Sina Schneider Holvelmann
Expediente 712/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 28 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 712/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 18/10/2019
Partes del expediente
- Sina Schneider Holvelmann
- SINA SCHNEIDER HOLVELMANN y Otros.
- I. Y. S.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO CONFIRMÓ LA RESOLUCIÓN DE QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. REALÍCENSE ANOTACIONES. SE ORDENA ARCHIVAR EL PRESENTE COMO ASUNTO TOTAL Y DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO. EL PRESENTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. SE ORDENA DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES QUE EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL MEDIANTE SESIÓN ORDINARIA DE VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, DETERMINÓ READSCRIBIR A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL AL SUSCRITO CARLOS MARTÍN HERNÁNDEZ CARLOS, A PARTIR DEL UNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE.
- Principal
SE TIENE POR INTERPUESTO RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA ENGROSADA EL QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, EN LA CUAL NEGÓ EL AMPARO IMPETRADO. SE ORDENA DISTRIBUCIÓN DEL ESCRITO DE AGRAVIOS A LAS PARTES Y ENVÍO DE AUTOS, ASÍ COMO LA FORMACIÓN DEL CUADERNO DE ANTECEDENTES. REALÍCENSE ANOTACIONES.
- Principal
V I S T O para resolver el juicio de amparo indirecto 712/2018, promovido por Sina Schneider Hovelmann, por su propio derecho y en representación de su menor hija I.Y.S., contra actos del juez Sexto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, por considerarlos violatorios de las garantías y derechos humanos consagrados en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución General de la República; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO.- Demanda de amparo. En escrito presentado el cinco de julio de dos mil dieciocho, ante la entonces Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco (ahora Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco) Sina Schneider Hovelmann, por su propio derecho y en representación de su menor hija I.Y.S., compareció a demandar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del juez Sexto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, mismos que hizo consistir substancialmente en lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO.- El auto dictado el día 23 de mayo de 2018, en el que, entre otras cosas, se fijó a cargo del actor, Jesús Rafael Yan Valenzuela y a favor de su menor hija, una pensión alimenticia por la cantidad de $8,000.00 (ocho mil pesos (sic) moneda nacional), misma que fue establecida a solicitud del deudor alimentista y conforme a la información que éste manifestó en su escrito inicial de demanda, con lo cual se contraviene lo dispuesto por el artículo 595 del Código Civil del Estado, esto es, resulta evidente que el señor Jesús Rafael Yan Valenzuela, está impedido legalmente para representar a su menor hija, en el presente juicio, habida cuenta que existe un claro conflicto de interés entre el padre y la hija, ya que es indudable que el padre no está legalmente facultado para demandarse a sí mismo, reclamando el pago de alimentos a favor de su menor hija, aun cuando mencione que lo hace en ejercicio de la patria potestad, ya que es claro que se confrontan los derechos personales inherentes a la menor de edad." (foja 3). SEGUNDO.- Radicación. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco (antes Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco), conocer de la demanda de garantías de referencia, la cual se admitió a trámite en auto de seis de julio de dos mil dieciocho y se registró bajo el número de expediente 712/2018; se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien hizo valer los alegatos ministeriales 226/2018, donde solicitó se concediera a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal impetrada (folios 49 a 55); la autoridad responsable rindió su informe justificado (folio 35); se emplazó a los terceros interesados Procurador Social de la Procuraduría Social del Estado de Jalisco, así como al agente de la Procuraduría para Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Jalisco, quien informó que era su deseo hacer suya la demanda que dio origen al juicio de amparo en que se actúa, en representación de la menor I.Y.S.; así como a Jesús Rafael Yan Valenzuela, este último quien se apersonó al presente juicio (fojas 24, 27 a 29 y 66 a 72). Seguido el juicio por todos sus trámites legales, se llevó a cabo la audiencia constitucional en los términos del acta de diez de octubre de dos mil dieciocho (folios 83 a 86), la cual se suspendió para dar trámite a la objeción de falsedad formulada por el tercero interesado, misma que se reanudó el once de abril de dos mil diecinueve, en los términos a que se contrae en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- Competencia.- Este Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, tiene competencia legal para conocer del presente juicio, conforme a los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 35 y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 41/2018 y 03/2013, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuitos y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un amparo en materia civil y reclamarse actos de autoridades residentes en la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito. SEGUNDO.- Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó la autoridad señalada como responsable, juez Sexto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, al rendir su informe justificado (foja 35), lo cual surte efectos de confesión expresa y hace prueba plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el juicio de amparo, por disposición del numeral 2° de su ley reglamentaria y, además porque así se advierte de las constancias certificadas relativas al juicio de origen, que remitió dicha autoridad en apoyo a su informe, a las que se concede pleno valor probatorio, conforme a los numerales 129 y 202 del citado código. Tiene aplicación sobre el particular, la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Asimismo, tiene aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la literalidad siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". TERCERO.- Antecedentes del acto reclamado. para mejor comprensión del asunto, resulta conveniente reseñar algunos antecedentes del acto reclamado, mismos que se desprenden de las constancias certificadas remitidas por la autoridad señalada como responsable, las cuales merecen valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados de forma supletoria a la Ley de Amparo vigente, en términos de su numeral 2º, de entre las cuales destaca lo siguiente: 1.- Mediante escrito presentado el quince de mayo de dos mil dieciocho, Jesús Rafael Yan Valenzuela, por su propio derecho y en ejercicio de la patria potestad de su menor hija I.Y.S., demandó en la vía civil ordinaria a Sina Schneider Hovelmann, por la disolución del vínculo matrimonial que los une; asimismo, por la fijación de una pensión alimenticia provisional y definitiva en favor de la aludida menor de edad, por el equivalente al cincuenta por ciento de sus necesidades alimentarias; así mismo, solicitó se le condenara al pago de alimentos provisionales y definitivos, en los términos propuestos en dicha demanda; de igual forma, solicitó se fijara un régimen de custodia compartida y convivencia en la forma y términos precisados en dicho escrito inicial; y, el pago de gastos y costas del juicio (fojas 02 a 27 del cuaderno de pruebas tomo I). 2.- En acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda en la vía y forma propuestas, la cual se radicó con el número de expediente 922/2018, del índice del juzgado Sexto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco; asimismo, en dicho auto, entre otras cosas, se fijó una pensión de alimentos provisionales en favor de la menor citada, por la cantidad mensual de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 moneda nacional), propuesta por el accionante, así como a cubrir directamente los gastos de educación y médicos, como el propio actor lo solicitó; de igual forma, en tal acuerdo, se ordenó emplazar a la demandada, como darle vista en relación al régimen de convivencia planteado por el actor (fojas 31 a 34 ídem). Determinación que antecede, la que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. CUARTO.