Síndica Municipal de San Antonino Castillo Velasco, Oaxaca
Expediente 550/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 550/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Síndica Municipal de San Antonino Castillo Velasco, Oaxaca
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de julio de dos mil veintitrés. Agréguese la promoción señalada en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que ente público quejoso San Antonino Castillo Velasco, Oaxaca, solicita la devolución de los instrumentos que anexo a la demanda de amparo y su aclaración, a saber, de la copia certificada de la credencial expedida por el Director de Gobierno del Poder Ejecutivo local y de los originales del acuerdo de trece de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral ********************por la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca y del acta de la primera sesión ordinaria de cabildo del Ayuntamiento del citado municipio celebrada el uno de enero de dos mil veintidós, por lo que autoriza a una persona para recibir los documentos indicados. Al respecto, tomando en consideración que este juicio constitucional se ha resuelto de manera definitiva y que el desechamiento decretado ha quedado firme, como se estableció en el auto de veintisiete de junio pasado, con apoyo en lo establecido por el ordinal 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, devuélvanse a la justiciable los instrumentos que su representante legal solicita en la promoción de cuenta previa copia fotostática simple de esa documentación que se integre al presente expediente para que obre como constancia. En tal sentido, se autoriza a la persona que señala para recibir las documentales que indica, previa identificación y firma de recibo que se establezca en la constancia respectiva. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que ha trascurrido el plazo de cinco días previsto por el ordinal 98 de la Ley de Amparo para que la inconforme interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de catorce de junio del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que la disidente haya impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto en donde se desechó de plano el escrito inicial ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado por los artículos 3, fracciones VI, VII, IX, XXXVI y XXXVII, 6, fracción I, 8, fracción I, 9, 12, 14 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque los actos que se reclamaron no se ubican en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo general citado, esto es, no se trata de un asunto que verse sobre delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante los organismos públicos internacionales, tampoco tiene relación con conflictos laborales colectivos trascendentes, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni se generó por un Pleno Regional, tampoco versa sobre materia agraria, no constituye un asunto en el cual la sentencia dictada haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito y tampoco se trata de una asunto de importancia y trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo estatuido por el precepto 3, fracción XX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, y como en el proveído de catorce de junio pasado, se desechó de plano la demanda de amparo en términos de lo dispuesto por los criterios de valoración a que aluden los numerales 3, fracciones IX, XXXVI y XXXVII, 6, fracción I, 12 y 14 del referido Acuerdo General este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el diverso 20, fracción IV, del propio acuerdo general; en consecuencia, se estima que el presente expediente es susceptible de destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años previsto por el ordinal 20, primer párrafo, del muticitado acuerdo de observancia general, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación del presente auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de control electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, realícese el procedimiento de baja documental regulado por el arábigo 44 del multicitado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de junio de dos mil veintitrés. Agréguense los documentos señalados en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que *************, en su carácter de Síndica de San Antonino Castillo Velasco, Oaxaca, quien promueve en representación de ese municipio, en atención a la prevención contenida en el auto de uno de junio del año en curso, señala que la parte quejosa es el municipio de San Antonino Castillo Velasco, Oaxaca, por lo que para demostrar la personalidad con la que comparece para ejercer la acción de amparo en representación de ese ente público exhibe el original del acta de la primera sesión ordinaria de cabildo de esa localidad de uno de enero de dos mil veintidós; finalmente, precisa que el acuerdo reclamado de trece de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral 13/2009 se atribuye a la Presidenta y a la secretaria general de acuerdos, ambas servidoras públicas de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca. Al respecto, se tiene por cumplido el requerimiento formulado, por lo que se dicta la siguiente determinación en cuanto al libelo inicial. Aspectos preliminares. Primeramente debe señalarse que se reconoce a ***********, en su carácter