Simón Torres Daniel
Expediente 910/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 910/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/07/2021
Partes del expediente
- Simón Torres Daniel
Actuaciones
- Principal
Causa estado auto que desechó demanda. Advirtiéndose de los mismos, que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera recurrido el auto de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 2º, de la Ley invocada, en relación con el 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el mismo, ha causado estado. Destrúyase el presente expediente una vez transcurridos tres años, toda vez que se desechó la demanda en el presente juicio de amparo y no obran documentos originales ofrecidos por las partes, con fundamento en el artículo 21 inciso d) del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archivo de asunto Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales", publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido; toda vez que en el presente sumario se ha desechado la demanda de amparo. Valoración Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3°, fracción XVIII del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Firma del expediente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta determinación se firmará electrónicamente. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio con anexo de cuenta, mediante el cual la Presidenta de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, informa las gestiones que realiza para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada y al efecto remite las siguientes copias certificadas: A) Auto de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, en el que dejó insubsistente la fecha señalada para el desahogo de la prueba testimonial a cargo de... y..., por no cumplir con lo establecido en el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo, señalando para tal efecto las dieciséis horas del siete de julio de dos mil veintiuno. B) Auto de treinta de junio de dos mil veintiuno; y sus respectivas notificaciones, en el que se impuso a la parte demandada la presentación de los atestes. C) Exhorto... de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, mediante cual solicitó información a la institución... Requiérase a la Presidenta de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para que en el término de tres días legalmente computado, a partir de la fecha señalada para el desahogo de la prueba testimonial cargo de... y..., informe si se desahogó, o en su caso, lo que se haya proveído al respecto. Asimismo, informe el estado que guarda el exhorto... de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. En el entendido de que subsiste el apercibimiento decretado mediante auto de veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Firma del expediente De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta determinación se firmará electrónicamente. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA SIMON TORRES DANIEL LOS AUTOS DE SEIS DE JULIO Y DIECISIETE DE JUNIO AMBOS DE DOS MIL VEINTIUNO QUE EN LO CONDUCENTE DICEN: 06/07/2021:Se ordena notificar proveído personalmente. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no obra la constancia de notificación de la parte quejosa del proveído de diecisiete de junio de dos mil veintiuno; en consecuencia, notifíquese personalmente de conformidad con el inciso j), fracción I del artículo 26 de la Ley de la materia, lo anterior, a fin de que tenga conocimiento de la referida determinación. Firma del expediente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta determinación se firmará electrónicamente. Notifíquese. 17/06/2021: Auto de radicación. Fórmese expediente con la demanda y anexos de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. Vista la demanda de amparo promovida por Simón Torres Daniel por propio derecho, contra actos del Notario Público Número Cinco del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, que hace consistir en: 1. La omisión y abstención en la protocolización e inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de San Pedro Cholula, de la compraventa hecha de los señores ... 2. La abstención y omisión en la entrega de la escritura pública de la compraventa hecha de los señores ..., debidamente registrada. 3. La omisión y abstención en la protocolización e inscripción ante el Registro Púbico de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de San Pedro Cholula de la compraventa del señor .... 4. La abstención y omisión en la entrega de la escritura de compraventa hecha del señor ..., debidamente registrada. Desechamiento de la demanda: En principio, debe decirse que de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia deben ser analizadas de oficio por el órgano jurisdiccional. Al respecto, resulta necesario tener presente, en primer término, lo dispuesto en los artículos 1º y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo1. De conformidad con el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, la autoridad responsable es quien dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas y es obligación del quejoso señalar en su demanda a aquella que dictó u ordenó su ejecución para que sea llamada a juicio y examinar el acto que se le reclama; en caso contrario, no podría estudiarse la constitucionalidad de actos provenientes de autoridades que no fueron llamadas al juicio pues tal actuar significaría una infracción al principio de audiencia previa que rige en el sistema jurídico. 1 "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver todacontroversia que se suscite: I.-Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...) El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (...) I. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." ???????????? En torno a este tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS", consideró que es autoridad para efectos del juicio de amparo el ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular y que esa relación tenga su nacimiento en la ley -lo que dota al ente de una facultad administrativa-, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; asimismo, que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Precisado lo anterior, la interpretación lógica y sistemática del artículo 5 transcrito, debe ser en el sentido de que, con independencia de su naturaleza formal, para considerar a los actos de particulares como provenientes de autoridad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, su "equivalencia" debe estar proyectada en que sean unilaterales e imperativos y que, desde luego, creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular; además, deben realizarse por un particular en un plano de supra o subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad. Por tanto, la calidad de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, se dará con base en el tipo de relación jurídica que ejerza el ente público o privado frente a los particulares, que necesariamente debe ser cuando éste actúe en relaciones jurídicas de "supra a subordinación", es decir, aquellas que se entablan entre gobernantes y gobernados, actuando los primeros en un plano superior a los segundos. Por ello, debe atenderse al caso concreto y analizarse si dichos entes, con fundamento en una ley de origen público, ejercen un poder jurídico de tal suerte que afecten por sí y ante sí y de manera unilateral la esfera jurídica de los particulares, con independencia de que puedan o no hacer uso directo de la fuerza pública. Esto implica que se deben acreditar los siguientes tópicos: a) La existencia de una relación de supra a subordinación. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que se dota de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. En el caso, debemos establecer cómo se ha entendido la figura del notario público. El notario público es un profesional del derecho investido de fe pública por el Estado y que tiene a su cargo recibir, interpretar, redactar y dar forma legal a la voluntad de las personas que ante él acuden, así como conferir autenticidad y certeza jurídica a los actos y hechos pasados ante su fe, mediante la consignación de los mismos en instrumentos públicos de su autoría. La institución del notariado es totalmente sui géneris en el sistema jurídico mexicano, ya que la??????????? función notarial se encomienda para su desempeño a particulares, licenciados en derecho, mediante la expedición de la patente respectiva, pero se trata de una función de orden público, puesto que el notario actúa por delegación del Estado, con el objeto de satisfacer las necesidades de interés social como lo son la autenticidad, certeza y seguridad jurídica de los actos y hechos jurídicos; por tanto, es un servicio público regulado por el Estado. El notario está facultado para autenticar y dar forma, en los términos de ley, a los instrumentos en que se consignen actos y hechos jurídicos, por lo que éstos al ser certificados por el notario tienen el carácter de auténticos y valen erga omnes; esto es, con efectos generales. Además, debe asesorar a los otorgantes y comparecientes. La fe pública de la que es investido el notario es originalmente un atributo del Estado que tiene por virtud de su imperio, y es ejercitada a través de los órganos estatales y del notario, y ésta es la necesidad de carácter público, cuya misión es robustecer con una presunción de verdad los hechos o actos sometidos a su amparo. Para otros autores, la fe pública es la garantía que da el Estado de que son ciertos determinados hechos que interesan al derecho. De ahí que la fe pública notarial debe considerarse como la garantía de seguridad jurídica que da el notario tanto al Estado como al particular, al determinar que el acto, se otorgó conforme a derecho y que lo relacionado con él es cierto. Esta función del notario contribuye al orden público, a la tranquilidad de la sociedad en que actúa y da certeza. Por consiguiente, es el Estado a través del Poder Ejecutivo local, quien otorga la patente respectiva a aquellos que reúnan los requisitos previstos por la ley correspondiente y vigila que los notarios al realizar su actuación cumplan con dicha legislación, e inclusive tiene la facultad para suspender o revocar dicha patente, en los casos que prevé la ley. Bajo ese contexto, debe decirse que en el caso concreto, no le asiste el carácter de autoridad responsable al Notario Público Número Cinco del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, para los efectos del juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que los notarios públicos, tal y como se estableció en los párrafos que anteceden, son particulares que por disposición de la ley y mediante un acto de delegación del estado, reciben fe pública, además la remuneración de la labor notarial no proviene del erario público, sino de los particulares que acuden a solicitar la prestación de sus servicios de acuerdo con el arancel respectivo; aunado a que dichos profesionistas sólo actúan a petición de parte, por lo que no existe una relación de supra a subordinación en su actuación, y en la especie, las omisiones derivadas de esa prestación de servicios, no pueden considerarse como actos de autoridad. Dicho en otras palabras, el notario público no se ubica en un plano de superioridad respecto de los particulares que lo contratan y sus actos no son unilaterales con el propósito de crear, modificar o extinguir situaciones que afecten la esfera de los particulares, pues como ya se dijo, la actividad que le corresponde al notario público, es la de brindar autenticidad, certeza y seguridad respecto de los actos que ante él se celebren por los particulares.2 2 Ilustra a lo anterior, por las razones jurídicas que laintegran, la jurisprudencia 1a./J. 41/2019 (10a.), emitidapor la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de laNación, publicada el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "NOTARIOS PÚBLICOS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE ??????????? En las relatadas condiciones, es claro que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto por los AMPARO, CUANDO SE LES RECLAMEN ACTOS DERIVADOS DE LA TRAMITACÓN DE SUCESIONES EXTRAJUDICIALES. De los artículos 1o. y 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, además protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados por esa ley. Ahora bien, los notarios públicos al tramitar sucesiones extrajudiciales, sean testamentarias o legítimas, no pueden ser considerados como autoridades responsables equiparadas para efectos del juicio de amparo. Lo anterior es así, porque sus actuaciones: i) no establecen una relación de supra subordinación respecto de los particulares, pues únicamente dan fe dela situación jurídica generada a partir de la muerte del de cujus y de los actos jurídicos que celebran losherederos, legatarios y albacea, ya sea entre ellos o con terceros, ii) no emiten actuaciones unilaterales que creen, modifiquen, transmitan o extingan derechos y obligaciones, puesto que son de carácter declarativo, y iii) no generan nuevas situaciones jurídicas, dada la función de fe pública que les fue delegada por el Estado." Así como la tesis VI.1o.A.32 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 2881, tomo III, Libro 11, Octubre de 2014, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "NOTARIOS PÚBLICOS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO REGULADO POR LA LEY VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013 (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De conformidad con el artículo 14 de la Ley del Notariado del Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial de la entidad el 2 de febrero de 2004, la función del notariado esencialmente consiste en dar fe para hacer constar actos, negocios y hechos jurídicos a los que deba o quiera darse autenticidad y seguridad jurídica conforme a las leyes, y son los propios particulares quienes acuden a solicitar la prestación de los servicios notariales y pagan por éstos; por tanto, la actuación del notario, como cuando expide una escritura pública, no puede ser considerada como un acto de autoridad, dado que una de las notas esenciales de éste la constituye el hecho de que a través de los actos unilaterales se creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, por lo que es dable advertir que los actos del notario público, de acuerdo con la normativa que los rige, no tienen tales efectos. Así, el hecho de que en ocasiones, por determinación de la ley, como requisito formal se requiera de la intervención del notario para dar fe de un acto o hecho jurídico, de ninguna manera puede entenderse como un acto de autoridad, ya que, como se ha establecido, dicha intervención sólo tiene como efecto brindar autenticidad, certeza y seguridad jurídica respecto de esos actos o hechos. En este sentido, la fe pública notarial sólo debe considerarse como la garantía de seguridad jurídica que da el notario tanto al Estado como al particular, al determinar que el acto se realizó conforme a derecho y que lo relacionado con él es cierto, sin que lo anterior signifique que, a través de la función notarial, se creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los particulares. Por ello, los actos del notario no pueden ser considerados de autoridad para los efectos del juicio de amparo. artículos 1º y 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo; por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley en la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y una vez que cause estado este proveído archívese este asunto como concluido. Domicilio de la parte quejosa. Téngase a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones. Contacto de la parte quejosa. Por otro lado, téngase a la quejosa señalando como datos únicamente de contacto el correo electrónico ... lo anterior, con fundamento en la fracción II, del artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; sin que ello implique que a través del correo electrónico que proporciona se le pueda practicar notificaciones, toda vez que dicho medio no se encuentra contemplado, ni regulado en la Ley de Amparo. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el artículo 27 fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado a fin de que practiquen las notificaciones que correspondan al presente juicio en la zona conurbada del lugar de residencia de este Juzgado, cuando así se requiera. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ??????????? Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 110 y 113 de la ley en cita. Del expediente electrónico. En términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo y el capítulo cuarto denominado "Del expediente electrónico" del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de los expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, intégrese a partir de este proveído el expediente electrónico del Juicio de Amparo en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Firma del expediente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal esta determinación se firmará electrónicamente. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA MARIA ROSALIA FLORES CASTILLO EL AUTO DE DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Agréguese a los autos el oficio de cuenta a través del cual el Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, informando sobre el cumplimiento dado al fallo protector del amparo; en consecuencia se provee: Vista a las partes con el informe de cumplimiento. Dese vista a las partes con el oficio antes mencionados, por el término de tres días legalmente computado, para que expresen lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este Tribunal Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el presente expediente y los datos aportados por la autoridad. Firma del expediente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta determinación se firmará electrónicamente. Notifíquese y personalmente.
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