- Incidente de objeción de falsedad de firmas. Previo al estudio de las cuestiones de fondo planteadas en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 122 de la Ley de Amparo, procede resolver, en primer orden, el incidente de falsedad propuesto por el tercero interesado Jesús Rafael Yan Valenzuela, respecto de la firma de la quejosa que calza la demanda de garantías, el cual formuló, en lo conducente, al tenor del siguiente cuestionario: Así, conviene puntualizar que dada la forma en cómo podría incidir en la resolución del presente asunto, se procede al estudio de la impugnación planteada por el citado tercero interesado Jesús Rafael Yan Valenzuela, respecto de la firma de la quejosa que obra estampada en la demanda de garantías; para lo cual aduce esencialmente, que la firma que calza dicho libelo de demanda, no fue puesta de su puño y letra. Ahora bien, cabe destacar que la finalidad de la prueba de peritación es que personas calificadas, con conocimientos especiales en una ciencia o arte, ilustren al juzgador en cuestiones técnicas que escapan a su pericia y conocimiento; por tanto, se requiere una conclusión técnica o científica que se sustente en las apreciaciones del perito, es decir, las aseveraciones deben tener sustento lógico, prescindir de aseveraciones abstractas y generales, enunciar principios y formular enunciados vagos. En consecuencia, según se verá enseguida, la manifestación que refiere el tercero interesado, en el sentido que la firma estampada en la demanda que se analiza, no fue puesta del puño y letra de la ahora quejosa, se apoya en simples conjeturas o suposiciones que no contienen el soporte técnico respectivo, atento a que la cuestión de hecho que nos ocupa, necesita ser determinada por un experto oficial a fin de tener eficacia jurídica para justificar la falsedad atribuida al documento cuestionado, de manera que sólo se supone un aspecto que según lo explicado no es factible determinar por el simple hecho de suponerlo, manifestarlo o imponerse del mismo, pues el hecho que se induce resultaría dudoso. Resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia III.2o.C. J/17 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Tercer Circuito, visible en la página 1269, del Tomo XVI, Septiembre de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del siguiente rubro y texto: "FIRMA, PARA DETERMINAR SU AUTENTICIDAD SE REQUIERE PRUEBA PERICIAL GRAFOSCÓPICA. Para determinar en un procedimiento judicial si la firma impugnada de falsa es o no original de una persona (autógrafa), no basta la simple comparación con otra atribuida a la misma mano que realice el juzgador, sino que es necesario llevar a cabo la verificación de su falsedad o autenticidad mediante prueba pericial grafoscópica que se aporte al sumario, ya que aunque la diferencia en la forma pudiera resaltarse con una mera observación superficial, mediante la prueba señalada se puede determinar si fue estampada por la persona a quien se considera autora, o bien, por otra distinta". Así mismo, resulta aplicable la tesis XX.1o.357 C, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 577, Tomo XIII, Junio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto establece lo siguiente: "FIRMA. LA PRUEBA IDONEA PARA DETERMINAR SI ES O NO ORIGINAL LA. ES LA PERICIAL GRAFOSCOPICA. La prueba idónea para determinar si una firma es o no original, es la pericial grafoscópica, por la razón de que no basta su simple comparación con otra por parte del juzgador, sino que es necesario llevar al cabo la verificación de su falsedad o su autenticidad al través de la prueba de referencia". Ahora bien, el aludido tercero interesado, Jesús Rafael Yan Valenzuela, a fin de demostrar la falsedad de la firma que como de la quejosa Sina Schneider Hovelmann, obra estampada en el escrito inicial de demanda, ofreció la pericial en materia de grafoscopía, para lo cual, designó como perito de su parte al especialista Sabino Rodríguez Martinez, quien fue omiso en aceptar el cargo conferido, por lo que en auto de veinte de febrero del presente año (fojas 129 a 131), se estableció que la aludida prueba pericial, se integraría únicamente con el dictamen de la perito oficial designada por este órgano jurisdiccional, Luz Bertha Álvarez Gómez. Bajo esa tesitura, una vez analizada dicha prueba pericial, este juzgador federal determina que la firma que calza la demanda de garantías, fue puesta del puño y letra de la aquí quejosa Sina Schneider Hovelmann. Así, en relación con lo anterior, cabe precisar que la perito oficial Luz Bertha Álvarez Gómez, emitió su opinión técnica, conforme el dictamen que obra glosado en autos, del que se desprende en lo que interesa, lo siguiente: En ese contexto, una vez analizado en su integridad el dictamen que obra en autos, se le concede valor probatorio en términos del artículo 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que prevé que la prueba pericial es de libre apreciación, es decir, su valoración se funda en la sana crítica, en las reglas de la lógica y de la experiencia del juez, que contribuyen a que pueda analizar esa probanza con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas. De ese modo, contrario a lo que afirma el tercero interesado, no se logró acreditar la falsedad de la firma que calza el libelo de demanda de garantías, esto es, que dicha firma no sea auténtica, atento a que del resultado de los estudios técnicos realizados por la perito nombrada en autos, se advierten las razones que expuso dicha especialista, a las que se les confiere credibilidad, puesto que la experta que elaboró dicho peritaje hizo una fijación clara del estudio que llevó a cabo, indicando los métodos utilizados; esto es, utilizó documentos indubitables y en sus estudios se aludió entre otras cuestiones, a las características morfológicas de la escritura, la habilidad caligráfica, presión muscular y grado de inclinación de la misma, de manera que se refirió a cuestiones propias de su función y además expuso las razones técnicas que la llevaron a concluir de manera contundente que la firma cuestionada sí corresponde a la estampada por la quejosa; además, tal dictamen cuenta con los elementos necesarios para crear ánimo de convicción en este juzgador federal y por ende, queda demostrado, para efectos del presente juicio, que la quejosa sí estampó de su puño y letra la firma que calza la demanda de amparo controvertida. Luego, si bien el tercero interesado, objetó de falsa la firma que calza dicho ocurso, bajo el argumento de que no fue estampada del puño y letra de la impetrante de amparo, lo cierto es que, como se vio, no acreditó con la pericial desahogada, los extremos de su pretensión, por lo que deben tenerse por válidos tales signos gráficos, los cuales entrañan la voluntad de la promovente. A lo razonado, resulta atendible, la tesis II.1°.C.T.41T, ratificada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, publicada en la foja 431, del Tomo IV, Diciembre de 1996, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del contexto: "PERICIAL EN MATERIA CALIGRÁFICA O GRAFOSCÓPICA, ALCANCE DE LA. La firma es la rúbrica que pone una persona al pie de un documento, dándole así autenticidad y obliga al suscriptor del mismo a lo que en él se consigna; es decir, la firma constituye la manifestación expresa de la voluntad del signante. Ahora bien, cuando existe impugnación de las firmas por la contraparte, el medio idóneo para determinar su autenticidad, lo es la pericial en materia caligráfica o grafoscópica, prueba que si bien no obliga al juzgador a resolver en el sentido de los dictámenes, también lo es que constituye un medio para ilustrar su criterio.". Entorno al examen que este juzgador debe hacer de la pericial, es oportuno citar la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 181 del Tomo CXXVI, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "PRUEBA PERICIAL, SU VALORACIÓN. El juzgador puede declarar con valor probatorio un dictamen emitido por órgano especializado de prueba, si éste se encuentra debidamente fundado y está en concordancia con las demás constancias que obran en el proceso, hasta el punto de que puede coincidir su criterio con la opinión de un testigo de calidad, como lo es el perito, pero en todo caso, conserva, de acuerdo con su soberanía decisoria y siendo como es el primero entre los peritos, su libertad para considerar relevante o no la prueba pericial .". De igual forma, sirve de apoyo a la conclusión anterior, sobre la facultad del juzgador para apreciar la prueba pericial, la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publica en la página doscientos cincuenta y tres, tomo LX, Cuarta Parte, Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "PRUEBA PERICIAL, VALORACIÓN DE LA. Ciertamente el juzgador no es un técnico en la materia del peritaje, pero una cosa es poseer los conocimientos científicos o técnicos, y otra el sentido crítico para apreciar su aplicación; es cierto que en el error y no sólo en el acierto puede darse la uniformidad de apreciación pero, precisamente, toca al juzgador descubrir cuándo se está en uno u otro caso.". Asimismo, apoya lo anterior, la tesis I.3o.C.245 C, visible en la página 1394, del Tomo XIV, agosto de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRUEBA PERICIAL, VALORACIÓN DE LA. SISTEMAS. En la valoración de las pruebas existen los sistemas tasados o legales y pruebas libres, o de libre convicción. Las pruebas legales son aquellas a las que la ley señala por anticipado la eficacia probatoria que el juzgador debe atribuirles. Así, el Código de Comercio en sus artículos 1287, 1291 a 1294, 1296, 1298 a 1300, 1304 y 1305, dispone que la confesión judicial y extrajudicial, los instrumentos públicos, el reconocimiento o inspección judicial y el testimonio singular, hacen prueba plena satisfechos diversos requisitos; que las actuaciones judiciales, los avalúos y las presunciones legales hacen prueba plena, y que el documento que un litigante presenta, prueba plenamente en su contra. Por otra parte, las pruebas de libre convicción son las que se fundan en la sana crítica, y que constituyen las reglas del correcto entendimiento humano. En éstas interfieren las reglas de la lógica con las reglas de la experiencia del Juez, que contribuyen a que