de Síndica de San Antonino Castillo Velasco, Oaxaca, la calidad de representante legal de ese municipio en términos de lo establecido por los normativos 6 y 10 de la Ley de Amparo, porque acredita ese presupuesto procesal con el original del acta de la primera sesión ordinaria de cabildo de esa localidad de uno de enero de dos mil veintidós, que exhibe con el libelo de cuenta y conforme a lo prescrito por el ordinal 71, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca. Por otro lado, es necesario establecer que del contenido integral de la demanda de amparo y su aclaración se advierte que el municipio quejoso de San Antonino Castillo Velasco, Oaxaca, reclama el acto siguiente: De la Presidenta y de la secretaria general de acuerdos, ambas servidoras públicas de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, combate: El acuerdo de trece de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral 13/2009, en donde se impuso dos multas por cincuenta unidades de medida y actualización equivalentes a cuatro mil ochocientos once pesos moneda nacional cada una al Presidente, a la Síndica, a los Regidores e integrantes del cabildo, todas esas entidades públicas del Ayuntamiento de San Antonino Castillo Velasco, Oaxaca. Del Titular de la Coordinación de Cobro Coactivo de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo de Oaxaca impugna: La ejecución de las multas impuestas en el proveído descrito. Ahora, es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo una vez presentada la demanda debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda, así como de sus anexos y, por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Al respecto es ilustrativa la tesis aislada 2a. LXXI/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En esa línea, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el normativo 61 de la ley de la materia, el cual enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Es preciso destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Con base en los elementos anteriores y la información que se desprende del ocurso inicial, se dictan las determinaciones siguientes: Desechamiento. Con fundamento en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo presentada por el municipio de San Antonino Castillo Velasco, Oaxaca, por conducto de la entidad pública que la representa legalmente, porque en relación con los actos reclamados a la Presidenta, a la secretaria general de acuerdos, ambas servidoras públicas de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, y al Titular de la Coordinación de Cobro Coactivo de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo de Oaxaca, consistentes en el acuerdo de trece de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral 13/2009, en donde se impuso dos multas por cincuenta unidades de medida y actualización equivalentes a cuatro mil ochocientos once pesos moneda nacional cada una al Presidente, a la Síndica, a los Regidores e integrantes del cabildo, todas esas entidades públicas del Ayuntamiento de San Antonino Castillo Velasco, Oaxaca, y la ejecución de las multas impuestas en el proveído descrito, se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el dispositivo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 7 del propio ordenamiento, dado que la entidad pública quejosa carece de legitimación para acudir a este juicio de protección de los derechos fundamentales, porque aun cuando en el contradictorio de origen diversas autoridades de ese municipio -a saber, el Presidente, la Síndica, los Regidores e integrantes del cabildo, todas esas entidades públicas del Ayuntamiento de San Antonino Castillo Velasco, Oaxaca- actúan en una relación jurídica en las que se encuentran en un plano de igualdad, como patrón equiparado, con el particular que figura como accionante, lo cierto es que las actuaciones descritas no afectan su patrimonio como persona moral oficial. Las disposiciones legales invocadas establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes." El normativo transcrito en primer orden establece la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en los que dicha institución resulte de algún precepto de la Constitución General de la República o de la ley que rige a este medio extraordinario de defensa. A su vez, el segundo de los numerales insertos dispone que la Federación, los Estados, el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. En otro aspecto, es necesario señalar que de conformidad con lo establecido por el ordinal 103, fracción I, del Pacto Federal, el juicio de amparo tiene por objeto proteger los derechos fundamentales de los gobernados reconocidos por la Carta Magna y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, en contra de los actos de autoridad (normas generales, actos u omisiones). Por otro lado, el dispositivo 107, fracción I, de la Constitución General de la República establece que la procedencia del juicio de amparo requiere solicitud de parte agraviada, lo que implica que el promovente del juicio deberá ser titular de algún derecho fundamental que estime vulnerado por el acto de autoridad. Ahora, debe tenerse presente la teleología del juicio de amparo y a partir de ello se estará en aptitud de determinar en qué casos las personas morales oficiales pueden accionar dicho medio de control constitucional. En relación con la