Simon Soto Correa

Expediente 130/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
130/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
23/03/2021

Partes del expediente

  • Simon Soto Correa
  • Lic. Dulce Maria Guillen Morales

Actuaciones

  1. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Como de la constancia secretarial, se aprecia que el término de cinco días que establece el numeral 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído que desechó la demanda de garantías ha fenecido, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia se declara que dicho acuerdo queda FIRME, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, como de la constancia secretarial se obtiene que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues, se desechó la demanda de amparo. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Por otra parte, se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, se presente en este juzgado a recoger los documentos originales exhibidos en autos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos correrán la misma surte que el juicio de amparo en que se actúa, por lo que será menester que la persona autorizada genere una cita QR a fin de que sea agendada la hora y fecha para que recoja dichos documentos, pudiendo acudir cualquiera de las personas autorizadas en el expediente de conformidad con el numeral 3 del citado Acuerdo General. Se informa a la parte promovente que deberá acudir puntualmente a la cita y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El acceso a la cita estará condicionado a que las personas que acudan se identifiquen y registren, además el acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. El Código QR podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil, o bien, de manera impresa, sin que puedan utilizar ese pase para visitar órganos jurisdiccionales distintos a este juzgado; todo lo anterior acorde con los numerales 3 y 7, tercer párrafo, del Acuerdo General 21/2020 mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno Vista la demanda de amparo promovida por , por propio derecho, contra actos del Delegado de la Fiscalía General de la República y otra autoridad, consistentes en la falta de notificación y acuerdo de no inicio de carpeta de investigación; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número II-130/2021-2 De la lectura integral de la demanda de cuenta se obtiene que el quejoso se duele de la omisión de las responsables de dictar acuerdo de inicio de la carpeta de investigación, así como la falta de notificación de dicho proveído pues refiere que el diez de febrero del año en curso presentó denuncia misma que le fue recibida por el titular de la ventanilla única de la Fiscalía General de la Republica, Delegación Estatal de Michoacán, lo que acredita con la documental respectiva que anexo a su libelo en la que obra sello de recepción en los términos apuntados Asimismo refiere que el dieciocho de febrero siguiente el personal de la ventanilla única le informó que no tenían registro alguno de esa denuncia Actos respecto de los cuales, el suscrito estima que procede desechar el libelo constitucional por ser notoriamente improcedente el juicio de amparo, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo y por actualizarse la causa de improcedencia, prevista en el numeral 61, fracción XX, del mismo ordenamiento legal El citado artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113 El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano" Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio Por su parte, el precepto 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, textualmente señala: "Artículo 61 El juicio de amparo es improcedente: [.] XX Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.] " De la fracción invocada es obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos respecto de los cuales la ley conceda algún recurso o medio de defensa, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente; que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo El mencionado principio de definitividad supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente Implica la obligación de la parte agraviada de agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos En el caso concreto, los actos de los que el quejoso se duele son la omisión de las responsables de dictar acuerdo de inicio de la carpeta de investigación, así como la falta de notificación de dicho proveído, pues refiere que el diez de febrero del año en curso presentó denuncia misma que le fue recibida por el titular de la ventanilla única de la Fiscalía General de la Republica, Delegación Estatal de Michoacán, lo que acredita con la documental respectiva que anexó a su libelo en la que obra sello de recepción en los términos apuntados Asimismo refiere que el dieciocho de febrero siguiente el personal de la ventanilla única le informó que no tenían registro alguno de esa denuncia Actos, que constituyen omisiones atribuibles al Ministerio Público dentro de la investigación inicial que constituye una de las fases de la etapa de investigación del procedimiento penal; sin perjuicio de que, según manifestaciones del quejoso, a la fecha no obre dictado auto de inicio de la carpeta de investigación relativa a la denuncia que presentó Lo anterior es así toda vez que de conformidad con el artículo 211, fracción I, inciso a), del Código Nacional de Procedimientos Penales la fase de investigación inicial comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente; por lo que la omisión de dictar auto de inicio de la carpeta de investigación y la falta de notificación relativa a quien presentó la denuncia, constituyen omisiones que se ubican dentro de la etapa de investigación inicial, pues en el caso concreto ésta inició desde el momento en que el aquí quejoso presentó la denuncia, lo que acredita con la documental que anexó a su escrito de demanda, en la que figura sello de recepción por parte de la Fiscalía General de República, Delegación Michoacán El invocado numeral 211 de la codificación adjetiva penal nacional, es del contenido siguiente: "Artículo 211 Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e [.] " Los actos destacados se encuentran sujetos a una regulación específica, prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual prevé en el artículo 109, fracción XXI, el derecho de la víctima u ofendido a impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código y en las demás disposiciones legales aplicables Tal derecho de acceso a la justicia de la víctima u ofendido se materializa en el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al establecer la posibilidad de impugnar ante el Juez de Control las determinaciones del Ministerio Público, relativas a la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, supuestos jurídicos que se traducen en una decisión u omisión de la autoridad ministerial que definen el curso de la indagatoria correspondiente Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a/J 27/2018 (10a) con registro digital 2017641, estableció que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en el supuesto previsto en el numeral 258 de la codificación nacional adjetiva penal, que en general se refiere a actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación, por lo que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el mencionado artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, y de estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos El criterio en cita señala textualmente lo siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos" En ese orden de ideas la Primera Sala también concluyó que, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, la víctima u ofendido debe agotar el medio de defensa ordinario que prevé el citado numeral 258 de la codificación adjetiva penal nacional, en observancia al principio de definitividad, como se constata con la jurisprudencia 1a/J 28/2018 (10a), con número de registro digital 2017640, que señala: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad" Con sustento en los criterios jurisprudenciales citados, es claro que antes de ocurrir al juicio de amparo indirecto, la víctima o el ofendido que pretenda reclamar la inacción del órgano ministerial en la investigación de los delitos, deberá acudir ante la autoridad judicial -Juez de control- para vencer las omisiones y actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar tal investigación Por consiguiente, en el caso concreto se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que previamente al ejercicio de la acción constitucional, la parte quejosa debió agotar el medio de defensa innominado al que se ha hecho alusión, ante el Juez de Control a fin de que éste revise y califique, conforme a la legalidad, la omisiones que le atribuye a la autoridad ministerial; ante lo cual, procede DESECHAR la demanda de amparo En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA" En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, efirma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo Se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020 Se tiene a la parte quejosa, por señalado domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones el que precisa en su libelo constitucional, y por autorizados para tal efecto a las personas que alude en si escrito de demanda y en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo únicamente a en virtud de que como se desprende de la constancia secretarial, tiene registrada su cédula profesional en el Registro de Cedulas Profesionales de los Órganos del Poder Judicial de la Federación, no así los restantes Finalmente, se ordena realizar la notificación personal del presente proveído, para lo cual el actuario adscrito deberá acatar para ello el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, así como los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 Notifíquese personalmente

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