pueda analizar la prueba con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas. Esos principios se encuentran previstos en el artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, al establecer que los medios de prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, exponiendo cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica y de su decisión. De modo que salvo en aquellos casos en que la ley otorga el valor probatorio a una prueba, el Juez debe decidir con arreglo a la sana crítica, esto es, sin razonar a voluntad, discrecionalmente o arbitrariamente. Las reglas de la sana crítica consisten en su sentido formal en una operación lógica. Las máximas de experiencia contribuyen tanto como los principios lógicos a la valoración de la prueba. En efecto, el Juez es quien toma conocimiento del mundo que le rodea y le conoce a través de sus procesos sensibles e intelectuales. La sana crítica es, además de la aplicación de la lógica, la correcta apreciación de ciertas proposiciones de experiencia de que todo hombre se sirve en la vida. Luego, es necesario considerar en la valoración de la prueba el carácter forzosamente variable de la experiencia humana, tanto como la necesidad de mantener con el rigor posible los principios de la lógica en que el derecho se apoya. Por otra parte, el peritaje es una actividad humana de carácter procesal, desarrollada en virtud de encargo judicial por personas distintas de las partes del proceso, especialmente calificadas por su experiencia o conocimientos técnicos, artísticos o científicos y mediante la cual se suministran al Juez argumentos y razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos también especiales, cuya percepción o cuyo entendimiento escapa a las aptitudes del común de las gentes y requieren esa capacidad particular para su adecuada percepción y la correcta verificación de sus relaciones con otros hechos, de sus causas y de sus efectos o, simplemente, para su apreciación e interpretación. Luego, la peritación cumple con una doble función, que es por una parte verificar hechos que requieren conocimientos técnicos, artísticos o científicos que escapan a la cultura común del Juez y de las gentes, sus causas y sus efectos y, por otra, suministrar reglas técnicas o científicas de la experiencia especializada de los peritos, para formar la convicción del Juez sobre tales hechos y para ilustrarlo con el fin de que los entienda mejor y pueda apreciarlos correctamente. Por otra parte, en materia civil o mercantil, el valor probatorio del peritaje radica en una presunción concreta, para el caso particular, de que el perito es sincero, veraz y posiblemente acertado, cuando es una persona honesta, imparcial, capaz, experta en la materia de que forma parte el hecho sobre el cual dictamina, que además ha estudiado cuidadosamente el problema sometido a su consideración, ha realizado sus percepciones de los hechos o del material probatorio del proceso con eficacia y ha emitido su concepto sobre tales percepciones y las deducciones que de ellas se concluyen, gracias a las reglas técnicas, científicas o artísticas de la experiencia que conoce y aplica para esos fines, en forma explicada, motivada, fundada y conveniente. Esto es, el valor probatorio de un peritaje depende de si está debidamente fundado. La claridad en las conclusiones es indispensable para que aparezcan exactas y el Juez pueda adoptarlas; su firmeza o la ausencia de vacilaciones es necesaria para que sean convincentes; la lógica relación entre ellas y los fundamentos que las respaldan debe existir siempre, para que merezcan absoluta credibilidad. Si unos buenos fundamentos van acompañados de unas malas conclusiones o si no existe armonía entre aquéllos y éstas o si el perito no parece seguro de sus conceptos, el dictamen no puede tener eficacia probatoria. Al Juez le corresponde apreciar estos aspectos intrínsecos de la prueba. No obstante ser una crítica menos difícil que la de sus fundamentos, puede ocurrir también que el Juez no se encuentre en condiciones de apreciar sus defectos, en cuyo caso tendrá que aceptarla, pero si considera que las conclusiones de los peritos contrarían normas generales de la experiencia o hechos notorios o una presunción de derecho o una cosa juzgada o reglas elementales de lógica, o que son contradictorias o evidentemente exageradas o inverosímiles, o que no encuentran respaldo suficiente en los fundamentos del dictamen o que están desvirtuadas por otras pruebas de mayor credibilidad, puede rechazarlo, aunque emane de dos peritos en perfecto acuerdo. Por otra parte, no basta que las conclusiones de los peritos sean claras y firmes, como consecuencia lógica de sus fundamentos o motivaciones, porque el perito puede exponer con claridad, firmeza y lógica tesis equivocadas. Si a pesar de esta apariencia el Juez considera que los hechos afirmados en las conclusiones son improbables, de acuerdo con las reglas generales de la experiencia y con la crítica lógica del dictamen, éste no será conveniente, ni podrá otorgarle la certeza indispensable para que lo adopte como fundamento exclusivo de su decisión, pero si existen en el proceso otros medios de prueba que lo corroboren, en conjunto podrán darle esa certeza. Cuando el Juez considere que esos hechos son absurdos o imposibles, debe negarse a aceptar las conclusiones del dictamen". Asimismo, sustenta lo considerado por las razones que la informan, la Tesis: I.8o.C.22 K, localizable en la página 815, Tomo VII, Marzo de 1998, Materia Común, Registro: 196580, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dispone: "PRUEBA PERICIAL. COMPETE AL JUZGADOR DETERMINAR EL VALOR QUE CORRESPONDE A LOS DICTÁMENES, SIN TENER RELEVANCIA SI LAS PARTES LAS OBJETAN O NO. El hecho de que el quejoso no haya objetado el dictamen emitido por el perito del demandado no constituye motivo suficiente para desvirtuar los dictámenes rendidos por sus peritos, en virtud de que compete al juzgador determinar el valor que corresponde a esos medios de convicción, sin tener relevancia si las partes los objetan o no." Acorde las razones expresadas con antelación, se declara infundado el incidente de falsedad de firma planteado por el tercero interesado Jesús Rafael Yan Valenzuela, en virtud de que no acreditó fehacientemente que la rúbrica cuestionada haya sido falsa, dado que del dictamen pericial que obra en autos, se advierte que la citada experta fue contundente en señalar que la firma cuestionada es auténtica, de manera que se justifica que la ahora quejosa presentó la demanda de garantías que dio origen al juicio en que se actúa, respecto de lo cual se resolverá lo conducente en párrafos precedentes. QUINTO.- Análisis de improcedencia. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes o aquéllas que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 814, integrada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 553, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que, bajo el rubro y texto, establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". Asimismo, resulta aplicable, la jurisprudencia: 1ª. /J. 3/99, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página: 13, Tomo: IX - enero de 1999, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito.". En consecuencia, al no advertir algún motivo de improcedencia que motive el sobreseimiento del juicio de amparo que nos ocupa, debe abordarse el estudio de fondo de los conceptos de violación. SEXTO.- Análisis del fondo de la cuestión planteada. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es entrar al estudio de los conceptos de violación. Los motivos de inconformidad se dan aquí por reproducidos en obvio de repeticiones, en la medida en que ningún dispositivo legal establece como requisito formal de la sentencia la trascripción de los mismos, tal como se establece en la jurisprudencia número 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 50/2010, localizable en la página ochocientos treinta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas Generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama fundamentalmente, la resolución de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, dictada en el expediente 922/2018, del índice del juzgado Sexto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, a través de la cual, se fijó una pensión de alimentos provisionales a favor de la menor involucrada, en la cantidad mensual de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 moneda nacional), propuesta por el accionante, así como se le condenó, de manera provisional, a cubrir directamente los gastos de educación y médicos, tal como el propio actor lo solicitó; lo cual considera violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución General de la República, por los motivos que ahora se sintetizan. a).- Refiere que es ilegal la resolución reclamada, en virtud de que es evidente que el actor tiene intereses opuestos a los de la menor involucrada y por ende, está impedido para representar en juicio a su menor hija, b).- Aduce que el progenitor de la infante inmiscuida, no está legalmente facultado para demandarse así mismo, reclamando el pago de alimentos a favor de dicha menor, aun cuando mencione que lo hace en ejercicio de la patria potestad. c).