teleología del juicio de amparo es necesario indicar que al ser la Constitución Federal la Norma Fundamental que rige a todo sistema jurídico determinado resulta indispensable que prevea instituciones, procedimientos o mecanismos a efecto de asegurar su supremacía, esto es, la defensa de la Carta Magna, pues de ello dependerá la efectividad de los principios que consagra y que determina y condiciona la operatividad de las reglas del propio sistema. En efecto, la defensa de la Constitución está integrada por todas aquellas normas jurídicas, sustantivas y procesales que se han establecido tanto para conservar la normativa constitucional, como para prevenir su violación, reprimir su desconocimiento y lo que es más importante alcanzar el desarrollo y evolución de las disposiciones constitucionales en un doble sentido: (I) desde el punto de vista de la Constitución formal, para logar su paulatina adaptación a los cambios de la realidad político-social; y, (II) desde el ángulo de la Constitución real o material, a fin de obtener su transformación conforme a las normas programáticas o disposiciones de principio contenidas en la propia Ley Suprema. En esa tesitura, el juicio de amparo es uno de los medios de control constitucional de mayor relevancia, en tanto su finalidad se encuentra centrada en proteger a los gobernados contra los actos u omisiones de la autoridad que violenten sus derechos fundamentales; lo anterior, con el afán deontológico de asegurar que las actuaciones u omisiones de los entes públicos no menoscaben la posibilidad de que el hombre como tal y como gobernado pueda desenvolver su propia personalidad en consecución con sus fines vitales de manera digna -esto es, en cuanto a su proyecto de vida-, pues resulta inconcuso que los derechos reconocidos por el parámetro de regularidad constitucional estarían destinados a su fatal frustración, sin que concomitantemente al reconocimiento jurídico de las potestades naturales del hombre se instituyera un medio constitucional para lograr el respeto y cumplimiento de las normas en que tal consagración opere. En ese tenor, es factible sostener que el juicio de amparo surgió a la vida jurídica de México, merced al impulso social canalizado por su forjadores, de proteger los llamados derechos del hombre, es decir, tutelar los derechos que detenta la persona en virtud de su humanidad contra cualquier acto u omisión del poder público que afectara o amenazara su dignidad y dentro de cuya esfera ocupa un lugar prominente la libertad y la seguridad. En otras palabras, la tutela de las potestades naturales del hombre a través de la Constitución, es decir, su conversión en derechos humanos oponibles a toda autoridad estatal y respetables por ella han sido fenómenos que obedecieron al acatamiento ineludible de las exigencias inherentes a la naturaleza del ser humano como persona, esto es, como ente dotado de razón y con una dignidad ontológica. De ahí que los preceptos constitucionales en los que se ha reconocido o declarado un ámbito mínimo de acción y desenvolvimiento del hombre como gobernado son el resultado lógico del desiratum social, consistente en traducir los imperativos de la personalidad humana en normas de carácter jurídico fundamental, pues el derecho si pretende ostentar un signo de perennidad y establecer una regulación duradera de la vida de los pueblos debe necesariamente acoger en sus mandamientos los principios axiológicos que derivan de la sustancialidad del hombre, los cuales se traducen en la forma de derechos humanos. La razón y la experiencia han demostrado que de poco sirve que el Estado reconozca derechos inherentes del hombre si no procura mecanismos adecuados y eficientes para asegurar su debida aplicación, conservación y protección -recursos efectivos-, ante los actos de aquellos entes que se encuentran en un plano de superioridad fáctica y jurídica respecto de los particulares. La sola proclamación del juicio de amparo como sistema de tutela jurídica de los derechos humanos se erige como una contribución trascendental para el aseguramiento de la dignidad y libertad del hombre, en las que se finca la cultura, el bienestar y el progreso de la sociedad. En suma, el juicio de amparo como un mecanismo de control constitucional en este aspecto no es más que la exigencia histórica del pueblo para contar con los medios suficientes que les permitan asegurarse de que sus derechos humanos no se encuentren sujetos a los caprichos y a las necesidades de los gobernantes; por ende, este medio de control constitucional jamás se sustenta ni puede ser fundamentado para la protección de los intereses de las autoridades, sino de la dignidad ontológica del hombre. Por otra parte, si bien en el desarrollo histórico y normativo del juicio de amparo se han verificado diversos cambios, entre otros, la posibilidad de impugnar actuaciones del poder judicial que sean lesivos de los derechos fundamentales, lo cierto es que el fundamento teleológico del amparo ha quedado intocado respecto a la protección de los derechos reconocidos por el parámetro de regularidad constitucional, tal y como se advierte de la lectura de los preceptos 103, fracción I y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 1 de la Ley Reglamentaria de los citados preceptos constitucionales. En efecto, de esos segmentos normativos se desprende que