Sindica Única de Lerdo de Tejada, Veracruz

Expediente 66/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
66/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
22/02/2023

Partes del expediente

  • Sindica Única de Lerdo de Tejada, Veracruz

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, remitido por el Director General Jurídico y representante legal del Secretario y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa; en atención a su contenido téngasele acusando recibo del oficio 1480-2, de catorce del mes y año en curso. Asimismo, se tiene a dicha autoridad comunicando que, en atención al requerimiento efectuado en el acuerdo indicado, el Subsecretario de Operaciones le comunicó a través de la misiva SSO/DJ/AMP/206/2023, adjunta a la similar SS-O/D.O./3634A/2023, signada por el Director de Operaciones de Seguridad Pública, con sede en esa ciudad, que continúa analizando algunos aspectos operativos para saber si estará en condiciones de prestar el auxilio de la fuerza pública, anexando dicha documental al oficio de cuenta, indicando bajo protesta de decir verdad, que es copia íntegra e inalterada de dichos documentos, por lo que se está en espera de las subsecuentes actuaciones que recaigan a ese requerimiento, de lo que el que suscribe se da por enterado. Sin embargo, se le reitera que subsiste el apercibimiento decretado en el auto de catorce de febrero de este año, para que acate lo requerido, ya que en otras ocasiones ha sido omiso con ello; de lo contrario, se hará efectiva la multa ahí señalada. Notifíquese.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dos de febrero de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda de amparo, signado por ********************, en su carácter de ******************** ********************, contra los actos y autoridad precisados en la misma; fórmese expediente y regístrese con el número 66/2023-2, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO Con apoyo en la facultad derivada del artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia, de forma manifiesta e indudable y, por ende, se impone desechar de plano la demanda de amparo. Al respecto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto transcrito, se advierte la facultad del juzgador para desechar de plano una demanda de derechos fundamentales, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista de quien suscribe y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia VI.2o.J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número ochenta, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, octava época, página sesenta y cuatro, cuyos rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Ahora, del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte promovente, reclama lo siguiente: Entonces, respecto de dichos actos, el que suscribe considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que menciona: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. .[.]" Del precepto aludido, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, en aquellos casos en los que sea factible lograr la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, a través de la tramitación del medio de defensa que la ley ordinaria establezca, pues sólo así es posible dar cumplimiento al principio de definitividad que rige en materia de amparo con las excepciones correspondientes. En efecto, tal como lo precisa el dispositivo mencionado, el presente juicio es improcedente contra de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley, exceptuando de lo anterior, los casos en que el acto reclamado carezca de fundamentación. En este sentido, el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en su fracción IV, establece lo siguiente: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] V. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores;." A su vez, el artículo 2, de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, menciona: "Artículo 2. El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley." De los citados ordinales se advierte que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan, entre otros, contra resoluciones administrativas que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las cuatro primera fracciones del numeral 3 en comento, como se indicará más adelante. Cabe puntualizar que el Alto Tribunal ha determinado que es necesario agotar el juicio contencioso administrativo federal, previamente al juicio de amparo, porque los alcances que se dan a la suspensión del acto reclamado conforme a la ley de la materia, en esencia, son iguales a los que se otorgan de acuerdo a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. En este contexto, en el caso particular se advierte de la demanda de amparo y anexos, que la Administración Central de Programas Operativos con Entidades Federativas solicitó al Titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, con sede en Ciudad de México, la compensación de adeudos del municipio de Lerdo de Tejada, Veracruz, con participaciones federales, mediante oficio ******************** de doce de diciembre de dos mil veintidós. Como consecuencia de lo anterior mediante oficio ********************, de tres de enero de dos mil veintitrés, el Subadministrador Desconcentrado de Recaudación adscrito a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Veracruz "2", informó al municipio de Lerdo de Tejada, Veracruz, la aplicación de Compensación contra Participaciones Federales por un importe de $235,631.00 (doscientos treinta y cinco mil seiscientos treinta y un pesos 00/100 M.N.), por los conceptos de impuesto sobre la renta, pagos provisionales, retenedores, personas morales y físicas por salarios, del periodo de enero y febrero del ejercicio dos mil veinte. Sin embargo, no se aprecia que la ahora promovente, haya agotado el medio ordinario de defensa previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el ordinal 3, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a saber, el juicio contencioso administrativo. Ahora bien, se debe destacar que procede la fracción V del artículo 3 citado, dado que los actos reclamados no constituyen: 1. Decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación; 2. Resoluciones dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; 3. Determinaciones que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales; o 4. Resoluciones que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales. Lo anterior, en concordancia con lo señalado en las fracciones I, II, III y IV del mencionado numeral 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por tanto, si la parte inconforme considera que los actos combatidos son adversos a sus intereses, tenía que agotar dicho juicio a fin de impugnar las sanciones citadas, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo que no aconteció en la especie. Es aplicable al caso la jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil de Primer Circuito, visible en la página 902 del Tomo XV, de Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." De tal manera, que de los numerales preinsertos se colige que el juicio contencioso administrativo es el medio de defensa legal que se otorga a las partes para que puedan recurrir las resoluciones de compensación de participaciones federales. Bajo ese contexto, es de concluirse que la quejosa, previamente a la promoción del presente controvertido, debió promover el juicio contencioso administrativo, a través del cual podía obtener su revocación, modificación o nulificación. En este orden de ideas, es de mencionarse que en la especie no se advierte alguna excepción a ese principio de definitividad, a pesar de las manifestaciones de la promovente en el sentido de que el acto que reclama no es impugnable a través del recurso de revocación o juicio contencioso administrativo, puesto que los actos reclamados no carecen de fundamentación, tampoco se alegan únicamente violaciones directas a la Constitución o el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Se cita por sus ideas, la Jurisprudencia 2a./J. 19/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, página 783, de rubro y texto siguientes: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado." En las relatadas condiciones, es evidente la actualización de la causa de improcedencia invocada; por tanto, conforme al artículo 113, en relación con el diverso 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con fundamento además en el numeral 63, fracción V, de la ley en cometo, se desecha de plano la demanda de amparo. Similar criterio sostuvo el que suscribe en el juicio de amparo 8/2023 de este índice, en el cual la propia parte quejosas reclamó el diverso oficio ********************, de catorce de diciembre de dos mil veintidós, mediante el cual el Subadministrador Desconcentrado de Recaudación adscrito a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Veracruz "2", informó al municipio de Lerdo de Tejada, Veracruz, la aplicación de Compensación contra Participaciones Federales por un importe de $360,692.00 (Trescientos sesenta mil seiscientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.), por los conceptos de impuesto sobre la renta, pagos provisionales, retenedores, personas morales y físicas por salarios, del periodo de enero del ejercicio dos mil veinte, conforme a lo establecido en el artículo cuarto del Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del Impuesto sobre la Renta, de Derechos y de Aprovechamientos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de diciembre de dos mil ocho. La cual fue desechada por acuerdo de cuatro de enero de la presente anualidad, por no agotar el principio de definitividad, sin que hasta esta fecha haya sido recurrido el aludido proveído, por lo que el origen de las compensaciones aplicadas en las participaciones federales que tiene derecho dicho municipio, fueron de su conocimiento desde la presentación de la primera demanda de amparo. AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Con fundamento en el artículo 27 de la ley reglamentaria de esta instancia, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir toda clase de notificaciones el indicado en la demanda de amparo. Asimismo, se tiene por autorizados, en términos de la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala la quejosa en su escrito de amparo, por haber acreditado estar legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través del registro de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República y la persona restante, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, por así haberse solicitado. Por otro lado, téngase por señalados el correo electrónico y número telefónico que indica; en la inteligencia de que dichos medios se utilizarán tratándose de comunicaciones no procesales para brindar atención a las personas justiciables; por lo que se le tiene como medio de contacto el correo electrónico y número telefónico proporcionados. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la promovente.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE PROMOVENTE EL PROVEÍDO DE 02 DE FEBRERO DE 2023, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO C: "...Boca del Río, Veracruz, dos de febrero de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda de amparo, signado por ********************, en su carácter de ******************** ********************, contra los actos y autoridad precisados en la misma; fórmese expediente y regístrese con el número 66/2023-2, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO Con apoyo en la facultad derivada del artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia, de forma manifiesta e indudable y, por ende, se impone desechar de plano la demanda de amparo. Al respecto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto transcrito, se advierte la facultad del juzgador para desechar de plano una demanda de derechos fundamentales, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista de quien suscribe y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia VI.2o.J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número ochenta, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, octava época, página sesenta y cuatro, cuyos rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Ahora, del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte promovente, reclama lo siguiente: Entonces, respecto de dichos actos, el que suscribe considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que menciona: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. .[.]" Del precepto aludido, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, en aquellos casos en los que sea factible lograr la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, a través de la tramitación del medio de defensa que la ley ordinaria establezca, pues sólo así es posible dar cumplimiento al principio de definitividad que rige en materia de amparo con las excepciones correspondientes. En efecto, tal como lo precisa el dispositivo mencionado, el presente juicio es improcedente contra de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley, exceptuando de lo anterior, los casos en que el acto reclamado carezca de fundamentación. En este sentido, el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en su fracción IV, establece lo siguiente: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] V. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores;." A su vez, el artículo 2, de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, menciona: "Artículo 2. El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley." De los citados ordinales se advierte que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan, entre otros, contra resoluciones administrativas que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las cuatro primera fracciones del numeral 3 en comento, como se indicará más adelante. Cabe puntualizar que el Alto Tribunal ha determinado que es necesario agotar el juicio contencioso administrativo federal, previamente al juicio de amparo, porque los alcances que se dan a la suspensión del acto reclamado conforme a la ley de la materia, en esencia, son iguales a los que se otorgan de acuerdo a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. En este contexto, en el caso particular se advierte de la demanda de amparo y anexos, que la Administración Central de Programas Operativos con Entidades Federativas solicitó al Titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, con sede en Ciudad de México, la compensación de adeudos del municipio de Lerdo de Tejada, Veracruz, con participaciones federales, mediante oficio ******************** de doce de diciembre de dos mil veintidós. Como consecuencia de lo anterior mediante oficio ********************, de tres de enero de dos mil veintitrés, el Subadministrador Desconcentrado de Recaudación adscrito a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Veracruz "2", informó al municipio de Lerdo de Tejada, Veracruz, la aplicación de Compensación contra Participaciones Federales por un importe de $235,631.00 (doscientos treinta y cinco mil seiscientos treinta y un pesos 00/100 M.N.), por los conceptos de impuesto sobre la renta, pagos provisionales, retenedores, personas morales y físicas por salarios, del periodo de enero y febrero del ejercicio dos mil veinte. Sin embargo, no se aprecia que la ahora promovente, haya agotado el medio ordinario de defensa previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el ordinal 3, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a saber, el juicio contencioso administrativo. Ahora bien, se debe destacar que procede la fracción V del artículo 3 citado, dado que los actos reclamados no constituyen: 1. Decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación; 2. Resoluciones dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; 3. Determinaciones que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales; o 4. Resoluciones que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales. Lo anterior, en concordancia con lo señalado en las fracciones I, II, III y IV del mencionado numeral 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por tanto, si la parte inconforme considera que los actos combatidos son adversos a sus intereses, tenía que agotar dicho juicio a fin de impugnar las sanciones citadas, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo que no aconteció en la especie. Es aplicable al caso la jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil de Primer Circuito, visible en la página 902 del Tomo XV, de Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." De tal manera, que de los numerales preinsertos se colige que el juicio contencioso administrativo es el medio de defensa legal que se otorga a las partes para que puedan recurrir las resoluciones de compensación de participaciones federales. Bajo ese contexto, es de concluirse que la quejosa, previamente a la promoción del presente controvertido, debió promover el juicio contencioso administrativo, a través del cual podía obtener su revocación, modificación o nulificación. En este orden de ideas, es de mencionarse que en la especie no se advierte alguna excepción a ese principio de definitividad, a pesar de las manifestaciones de la promovente en el sentido de que el acto que reclama no es impugnable a través del recurso de revocación o juicio contencioso administrativo, puesto que los actos reclamados no carecen de fundamentación, tampoco se alegan únicamente violaciones directas a la Constitución o el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Se cita por sus ideas, la Jurisprudencia 2a./J. 19/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, página 783, de rubro y texto siguientes: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado." En las relatadas condiciones, es evidente la actualización de la causa de improcedencia invocada; por tanto, conforme al artículo 113, en relación con el diverso 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con fundamento además en el numeral 63, fracción V, de la ley en cometo, se desecha de plano la demanda de amparo. Similar criterio sostuvo el que suscribe en el juicio de amparo 8/2023 de este índice, en el cual la propia parte quejosas reclamó el diverso oficio ********************, de catorce de diciembre de dos mil veintidós, mediante el cual el Subadministrador Desconcentrado de Recaudación adscrito a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Veracruz "2", informó al municipio de Lerdo de Tejada, Veracruz, la aplicación de Compensación contra Participaciones Federales por un importe de $360,692.00 (Trescientos sesenta mil seiscientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.), por los conceptos de impuesto sobre la renta, pagos provisionales, retenedores, personas morales y físicas por salarios, del periodo de enero del ejercicio dos mil veinte, conforme a lo establecido en el artículo cuarto del Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del Impuesto sobre la Renta, de Derechos y de Aprovechamientos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de diciembre de dos mil ocho. La cual fue desechada por acuerdo de cuatro de enero de la presente anualidad, por no agotar el principio de definitividad, sin que hasta esta fecha haya sido recurrido el aludido proveído, por lo que el origen de las compensaciones aplicadas en las participaciones federales que tiene derecho dicho municipio, fueron de su conocimiento desde la presentación de la primera demanda de amparo. AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Con fundamento en el artículo 27 de la ley reglamentaria de esta instancia, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir toda clase de notificaciones el indicado en la demanda de amparo. Asimismo, se tiene por autorizados, en términos de la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala la quejosa en su escrito de amparo, por haber acreditado estar legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través del registro de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República y la persona restante, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, por así haberse solicitado. Por otro lado, téngase por señalados el correo electrónico y número telefónico que indica; en la inteligencia de que dichos medios se utilizarán tratándose de comunicaciones no procesales para brindar atención a las personas justiciables; por lo que se le tiene como medio de contacto el correo electrónico y número telefónico proporcionados. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la promovente.

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