Simona Carrizales Muñiz
Expediente 734/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 734/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Simona Carrizales Muñiz
Actuaciones
- Principal
Juzgado de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad del Maíz devuelve debidamente diligenciado el exhorto ... se declara que auto auto HA CAUSADO ESTADO.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Demanda de Amparo e identificación de partes Por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos que reclama del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 4, 8, 14, 16, 17, 123, apartado B, fracción XI y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 734/2022. Digitalización Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número ********************, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Fundamento del desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que la Juzgadora de Distrito debe examinar la demanda de amparo, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Desechamiento Del análisis de la demanda presentada vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que la misma carece de la firma electrónica de la promovente del amparo Simona Carrizales Muñiz, lo que trae como consecuencia que se deba desechar de plano. Los artículos en mención establecen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita.". De la lectura del último precepto se advierte que la promoción del juicio de amparo es un acto personalísimo, esto es, que sólo podrá promoverse por el directamente interesado, salvo en los casos de excepción, cuando se trate de una causa criminal y en los que la propia ley lo permita. Correlativo a ello, el juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de "iniciativa o instancia de parte agraviada", consagrado por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que dice: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Principio que reproduce el diverso artículo 6 de la propia Ley de Amparo, al señalar que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame, principio que rige en todos los casos, salvo las causas criminales y los casos que expresamente lo permita la propia ley. En tal sentido, la persona física dentro de los procedimientos por escrito expresan su voluntad a través de la firma, formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales, y cuando no saben hacerlo, o no pueden firmar, lo hará otra persona a su ruego pero imprimirán su huella digital, pues de lo contrario no existe la manifestación de voluntad del interesado. Asimismo, el artículo 3 de la Ley de Amparo, establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal; órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y ********************, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa. De ahí que, la firma electrónica es un requisito esencial necesario de los procedimientos presentados en vía electrónica o en línea para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. Ahora bien, vista la certificación de cuenta así como de la simple observación del escrito de demanda que se provee, se advierte que si bien la demanda contiene una firma, ésta no es la firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) que es equiparable a un documento de identidad. Por tanto, al carecer de la firma electrónica de la quejosa Simona Carrizales Muñiz, dicho ocurso no tiene algún valor; en consecuencia, no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a los artículos 6 y 108, ambos de la Ley de Amparo, tampoco puede mandarse prevenir, ni mucho menos tenerse por enmendada mediante un ocurso o su ratificación, pues no es de las irregularidades previstas por el artículo 114 de la ley de la materia, ni se trata de una omisión de los requisitos señalados por el artículo 108 del indicado ordenamiento legal. Además, el acto que se reclama no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, pues no se trata de uno que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en cuyos casos es prescindible el uso de la firma electrónica, en términos del artículo 17, segundo párrafo, del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal. En las condiciones apuntadas, al advertirse tal motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada electrónicamente por Simona Carrizales Muñiz. Correo electrónico y número telefónico Por otro lado, se toma conocimiento del correo electrónico y número telefónico que señala la promovente en su escrito de cuenta, para en caso de así requerirlo se tome en consideración, para entablar comunicación no procesal. Notificación vía exhorto Por otro lado, con la finalidad de no dejar en estado de indefensión a la quejosa, quien señaló en su demanda de amparo como su domicilio particular el ubicado en calle Iturbide, número tres, Colonia Agrícola La Morita, en Ciudad del Maíz, San Luis Potosí; esto es, fuera de la jurisdicción de este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, envíese atento exhorto al Juzgado Mixto de Primera Instancia, con sede en Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, para que en auxilio de las labores de este órgano de control constitucional comisione al actuario de su adscripción con la finalidad de que notifique el presente acuerdo a la parte quejosa. Se otorga al actuario adscrito al juzgado exhortado, amplias facultades a efecto de realizar todas aquellas gestiones necesarias para lograr el desahogo de la diligencia encomendada. Notifíquese.
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