tanto el Constituyente Permanente como el Legislador Federal han establecido al juicio de amparo como un medio de control constitucional que tiene por objeto normativo que el Poder Judicial de la Federación conozca de aquellas controversias en las que se dilucide si las normas generales, actos u omisiones de la autoridad violan los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución General de la República, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De ahí que precisamente el juicio de amparo únicamente puede ser promovido por quien aduce "ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Carta Magna y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Es decir, para la promoción del amparo es necesario: (I) la titularidad de un derecho o interés legítimo individual o colectivo; y, (II) que el acto de autoridad transgreda los derechos humanos reconocidos por el parámetro de regularidad constitucional, ya sea de manera directa, o bien, por su especial situación frente al orden jurídico. Es por ello, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el juicio de amparo es un medio de control constitucional instituido para la salvaguarda de los derechos humanos y a su vez constituye el cumplimiento del derecho fundamental al recurso efectivo que consagran los preceptos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esto es, compone una parte esencial del referido derecho humano, al tiempo que es el medio para lograr la supremacía constitucional de los demás derechos fundamentales. En efecto, el juicio de amparo se erige como un recurso judicial efectivo de conformidad con el derecho humano de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, pues permite al órgano jurisdiccional de amparo emprender un análisis para establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos de los solicitantes de la tutela constitucional y, en su caso, proporcionar una reparación, lo que se advierte de lo establecido por los dispositivos 1, fracción I, 5, fracción I, primer párrafo, 77 y 107 de la Ley de Amparo. Lo expuesto tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 12/2016 (10a.) emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, que señala: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. De la interpretación del precepto citado, un recurso judicial efectivo es aquel capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, es decir, debe ser un medio de defensa que puede conducir a un análisis por parte de un tribunal competente para determinar si ha habido o no una violación a los derechos humanos y, en su caso, proporcionar una reparación. En este sentido, el juicio de amparo constituye un recurso judicial efectivo para impugnar la inconstitucionalidad, o incluso la inconvencionalidad, de una disposición de observancia general, pues permite al órgano jurisdiccional de amparo emprender un análisis para establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos de los solicitantes y, en su caso, proporcionar una reparación, lo que se advierte de los artículos 1o., fracción I, 5o., fracción I, párrafo primero, 77 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo. Ahora bien, en cuanto a la idoneidad y la razonabilidad del juicio de amparo, la Corte Interamericana reconoció que la existencia y aplicación de causas de admisibilidad de un recurso o un medio de impugnación resultan perfectamente compatibles con el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el entendido de que la efectividad del recurso intentado, se predica cuando una vez cumplidos los requisitos de procedibilidad, el órgano judicial evalúa sus méritos y entonces analiza el fondo de la cuestión efectivamente planteada. En esa misma tesitura, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la circunstancia de que en el orden jurídico interno se fijen requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades de amparo analicen el fondo de los planteamientos propuestos por las partes no constituye, en sí misma, una violación al derecho fundamental a un recurso judicial efectivo; pues dichos requisitos son indispensables y obligatorios para la prosecución y respeto de los derechos de seguridad jurídica y funcionalidad que garantizan el acceso al recurso judicial efectivo." En otro aspecto, en cuanto a la legitimación de las personas morales oficiales para promover este medio extraordinario de defensa debe señalarse que en el arábigo 7 de la ley de la materia el legislador federal consideró que las personas morales públicas pueden solicitar amparo de manera excepcional cuando la actuación de una diversa autoridad afecte su patrimonio en aquellas relaciones jurídicas en las que las primeras se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. El Máximo Tribunal Constitucional de la Nación al fallar la contradicción de tesis 374/2016 estableció que la excepción contenida en el aludido precepto (i) no resulta de interpretación amplia, sino estricta; y, (ii) constituye el único fundamento para que las personas morales oficiales puedan promover el juicio de amparo, por lo que de no actualizarse sus hipótesis fácticas-jurídicas, tales entes carecerán indefectiblemente de legitimación en ese medio de control constitucional. En ese sentido, el Alto Tribunal del País precisó que no puede perderse de vista que la excepción contenida en el artículo 7 de la Ley