Simón Valverde Estrada

Expediente 502/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 33 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
502/2021
Año
2021
Actuaciones
33
Última actuación
09/05/2023

Partes del expediente

  • Simón Valverde Estrada
  • Agente del Ministerio Público Titular de la Agencia IV, V y VI del Sistema Tradicional en Ciudad Juárez, de la Fiscalía General de la República, Licenciado Alejandro Flores González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 33.

  1. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua, nueve de mayo de dos mil veintitrés. En atención a lo ordenado en auto de esta fecha en el juicio del que deriva el presente cuaderno el original del incidente de suspensión, al haberse negado la suspensión provisional así como la definitiva, es susceptible de destrucción, dentro del término de tres años, acorde a lo contemplado en el artículo 21, inciso c), del citado Acuerdo General, en vinculación con los lineamientos contenidos en el apartado 7.5 y 8.1.2, punto 3 del Manual para la Organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Así, conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del expediente, la anotación de la fecha de archivo y que este asunto carece de relevancia documental, como también que es destruible. Cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Como esta ordenado en esta fecha en el juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno duplicado de suspensión, y acorde a lo dispuesto en los artículos 12, 14, y 20 fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que el presente expediente es destruible; por lo que, archívese como asunto totalmente concluido por el término de seis meses, concluido dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir el expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Conforme lo indica el segundo párrafo, del numeral 35, del citado Acuerdo General, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es destruible. Cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido por el término de tres años. Atendiendo a la resolución que puso fin al presente juicio, en términos de lo dispuesto en los artículos 12, 14, 21, inciso a), y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que el mismo es destruible. Como lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 21, del Acuerdo General en cita, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por lo que, como lo indica el párrafo segundo, del numeral 35, del citado Acuerdo General, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es destruible. Ahora bien, toda vez que el Agente del Ministerio Público de la Federación de las Agencias del Sistema Tradicional, Agencias IV, V y VI, en Ciudad Juarez, Chihuahua, al rendir su informe justificado remitió la averiguación previa de origen, la cuales derivan los actos reclamados en el presente asunto, y toda vez que se está ordenando el archivo definitivo del juicio en que se actúa; por lo que resulta innecesario que siga glosado en este juicio de amparo; por tanto, remítase dicha indagatoria a la autoridad ministerial responsable, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, siendo que en este juicio de amparo se tramitó por cuerda separada incidente de suspensión, se ordena proveer lo conducente en cuanto a la conservación y/o destrucción de cada uno de los dos cuadernos que para el efecto se formaron. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, a doce de enero de dos mil veintitrés. Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 502/2021-VII, promovido por Simón Valverde Estrada, por propio derecho, contra actos que reclamó al Juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la Ciudad Juárez, el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno y turnado al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado el día siguiente, Simón Valverde Estrada solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos que reclamó al Juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, y al Agente del Ministerio Público de la Federación de las Agencias del Sistema Tradicional, Agencias IV, V, VI, en Ciudad Juárez, Chihuahua, residente en esta ciudad. SEGUNDO. Por auto de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo a trámite, asignándole el número de expediente 502/2021-VII; solicitó a la autoridad ministerial señalada como responsable su informe justificado; y mediante acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió la ampliación de demanda respectos a los actos reclamados al juez federal responsable, a quien se le solicitó su informe justificado; y por último, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se inició al tenor del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver este asunto, conforme a lo dispuesto por los Artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49, 50 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y así como lo prevenido en el Acuerdo General 3/2013, adicionado por el 3/2015 y 12/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo