Simon Sánchez Zamora

Expediente 928/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 16 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
928/2017
Año
2017
Actuaciones
16
Última actuación
23/11/2017

Partes del expediente

  • Simon Sánchez Zamora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de treinta y uno de octubre pasado, en que este Tribunal sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo promovido por ***********, no fue recurrido dentro del término legal por las partes a quienes pudiera irrogar perjuicio; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo 1/2009, de veintiocho de septiembre del mismo año, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III, del citado acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción y el original del cuaderno incidental de depuración, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordene su archivo, puesto que en el expediente principal se sobreseyó fuera de audiencia el juicio, y se concedió la medida cautelar provisional, debiéndose conservar la determinación relativa a su otorgamiento y, en su caso, de su violación. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado.

  2. Incidental

    Visto el oficio suscrito por el Procurador General de Justicia del Estado de Guanajuato, mediante el cual rinde su informe previo de conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo; agréguese a los autos únicamente para que obre como constancia, toda vez que el veintisiete de octubre pasado, se recibió vía fax, y se acordó al respecto.

  3. Principal

    Visto el oficio suscrito por el Procurador General de Justicia del Estado de Guanajuato, mediante el cual rinde su informe justificado de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo; agréguese a los autos únicamente para que obre como constancia, toda vez que el treinta y uno de octubre pasado, se decretó el sobreseimiento del presente juicio.

  4. Principal

    Agréguese a los autos la copia certificada del oficio remitido por el Procurador General de Justicia del Estado de Guanajuato, mediante el cual rinde su informe Previo; del que se desprende que niega los actos atribuidos por parte del quejoso, con lo que se da vista a las partes. Cobra aplicación la tesis jurisprudencial P./J. 92/97 (9a.), sustentada por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, visible en la página 20, diciembre de 1997, Tomo VI, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registrada con el número 197242, que a la letra dice reza: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO. De conformidad con los artículos 2o., 131, 150 y 151 de la Ley de Amparo, las reglas para el ofrecimiento de pruebas en el cuaderno principal del juicio de garantías difieren de las relativas al incidente de suspensión. Ello implica que las ofrecidas y desahogadas en un cuaderno no pueden ser tomadas en consideración en el otro, salvo por dos condiciones: que se pida la compulsa respectiva, o que se solicite la expedición de copias certificadas, y obtenidas éstas se exhiban en el expediente en el que deban surtir sus efectos. Esta regla trae como consecuencia la improcedencia del ofrecimiento con la pretensión de que en un cuaderno "se tengan a la vista al momento de resolver", las existentes en el otro, porque, de actuar así, ello puede repercutir en la debida marcha del proceso, sea del juicio principal o en el incidente de suspensión, pues la circunstancia de que uno y otro se tramiten por cuerda separada, les incorpora autonomía e independencia por cuanto hace a sus elementos probatorios. Además, dada la naturaleza de ambos, pudiera no coincidir en un mismo estadio procesal, de modo tal que si uno de ellos se encontrara en revisión y el otro aún en primera instancia, en éste sería imposible resolver por la falta de elementos. De ahí que, indefectiblemente, deben ofrecerse y desahogarse en el cuaderno respectivo los medios de prueba cuya valoración se pretenda. Se hace la aclaración de que el único caso en que se puede tomar en cuenta el mismo elemento probatorio "para ambos cuadernos" es cuando se ordena proveer sobre la suspensión provisional en el auto admisorio de la demanda pues, en esa hipótesis, el juzgador está obligado a apreciar las pruebas que se acompañaron a aquélla y valorarlas, para determinar si es o no procedente la suspensión provisional solicitada. Esto último obedece a que es en dicho momento cuando el juzgador, además de las copias destinadas a integrar el incidente de suspensión, también tiene a la vista el original de la demanda y, en su caso, los documentos que se acompañan a esta última, razón por la que está en aptitud de valorar, de manera directa, el material probatorio aportado por el promovente del juicio y resolver lo conducente, tanto en el cuaderno principal como en los incidentales, aunque con posterioridad a ese momento se haga la separación formal y material del original de la demanda de amparo y sus copias." Ahora, del estado de autos se observa que están integradas en su totalidad las autoridades llamadas a la litis constitucional, esto es, que rindieron su informe de ley; 1. JUEZ PRIMERO PENAL DE PARTIDO, SEDE CELAYA [F. 31]; 2. JUEZ SEGUNDO PENAL DE PARTIDO, SEDE CELAYA [F. 33]; 3. JUEZ TERCERO PENAL DE PARTIDO, SEDE CELAYA [F. 36]; 4. JUEZ CUARTO PENAL DE PARTIDO, SEDE CELAYA [F. 41]; 5. SUBPROCURADOR DE JUSTICIA REGIÓN "C", SEDE CELAYA, GUANAJUATO [F. 38]; y, 6. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO [F. 46-47] . Quienes negaron la existencia de los actos reclamados (consistentes en la orden de aprehensión, arraigo, presentación, comparecencia y su ejecución), en lo que en su ámbito de competencia corresponde; en tanto que, la diversa "JEFE DE ORDENAMIENTOS Y MANDAMIENTOS JUDICIALES DE ESTA CIUDAD" mediante proveído de veinticinco de los corrientes, se tuvo por inexistente y se ordenó suspender toda comunicación con la misma. Por ende, en el caso se actualiza la hipótesis de sobreseimiento en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, que refiere: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." Lo anterior, sin que el quejoso **********, haya aportado prueba alguna en contrario, por lo cual, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". No es obstáculo para decretar el sobreseimiento, que se haga fuera de la audiencia constitucional, pues los actos que les son atribuidos a las autoridades responsables son inexistentes en términos de la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, y al ser manifiesto y evidente la hipótesis de sobreseimiento mencionada, al momento de celebrarse la audiencia constitucional conduciría al mismo resultado apuntado, pues se reitera, aun esperando a celebrar la audiencia, la conclusión sería la misma y nada puede impedir el mencionado resultado, de manera que atendiendo al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 constitucional, carece de objeto esperar la audiencia para resolver en el mismo sentido lo que desde ahora es factible. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía la jurisprudencia 2ª.J, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en las páginas 386 y 387, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y Su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA COSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, Fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad de que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; estos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Asimismo, no constituye óbice para resolver en el sentido anterior, la circunstancia de que se encuentre transcurriendo la vista de ocho días otorgada a las partes en proveídos de veintinueve y treinta de los presente (fojas 27 y 36), con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, toda vez que al haber negado los actos reclamados, no afectaría en el sentido de la sentencia la manifestación que, en su caso, hiciera el quejoso y, en cambio, sí dilataría la impartición de la justicia pronta, en contravención con lo dispuesto por el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dicho principio. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con tres minutos del trece de noviembre de dos mil diecisiete. (Foja 23 vuelta). Gírense los oficios respectivos a las autoridades responsables, para hacer de su conocimiento y efectos legales procedentes.

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