON DICHA LEGITIMACIÓN SE ASEGURA SU DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Hechos: En dos procesos penales en los que se decretó un auto de no vinculación a proceso, las víctimas impugnaron dicha determinación mediante el recurso de apelación. Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos respecto de si el auto de no vinculación a proceso afecta la reparación del daño en perjuicio de la víctima u ofendido, y entonces resolvieron de forma diferenciada sobre la legitimación de las víctimas para apelar dicho auto. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la víctima o parte ofendida del delito sí cuentan con legitimación para interponer el recurso de apelación en contra del auto de no vinculación a proceso, porque éste afecta de manera indirecta la reparación del daño. El auto de no vinculación a proceso tiene como consecuencia que no se continúe con la investigación, en su fase complementaria, y que no se lleve a cabo la etapa de juicio, en la que, de ser el caso, se declararía la culpabilidad del acusado y, por lo tanto, su correspondiente condena de reparar el daño. Justificación: El artículo 459, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales faculta expresamente a la víctima o parte ofendida para impugnar aquellas determinaciones que versen sobre la reparación del daño causado por el delito, con independencia de que se hayan o no constituido en coadyuvantes del Ministerio Público. Esto legitima a la víctima o parte ofendida para apelar el auto de no vinculación a proceso, pues tal auto impide el desenvolvimiento de un proceso que entre sus culminaciones podría contener la condena a reparar el daño. Con dicha legitimación se asegura el derecho de acceso a la justicia de las víctimas o partes ofendidas, pues dadas las consecuencias que dicha determinación trae consigo, es de suma importancia que su legalidad sea controlada por el tribunal de alzada, para garantizar que la misma sólo se presentará en los casos en los que efectivamente no existen elementos para continuar con la investigación". En tal virtud, la resolución de apelación dictada el veintidós de junio de dos mil veintidós, por el Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta capital, que controvierte la parte quejosa, es consecuencia de un acto consentido, como lo es el auto de no vinculación a proceso emitido por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, pues su falta de impugnación por parte de la víctima u ofendida, aquí quejosa, constituye consentimiento por manifestación tácita de voluntad en ese sentido, que no es subsanable por el hecho de que haya sido apelado por la representación social; pues, se reitera, a la audiencia de formulación de imputación comparecieron los asesores jurídicos particulares José Gilberto Pedraza Escobar y Rosa Gloria Navas Reyes, quienes asistieron personalmente a la sala de oralidad; incluso, también fueron omisos en hacer manifestación alguna con relación a los agravios expresados por el fiscal, o bien, ejercer el derecho de adherirse a tal recurso, no obstante que el juez de origen le corrió traslado para tal efecto, en términos de los artículos 471, quinto párrafo y 473 del Código Nacional de Procedimientos Penales, respectivamente. De ahí que en el caso se actualice la causa de improcedencia que se analiza, dado que al no haberse inconformado la impetrante en contra el auto de no vinculación a proceso dictado por el juez de control, es inconcuso que consintió esa determinación y, en consecuencia, la resolución de segunda instancia, que constituye el acto reclamado en forma destacada, deriva de aquella resolución consentida; cuestión que, hace patente la improcedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la tesis XVII.2o.P.A.5 P sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, que dispone: "JUICIO DE AMPARO DIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE CONFIRMA EL SOBRESEIMIENTO EN LA CAUSA PENAL. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR LA VÍCTIMA DEL DELITO, SI SÓLO EL MINISTERIO PÚBLICO APELÓ EL FALLO PRIMIGENIO, AUN CUANDO AQUÉLLA HAYA INTERPUESTO APELACIÓN ADHESIVA, PUES ÉSTA NO CONSTITUYE UN RECURSO AUTÓNOMO. Hechos: En un proceso penal el Juez de la causa decretó el sobreseimiento con efectos de sentencia absolutoria en favor del imputado; el Ministerio Público apeló la resolución y la víctima se adhirió a la misma; resolución que fue confirmada en segunda instancia, contra la cual la víctima del delito presentó demanda de amparo directo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el juicio de amparo directo promovido por la víctima del delito contra la resolución de segunda instancia que confirma el sobreseimiento en la causa penal es improcedente, si sólo el Ministerio Público apeló el fallo primigenio, aun cuando aquélla haya interpuesto apelación adhesiva, pues ésta no constituye un recurso autónomo. Justificación: El artículo 459, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de que la víctima u ofendido impugne las determinaciones que versen sobre la reparación del daño causado por el delito, con independencia de que se haya o no constituido en coadyuvante del Ministerio Público. Precepto que lo legitima para apelar la sentencia de primer