anterior, en virtud de que los actos reclamados en este juicio atañe a la vía indirecta, y emanan de una autoridad jurisdiccional en materia civil con residencia en el lugar donde este Órgano Jurisdiccional ejerce jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, se atiende tanto al examen íntegro de la demanda de amparo con la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman la litis constitucional, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que el impetrante exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, es oportuno citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos rubros, son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." "AMPARO CONTRA LEYES. PARA DETERMINAR CUAL ES EL PRECEPTO QUE SE COMBATE, DEBEN TENERSE EN CUENTA LOS CONCEPTOS DE VIOLACION." Así, el detenido examen de todas las constancias del juicio que aquí nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte impetrante consisten, en concreto, en el aseguramiento de tres de sus propiedades, ubicadas dos de ellas, en calle Monte de la Cruces 1121, del condominio San Marcos y la tercera, ubicada en calle privada Campo Verde 3922 del Fraccionamiento Prados del Campestre, todas en esta ciudad; y su ejecución. Luego, al no advertirse algún otro acto impugnado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia de los actos de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es oportuno citar la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, enero-junio de 1990, que es del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al al Juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, y al Agente del Ministerio Público de la Federación de las Agencias del Sistema Tradicional, Agencias IV, V, VI, en Ciudad Juárez, Chihuahua, residente en esta ciudad. Lo anterior es así, toda vez que dichas autoridades así lo reconocieron expresamente al rendir su informe con justificación. Al respecto, el juez federal responsable en el informe justificado refirió que se recibió el pedimento penal 112 suscrito por el agente del Ministerio Público de la Federación, donde describió los bienes asegurados precautoriamente y se reiteró su solicitud de aseguramiento judicial, lo cual, fue acordado de conformidad, el tres de febrero de mil novecientos noventa y tres, mediante acuerdo dictado en autos de la causa penal 162/1989. Asimismo, seguida la secuela procesal en la causa penal de origen, el diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, se dictó sentencia condenatoria a Enriqueta Tapía Anchondo y otros, por el delito de asociación delictuosa y en el considerativo séptimo se ordenó, entre otras cosas, el decomiso de los inmuebles enlistados bajo los números 80 y 82. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Máxime, esa condición de certeza se corrobora con la prueba documental pública que el juez responsable anexó a su informe justificado, consistente en copia certificada de las constancias conducentes de la causa penal de origen, en atención a que las documentales de referencia, al tratarse de documentos certificados por funcionario público en ejercicio de sus funciones, les corresponde pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo anterior, no hay duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente acreditada la existencia de los actos reclamados que nos ocupan, desde luego, en los términos de que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del presente asunto, es necesario analizar las causas de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes o se adviertan de oficio, al tratarse de cuestiones de orden público, en términos de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, en la especie, de manera oficiosa, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A fin de demostrar lo anterior, resulta necesario traer a colación el contenido de la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que es del contenido siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Conforme a lo establecido en el artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, el interés jurídico o legítimo consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio. Es decir, se refiere a un derecho subjetivo o de un derecho legítimo, protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad, mismo que ocasiona una afectación real y actual en su esfera jurídica. Simultáneamente, ha de tenerse en cuenta que el juicio constitucional se creó con la finalidad de cerciorar del goce de derechos humanos establecidos en la Carta Magna, cuando existe violación a aquellos por un acto de autoridad y éste tenga efectos materiales consistentes en un perjuicio o afectación real y actual en contra del solicitante del amparo. Por su parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, textualmente señala lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" En el precepto constitucional transcrito se establece uno de los principios del juicio de amparo, consistente en que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y se entiende que tiene