- Arguye que la parte actora pretende demandarse a sí mismo, en supuesta representación de su menor hija, a fin de que se le fije una pensión alimenticia, con lo que se evidencia que pretende ostentarse con un doble carácter, esto es, progenitor de la menor y deudor alimentario de ésta. d).- Alega que es ilegal que el propio interesado se fije una pensión alimenticia provisional a favor de su hija, así como que la condena establecida se hubiese decretado sólo con la información proporcionada por el accionante y de acuerdo a los intereses de dicho progenitor, siendo que el juez de la causa debió designar una persona que representara a dicha infante, con la finalidad de garantizar una representación imparcial, dirigida a la defensa eficaz de los derechos de la menor inmiscuida. e).- Argumenta que el juez primario transgredió en perjuicio de su pequeña hija, el principio de interés superior de la niñez, así como los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales, en virtud de que establece una pensión de alimentos provisionales, sin estar debidamente representada dicha menor, lo que la deja en estado de indefensión. Resultan jurídicamente ineficaces los motivos de queja propuestos, los cuales por su vinculación se analizarán de manera conjunta, por así permitirlo el artículo 76 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la tesis VI.2o.C.248 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, observable en la página 1415 del Tomo XXIV, Septiembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito pueden realizar el examen conjunto de los conceptos de violación o agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero no impone la obligación al juzgador de garantías de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino que la única condición que establece el referido precepto es que se analicen todos los puntos materia de debate, lo cual puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso.". En principio, se considera pertinente establecer que el objeto fundamental de la figura jurídica de los alimentos, es que el deudor otorgue al acreedor lo necesario para su subsistencia en forma integral, entendido esto, tratándose de los hijos, como el sustento, vestido, habitación, entretenimiento, atención médica y hospitalaria, educación y gastos para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales; igualmente, cabe señalar que los menores gozan de la presunción de necesitar alimentos, pues por su edad se parte de la base de que no tienen capacidad para allegarse recursos propios. De igual manera, la acción de solicitar alimentos se vincula con la calidad de hijo, en relación con quien está obligado a proporcionarlos, siempre que se acredite la necesidad de recibirlos, lo cual se considera como una cuestión de orden público, además de ser un derecho irrenunciable e intransmisible y comprenden: comida, vestido, habitación, asistencia en casos de enfermedad, gastos para la educación (jardín de niños, primaria y secundaria) del acreedor alimentario y, proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus capacidades, potencialidades y circunstancias personales, atención a las necesidades psíquica, afectiva y de sano esparcimiento y en su caso, los gastos de funerales. Así, existe obligación de suministrar alimentos, como en el caso acontece, a los hijos menores de edad, acorde lo dispuesto en los numerales 434, 439, 442, 446 y 452 del Código Civil para el Estado de Jalisco. Ahora, en relación con lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en febrero de dos mil doce emitió el "Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes", el cual se encuentra dirigido a los miembros de los Poderes Judiciales Federal y Locales, en los casos que se advierta trastocado un interés directo de un niño. De dicho documento se destaca el principio de "interés superior del niño", el cual debe entenderse como aquél que conlleva a colocar los derechos de la niñez sobre otros intereses, protegiéndolo contra toda forma de sufrimiento, abuso o descuido físico o mental, por lo que toda decisión concerniente a menores, se debe valorar el impacto en su desarrollo, obligando a la autoridad a actuar incluso de forma extralitis. El sustento de ello, es la Convención sobre los Derechos de los Niños, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, y de la cual los Estados Unidos Mexicanos es parte; y, por tanto, de la misma categoría de un derecho fundamental en términos del artículo 1° Constitucional. Dicho instrumento internacional, por constituir junto con el artículo 4° de la Constitución Federal un bloque o parámetro de regularidad constitucional, compuesto esencialmente por la constitución de los derechos y por aquéllos otros que situados en tratados internacionales se integran al mismo como consecuencia de su fundamentalidad, es decir, como una agregación permanente de disposiciones fundamentales. Esa convención, igualmente dispone, en su artículo 3.1 y 3.2 que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las autoridades una consideración primordial a que se atenderá, será el interés superior del niño, comprometiéndose los Estados para asegurar al niño en la máxime medida posible la supervivencia y el desarrollo, así como la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar. El derecho a la alimentación, como derecho fundamental, igualmente se encuentra contenido en el artículo 4° Constitucional en su actual redacción, párrafo séptimo, dispone que en todas las decisiones y actuaciones del Estado, se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, entre ellos, la satisfacción de sus necesidades de alimentación. Este concepto jurídico indefinido es también objeto de puntual interpretación por el alto tribunal en la jurisprudencia que lo define como el catálogo de valores, principios, interpretaciones, acciones y procesos dirigidos a forjar un desarrollo humano integral y una vida digna, así como a generar las condiciones materiales que permitan a los menores vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar personal, familiar y social posible, cuya protección debe promover y garantizar el Estado en el ejercicio de sus funciones legislativa, ejecutiva y judicial, por tratarse de un asunto de orden público e interés social. En ese contexto normativo, es evidente que el derecho a la alimentación constituye un derecho humano reconocido por nuestra Constitución Federal e instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano; de cuya sustantividad se advierte, la obligación de las autoridades no sólo de respetar derechos humanos reconocidos en la Constitución -la alimentación es uno de ellos- sino, además, debe protegerlos, lo que debe hacerse no solo contra las propias autoridades sino también frente a particulares; es decir, no desentenderse de su respeto y garantía cuando se trate de violaciones en ámbitos privados como si no fuera de interés público combatirlas. Estas obligaciones impuestas por el artículo 1° conllevan a hacer las siguientes reflexiones. Respetar constituye la más inmediata y básica de los derechos humanos, en tanto implica no interferir con o poner en peligro los derechos. Se trata de una obligación tendente a mantener el goce del derecho, y su cumplimiento es inmediatamente exigible, cualquiera que sea la naturaleza del derecho. Ninguno de los órganos pertenecientes al Estado, en cualquiera de sus niveles (federal, local o municipal) e independientemente de sus funciones (ejecutivo, legislativo y judicial) debe violentar los derechos humanos por sus acciones. La Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló en la sentencia del caso Velázquez Rodríguez, que la protección a los derechos humanos parte de la afirmación de la existencia de "esferas individuales que el Estado no puede vulnerar o en los que sólo puede penetrar limitadamente. Así, en la protección de los derechos humanos, está necesariamente comprendida la noción de la restricción al ejercicio del poder estatal". Esta obligación se cumple por parte del Estado por medio de abstenciones y se violenta a través de acciones. El Estado debe abstenerse de, por ejemplo, torturar o privar ilegalmente de la libertad, si lleva a cabo la acción de tortura o privación ilegal entonces violenta los derechos de integridad y libertad personales. El cumplimiento de la obligación de respeto por medio de abstenciones y su violación por medio de acciones queda más clara en el siguiente cuadro: Subderecho. Abstención con la que se respeta el derecho. Acción con la que se viola el derecho. No tortura El Estado debe abstenerse de realizar actos de torturar. La acción de torturar a una persona. Acceso a la educación secundaria. El Estado debe abstenerse de realizar actos que impidan el acceso a la educación secundaria La acción de emitir una ley que impide el acceso a la educación a un grupo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha aproximado a la obligación de respetar referente a la restricción de derechos. Sin embargo ¿toda restricción es automáticamente violatoria a la obligación de respetar? No es así. El límite principal está constituido por los derechos de los demás, de tal manera que los derechos de todas las personas puedan coexistir. Esta facultad de restringir los derechos no es discrecional, sino que se encuentra limitada por el propio Derecho Internacional, de no observarse los criterios impuestos la restricción sería ilegítima y violatoria de las obligaciones estatales. Básicamente se trata de tres límites: debe ser establecida por ley, referirse