de Amparo obedece a la teoría de la doble personalidad del Estado, según la cual los entes públicos pueden ser considerados como entidades dotadas de imperio, o bien, en su carácter de sujetos de derecho privado. La Superioridad también indicó que esa postura se ha adoptado por el propio Tribunal Constitucional al señalar que bajo la fase de derecho privado -es decir, como un sujeto colocado en el mismo plano jurídico que los particulares-, el Estado como persona moral capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones está en aptitud de poner en ejercicio todos aquellos medios que la ley le concede a las personas civiles, para la defensa de unos y otras, entre ellos, precisamente, el juicio de amparo. Asimismo, puntualizó que como entidad pública en sentido estricto "no puede ejercer ninguno de esos medios sin desconocer su propia soberanía", dando lugar, por ende, a que se soslayara "todo el imperio, toda la autoridad o los atributos propios del Estado". Además, precisó que no es posible conceder a los órganos del Estado el juicio de amparo por actos emitidos por el propio Estado a través de otro de sus órganos "porque establecería una contienda de poderes soberanos y el juicio de garantías no es más que una queja del particular, que se hace valer contra abusos del poder". En otras palabras, el Máximo Tribunal del país dijo que el Estado en unos casos puede obrar como autoridad "haciendo uso de los atributos propios de su soberanía encargado de velar por el bien común por medio de dictados imperativos cuya observancia es obligatoria" y, en otros casos, como persona de derecho privado, es decir, "cuando al igual que los individuos particulares ejecuta actos civiles que se fundan en derechos del propio Estado, vinculados a sus intereses particulares, ya celebrando contratos o promoviendo ante las autoridades en defensa de sus derechos patrimoniales". Por ende, sostuvo que es inconcuso que la posibilidad de que las personas morales públicas puedan promover el juicio de amparo únicamente tiene cabida cuando el Estado obra como ente privado en el ejercicio de su capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones vinculados a sus "intereses particulares", lo cual lo coloca en un plano fáctico-jurídico de igualdad con los gobernados con los que se relaciona precisamente para esos fines patrimoniales provocando con ello que se encuentre en aptitud de "poner en ejercicio todos aquellos medios que la ley le concede a las personas civiles", como es este medio procesal de tutela constitucional. Desde esa perspectiva, estableció que si la finalidad del juicio de amparo es resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen los derechos humanos es claro que dicho objeto no puede hacerse extensivo a las personas de derecho público, sino cuando opere la excepción a esta regla -es decir, cuando el ente público obra como cualquier particular-, pues de lo contrario, se traduciría en un desconocimiento del propio imperio del cual se encuentra investido la autoridad, al tiempo que modificaría al juicio de amparo a un simple medio de resolución de conflictos entre poderes públicos. En consecuencia, consideró que si bien el ordinal 7 de la Ley de Amparo autoriza a las personas morales oficiales para promover el juicio constitucional en defensa de sus derechos privados cuando actúa como cualquier particular, lo cierto es que "no capacita a las oficinas públicas o departamentos de Estado para entablarlo con objeto de protegerse contra otros departamentos de Estado". En ese sentido, puntualizó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el juicio de amparo para proteger a los individuos contra la actuación del Estado que sea lesiva de los derechos fundamentales. Luego, dijo que siendo en esencia los derechos humanos "restricciones al poder público [.] queda al margen de toda discusión que el Estado no goza de éstos y, por lo mismo, no puede promover el juicio de amparo". En esa tesitura, sostuvo que siempre que las personas morales oficiales actúen en su verdadero carácter de autoridad se encontrarán excluidas de la posibilidad de promover el juicio de amparo, con entera independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer, pues tal medio de control constitucional no debe de operar para resolver controversias entre entes estatales, sino para la eficaz protección de los derechos humanos de los particulares ante los actos de autoridad. Las consideraciones establecidas en la ejecutoria dictada en la aludida contradicción de tesis dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 128/2017 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, CON INDEPENDENCIA DE LAS VIOLACIONES QUE ADUZCAN. La excepción contenida en el artículo 7o. de la Ley de Amparo es de aplicación estricta y constituye el único fundamento para que las personas morales oficiales promuevan el juicio de amparo. En esa tesitura, si el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia suscitada por actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, no puede hacerse extensivo a las personas de derecho público, sino cuando opere la excepción a esta regla, es decir, cuando actúan como cualquier particular y en defensa de su patrimonio; de ahí que cuando lo hacen en su carácter de autoridad carecen de legitimación para promover el amparo, con independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer ante el Juez o tribunal federal, pues el indicado medio de control constitucional no debe operar para resolver controversias entre organismos públicos, ni como un simple recurso de casación, sino para la eficaz protección de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano; habida cuenta que, siendo en esencia los derechos humanos restricciones al poder público, queda al margen de toda discusión que la autoridad no goza de éstos." Con base en el marco referencial anterior es factible sostener que el ente público quejoso aun cuando es una persona moral oficial, en el caso no actualizan todas las hipótesis establecidas por el arábigo 7 de la ley de la materia, porque si bien los actos reclamados emanan de un juicio contencioso laboral en donde diversas autoridades del municipio quejoso -a saber, el Presidente, la Síndica, los Regidores e integrantes del cabildo, todas esas entidades públicas del Ayuntamiento de San Antonino Castillo Velasco, Oaxaca- actúan en una relación jurídica en la que se encuentran en un plano de igualdad, como patrón equiparado, con el particular que figura como accionante, lo cierto es que tales actuaciones no afectan su patrimonio como persona moral oficial. En este punto, es necesario tener presente que en el acuerdo de trece de marzo de dos mil veintitrés, que la Presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca dictó en el juicio laboral 13/2009 impuso dos multas por cincuenta unidades de medida y actualización equivalentes a cuatro mil ochocientos once pesos moneda nacional cada una al Presidente, a la Síndica, a los Regidores e integrantes del cabildo, todas esas entidades públicas del Ayuntamiento de San Antonino Castillo Velasco, Oaxaca, porque dichas dependencias no cumplieron un requerimiento de pago de la condena decretada en el laudo pronunciado en ese contradictorio, por lo que esa determinación y su ejecución reprochada al Titular de la Coordinación de Cobro Coactivo de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo de Oaxaca aun cuando tienen origen en una controversia en donde los entes públicos sancionados actúan dentro de un vínculo jurídico en la que se encuentran en un plano de igualdad, como patrón equiparado, con el particular que tiene la calidad de accionante, dada la liga laboral que entre esos sujetos existía, no debe soslayarse que esos actos no afectan el patrimonio del municipio quejoso de San Antonino Castillo Velasco, Oaxaca, sino que vulneran la esfera jurídica de las personas físicas que ostentan los cargos de Presidente, de Síndica, de Regidores y de integrantes del cabildo, todos funcionarios del Ayuntamiento de San Antonino Castillo Velasco, Oaxaca, por lo que son esas personas físicas por propio derecho quienes tienen legitimación para someter a escrutinio constitucional las actuaciones combatidas. Se sostiene lo anterior, porque las dos multas que la Presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca impuso en el acuerdo de trece de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral 13/2009 por cincuenta unidades de medida y actualización equivalentes a cuatro mil ochocientos once pesos moneda nacional cada una al Presidente, a la Síndica, a los Regidores e integrantes del cabildo, todas esas entidades públicas del Ayuntamiento de San Antonino Castillo Velasco, Oaxaca, se realizó a las personas físicas o a los servidores públicos que en su actuar como autoridad omitieron acatar dicho fallo definitivo y no al municipio quejoso, por lo que esos funcionarios deben cubrir esas multas con su peculio y no con el presupuesto del municipio de San Antonino Castillo Velasco, Oaxaca. En esos términos, se detecta que las multas impuestas son susceptibles de vulnerar los derechos fundamentales de las personas físicas mencionadas y que el acuerdo reclamado y su ejecución afectan su esfera jurídica, por lo que es factible sostener que únicamente tales personas, por derecho propio, están legitimados para promover el juicio de amparo, pero no el municipio de San Antonino Castillo Velasco, Oaxaca, como ente abstracto cuyos funcionarios actúan como demandados o vinculados al cumplimiento del laudo dictado en el juicio natural. En esa línea, es factible concluir que el municipio quejoso de San Antonino Castillo Velasco, Oaxaca, carece de legitimación procesal activa para promover este medio extraordinario de defensa, en tanto que los actos reclamados no afectan su patrimonio como persona moral oficial aun cuando en el contradictorio de origen diversas autoridades de ese municipio -a saber, el Presidente, la Síndica, los Regidores e integrantes del cabildo, todas esas entidades públicas del Ayuntamiento de San Antonino Castillo Velasco, Oaxaca- actúan en una relación jurídica en las que se encuentran en un plano de igualdad, como patrón equiparado, con el particular que figura como accionante, dado el vínculo laboral que entre esos sujetos existió; por tanto, al no patentizarse el aspecto destacado no se actualiza la excepción prevista por el ordinal 7 de la Ley de Amparo para que el municipio inconforme pueda ejercer la acción constitucional como persona moral oficial. En los términos expuestos se actualiza de manera indudable y manifiesta la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 7 de la propia legislación, porque como se estableció el ente público quejoso carece de legitimación para acudir a este juicio de protección de derechos fundamentales; de ahí que este medio extraordinario de defensa resulte improcedente. En respaldo de las consideraciones expuestas se cita la jurisprudencia 2a./J. 65/2015 (10a.) emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, que señala: "JUICIO DE AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE EN SU ACTUAR COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR UN TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ESTATAL, POR CONTUMACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA, POR DERECHO PROPIO ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVERLO CONTRA LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA. Si un Tribunal Contencioso Administrativo estatal estima que la persona física o titular de una unidad administrativa demandada en el juicio contencioso administrativo incurrió en la omisión de cumplir la sentencia dictada en el juicio relativo y le impone una multa equivalente a ciertos días de su salario, con independencia de que la imposición se haga relacionando su nombre, o bien, refiriéndose al titular de la unidad administrativa (dirección, dependencia del Gobierno Estatal o del organismo descentralizado), se entiende que aquélla se impone a la persona física o funcionario que, en su actuación como autoridad, omite cumplir la sentencia y no así a la unidad administrativa; tan es así, que la multa se impone en el equivalente a cierto número de días de salario vigente del funcionario responsable, quien debe cubrirla de su propio peculio y no con el presupuesto de la unidad administrativa. En consecuencia, como la resolución que impone multa en los términos referidos es susceptible de violar los derechos fundamentales de la persona física mencionada, afectando su esfera jurídica, se concluye que, por su propio derecho, está legitimada para promover el juicio de amparo en su contra." En consecuencia, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 7 del propio ordenamiento, este Juzgado Federal determina desechar de plano la demanda de amparo presentada por el municipio de San Antonino Castillo Velasco, Oaxaca, por conducto de la entidad pública que la representa legalmente, en contra de los actos combatidos atribuidos a la Presidenta, a la secretaria general de acuerdos, ambas servidoras públicas de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, y al Titular de la Coordinación de Cobro Coactivo de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo de Oaxaca, consistentes en el acuerdo de trece de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral 13/2009, en donde se impuso dos multas por cincuenta unidades de medida y actualización equivalentes a cuatro mil ochocientos once pesos moneda nacional cada una al Presidente, a la Síndica, a los Regidores e integrantes del cabildo, todas esas entidades públicas del Ayuntamiento de San Antonino Castillo Velasco, Oaxaca, y la ejecución de las multas impuestas en el proveído descrito, en términos de lo dispuesto por el ordinal 113 de la ley de la materia. No se autoriza devolución de un documento. Por otro lado, en cuanto a la devolución del original del acta de la primera sesión ordinaria de cabildo de San Antonino Castillo Velasco, Oaxaca, de uno de enero de dos mil veintidós, no es factible acceder a la solicitud del quejoso en términos de lo dispuesto por el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, interpretado en sentido contrario, porque la presente determinación aún no se encuentra firme. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de junio de dos mil veintitrés. Ténganse por recibidos el ocurso inicial y los anexos señalados en la nota de cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 550/2023. Prevención. En cuanto a la admisibilidad de la demanda esa circunstancia tendrá que ser postergada, porque existen diversas irregularidades en ese escrito que necesitan enmendarse. El numeral 114, fracciones I, II y III de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda en los supuestos siguientes: a) cuando haya alguna irregularidad en ese ocurso; b) en el caso de que se hubiera omitido alguno de los requisitos que el arábigo 108 de la propia legislación establece; y, c) cuando no se haya acompañado el documento que acredite la personalidad. Por otra parte, el ordinal 108, fracciones I, II y V, de la ley de la materia estatuye que en el libelo inicial deberá señalarse, entre otros aspectos, a) el nombre y el domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; b) la autoridad o autoridades responsables; y, c) manifestarse bajo protesta de decir verdad los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. En el caso, la promovente no colma los requerimientos señalados en el último de los preceptos citados, por las razones siguientes: En el escrito inicial se indica como parte quejosa a la Síndica Municipal de San Antonino Castillo Velasco, Oaxaca, pero en donde se describen los actos reclamados se señala que en el acuerdo de trece de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral 13/2009 se impuso multas a "su representada". Esa situación impide saber si la justiciable realmente es la Síndica Municipal de San Antonino Castillo Velasco, Oaxaca, o bien, si la quejosa en una autoridad diversa. Además, en el supuesto en