tal carácter aquél que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en nuestra Carta Magna y con ello afecte su esfera jurídica, sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así, previo a las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, el principio de iniciativa de parte agraviada previsto en el artículo 107 Constitucional, implicaba la necesidad de que el gobernado probara que era titular de un derecho subjetivo que estimaba violado con los actos reclamados. Sin embargo, ahora, partiendo de la premisa de un marco protector más amplio de los derechos humanos, aquellas personas que aduzcan tener un interés legítimo pueden accionar una instancia, esgrimiendo un daño en su esfera jurídica tutelada por la ley y no así una afectación directa a un derecho subjetivo. Luego, el interés legítimo para efectos de la procedencia del juicio de amparo, consiste en el poder de exigencia con que cuenta un sujeto, que, si bien no se traduce en un derecho subjetivo, permite reconocerle la facultad de impugnar la actuación o la omisión de una autoridad en orden a la afectación que ello le genera, al no acatar lo previsto por determinadas disposiciones jurídicas que le reportan una situación favorable o ventajosa. Dicho en otras palabras, es la pretensión o poder de exigencia que deriva de una lesión o principio de afectación a la esfera jurídica de un gobernado, generada por un acto de autoridad y sus consecuencias, cuya anulación o declaratoria de ilegalidad trae consigo una ventaja para éste, por hallarse en una situación especial o cualificada. No obstante lo anterior, ese interés legítimo para reclamar una norma o acto debe ser acreditado en el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia por disposición expresa del numeral 2º de la Ley de Amparo. Es decir, debe acreditarse esa situación jurídica especial y vulnerada por un determinado acto de autoridad, que, si bien no afectó sus derechos subjetivos, sí afectó ese derecho legítimo individual o colectivo que posee. De ahí, que no sea procedente la instancia constitucional, cuando el gobernado reclama un acto con el cual no sufre afectación alguna a su esfera jurídica. Sirve de apoyo, la tesis 1ª.XLIII/2013 (10ª.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, son los siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Finalmente, debe precisarse que tal afectación (en sentido amplio), supone un beneficio jurídico a favor del accionante, el cual puede ser en el ámbito económico, profesional, cultural, etcétera. De no acreditarse tal afectación se tiene simplemente un interés simple o una acción popular que se dirige a la legalidad del acto. En otro contexto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 553/2012 y 663/2012, en sesiones de catorce y veintiuno de noviembre de dos mil doce, determinó lo siguiente: a) Las normas que tutelan al interés legítimo no tienen capacidad de generar derechos subjetivos, pues son las que establecen los llamados intereses difusos y que se encuentran encaminadas a producir ciertos resultados en la sociedad o en algunos núcleos o grupos que la integran y que, como ella, carecen de personalidad jurídica. b) El interés legítimo no supone una afectación directa al status jurídico, sino una indirecta, en la medida en que la persona sufre una afectación no en sí misma, sino por encontrarse en una especial situación frente al orden jurídico, que le permite accionar para obtener el respeto a su interés jurídicamente tutelado, aunque no goce de un derecho subjetivo reflejo individual. c) La afectación al interés legítimo se da en la medida en que el sujeto forma parte de un ente colectivo, ya que de lo contrario se estaría en presencia de un interés jurídico o de un interés simple. En este orden de ideas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que por lo que respecta al interés legítimo, deben acreditarse los elementos que determinan su existencia, que son los siguientes: 1. Presencia de una norma que establece o tutela algún interés difuso en beneficio de alguna colectividad determinada. 2. Afectación de ese interés difuso en perjuicio de la colectividad por la ley o acto que se reclama, y; 3. Pertenencia del quejoso en esa colectividad. Por otra parte, en cuanto al interés jurídico, cabe destacar que se encuentra definido en la Jurisprudencia 1ª./J.168/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del contenido siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Conforme a la jurisprudencia transcrita, es claro que para pedir amparo el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, y del criterio transcrito se advierte lo siguiente: a) El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; b) El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular; y c) No es suficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por tanto, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que implica que uno de los presupuestos que deben concurrir ineludiblemente para la procedencia del juicio constitucional, es precisamente