Sinday Karolyn Galvan Chavez

Expediente 1984/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1984/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
29/11/2022

Partes del expediente

  • Sinday Karolyn Galvan Chavez

Actuaciones

  1. Principal

    Villahermosa, Tabasco, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que precede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la misma ley de la materia, contra el auto de once de noviembre del presente año, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Sinday Karolyn Galván Chávez, contra actos de la Jefa del Departamento de Recursos Humanos del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario Número 82, residente en Balancán, Tabasco y otras autoridades; sin que la parte interesada hubiese ejercido ese derecho. En consecuencia, se declara que el citado auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Anotaciones y archivo del expediente Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como de los mismos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. En ese orden de ideas, requiérase al Actuario Judicial adscrito encargado del presente expediente, para que a la brevedad integre en el expediente electrónico todas y cada una de las notificaciones que obran en el expediente físico.

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco, once de noviembre de dos mil veintidós. Antecedentes. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de ocho de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la demanda de amparo promovida por Sinday Karolyn Galván Chávez, contra actos de la Jefa del Departamento de Recursos Humanos del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario Número 82, residente en Balancán, Tabasco y otras autoridades; sin embargo, de la búsqueda realizada en el Sistema de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), se advirtió la existencia del diverso juicio de amparo 1897/2022 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad y, tomando en consideración que, al parecer, ambas demandas se presentaron en la misma fecha, se solicitó a ese órgano jurisdiccional que, de no tener inconveniente, habilitara los permisos necesarios, a fin de que este Juzgado Federal pudiera acceder a su expediente electrónico; ello, para que se estuviera en aptitud de proveer conforme a derecho. Recepción del expediente 1897/2022 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad. Ahora, del libro de registro que se lleva en la oficialía de partes de este Juzgado, el cual constituye un hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral, se advierte que el diez del mes y año en curso, se recibió el original del citado expediente 1897/2022 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, radicándose en este Juzgado Federal con el número de expediente 2006/2022. De la lectura de las constancias que obran en dicho expediente, se conoce que el citado Juzgado Segundo determinó remitir ese asunto a este órgano jurisdiccional, al actualizarse el supuesto establecido en el artículo 42 de la Ley de Amparo, que establece que cuando una jueza o juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación ante el cual se hubiese promovido un juicio de amparo, tenga información de que otro está conociendo de un juicio diverso promovido por la misma quejosa o quejoso, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque los conceptos de violación sean distintos, lo comunicará de inmediato por oficio a dicho órgano, y anexará la certificación del día y hora de presentación de la demanda, así como, en su caso, del auto dictado como primera actuación en el juicio. Lo anterior, tomando en consideración que la demanda que originó este juicio de amparo, se presentó a las diecinueve horas con cuarenta y nueve minutos del cuatro de noviembre del año en curso y, el libelo constitucional que originó aquél expediente, se presentó a las veintiún horas con veintiséis minutos de la misma fecha; y, que ambas demandas fueron promovidas por Sinday Karolyn Galván Chávez, contra actos de la Jefa del Departamento de Recursos Humanos del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario Número 82, residente en Balancán, Tabasco y otras autoridades. Se levanta reserva. Ante las relatadas consideraciones, se levanta la reserva decretada en proveído de ocho del mes y año en curso y se procede a proveer en relación a la demanda de amparo de origen. Causa de improcedencia. En ese sentido, este Juzgador advierte de manera notoria, manifiesta e indudable, la actualización de una causal de improcedencia, toda vez la demanda de amparo carece de firma electrónica de la quejosa, por lo que debe desecharse de plano, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito se advierte que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo indirecto, tiene la obligación de estudiar la demanda en su integridad y, en el caso de encontrar una causa manifiesta e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, en el entendido que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos de prueba que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento en la jurisprudencia 1879, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Segunda Parte - TCC Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, página 2125, Novena Época, registro 1003758, de rubro y texto: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En este orden de ideas, el juicio de amparo que mediante esta vía se intenta, resulta improcedente, en atención a que se surte la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5 y 6, todos de la Ley de Amparo, en vinculación con el 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen lo siguiente: Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. [.]" Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" En el artículo 61, de la Ley de Amparo se establecen causas de improcedencia expresas; es decir, en él se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII, se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la misma ley. Con dicha fracción, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en ninguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61, de la Ley de Amparo. Por su parte, de los artículos 5 y 6 de la Ley de Amparo, así como 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se deduce que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y debe ser promovido por la persona a quien afecte el acto reclamado. Lo anterior, implica que en la demanda de amparo debe constar la manifestación de la voluntad de la persona que promueve; es decir, debe contar con su firma, pues sólo así podría cumplir con el requisito de que el juicio de amparo se inicie a instancia de parte agraviada. En el artículo 3 de la Ley de Amparo, se prevé que es optativo para la parte promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente; asimismo, que los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando la firma electrónica, conforme a la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, resulta necesario transcribir el contenido de los artículos 1, 3, fracción I, 9, 10, 14, segundo párrafo, 45, 52, último párrafo y 96, primer párrafo, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales del propio Consejo, como sigue: "Artículo 1. El presente Acuerdo General tiene por objeto regular la integración de los expedientes electrónicos y la utilización de videoconferencias para el desahogo de audiencias y diligencias judiciales en los asuntos que son competencia de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como la actuación desde el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, permitiendo la promoción, trámite, consulta, resolución y notificación por vía electrónica, al igual que la celebración de audiencias y otras diligencias que puedan desahogarse a distancia, mediante el uso de videoconferencias. El objeto antes descrito comprende también la necesidad de establecer los lineamientos que deberán seguir los órganos jurisdiccionales federales para la óptima implementación de la videoconferencia como herramienta para el desahogo de las audiencias, sesiones y diligencias judiciales, de conformidad con la normatividad aplicable a su ámbito de actuación y en términos de lo dispuesto en el Anexo Técnico de este Acuerdo, para lo cual, se dispondrá de la plataforma tecnológica del Consejo de la Judicatura Federal." "Artículo 3. La integración y consulta de los expedientes electrónicos regulados en el presente Acuerdo General se regirán por las siguientes bases: I. Tod o documento que ingrese a un expediente electrónico deberá ser firmado con una Firma Electrónica que cuente con los permisos necesarios. [.]" "Artículo 9. En los órganos jurisdiccionales a cargo del CJF, la presentación de demandas, solicitudes, recursos, incidentes y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas con independencia del tipo de asunto o materia de que se trate, se realizarán a través del Sistema Electrónico del PJF, conforme a las disposiciones del presente Acuerdo General y atendiendo a la normatividad aplicable en cada materia." "Artículo 10. Las disposiciones contenidas en este Capítulo son aplicables a todos los asuntos que tramiten los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito, Centros de Justicia Penal Federal y en los órganos jurisdiccionales federales del nuevo modelo de justicia laboral, con independencia de que en los Capítulos finales del presente Acuerdo se precisan algunos alcances para cada materia, de acuerdo con la legislación adjetiva que la rige. En todos los servicios en línea que presta el CJF se utilizará la Firma Electrónica, salvo para la promoción de demandas electrónicas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo." "Artículo 14. El Portal de Servicios en Línea es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las OCC y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Las promociones de las partes recibidas en el Portal recibirán el mismo tratamiento que las presentadas en formato impreso, siempre que se cumpla con las disposiciones previstas en el presente Acuerdo General. [.]" "Artículo 45. Para la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica, con excepción de las señaladas en la sección previa, las personas usuarias ya registradas deberán ingresar al Portal, señalando el "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 16 del presente Acuerdo General, o bien, lo harán con su Firma Electrónica vigente. Hecho lo anterior, ingresarán al módulo para presentar demandas, solicitudes y escritos iniciales, y elegirán el apartado para presentar escritos de demanda, donde señalarán el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionarán la OCC de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Posteriormente, deberán ingresar el archivo electrónico que contenga la