Simon Santiago Martínez

Expediente 1650/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1650/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
08/02/2022

Partes del expediente

  • Simon Santiago Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 731/2022, firmado electrónicamente por el Magistrado Presidente y la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual se informa la admisión a trámite del recurso de queja hecho valer por la parte quejosa Simón Santiago Martínez, en contra del proveído de diez de enero de dos mil veintidós, dictado por este órgano judicial dentro del presente juicio de amparo, quedando registrado como queja 27/2022. De lo anterior tómese nota para los efectos legales a que haya lugar, y se está a la espera de la resolución que respecto de dicho medio de impugnación emita el citado órgano colegiado.

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintiuno de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que el juicio en que se actúa se encuentra debidamente integrado, toda vez que ha quedado notificada la parte quejosa del auto recurrido de diez de enero del presente año, y del que tuvo por interpuesto el recurso de queja; por tanto, de conformidad con el artículo 101 de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito en turno, con sede en Reynosa, Tamaulipas, el informe materia de la queja, el original del escrito de expresión de agravios, y las constancias respectivas para la substanciación del recurso de queja interpuesto. Notifíquese. ...

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, catorce de enero de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito del quejoso Simón Santiago Martínez, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído dictado el diez de enero del presente año. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja hecho valer por el ocursante en contra del proveído en alusión, a través del cual se desechó la demanda de amparo. En relación con lo anterior, una vez que el presente expediente esté debidamente integrado, es decir, en cuanto obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa de este proveído, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe respectivo al que deberá adjuntarse el original del escrito de interposición del recurso y expresión de agravios, y las constancias respectivas, al Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, en turno, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, para su substanciación. Finalmente, hágase la anotación en el libro de gobierno, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Vanessa Esmeralda Revilla Muñoz, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, encargada del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, ante José Luis González Arredondo, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, diez de enero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta; se tiene por recibido el escrito del quejoso, a través del cual desahoga en tiempo y forma los requerimientos realizados en auto de treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, y al efecto, manifiesta bajo protesta de decir verdad que estuvo presente en la audiencia del nueve de marzo de dos mil veintiuno, en la que se le dictó el auto de vinculación a proceso que por esta vía reclama. Ahora bien, debe decirse que es notoriamente improcedente la demanda de amparo, por actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso numeral 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que conlleva a desecharla de plano de conformidad con los artículos 112 y 113 de la invocada ley, por las consideraciones siguientes. En efecto, los artículos 17 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. ." De la interpretación jurídica de los preceptos antes transcritos, se infiere que atento a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en el artículo 17 de ese ordenamiento, con las excepciones ahí consignadas. Ahora bien, como puede verse de la demanda de amparo, la parte quejosa reclama del juez responsable, el auto de vinculación a proceso que se le dictó el nueve de marzo de dos mil veintiuno, en la causa penal 0005/2021 y, en su escrito aclaratorio de la demanda refiere bajo protesta de decir verdad que estuvo presente en la audiencia de esa fecha en la que se emitió ese acto reclamado. En ese sentido, si el artículo 18 de la Ley de Amparo, establece que el plazo de los quince días para la promoción de la demanda de amparo se computará desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o su ejecución, es claro que el primero de los quince días que tenía la parte quejosa para la interposición de la demanda de amparo en contra de la vinculación a proceso reclamada, fue el diez de marzo de dos mil veintiuno y, concluyó el término correspondiente el cinco de abril del mismo año; siendo inhábiles los días trece, catorce, quince, veinte, veintiuno, veintisiete, veintiocho, y treinta y uno de marzo; así como del uno al cuatro de abril del año pasado. Por ello, es evidente que el término de quince días que establece a favor de la parte quejosa el artículo 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para promover el juicio de amparo contra de la vinculación a proceso reclamada, le transcurrió en exceso; por tanto, si la demanda que se provee fue presentada el treinta de diciembre de dos mil veintiuno, es inconcuso que dicha promoción constitucional se realizó fuera del término permitido por el citado numeral, lo que deviene en el consentimiento tácito por parte de la parte quejosa del citado acto reclamado, pues dejó transcurrir dicho término sin promover demanda de amparo, siendo que con esta conducta revela su conformidad con tal acto. Lo que hace improcedente el juicio de amparo, al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, y sin que en la especie se esté en alguno de los casos de excepción que estipula el artículo 17 de la propia ley. Sirve de apoyo a lo considerado, la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2008-PL; publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia Común, visible en la página 5, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En tales circunstancias, con apoyo en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio, por encontrarse en ella motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con los diversos numerales 61, fracción XIV, y 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo Siendo aplicable la jurisprudencia XIX.1°. J/6, emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito, que aparece publicada en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, Octubre de 1998, página 997, cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE. PARA QUE OPERE DEBE SER PATENTE, CLARA E INOBJETABLE. Conforme al artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito ante todo debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechar de plano, pero cuando la causal de improcedencia aducida por el a quo no es patente, clara e inobjetable, sino que simplemente se desecha porque a su juicio no existe violación de garantías, fundándose en los motivos y razones que, en su caso, podrían servir para negar la protección constitucional solicitada es inconcuso que tal manera de proceder no es lógica, ni jurídica, porque son precisamente esos temas sobre los que versar el estudio de fondo con vista del informe justificado y de las pruebas aportadas por las partes, por lo que en casos como el de la especie lo procedente es revocar el auto recurrido y ordenar que se admita a trámite la demanda." Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Vanessa Esmeralda Revilla Muñoz, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, encargada del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, ante José Luis González Arredondo, Secretario que autoriza y da fe.

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