la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa más, sino la ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona. Apoya las consideraciones anteriores, la Jurisprudencia número 358, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona." Entonces, para la procedencia de la acción de amparo, es indispensable que quien la promueva acredite fehacientemente ante el juzgador federal que la actuación de la autoridad responsable le causa directamente perjuicios en su persona, derechos, bienes o posesiones, para que de inmediato se analice la posible violación de derechos humanos. Es decir, si bien es cierto que la legitimación activa en la causa como condición necesaria para la procedencia del juicio, consiste en la identidad del actor con la persona a cuyo favor está la ley, y que como consecuencia está legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde, también es cierto que el juicio de amparo sólo puede ser promovido por aquél que verdaderamente resienta un perjuicio con motivo del acto reclamado en el derecho que se busca ejercer. Dicho de otro modo, el juicio de amparo sólo podrá promoverse por aquél a quien le hayan sido violentados sus derechos fundamentales por omisión o insuficiencia de las prestaciones a las que tenga derecho o por actuaciones que impliquen una lesión a un bien jurídico tutelado, lo que de hecho debe estar plenamente probado para la procedencia del juicio de amparo. Asimismo, en cuanto al agravio personal y directo para la procedencia del juicio de amparo, la antes Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el acto reclamado debe causar perjuicio a la persona física o moral, lo que ocurre cuando ese acto lesiona su esfera jurídica, en su persona o en su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. No obstante, no puede hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes o derechos legalmente amparados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PERJUICIO BASE DEL AMPARO. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio constitucional sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, de lo que se sigue que el perjuicio es un elemento esencial que rige la precedencia del juicio de garantías; y como éste tiene por objeto proteger al quejoso en el goce de sus garantías individuales, volviendo las cosas al estado que tenían, antes de que se cometiera la violación, es claro que el perjuicio debe consistir en un mal real y efectivo, y no en apreciaciones doctrinarias." De ahí, que el agravio debe ser material y susceptible de apreciarse objetivamente, entendiéndose por dicha afectación, toda lesión que la persona física o moral recibe en sus intereses jurídicos en lo individual, como resultado de la emisión o ejecución del acto reclamado. Así, cuando el acto no genera una afectación por sí mismo, el juicio de amparo es improcedente para combatir sus efectos, dado que sería desacertado el pretender instaurarlo para nulificar un acto que no lesiona la esfera jurídica del particular, ante la ausencia de un agravio personal y directo, ocasionado por la emisión o ejecución del acto reclamado. En tal virtud, este órgano jurisdiccional advierte que la exigibilidad del interés jurídico subsiste cuando se reclamen actos o resoluciones provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, como acontece en el presente juicio. En este sentido, el interés jurídico consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo algún acto violatorio de derechos humanos en su perjuicio, es decir, se trata de un derecho subjetivo protegido por alguna norma general, que se ve afectado por un acto arbitrario de autoridad y le ocasiona un perjuicio a su titular en sus derechos o intereses. Asimismo, el interés jurídico se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues este último supone un derecho legítimamente tutelado, ante cuya transgresión por una autoridad o por la ley se concede a su titular la facultad de acudir al órgano jurisdiccional correspondiente para demandar el cese de ésta; en otras palabras, el perjuicio se entiende como todo menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes del peticionario que afectan de manera inmediata sus derechos sustantivos. Sirve de apoyo, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, en la Jurisprudencia XXVII.1o.(VIII Región) J/4 (10a.), publicada en la página 1807, Libro XIX, abril de 2013, Tomo 3, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa." En ese sentido, como se expuso con antelación, la parte quejosa comparece al presente asunto, ostentándose tercero extraña a juicio, señalando como actos reclamados, en concreto, en el aseguramiento de tres de sus propiedades, ubicadas dos de ellas, en calle Monte de la Cruces 1121, del condominio San Marcos y la tercera, ubicada en calle privada Campo Verde 3922 del Fraccionamiento Prados del Campestre, todas en esta ciudad; y su ejecución, del cual el quejoso afirma tener derechos de propiedad, y se externa no acreditó su interés jurídico. Se afirma lo anterior, toda vez que con los contratos preliminares de compraventa