demanda, utilizarán el formato predeterminado o llenarán el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición. Finalmente, agregarán a la solicitud o escrito de demanda su Firma Electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y lo enviarán. Asimismo, podrán enviar los archivos electrónicos que contengan documentos anexos al escrito de demanda." "Artículo 52. [.] Cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la Firma Electrónica que mostrará el nombre de su titular, si el certificado es reconocido por la Unidad y si se encuentra vigente, lo cual se tomará en consideración por los órganos jurisdiccionales para acordar lo correspondiente." "Artículo 96. Salvo disposición expresa en el presente apartado, resultan aplicables a todos los asuntos competencia del PJF las reglas previstas en el presente Acuerdo, salvo lo dispuesto en el Capítulo Décimo. [.]" De los numerales transcritos se obtiene, en lo medular, la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación en todos los asuntos de su competencia mediante el empleo de las tecnologías de la información, siendo necesaria la utilización de una firma electrónica que cuente con los permisos necesarios, y que debe aparecer en todo documento que ingrese a un expediente electrónico. En específico, para la presentación de demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica, establecen que las personas usuarias ya registradas deben acceder al Portal de Servicios en Línea y, entre otras acciones, tienen que ingresar el archivo electrónico respectivo, agregando su firma electrónica vigente. En la inteligencia de que, cada documento electrónico que se presente recibirá el mismo tratamiento que las promociones presentadas en formato impreso, siempre que contengan en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica que mostrará el nombre de su titular, si el certificado es reconocido por la Unidad y si se encuentra vigente, lo cual se tomará en consideración por los órganos jurisdiccionales para acordar lo correspondiente. Lo anterior, conlleva a estimar que deben desecharse de plano las demandas presentadas por vía electrónica cuando carezcan de la firma electrónica de la parte quejosa, porque su falta no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento al principio de instancia de parte interesada, rector del juicio de amparo, a que se refieren los diversos numerales 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5 y 6 del primer ordenamiento legal de referencia, el cual no amerita prevención alguna. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, abril de 2019, Tomo I, página 79, registro 2019715, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Asimismo, en lo conducente y por similitud de razón, la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), del Pleno del Máximo Tribunal del país, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, enero de 2019, Tomo I, página 5, registro 2018943, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano." Por tanto, si la demanda que se provee carece de firma electrónica de la parte quejosa, la cual constituye la señal de su voluntad de iniciar el juicio de amparo que nos ocupa, resulta claro que no es posible darle el mismo tratamiento que a una demanda presentada en formato impreso con firma autógrafa; pues no obra la evidencia criptográfica que muestre el nombre de su titular, si el certificado es reconocido por la Unidad para el Control de Certificación de Firmas del Consejo de la Judicatura Federal y si se encuentra vigente. En efecto, la falta de evidencia criptográfica de su firma electrónica implica incertidumbre sobre su existencia, si es reconocida por la mencionada Unidad y si se encuentra vigente, lo que provoca, como ya se dijo, la ausencia de manifestación de la voluntad del promovente para tramitar el juicio, siendo necesario este requisito para tal fin, pues de otro modo, se llegaría al absurdo de que aun cuando no se tenga plena certeza de su intención de activar la función jurisdiccional, se dé trámite a una demanda carente de firma. Máxime que la demanda en cuestión no es relativa a un juicio de amparo en el que se reclame alguno de los actos a que se refiere el artículo 17 del Acuerdo General en cita, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica en tratándose de los supuestos referidos en los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo. En ese sentido, ante la omisión destacada y con apoyo en lo expuesto, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Sinday Karolyn Galván Chávez, contra actos del Jefa del Departamento de Recursos Humanos del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario Número 82, residente en Bancan, Tabasco y otras autoridades. No obstante, se dejan a salvo los derechos de la parte promovente para que, de ser su elección presentar una nueva demanda de protección de derechos fundamentales a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, lo realice atendiendo a los lineamientos precisados en el presente acuerdo, esto es, agregando su firma electrónica, en donde conste la evidencia criptográfica que muestre los nombres de su titular, si el certificado es reconocido por la Unidad para el Control de Certificación de Firmas del Consejo de la Judicatura Federal y si se encuentra vigente.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE 3 DE NOVIEMBRE DE 2022.

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