a algunos de los fines permitidos por la Convención Americana o instrumento internacional en cuestión y, en el sistema interamericano, ser necesaria en una sociedad democrática. Por su parte la obligación de proteger está dirigida a los agentes estatales en el marco de sus respectivas funciones para crear el marco jurídico y la maquinaria institucional necesaria para prevenir las violaciones a derechos humanos cometidas por particulares y por agentes estatales. Esto supone también la creación de dos formas organizacionales distintas: aparatos de prevención y algunos mecanismos de exigibilidad, relacionadas tanto en posibles violaciones cometidas por particulares como en violaciones llevadas a cabo por agentes estatales. Además -siguiendo la ruta de la indivisibilidad e interdependencia también en las obligaciones- es importante destacar que frente a cualquier posible violación de derechos humanos por agentes estatales, además de la obligación de proteger también se activa la obligación de respeto. De acuerdo con lo anterior, la obligación de proteger -cuando se refiere a violaciones de derechos humanos por entes estatales- está sumamente vinculada con la obligación de respetar. Así las cosas, la niñez goza del derecho fundamental a recibir alimentos y por otra parte hay obligación de todas las autoridades, al ser cuestión de orden público y de interés social, el que este derecho se respete y se proteja. En ese sentido, es pertinente señalar que para condenar al pago de alimentos provisionales, la ley adjetiva del Estado, en el Título Décimo Primero, denominado "De los juicios sumarios", en su capítulo V, que corresponde a los juicios sobre alimentos (artículos 693 a 700), establece el procedimiento a seguir para aquellos asuntos en los que se solicita una pensión alimenticia en forma provisional, preceptos de donde se colige entre otras cosas, que la autoridad jurisdiccional para pronunciar una determinación de esa naturaleza, sólo debe tener en cuenta las pruebas ofrecidas por quien los solicita, por lo que es suficiente con que se acredite el derecho y la necesidad para recibirlos y que se justifique aproximadamente la posibilidad del que deba darlos, para que sea legalmente posible establecer una cantidad o porcentaje que sea suficiente para cubrir las necesidades alimentarias, y que como pensión provisional deberá cubrir el demandado, en tanto se resuelve el asunto en definitiva. En efecto, como se precisó con anterioridad, la medida de referencia tiene como objeto preservar la subsistencia de las personas que se encuentren en el supuesto de necesitar los alimentos durante el trámite del proceso; sin embargo, ésta no puede operar automáticamente por la simple petición efectuada, sino que para ponderar si se debe conceder esa medida, se debe atender a las siguientes circunstancias: la relativa a que de no otorgarse corra peligro inminente la subsistencia, comprendido esto no sólo los alimentos, sino educación, cultura, recreación, esto es, se debe atender a que si no se otorga la pensión, podría verse afectado el acreedor en una parte esencial de su existencia y desarrollo, por ello, debe ponderarse entre otras situaciones, la urgencia para su decretamiento, que de no otorgarse se ponga en peligro el subsistir del acreedor alimentista. Por esa circunstancia es que no puede dilatarse ni suspenderse esta medida y es por ello, contrario a lo opinión del disconforme, debe resolverse sobre su procedencia sin mayores formalismos. Es aplicable al respecto, por analogía, la jurisprudencia I.3o.C. J/50, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 827 del Tomo XXVII, Mayo de 2008, Materia Civil, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "ALIMENTOS. CUANDO NO SE ALLEGARON LOS ELEMENTOS SUFICIENTES AL JUICIO PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE ESE DERECHO O FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN POR ESE CONCEPTO, EL JUZGADOR DEBE SUPLIR, INCLUSO, LA FALTA DE RECLAMACIÓN DE ESE DERECHO Y LOS ARGUMENTOS QUE TIENDAN A CONSTITUIRLO, ASÍ COMO RECABAR LAS PRUEBAS NECESARIAS AL RESPECTO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). De la interpretación sistemática de los artículos 940 y 941 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se desprende que en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de los derechos de alimentos, los tribunales del orden familiar deben decretar todas las medidas precautorias que salvaguarden su supervivencia, la integridad física y su desarrollo emocional y la aplicación de todos los derechos que sobre el particular se establecen en la Constitución General de la República, y en las convenciones internacionales, leyes federales y locales, por ser ese derecho de orden público; además, dentro de esa atribución se encuentra la de suplir la deficiencia de los argumentos que se le planteen a favor del acreedor alimentario y, en su caso, oficiosamente, recabar todas las pruebas que le beneficien, entre éstas, las relativas a la procedencia de la acción de alimentos y a la fijación de la pensión correspondiente, independientemente de que en la demanda la parte actora no haya reclamado como prestación accesoria a la acción principal, el pago de una pensión alimenticia o, reclamándola, no se aporten pruebas o en caso de que las aportadas no fueren suficientes para colmar la finalidad perseguida (tener noticia de los ingresos del deudor o su capacidad económica y las necesidades del acreedor); por consiguiente, al establecer el legislador la facultad contenida en los artículos 940 y 941 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, no fijó límites para su ejercicio, con la única salvedad de que sea el acreedor alimentario el beneficiado.". Ahora bien, en relación con lo anterior, el artículo 442, del Código Civil para el Estado de Jalisco, señala: "Artículo 442. Los alimentos han de ser proporcionales a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos.". Mientras que, los numerales 693, 694, 695 y 696, del Código de Procedimientos Civiles para esta entidad, disponen en su orden, lo siguiente: "Artículo 693. Los juicios que versen sobre pago o aseguramiento de alimentos se tramitarán conforme a las reglas generales de los demás sumarios y a las especiales establecidas en este capítulo.". "Artículo 694.- Ambas partes, en sus respectivos escritos de demanda o de contestación, deberán acompañar los documentos tendientes a la justificación de su acción o de sus excepciones, así como ofrecer los medios de convicción que consideren adecuados." "Artículo 695.- En esta clase de asuntos no se designarán tutores ni se celebrará la audiencia a que se refiere el artículo 282 bis de este Código, sin perjuicio de que las partes, hasta antes de la citación a sentencia, puedan celebrar convenio para dar por concluido el juicio." "Artículo 696. Si al promoverse el juicio también se demanda la fijación y aseguramiento de alimentos provisionales, se presumirá la urgencia y necesidad de la medida solicitada.--- En el auto admisorio y sin correr traslado, el juez: I. Basándose en la información que bajo protesta de decir verdad fue proporcionada en la demanda y relativa a la posibilidad económica del deudor y al nivel de vida del mismo, así como al de los acreedores alimenticios y las necesidades de éstos, y atendiendo a las circunstancias particulares del caso, determinará de inmediato el derecho a la alimentación, fijando la cantidad o el porcentaje que sea suficiente para cubrir las necesidades alimentarias, y que como pensión provisional deberá cubrir el demandado, en tanto se resuelve el asunto en definitiva; II. De igual forma, apercibirá al actor de que en caso de que en autos se llegare a demostrar que buscando incrementar la pensión provisional proporcionó información falsa, se hará acreedor a una multa de hasta 100 cien veces el salario mínimo vigente en la zona geográfica a que pertenezca el Partido Judicial, sin perjuicio de las sanciones penales que correspondan; y III. Si el demandado cuenta con trabajo estable, se ordenará girar oficio a la fuente laboral, a efecto de que a partir del siguiente día hábil al de la diligencia de requerimiento, se le comience a descontar al deudor la cantidad fijada como pensión provisional.". De lo dispuesto por el último de los numerales transcritos, se aprecia que, para la fijación y aseguramiento de alimentos provisionales, el demandante acreditará, con los medios permitidos a su alcance, lo siguiente: 1.- La urgencia y la necesidad de la medida solicitada, esto es, respecto al aseguramiento de alimentos provisionales, se presume de oficio. 2.- La posibilidad económica del deudor, la cual será determinada a partir de la información que la parte actora realicé bajo protesta de decir verdad en la demanda, relativa a la posibilidad económica del deudor y al nivel de vida del mismo, así como al de los acreedores alimenticios y las necesidades de éstos; para lo cual, se deberán atender a las circunstancias particulares del caso. 3.- Que con base en dichas manifestaciones, el juez de instancia podrá ponderar una condena provisional justa. 4.- Se apercibirá al actor para que se conduzca con verdad y se hará a acreedor a sanciones en caso de no ser así. 5.- Si el deudor cuenta con trabajo fijo, se girará oficio al lugar donde labora, para que se le realice el descuento respectivo. Puntualizado lo anterior, se considera pertinente reproducir las consideraciones torales en que se apoyó el juez A quo al pronunciar la determinación reclamada, las cuales, en lo que interesa, son del tenor siguiente: "[.] Luego, como lo solicita la parte actora, se admite la solicitud de alimentos provisionales para su hija I.Y.S, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 446 fracción II del Código Civil y 696 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, por lo cual, conforme al citado precepto legal, a continuación se fijará pensión alimenticia provisional solicitada por el demandante.--- Para el efecto anterior, en principio de cuentas, se estima conveniente traer a colación el numeral 696, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que textualmente establece: [.] De manera entonces que se presume la urgencia y necesidad que tiene la menor de edad I.Y.S. merced a lo cual, es innecesario que se desahoguen pruebas tendentes a la justificación de esos rubros, pues basta la presentación de la demanda para que se genere la presunción de que se trata.--- [.] Ahora bien, por cuanto a las necesidades de la acreedora alimentaria, tenemos que el actor adujo en su demanda que los requerimientos mensuales (necesidades) de su hija, son por la cantidad de $8,000.00 ocho mil pesos moneda nacional), además de sus requerimientos de educación y seguro de gastos médicos.--- El demandante no acompañó a su demanda elementos objetivos que determinen fehacientemente que la acreedora alimentaria, necesite la cantidad referida, con fundamento en el artículo 418 del Código de Procedimientos Civiles del Estado.--- No obstante lo anterior, se hace necesario precisar que de acuerdo a lo dispuesto por la fracción I del ordinal 696 del ordenamiento instrumental en consulta, la pensión alimenticia provisional debe fijarse, como se ha visto, tomando como base la información proporcionada en la demanda en relación a la posibilidad económica del deudor y al nivel de vida del mismo, así como al de los acreedores alimenticios y las necesidades de éstos, es decir, debe atenderse fundamentalmente a los datos que -aun someramente- se proporcionen en el escrito inicial en cuanto a las posibilidades económicas y nivel de vida del deudor de los alimentos, así como al de la persona que tiene derecho a recibirlos y a sus necesidades, sin que para ello sean exigibles pruebas documentales o diversos elementos de convicción fehacientes.--- En otro aspecto, por lo que hace al rubro de posibilidades económicas de los acreedores alimentistas, se justifica provisionalmente con la manifestación que bajo protesta de decir verdad realizó el actor en su escrito inicial, en el sentido de sus percepciones le permiten cubrir la aludida cantidad de $8,000.00 (ocho mil pesos moneda nacional), en tanto que la demandada también tiene posibilidad económica ya que obtiene ingresos aproximados mensuales de $25,000.00 (veinticinco mil pesos moneda nacional), ya que es profesionista con diversas maestrías y se dedica a la consulta privada y es directora de una escuela secundaria.--- [.] En congruencia con lo anterior, se presume válidamente que la información proporcionada en la demanda es veraz, ya que al tratarse de alimentos provisionales, no se puede exigir al respecto prueba plena [.] Por consiguiente, con apoyo en la fracción I del citado precepto 696 se condena al señor Jesús Rafael Yan Valenzuela a pagar una pensión alimenticia provisional mensual para su hija I. Y. S, por la cantidad de $8,000.00 ocho mil pesos moneda nacional), cantidad que deberá pagar por mensualidades anticipadas a la demandada, en tanto se resuelve el juicio en definitiva, con independencia que el mismo accionante deberá seguir cubriendo directamente los gastos de educación (inscripción, colegiaturas, material didáctico, uniformes, etc., así como la totalidad de los gastos médicos de su pequeña hija [.]." Se hace la aclaración de que en la transcripción que antecede, únicamente se insertaron las iniciales de la menor involucrada al momento de hacerse referencia a ésta, en virtud de lo establecido en el auto de admisión del juicio en que se actúa. Ahora bien, realizadas las anteriores precisiones, se colige que no asiste razón a la disconforme, en lo concerniente a que es ilegal que el propio interesado se hubiese fijado el monto de la pensión alimenticia provisional a que fue condenado a pagar en favor de su menor hija, así como que la condena impuesta se hubiese decretado de acuerdo a los intereses del progenitor, aquí tercero interesado. Lo anterior es así, si se tiene en consideración que conforme los arábigos transcritos en parágrafos, para fijar el monto de esta obligación alimentaria, el juez resolutor debe circunscribirse en términos generales a la urgencia y la necesidad de la medida solicitada, lo cual se presume de oficio; así como a la posibilidad económica del deudor, la cual será determinada únicamente a partir de las manifestaciones que la parte actora realice bajo protesta de decir verdad y, con base en dichas manifestaciones, el juez de instancia podrá ponderar una condena provisional justa, por lo que resulta irrelevante lo alegado por la demandada, ahora quejosa, porque según se advierte, el juzgador se sustentó en la información que obra dentro del sumario de origen, además de tomar en consideración las exigencias que se prevén en aquél precepto (696) consistentes en la información que bajo protesta de decir verdad, se proporciona en la demanda, relativa a la posibilidad económica del deudor, así como al del acreedor alimenticio y las necesidades de ésta; es decir, que los dispositivos legales en cita, en forma alguna disponen que el juzgador debe recabar de manera previa probanza o informe alguno que le permitan conocer anticipadamente, las posibilidades económicas del deudor como las necesidades de los acreedores alimentarios, a fin de tener elementos sustentables para fijar el monto y cantidad de que se duele. En efecto, como se estableció en párrafos que preceden, la ley adjetiva del Estado, en el Titulo Décimo Primero, denominado "De los juicios sumarios", en su capítulo V, que corresponde a los juicios sobre alimentos, establece el procedimiento a seguir para aquellos asuntos en los que se solicita vía jurisdiccional, una pensión alimenticia en forma provisional, preceptos de donde se colige que el juez del conocimiento para pronunciar una determinación de esa naturaleza, sólo debe tener en cuenta las manifestaciones que la parte actora realice bajo protesta de decir verdad, en cuanto a la posibilidad económica del deudor, por lo que es suficiente con que se acredite el derecho de los acreedores y la necesidad de éstos para recibirlos, además de que se justifique aproximadamente, la posibilidad del que deba darlos; hechos que se traducen en la demostración necesaria de los principios de proporcionalidad y equidad, así como el estado de necesidad del acreedor alimentario y la posibilidad del deudor para cumplir con su obligación; elementos que según se advierte de las constancias que integran el sumario natural, se encuentran satisfechos y por ende, la responsable se encontraba en condiciones de proveer dicha medida de manera favorable, más aún porque se encuentran inmersos los intereses de una menor, lo cual es de especial atención, en términos del artículo 4° Constitucional a que se alude con antelación, el cual constituye un mandato de observancia general para todas las autoridades involucradas en un asunto en donde se vean inmiscuidos menores o adolescentes. Cierto, contrario a lo que expone, la circunstancia de que el juez del conocimiento hubiese decretado la condena al pago de alimentos provisionales en la suma de dinero sugerida por el accionante, no significa que dicha asignación alimentaria se haya declarado acorde los intereses particulares del progenitor, sino únicamente, que el juzgador, al ponderar la solicitud efectuada por el obligado alimentista, en el sentido de ser su deseo o querer cumplir con la obligación que de manera imperativa le imponen los artículos 434, 442, 443 y relativos del Código Civil del Estado de Jalisco, encontró satisfechos los elementos contemplados en el numeral 696 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, por lo que en base a ello, decretó la fijación y aseguramiento de tales alimentos provisionales; esto es, acorde la información que bajo protesta de decir verdad, se proporcionó en la demanda, relativa a su posibilidad económica, así como al del acreedor alimenticio y las necesidades de éste y, atendiendo además a las circunstancias particulares del caso. Por lo que en ese sentido, será durante la substanciación del juicio de origen en que las partes podrán demostrar un parámetro más objetivo que permita decidir lo relativo a la cantidad requerida por concepto de pensión alimenticia definitiva, atento a las necesidades de la menor involucrada, como el nivel de vida a que estaba acostumbrada, así como la posibilidad de satisfacer la pensión alimentaria por parte del deudor alimentista y demás aspectos legales e inherentes a que se hizo referencia en parágrafos, a fin de que sea factible valorar con más elementos de prueba, qué cantidad deberán aportar cada uno de los contendientes. Sustenta las consideraciones anteriores, la tesis III.1o.C.184 C (9a.), localizable en la página 796, Décima Época, Libro IX, junio de 2012, Tomo 2, Materia Civil, Registro: 160094, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya sinopsis es la siguiente: "ALIMENTOS PROVISIONALES. AL TRATARSE DE UNA MEDIDA PRECAUTORIA, LA URGENCIA Y NECESIDAD DE AQUÉLLOS NO REQUIEREN PRUEBA PLENA LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). El artículo 694 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco regula, entre otras cuestiones, la fijación de los alimentos que han de otorgarse en forma provisional, para lo cual estatuye que en caso de que hubiese necesidad de fijar y asegurar una pensión por concepto de alimentos provisionales, el Juez, sin correr traslado a la contraparte, verificará que el demandante acredite, la urgencia y necesidad de dicha medida y que justifique, cuando menos, la posibilidad del que debe darlos. Luego, es evidente que esas diligencias provisionales tienen como finalidad resolver momentáneamente respecto de una necesidad urgente, como es la de obtener recursos para sufragar la necesidad alimentaria; por lo que el tipo de pruebas que se exigen para que el Juez pueda decretar esa medida girará en torno a dos aspectos: a) su necesidad y urgencia; y, b) la posibilidad de satisfacerla por parte del deudor alimentario. Así, la prueba relativa a la posibilidad económica del deudor alimentario debe dar idea al juzgador sobre el alcance económico de quien ha de pagar esa prestación, y la relativa a la necesidad y urgencia de la medida también debe ser suficiente para demostrar el estado de necesidad de los alimentos y de la urgencia de recibirlos, puesto que se trata de una medida provisional, y todavía está por tramitarse el juicio en donde habrán de probarse plenamente esos dos aspectos para fijar una pensión alimenticia definitiva; de ahí que es ilegal exigir una prueba plena, de carácter indubitable, porque entonces dejaría de tener justificación el juicio que se llevará para debatir sobre el derecho, necesidad de percibirlos y capacidad para pagar los alimentos en definitiva. Por tanto, es en el juicio en donde deben quedar plenamente probadas esa necesidad y esa urgencia, y en la medida precautoria deberá desahogarse prueba que racionalmente convenza al juzgador de la necesidad de percibir alimentos, de su urgencia y de la capacidad económica del deudor alimentario.". Asimismo, es atendible a lo razonado, la jurisprudencia VII.2o.C. J/19, consultable en la página 1658 del Tomo XX, septiembre de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del rubro y sinopsis: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. REQUISITOS QUE DEBEN REUNIRSE PARA SU FIJACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Conforme al artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, cuando se reclaman alimentos existe la posibilidad de fijar pensión provisional cuyo fin, similar a la mayoría de las providencias cautelares, es la de conservar la materia de litigio, así como para evitar grave e irreparable daño a alguno de los colitigantes o a la sociedad con motivo de la tramitación de un proceso. Desde la perspectiva del tema en comento, para el decretamiento de ésta deben reunirse las circunstancias siguientes: 1. Que la solicite el acreedor; 2. Ponderar las necesidades del acreedor y la capacidad del deudor; y, 3. Que haya urgencia en la medida, entendiendo ésta como determinar el peligro que correría el acreedor que de no recibir la pensión durante el periodo que dure el juicio, pueda verse afectada la subsistencia de una necesidad esencial de éste. No dándose los elementos o circunstancias puntualizadas, no procede fijar la pensión provisional de alimentos; por ende, si el Juez la otorgó en el acto que dio entrada a la demanda, y el presunto deudor alimentista demuestra que no concurrieron las condiciones para su fijación, es válido, ante una nueva reflexión del Juez, que en la reclamación se pueda cancelar o disminuir ésta. Sin que lo anterior implique trastocar el fondo que sólo puede hacerse en la sentencia definitiva, pues una cosa es establecer en el fallo de la reclamación que alguien no tiene derecho a recibir alimentos, lo cual es propio de la definitiva, y otra distinta el decretamiento de la cancelación o disminución de la provisional al no estar en presencia de alguno de los requisitos de mérito.". De igual forma, es atendible por las razones que la informan, la tesis XI.2o.131 C, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible en la página 1917 del Tomo XX, noviembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, aplicable por analogía, que indica: "ALIMENTOS PROVISIONALES. PARA DECRETARLOS BASTA ACREDITAR APROXIMADAMENTE EL CAUDAL DEL QUE DEBA DARLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN). Para la procedencia del reclamo sobre pago de alimentos provisionales no es indispensable acreditar, en forma plena, a cuánto ascienden los ingresos o percepciones económicas del deudor alimentario, habida cuenta que de conformidad con lo establecido en la fracción II del artículo 1291 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, basta que se justifique en forma aproximada el caudal del obligado a darlos; por tanto, si el quejoso argumenta en su demanda de amparo que la cantidad fijada como pensión es ilegal, porque existen otros dependientes económicos, dicho impetrante de garantías tiene a su alcance el incidente de reducción de la cuantía de pensión, previsto en el artículo 1299 del citado ordenamiento, donde puede demostrar sus ingresos reales y así podrá obtener la pretensión de que le sea reducida la pensión.". Por otro lado, tampoco asiste razón a la disconforme, en lo atinente a que el actor se encuentra impedido para representar en juicio a su menor hija, por lo que el juez de la causa debió designar una persona que representara a la infante inmiscuida, en aras de garantizar una representación imparcial, dirigida a la defensa eficaz de los derechos de dicha menor; así como en lo concerniente a que la parte actora, pretende ostentarse con un doble carácter, esto es, como progenitor de la menor y deudor alimentario de ésta. En efecto, contrario a su opinión, el arábigo 446 del Código Civil para el Estado de Jalisco, establece: "Artículo 446. Tienen acción para pedir el aseguramiento de los alimentos: [.] II. El ascendiente que lo tenga bajo su patria potestad;.". Por su parte el diverso numeral 558 del invocado código sustantivo, prevé: "Artículo 588. Quienes ejercen la patria potestad son los legítimos representantes de los que están sujetos a ella, y tienen la administración legal de los bienes que les pertenezcan, conforme las prescripciones de este código." De la correcta intelección de los artículos copiados con anterioridad, se advierte en lo esencial, que su contendiente, con el carácter que le reviste de progenitor de la infante involucrada, está legitimado jurídicamente para representar y pedir en juicio el aseguramiento de los alimentos a que se refiere la resolución que combate, en favor de su menor hija, precisamente, al tener la calidad de ascendiente de ésta, de la cual revela tener la patria potestad y con ello demuestra la existencia de las facultades y deberes que la ley le atribuye; máxime que según se advierte de autos, el progenitor no ha sido privado de la patria potestad que ejerce, por lo que no es dable suprimir o restringir algunos de los derechos contemplados en la legislación de la materia y por ende, declarar improcedente la acción que ejercitó en nombre y representación de la acreedora alimentaria, porque el ascendiente que conforme a la ley ejerce la patria potestad conserva tal ejercicio incólume, aun cuando viva separado del menor sujeto a dicha patria potestad y, por tanto, está facultado, legalmente, para intentar la acción de petición de alimentos, en representación del descendiente de que se trate, de ahí lo infundado del argumento que se analiza. Tiene aplicación al respecto, la Tesis visible en la página 47, Registro: 241953, Séptima Época, Volumen 49, Cuarta Parte, Materia Civil del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "PATRIA POTESTAD, PRIVACION DE LA, Y REPRESENTACION. La Suprema Corte de Justicia ha sostenido que el ascendiente que conforme a la ley ejerce la patria potestad conserva tal ejercicio incólume, aun cuando viva separado del menor sujeto a dicha patria potestad y, por ende, está facultado, legalmente, para intentar la acción de petición de alimentos, en representación del descendiente de que se trate. De esta tesis, puede inferirse, a contrario sensu, que el ascendiente que ha sido privado de la patria potestad no puede representar a sus hijos en juicio.". Sin que asista razón a la disconforme, en el sentido de que al existir un conflicto de intereses entre ambos progenitores y la menor, el accionante no podría representarla en juicio, toda vez que en principio, debe tenerse en consideración que la fijación y aseguramiento de alimentos provisionales, es una cuestión de orden público, que tiene por objeto proteger a quien pueda verse afectado con la subsistencia y necesidad esencial de percibirlos, además de ser un derecho irrenunciable e intransmisible; aunado que, respecto del conflicto de intereses que refiere existe entre las pretensiones del actor y los derechos de la menor, debe decirse que, precisamente, en aras de proteger el interés superior de la niñez (alimentos), el juez responsable determinó tomar las medidas necesarias para establecer la providencia precautoria relativa a los alimentos provisionales en favor de la pequeña involucrada; esto es, dicha determinación va enfocada a que la menor los reciba y se beneficie con tal medida; además de que atiende a la teoría general del proceso y a los presupuestos procesales de la acción, así como a la naturaleza jurídica de la institución de los alimentos que debe analizarse en su contexto jurídico esencial de la subsistencia de quién o para quién se solicite la medida provisional; lo anterior, con independencia de que en el propio acuerdo donde se admitió la demanda y se emitió tal medida provisional, se dio intervención a la Procuraduría para Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Jalisco, así como a Procurador Social de la Procuraduría Social del Estado de Jalisco, con la finalidad de garantizar la defensa eficaz de los derechos de la menor inmiscuida, acorde lo preceptuado por el numeral 595 del Código Civil del Estado de Jalisco. Asimismo, devienen ineficaces los motivos de divergencia, en los que alega que la parte actora pretende demandarse a sí mismo en supuesta representación de su menor hija, a fin de que se le fije una pensión alimenticia, con lo que se evidencia que pretende ostentarse con un doble carácter, esto es, como progenitor de la menor y deudor alimentario de ésta, con independencia de que mencione que lo hace en ejercicio de la patria potestad. Lo anterior es así, pues si bien es verdad que en la demanda incoada en el juicio natural, el actor, aquí tercero interesado, acudió por su propio derecho y en representación de la menor de edad I.Y.S., a solicitar se le condenara, entre otras cosas, al pago de una pensión alimenticia provisional y definitiva, sin embargo, según se advierte del contenido de dicho libelo, la intención del accionante no fue auto demandarse, sino ejercer una acción de pago de alimentos en favor de su menor hija; esto es, lo que realmente está pidiendo y así lo identificó el juzgador, es que se le condene a cumplir con la obligación alimentaria que le corresponde, en beneficio de la infante involucrada, en términos de los artículos 434, 442, 443 y relativos del Código Civil del Estado de Jalisco. Por tanto, de acuerdo con el numeral 2 del código procesal civil, que dispone que: "La acción procede en juicio, aun cuando no se exprese su nombre o se exprese equivocadamente, con tal de que se determine con claridad la clase de prestación que se exija del demandado y el título o causa de la acción.", se respeta el derecho de audiencia de la demandada reconocido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque está en condiciones de defenderse frente a tales prestaciones mediante la oposición de excepciones y defensas, el ofrecimiento de pruebas y la expresión de alegatos, máxime si se toma en cuenta que con el emplazamiento se le corre traslado con la demanda; luego, es incuestionable que el simple hecho de que la parte actora, aquí tercera interesada, haya usado en varias ocasiones el término "se condene al suscrito", no puede desvirtuar la conclusión a que conduce el examen de los hechos mencionados, en relación con lo pedido en la demanda. Sustenta lo considerado, por su orientación, la Tesis: 1a. CCXVIII/2018 (10a.), visible en la página 253, Décima Época, Registro: 2018530, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materia Constitucional, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACCIÓN. EL ARTÍCULO 2 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, AL ESTABLECER QUE AQUÉLLA PROCEDE EN JUICIO AUN CUANDO NO SE EXPRESE SU NOMBRE, NO VULNERA EL DERECHO DE AUDIENCIA. El precepto citado, al establecer que la acción procede en juicio, aun cuando no se exprese su nombre, con tal de que se determine con claridad la clase de prestación que se exija del demandado y el título o causa de la acción, no vulnera el derecho de audiencia reconocido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la identificación de la acción ejercida, aunque no se nombre o se nombre equivocadamente, no puede representar violación contra el demandado, siempre que no opere algún cambio en lo pedido y en la causa de pedir, pues estos aspectos deben permanecer inalterados durante el proceso. Lo anterior es así, pues si en la demanda constan con claridad las prestaciones pedidas (petitum) y el título o causa de la acción (causa petendi), que se expresan en aquéllas y los hechos en que descansa el derecho a éstas, las cuales, junto con los sujetos constituyen los elementos de la acción y que han de servir para que el Juez identifique cuál es la acción que en realidad hizo valer el actor, el demandado estará en condiciones de defenderse mediante la oposición de excepciones y defensas, el ofrecimiento de pruebas y la expresión de alegatos, máxime si se toma en cuenta que con el emplazamiento se le corre traslado con la demanda. Por tanto, mientras al identificar la acción no se modifique lo pedido o la causa de pedir, ni esto implique un cambio en las defensas que pudieran hacerse valer, se respeta el derecho de audiencia del demandado, porque está en condiciones de defenderse frente a ellos.". En tales condiciones, al resultar ineficaces los capítulos de queja examinados y al no advertir en el acto reclamado esté en contravención a los derechos constitucionales tutelados a favor de la impetrante, que la hubiese dejado en estado de indefensión, aun de suplencia de la queja deficiente, como lo ordena el artículo 79 de la Ley de Amparo, lo debido es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Por lo que ve a los alegatos ministeriales formulados por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, debe indicarse que al no plantear cuestiones de orden público, sino que sus argumentos tienen que ver con las razones por las que considera debe concederse la protección federal, dígasele que deberá estarse a lo considerado en esta resolución. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.T.5 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 576 del Tomo II, Octubre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que previene: "MINISTERIO PÚBLICO. SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO. El juzgador constitucional no está obligado en la sentencia que pronuncia, a acoger el sentido del pedimento del Ministerio Público, toda vez que conforme al artículo 5o. de la Ley de Amparo, la representación social es parte en el juicio de garantías, por lo que tal pedimento constituye sólo una manifestación sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la propia sentencia, como lo establece el artículo 78 de la misma Ley Reglamentaria.". Finalmente, no sobra señalar que los criterios contenidos en las tesis aisladas y jurisprudenciales que se invocan en la presente ejecutoria; que se estiman aplicables al caso particular y orientadores a la determinación a la que arriba este juzgado de Distrito, fueron emitidos durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada; sin embargo, se estima su aplicación dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con lo que establece el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. Es atendible a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, que lleva por rubro y texto: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto.' Por lo anterior y, además, con fundamento en los artículos 73, 74, 75, 76, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Sina Schneider Hovelmann, por su propio derecho y en representación de su menor hija I.Y.S., contra el acto que reclamó del juez Sexto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, que se precisaron en el primer resultando y por los motivos expuestos en el considerando último de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Decimoprimero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien actúa asistido de María Aracely de la Parra Pérez, secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy quince de abril de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores de este juzgado. APP/ quince de abril de dos mil diecinueve
- Principal
TODA VEZ QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA JESÚS RAFAEL YAM VALENZUELA, NO COMPARECIÓ A NOTIFICARSE PERSONALMENTE A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO, RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN DE QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, DENTRO DE LOS DOS DÍAS SIGUIENTES AL QUE SE LE DEJÓ EL CITATORIO RELATIVO, COMO ASÍ SE LE PREVINO EN EL MISMO, EL CUAL SE LE DEJO EN SU DOMICILIO PROCESAL; POR TANTO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO Y CON ESTA FECHA SE LE NOTIFICA DICHA RESOLUCIÓN QUE EN SÍNTESIS DICE: ÚNICO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE CONTRA EL ACTO QUE RECLAMÓ DEL JUEZ SEXTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, QUE SE PRECISARON EN EL PRIMER RESULTANDO Y POR LOS MOTIVOS EXPUESTOS EN EL CONSIDERANDO ÚLTIMO DE ESTA RESOLUCIÓN.
Quedan 24 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 13,059 expedientes
- Silvia Xitlali González Ortiz152/2021
- Simón Cordoba Chávez128/2022
- Simón Córdova Chávez266/2022
- Simón Gómez Sánchez2431/2021
- Simple Lease, S.A.P.I. de C.V.2630/2022
- Simple Lease, S.A.P.I. de C.V.1225/2018
- Sina Schneider Holvermann2359/2022
- Sina Schneider Hovelmann762/2023
- Sina Schneider Hovelmann2431/2022
- Sina Schneider Hovelmann1676/2022
- Sina Schneider Hovelmann1677/2022
- Sina Schneider Hovelmann2088/2022