el que la agraviada sea una entidad pública distinta a la promovente no se aporta algún documento para demostrar la personalidad para ejercer la acción de amparo en representación de ese ente público diverso. Por otro lado, la promovente señala como autoridad responsable al Titular de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, pero ese señalamiento es impreciso, porque ese Tribunal burocrático es una órgano colegiado compuesto de diversos integrantes, por lo que no es factible concebir la existencia de un Titular en ese órgano de administración de justicia; de ahí que la designación de esa autoridad es imprecisa al no referirse si el acuerdo impugnado se atribuye al órgano colegiado, o bien, a uno de sus integrantes, máxime que esa situación no puede advertirse de los antecedentes de los actos reclamados. Los aspectos destacados denotan la existencia de irregularidades en el escrito inicial, lo cual da pauta a prevenir a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente a aquel en el que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito con las copias de traslado necesarias realice lo siguiente: 1. Deberá precisar si la parte quejosa es únicamente la Síndica Municipal de San Antonino Castillo Velasco, Oaxaca, o bien, una autoridad diversa. 2. En el supuesto en el que la agraviada sea una entidad pública distinta a la promovente deberá aportar el documento idóneo con el que esta última demuestre la personalidad para ejercer la acción de amparo en representación de ese ente público diverso y las copias necesarias de ese instrumento para el traslado de las partes. 3. Deberá precisar si el acuerdo reclamado de trece de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral 13/2009 se atribuye a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, o bien, a uno de sus integrantes. Infórmese a la parte quejosa que el requerimiento formulado en este auto deberá ser atendido por su apoderado o por su representante legal en términos de lo indicado por el numeral 6 de la Ley de Amparo, sin que ese aspecto pueda atenderse por las personas designadas como sus autorizadas en términos amplios del precepto 12 de la Ley de Amparo, porque las facultades de las que gozan estas últimas no son equiparables a las de un mandato y tampoco por las personas designadas como sus autorizados en términos restringidos de los normativos 12 y 24 del citado ordenamiento legal, porque las facultades de las que gozan estas últimas solamente son para recibir notificaciones e imponerse de los autos; en ese sentido, se le apercibe que de hacerlo las personas que señaló como sus autorizadas no se tendrá por cumplida la prevención y se hará efectivo el apercibimiento que se indicará con posterioridad. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." En ese contexto, se apercibe a la parte quejosa que en el caso de que no atienda la prevención realizada, la demanda se tendrá por no presentada, en términos de lo dispuesto por el dispositivo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento a la promovente que el ordinal 261, fracción I, de la Ley de Amparo dispone que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la conducta sancionada a la parte quejosa si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con los actos reclamados; en este punto, debe tenerse en cuenta que los escritos inicial y aclaratorio integran la demanda y deben considerarse indefectiblemente como un solo documento. Lo expuesto se sustenta la jurisprudencia P./J. 35/2001 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA. Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Se tiene como domicilio de la inconforme para recibir notificaciones el que indica en su ocurso y como sus autorizados de la parte quejosa con las facultades amplias previstas por el ordinal 12 de la Ley de Amparo a Jessie Anthony Ramírez López y Maetzi Cruz Aguilar con cédulas profesionales 6872009 y 12851702 registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho; por otra parte, se tiene como sus autorizados en términos restringidos del citado precepto y del diverso 24 del propio ordenamiento a las personas restantes que indica, esto es, para recibir notificaciones e imponerse de los autos, porque respecto de una su cédula profesional no aparece registrada en el referido sistema y no acreditó que ejerza la profesión de licenciado en derecho y en cuanto a las demanda así lo solicitó de manera expresa. Acceso y consulta del expediente electrónico. En otro punto, con fundamento en lo dispuesto por el normativo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo se autoriza a la parte quejosa el acceso y la consulta del expediente electrónico relativo al presente asunto, vía Internet, por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del usuario "ABOGADO-JESSIE" proporcionado para tal efecto. En razón de lo anterior, se instruye a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano jurisdiccional que realice el alta del usuario "ABOGADO-JESSIE" a fin de que la parte quejosa pueda realizar la consulta del expediente electrónico indicado. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la quejosa por sí o por conducto de la persona que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas en el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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