grado, a fin de que el órgano de segunda instancia estudie su legalidad, con el propósito de que la confirme, revoque o modifique, lo que favorece a sus derechos fundamentales, porque se le posibilita reclamar la correcta aplicación de la ley a través del citado medio de defensa. Por tanto, el recurso de apelación debió ser agotado previamente a la interposición del juicio de amparo, atento al principio de definitividad que, entre otros, rige en el juicio constitucional; omisión que, irremediablemente, actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo y conduce al sobreseimiento, en términos del diverso 63, fracción V, de la propia ley; sin que constituya obstáculo que la víctima u ofendido interpusiera el recurso de apelación adhesiva, porque éste no es un medio de defensa autónomo, sino secundario o derivado, pues el derecho a adherirse sólo surge cuando alguna de las otras partes ha interpuesto previamente el recurso de apelación ordinario, como lo prevé el artículo 473 del Código Nacional de Procedimientos Penales". De igual forma, abona al tema que nos ocupa, la tesis XXI.2o.P.A.9 P, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, que establece: "ACTO DERIVADO DE OTRO CONSENTIDO. LO CONSTITUYE LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA QUE CONFIRMA LA NEGATIVA DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN, SI SE NOTIFICÓ A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO EL DERECHO Y PLAZO CON QUE CONTABA PARA INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN DE PRIMER GRADO Y NO LO HIZO VALER, Y SÓLO APELÓ EL MINISTERIO PÚBLICO [INAPLICABILIDAD DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 80/2015 (10a.) Y 1a./J. 81/2015 (10a.)]. De las tesis de jurisprudencia 1a./J. 80/2015 (10a.) y 1a./J. 81/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de títulos y subtítulos: "VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. NO LE ES EXIGIBLE AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO, CUANDO LAS NORMAS ADJETIVAS NO LO LEGITIMAN PARA INTERPONER EL MEDIO ORDINARIO DE IMPUGNACIÓN." y "VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. ESTÁ FACULTADO PARA IMPUGNAR LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA A TRAVÉS DEL RECURSO DE APELACIÓN O DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, SIN QUE ESTÉ OBLIGADO A AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD CUANDO LAS NORMAS PROCESALES NO LO LEGITIMEN PARA INTERPONER LA APELACIÓN.", se advierte que el criterio relativo a que es optativo para la víctima u ofendido del delito, elegir si interpone el recurso ordinario o acudir al juicio de amparo, se hace depender de la restricción que impone la codificación procesal de no reconocerles legitimación para interponer el medio de impugnación ordinario, puntualizando que, en ese supuesto, no le será exigible agotar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, en consonancia con los derechos constitucionales de acceso a la justicia y equidad procesal que deben prevalecer entre los sujetos activos y pasivos en el proceso penal de origen, en atención a las consecuencias legales producidas por la comisión de delitos. Criterio que es inaplicable en aquellos asuntos en donde el Juez penal, al dictar la resolución que niega la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público investigador, ordenó hacer del conocimiento de la víctima u ofendido del delito su derecho a interponer el recurso de apelación, y que para ello contaba con cinco días, a partir del día siguiente al en que le surtiera efectos su notificación, pues con esto se le reconoce la legitimación para hacer valer dicho medio de impugnación y se le hace saber el plazo legal con que cuenta para ello, otorgando de esta forma, certeza jurídica sobre el derecho procesal que le asiste en ese sentido. En estas condiciones, el hecho de que decidiera no ejercer esta prerrogativa, y que sólo apelara el Ministerio Público, implica su consentimiento con la resolución de primer grado que negó el libramiento de la orden de aprehensión y que, al haber sido confirmada en sus términos por el tribunal de alzada, implica que el acto reclamado deriva de otro consentido, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo". En consecuencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia analizada, procede decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Finalmente, en cuanto a los alegatos formulados por la parte tercera interesada, este órgano de control constitucional se abstiene de analizar tales manifestaciones, porque no está obligado a pronunciarse al respecto. QUINTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta resolución, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. SEXTO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el amparo y la protección constitucional solicitada por Carmen Edith Silva Sandoval, por propio derecho y en cuanto representante de su menor hija de iniciales T. M. F. S., contra actos del Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, de conformidad a lo expuesto en el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando quinto, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,407 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano