Simón Soto Hernández
Expediente 977/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 977/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 29/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Simón Soto Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
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... se declara que ha causado estado el acuerdo de referencia. ...archívese el presente asunto como concluido. ... Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se sobreseyó en el presente asunto fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, este expediente es susceptible de destrucción; por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. ..
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... el pedimento 96/2021 signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por medio del cual proporciona usuario para la consulta del expediente electrónico a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En tal virtud, previa búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, específicamente en el módulo de autorizados para consultar el expediente electrónico, se advierte que es válido el usuario que proporcionó como "FHFLORESM"....
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...el oficio signado por la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, a través del cual, remite copia certificada de diversa constancias deducidas del expediente laboral 335/2005-III y acumulado 336/2005-IV de su índice, por medio del cual informa que por auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, requirió a la Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción en el Estado, el estado que guarda la carpeta de investigación FECCEV/656/2021, así como el seguimiento dado a los oficios FECCEV/4538/2020 y FECCEV/4539/2020. De igual forma, aduce que le requirió al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, sobre la respuesta que obtuvo con relación al diverso OFS/DGAJ/9144/1/2021, así como las acciones y avance financiero reportado por el Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez, Veracruz, posterior al primer reporte trimestral de avances físico. Financiero del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) para el ejercicio fiscal 2021. Y agrega, que le fue entregado a la parte quejosa el veintitrés de noviembre de este año, el cheque número 0000042 de dos de agosto de dos mil veintiuno, por la cantidad de $32,139.24 (treinta y dos mil ciento treinta y nueve pesos 24/100 M.N) a favor de María del Socorro Barradas Aguilar y el cheque número 0000044 de dos de agosto de dos mil veintiuno, por el monto de $16,069.65 (dieciséis mil sesenta y nueve pesos 65/100 M.N) expedido a favor Bertha Aguilar Aguilar. Con lo anterior se le tiene a la autoridad oficiante informando medidas decretadas para el cumplimiento. Notifíquese.
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... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE SIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL AVISO DE NOTIFICACIÓN, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa-Enríquez, Veracruz, siete de diciembre de dos mil veintiuno. Del estado que guardan los autos se advierte que obra glosado el informe justificado rendido por la Secretaria de Acuerdos de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia, en su calidad de Instructora, con sede en esta ciudad, al que anexó copia certificada del expediente 5JP/2021 de su índice. Ahora, del contenido de la demanda de amparo promovida por Simón Soto Hernández, por propio derecho, se advierte que el acto reclamado en este asunto se hace consistir en: ? La omisión de atraer la demanda de amparo y rechazarla por considerarla falta de interés personal o interés legítimo del demandante violando el derecho a la justicia y ausencia de debido análisis de su contenido y documentos anexos. Ahora, del contenido del informe de referencia se advierte que la Secretaria de Acuerdos de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia, en su calidad de Instructora, con residencia en esta ciudad, manifestó que el acto reclamado es cierto, sin embargo, precisó que en contra de la resolución impugnada procede el recurso de revisión, previsto en el artículo 78 de la Ley 675 de Control Constitucional en el Estado de Veracruz, la cual rige el procedimiento inherente al juicio de protección de derechos humanos. Por tanto, como lo refiere la Instructora de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia, el presente juicio resulta improcedente, puesto que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad previo a instar el juicio de amparo, pues a través de dicho medio de defensa, el auto de siete de octubre de la presente anualidad, por el que se desechó su demanda, el cual resulta ser el acto combatido puede modificarse, nulificarse o revocarse. En efecto, para tener por demostrada esa causal de improcedencia conviene reproducir el contenido de los artículos 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo y 78, de la Ley 675 de Control Constitucional en el Estado de Veracruz este último invocado por la autoridad responsable, que a la letra establecen: Ley de Amparo "..Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.". Ley 675 de Control Constitucional en el Estado de Veracruz. ".Artículo 78. Los acuerdos de trámite dictados por los jueces de Primera Instancia o el secretario de la Sala Constitucional como instructores, admitirán el recurso de revisión.". El precepto y fracción de la Ley de Amparo antes transcritos ponen de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de los cuales proceda algún recurso o medio de defensa. Por su parte, el artículo 78 de la invocada Ley 675 de Control Constitucional en el Estado de Veracruz, establece expresamente la procedencia del recurso de revisión contra los autos dictados por los instructores de la sala, como el acto que en esta vía se combate. En ese orden de ideas, es evidente que el auto por el que la Secretaria de Acuerdos de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia, en su calidad de Instructora, desechó la demanda de amparo que le promovió el aquí quejoso por considerar que carecía de interés personal o interés legítimo, el cual se advierte es medularmente el acto del que se duele el impetrante del amparo, se ubica dentro de la hipótesis prevista por el artículo 78, de la Ley 675 de Control Constitucional en el Estado de Veracruz, y por ende, previo al juicio de garantías, debió ser combatida a través del recurso de revisión. Por lo que cabe concluir que el promovente no agotó el medio de impugnación ordinario; esto es, el recurso de revisión, previsto por el artículo 78 de la Ley 675 de Control Constitucional en el Estado de Veracruz, inobservando así el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, lo que actualiza la hipótesis prevista por la fracción XVIII del mencionado artículo 61 de la ley de la materia, toda vez que la existencia de dicho recurso se advierte en forma patente y se tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia actualiza la inobservancia del principio de definitividad que regula al juicio constitucional, de tal modo que aun cuando se continuara con la tramitación del juicio no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí que, en atención al principio de economía procesal, debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia. Fundamenta este sobreseimiento fuera de audiencia la jurisprudencia 10/20031 , de rubro: "SOBRESEIMIENTO PROCEDENTE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En consecuencia, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las diez horas con siete minutos del trece de diciembre de dos mil veintiuno. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y, comuníquese esta determinación a la autoridad responsable para los efectos legales a que haya lugar...
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