que el quejoso adjuntó al escrito de demanda, del que hace depender su derecho de propiedad sobre los bienes inmuebles que por esta vía defiende, no están inscritos en el Registro Público de la Propiedad, que es indispensable como requisito legal para que surtan efectos los actos traslativos de derechos reales sobre inmuebles ubicados en el Estado de Chihuahua. Ello es así, porque en esta entidad federativa, la inscripción de los actos traslativos de dominio es un requisito constitutivo de derechos reales. Al respecto, Roca Sastre, en el Diccionario Jurídico Espasa, Editorial Espasa Calpe, S. A., Madrid, 1999, página 858, expuso que el sistema de registro de propiedad sobre bienes raíces es una institución "destinada a robustecer la seguridad jurídica inmobiliaria, [que] tiene por objeto la registración de constitución, transmisión, modificación y extinción de los derechos reales sobre inmuebles." La inscripción de la propiedad raíz en registros oficiales puede generar diversos efectos, de acuerdo con la forma en la que el legislador haya considerado necesario garantizar la seguridad jurídica inmobiliaria. Así, en el Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Ed. Porrúa S. A. / UNAM, tomo P-Z, página 3255, voz "Registro Público de la Propiedad, refiere que en algunos sistemas el registro tiene efectos meramente publicitarios, es decir, "no genera por sí mismo la situación jurídica a la que da publicidad. [sino que] se limita. a declarar, a ser 'un espejo' de un derecho nacido extra registralmente, mediante un acto jurídico celebrado previamente". En estos casos, el acto jurídico surte sus efectos entre las partes desde que es celebrado, de modo que su inscripción sólo es un requisito para que pueda ser opuesto contra terceros. En otros sistemas registrales, la inscripción resulta constitutiva, esto es, se trata de un requisito de eficacia indispensable para que los actos inscritos produzcan consecuencias jurídicas, incluso entre las partes. A guisa de ejemplo, Antonio de Ibarrola, Antonio de Ibarrola, Cosas y sucesiones, decimoctava edición, Editorial Porrúa México, 2011, página 518, expresa: "[En] otros sistemas. la inscripción no es simplemente un medio publicitario, sino que es atributiva de propiedad. En el derecho alemán, por ejemplo, lo no inscrito no existe: el registro es obligatorio. Nuestro Código Agrario se inclinó hacia el sistema alemán al expresar en su artículo 335: 'Sólo mediante la inscripción en el Registro Agrario Nacional podrá acreditarse la propiedad de tierras, bosques, pastos y aguas.' Al respecto, cabe destacar que la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Chihuahua, privilegia y otorga prelación registral aquellos actos que se encuentran inscritos en el Registro Público de la Propiedad, los cuales en su orden señalan: CAPÍTULO II DE LAS INSCRIPCIONES EN LA SECCIÓN PRIMERA "Artículo 34. Se inscribirán en la Sección Primera los actos o derechos siguientes, relativos a bienes inmuebles: Venta, permuta, donación, cesión, subrogación, adjudicación y dación en pago; Usufructo, uso y habitación; Servidumbres; IV. Transacciones, reservas de derechos, condiciones, novaciones, traslaciones de dominio derivadas de fideicomisos y cualesquiera otros que trasmitan, modifiquen o extingan la propiedad de los bienes inmuebles o de derechos reales impuestos sobre ellos; Resoluciones judiciales en las que se adquiera por cualquier concepto la propiedad de un inmueble; Resoluciones en que se decrete una expropiación o nacionalización, y Constitución, modificación o extinción del patrimonio familiar, y Fideicomisos y sus modificaciones." CAPÍTULO III DE LAS INSCRIPCIONES EN LA SECCIÓN SEGUNDA "Artículo 46. Se inscribirán en la Sección Segunda: Las hipotecas constituidas legalmente, sean sobre bienes inmuebles o sobre derechos reales; Cesiones, adjudicaciones, cancelaciones o permutas de crédito hipotecarios; Las sentencias o autos en que se ordene la fijación de cédula o demanda hipotecaria; Los contratos de prenda que menciona el artículo 2753 del Código Civil; Los contratos de fianzas; Los embargos de bienes inmuebles o derechos reales; Los embargos de bienes muebles susceptibles de identificarse en forma indubitable, y VIII. Las garantías fiduciarias sobre bienes inmuebles, o de quien constituya la garantía." TÍTULO TERCERO CAPÍTULO I DE LOS DOCUMENTOS SUJETOS A REGISTRO Y DE LOS EFECTOS LEGALES DEL REGISTRO "Artículo 61. Los documentos que conforme a la ley puedan registrarse y no se registren, sólo producirán efectos entre quienes los otorguen; pero no podrán producir perjuicio a tercero, el cual sí podrá aprovecharlos en cuanto le fueren favorables." "Artículo62. Se podrán inscribir en el Registro: Los títulos por los cuales se adquiere, transmite, modifica, grava o extingue el dominio, la posesión o los demás derechos reales sobre inmuebles;." "Artículo 73. Sólo se registrarán: Los testimonios de escritura pública u otros documentos auténticos; Las sentencias y providencias judiciales certificadas legalmente, y Los documentos privados que en esta forma fueren válidos con arreglo a la ley, siempre que al calce de los mismos haya constancia de que el Registrador o Notario se cercioró de la autenticidad de las firmas y de la voluntad de las partes, mediante el reconocimiento de firmas y ratificación del contenido hecho en los términos de ley. Dicha constancia deberá estar firmada por los mencionados funcionarios y contratantes e inscrita en el Libro del Registro de Actos fuera de Protocolo a que se refiere la Ley del Notariado." "Artículo 75. La prelación entre derechos reales sobre una misma finca u otros derechos consignados en diversos documentos ingresados al Registro Público, incluido el aviso preventivo a que se refiere el artículo siguiente, se determinará por la prioridad en cuanto a la fecha, hora y número ordinal que les corresponda al presentarlos para su inscripción." "Artículo 76. Una vez que se firme una escritura en que se adquiera, trasmita, modifique o extinga la propiedad o posesión de bienes raíces, o en la que se haga constar un crédito que tenga preferencia desde que sea registrado, el Notario que la autorice dará al Registro un aviso en el que conste la finca de que se trate, la indicación de que se ha trasmitido o modificado su dominio o se ha constituido, trasmitido, modificado o extinguido el derecho real sobre ella, los nombres de los interesados en la operación, la fecha de la escritura y la de su firma y la indicación del número, folio, libro y sección en que estuviere inscrita la propiedad en el Registro. El Registrador, con el aviso del Notario y sin cobro de derecho alguno, hará inmediatamente una anotación preventiva al margen de la inscripción de propiedad. Si dentro de los noventa días hábiles siguientes a la fecha en que se hubiere hecho la anotación preventiva se presentare el testimonio respectivo, su inscripción surtirá efectos contra terceros desde la fecha de la anotación preventiva, la cual se citará en el registro definitivo. Si el testimonio se presenta después, su registro sólo surtirá efectos desde la fecha de la presentación." De acuerdo con los preceptos transcritos, en el Estado de Chihuahua, la inscripción de actos jurídicos inmobiliarios posee efectos constitutivos, y no meramente publicitarios. Esto implica que tales actos sólo surten efectos cuando se registran. Expuesto en otro giro, la adquisición, transmisión, modificación o extinción del dominio de los bienes raíces no se genera inmediatamente con la celebración del acuerdo de voluntades respectivo. Antes bien, la producción de esas consecuencias jurídicas se posterga hasta la inscripción del contrato, por lo que ésta constituye un requisito de eficacia del acto inscrito. Así, cuando la parte quejosa aduzca como base de su interés jurídico algún derecho real sobre un inmueble ubicado en dentro del Estado de Chihuahua, no sólo deberá demostrar la existencia del acto jurídico que pretendidamente haya originado tal derecho. Además, tendrá que demostrar que el título respectivo se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad, pues tal inscripción es una condición sine qua non para el nacimiento de los derechos reales sobre bienes raíces localizados en esta entidad. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 69/2013 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, noviembre de dos mil trece, Décima Época, que dice: "EFICACIA DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE FECHA CIERTA POSTERIOR AL REGISTRO HIPOTECARIO PARA LA CONCESIÓN DEL AMPARO. El contrato de compraventa de fecha cierta posterior al registro de la hipoteca y que carezca de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, no resulta apto para conceder la protección federal al quejoso que pretende ser llamado al juicio hipotecario. Pues al ser de fecha cierta posterior al registro de la hipoteca y ante la falta de inscripción de la traslación de dominio, ocasiona que el derecho subjetivo que ostenta el quejoso no pueda ser oponible al actor hipotecario, y en consecuencia lo procedente es la negativa del amparo. Lo anterior, de ningún modo implica limitar el derecho de tutela judicial conforme está reconocido en el artículo 17 constitucional a favor del quejoso, en virtud de que éste ostenta un derecho subjetivo de propiedad con el contrato de compraventa de fecha cierta, en el sentido de que la tutela judicial no se limita, en estos casos, al llamamiento al juicio hipotecario en cuestión, pues invariablemente quedan a salvo los derechos del quejoso de accionar en la vía jurisdiccional adecuada en contra de quien considere pertinente a fin de realizar la defensa a su derecho de propiedad." Asimismo, es oportuno citar, Suprema Corte de Justicia de la Nación la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en el Tomo XXXVII, página 2153, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "REGISTRO PUBLICO. De conformidad con los artículos 2734 y 2737 del Código Civil del Estado de Chihuahua, si una misma cosa raíz, fuere vendida a diversas personas, prevalecerá la venta que primero fuere registrada, y los actos y