Sindico Municipal de Ayala Morelos

Expediente 1714/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 16 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1714/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
09/03/2023

Partes del expediente

  • Sindico Municipal de Ayala Morelos
  • María de Lourdes López Tovar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a nueve de marzo de dos mil veintitrés. Estado procesal Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el auto de catorce de febrero de dos mil veintitrés, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Causa Ejecutoria En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Se ordena archivo Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. De los cuadernos incidentales Por otra parte, en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo, se advierte que por interlocutoria de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, en su segundo punto resolutivo, se concedió la suspensión definitiva; por tanto, se declara que el cuaderno de dicho incidente es susceptible de depuración. Lo anterior, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a) del precitado acuerdo. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por el Director General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, por medio del cual informa que el crédito fiscal ******************** a nombre de ********************, se dejó sin efectos; lo anterior sin realizar mayor pronunciamiento toda vez que el catorce del mes y año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a catorce de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, mediante el cual remite copias certificadas del: Acuse de recibo del oficio ******************** por medio del cual el Tribunal responsable solicita la cancelación del crédito fiscal ********************. Oficio ********************, por medio del cual el Director General de Recaudación dependiente de la Coordinación de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, informa que el crédito fiscal ********************, a nombre de la quejosa ******************** se dejó sin efectos a solicitud de la autoridad impositora de la sanción. En consecuencia, de tales manifestaciones se desprende que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Lo anterior tratándose de una pretensión de realizar una acción que no se llevó acabo, cuando las propias responsables se encontraban debidamente facultadas en ordenar y ejecutar una determinada labor, misma que no se realizó por ende se anula totalmente el acto que motivó el ejercicio de la acción constitucional intentada. Aunado a lo anterior, es preciso aclarar que para actualizarse la causal de sobreseimiento en estudio, es requisito indispensable que la autoridad responsable destruya total e incondicionalmente todos los efectos del acto reclamado, de modo que las cosas vuelvan al estado que guardaban con anterioridad a la pretendida violación, de tal manera que el acto ya no pueda agraviar a la quejosa. La anterior consideración encuentra apoyo, en la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, en el presente asunto la parte quejosa, reclama de la autoridad ordenadora Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, la medida de apremio impuesta consistente en una multa equivalente a cuarenta Unidades de Medida de Actualización y de las autoridades ejecutoras Dirección General de Recaudación dependiente de la Coordinación Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, así como del Notificador y Ejecutor Fiscal dependiente de la misma Dirección, la ejecución del crédito fiscal con folio ********************. No obstante, de las constancias que en copias certificadas remite el Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se advierte que por oficio signado por el Director General de Recaudación dependiente de la Coordinación de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Morelos, informa que el crédito fiscal ********************, a nombre de la quejosa ******************** se dejó sin efectos a solicitud de la autoridad impositora de la sanción. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los preceptos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por ser expedidas por una autoridad en ejercicio de su función. Por tanto, si posterior a la presentación de la demanda de amparo origen de este juicio, la autoridad responsable dejó sin efectos la multa impuesta a la parte quejosa y la ejecución que originó el crédito fiscal registrado bajo el folio ********************, es dable concluir que han cesado los efectos de los actos reclamados. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63 fracción V, de dicho ordenamiento, se impone sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación por similitud de razones jurídicas la jurisprudencia identificada con el número 2ª. /J/. 10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Cabe señalar, que el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de sobreseimiento invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cesado los efectos del acto que señaló como reclamado. Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos. Notifíquese; y personalmente a la quejosa.

  4. Principal

    SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE PROCEDE A NOTIFICAR AL ACUERDO DE CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DICTADO POR EL TITULAR DE MI ADSCRIPCIÓN, EN EL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE ACTÚA, A LA PARTE QUEJOSA, POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS QUE SE FIJA EN LUGAR VISIBLE EN ESTE JUZGADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. Número de expediente: 1714/2022 Acuerdo: Cuernavaca, Morelos, a catorce de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, mediante el cual remite copias certificadas del: Acuse de recibo del oficio ******************** por medio del cual el Tribunal responsable solicita la cancelación del crédito fiscal ********************. Oficio ********************, por medio del cual el Director General de Recaudación dependiente de la Coordinación de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, informa que el crédito fiscal ********************, a nombre de la quejosa ******************** se dejó sin efectos a solicitud de la autoridad impositora de la sanción. En consecuencia, de tales manifestaciones se desprende que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Lo anterior tratándose de una pretensión de realizar una acción que no se llevó acabo, cuando las propias responsables se encontraban debidamente facultadas en ordenar y ejecutar una determinada labor, misma que no se realizó por ende se anula totalmente el acto que motivó el ejercicio de la acción constitucional intentada. Aunado a lo anterior, es preciso aclarar que para actualizarse la causal de sobreseimiento en estudio, es requisito indispensable que la autoridad responsable destruya total e incondicionalmente todos los efectos del acto reclamado, de modo que las cosas vuelvan al estado que guardaban con anterioridad a la pretendida violación, de tal manera que el acto ya no pueda agraviar a la quejosa. La anterior consideración encuentra apoyo, en la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, en el presente asunto la parte quejosa, reclama de la autoridad ordenadora Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, la medida de apremio impuesta consistente en una multa equivalente a cuarenta Unidades de Medida de Actualización y de las autoridades ejecutoras Dirección General de Recaudación dependiente de la Coordinación Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, así como del Notificador y Ejecutor Fiscal dependiente de la misma Dirección, la ejecución del crédito fiscal con folio ********************. No obstante, de las constancias que en copias certificadas remite el Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se advierte que por oficio signado por el Director General de Recaudación dependiente de la Coordinación de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Morelos, informa que el crédito fiscal ********************, a nombre de la quejosa ******************** se dejó sin efectos a solicitud de la autoridad impositora de la sanción. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los preceptos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por ser expedidas por una autoridad en ejercicio de su función. Por tanto, si posterior a la presentación de la demanda de amparo origen de este juicio, la autoridad responsable dejó sin efectos la multa impuesta a la parte quejosa y la ejecución que originó el crédito fiscal registrado bajo el folio ********************, es dable concluir que han cesado los efectos de los actos reclamados. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63 fracción V, de dicho ordenamiento, se impone sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación por similitud de razones jurídicas la jurisprudencia identificada con el número 2ª. /J/. 10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Cabe señalar, que el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de sobreseimiento invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cesado los efectos del acto que señaló como reclamado. Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos. Notifíquese; y personalmente a la quejosa.

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