contratos que conforme a la ley deben registrarse, no producen efecto contra tercero, mientras no estuvieren insertos en el oficio respectivo." También, se cita el criterio sustentado en la tesis XVII. 2o. 33 C, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, consultada en el Tomo XIV, octubre de 1994, página 291 del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor literal siguiente: "COMPRAVENTA DE INMUEBLES CUYO VALOR DE AVALUO EXCEDA DE 365 VECES EL SALARIO MINIMO GENERAL DIARIO DE LA CAPITAL DEL ESTADO, EN EL MOMENTO DE LA OPERACION. REQUISITOS DEL CONTRATO DE. PARA QUE SURTA EFECTOS CONTRA TERCEROS. (LEGISLACION PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Interpretando relacionadamente los artículos 2194, 2198, 2199 y 2894, fracción I, del Código Civil para el Estado de Chihuahua, se desprende que para que tengan efectos contra terceros los contratos de compraventa respecto de inmuebles cuyo valor de avalúo exceda de 365 veces el salario mínimo general diario de la capital del estado, en el momento de la operación, deberán constar en escritura pública e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad, pues, de lo contrario, el documento donde conste la compraventa sólo producirá efectos entre quienes lo otorguen, ya que ello significa que tal contrato no es de fecha cierta." De igual manera, resulta aplicable al caso, por analogía de razón, la Tesis XVII.2o. J/5, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, junio de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, que dice: "SOCIEDAD CONYUGAL, BIENES AFECTOS A LA. DEBE CONSTAR ESTA CIRCUNSTANCIA EN LA INSCRIPCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD PARA QUE PUEDA SURTIR EFECTOS EN CONTRA DE TERCERO DE BUENA FE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El criterio jurisprudencial sostenido por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se identifica con la voz: "SOCIEDAD CONYUGAL. NECESARIA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LOS BIENES INMUEBLES A NOMBRE DE LA, PARA QUE SURTA EFECTOS CONTRA TERCERO.", que es visible bajo el número 280, en la página setecientos ochenta y nueve de la Cuarta Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en el año de mil novecientos ochenta y cinco, es válido también cuando este tipo de actos jurídicos está regido por el Código Civil para el Estado de Chihuahua, toda vez que la interpretación sistemática de lo preceptuado por los artículos 173, 174 y 182 del referido Código Civil, todos ellos en relación con el diverso 2894, fracciones I y XIV, del mismo cuerpo legal, conduce a concluir que la incorporación de un bien inmueble a la sociedad conyugal que forma su propietario, tiene como consecuencia directa la pérdida, en perjuicio de éste, de una parte proporcional de los derechos de pleno dominio que hasta ese momento le correspondieron sobre ese bien y la adquisición por parte de su consorte de esos mismos derechos, lo cual debe constar en la inscripción correspondiente del Registro Público de la Propiedad para que pueda surtir efectos en contra de tercero de buena fe." Por tal motivo, si conforme al artículo 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el interés jurídico, es elemento esencial para la procedencia del juicio de amparo, cuya carga probatoria corresponde a la parte quejosa, ello, por una parte, y por otra, si en el caso no se llegaron a demostrar tal extremo, es evidente que el presente juicio deviene improcedente. Apoya lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1ª./J.1/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." Similar criterio lo sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en esta ciudad, dentro del toca del amparo en revisión civil 293/2021, relativo al juicio de amparo indirecto 477/2020. En las relatadas circunstancias, lo que procede es considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, ante la falta de acreditación del interés jurídico de la quejosa, y, por ende, se sobresee en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción IV, de la mencionada ley. Dicha circunstancia, además, impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la improcedencia que se actualizó; acorde con tesis de jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 335 del Tomo VI, relativo a la Materia Común, de la Compilación de Ejecutorias correspondiente a los años de 1917-1995, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto, fundado y motivado, se, R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Simón Valverde Estrada, por propio derecho, contra actos que reclamó al Juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, y otra autoridad, precisados en el considerando segundo y por las razones expuestas en el considerando último de esta sentencia. Por consiguiente, notifíquese por lista a las partes; y, por oficio a las autoridades responsables.Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

Quedan 29 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · 6,710 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano