Simón Ruiz López, conducto Saúl González Oranntes
Expediente 357/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 33 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 357/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 28/08/2017
Partes del expediente
- Segunda Sala Regional Colegiada Penal Zona 01, ciudad
- Simón Ruiz López, conducto Saúl González Oranntes
- Simón Ruiz López, conducto Saúl González Oranntes y Otros.
- Pascuál Ruiz Sánchez, conducto Saúl González Oranntes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTIOCHO DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO MEDULAR SEÑALA: ...Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiocho de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro de este expediente, tomando en consideración las constancias que obran en autos. Se precisa que por acuerdo de tres de agosto de dos mil diecisiete, se agregó a los autos el testimonio de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión ***, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, del que se advierte que el tribunal de alzada confirmó el la sentencia en la que se concedió el amparo para los siguientes efectos: "I. Dejar insubsistente la resolución reclamada de doce de junio de dos mil quince, emitida en el toca ***, que modificó el auto de formal prisión de cinco de diciembre de dos mil catorce, dictado por el Juzgado Primero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves, residente en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, que los había considerado probables responsables en la comisión del delito de ROBO EQUIPARADO EN SU MODALIDAD DE ENAJENAR O TRAFICAR DE CUALQUIER MANERA CON VEHÍCULO O VEHÍCULOS ROBADOS Y ASOCIACIÓN DELICTUOSA, dictando en su lugar auto de libertad por falta de elementos para procesar respecto al delito señalado en último lugar y auto de formal prisión como probables responsables del delito de ROBO EN SU MODALIDAD DE TRAFICAR DE CUALQUIER MANERA CON VEHÍCULO ROBADO EN GRADO DE TENTATIVA, previsto por el artículo 281, con relación al 21, sancionado en el precepto 82, primer párrafo, y correlacionados con los diversos 14, párrafos primero y segundo, fracción I, 15, párrafos primero y segundo, y, 19, párrafos primero y segundo, fracción III; todos del Código Penal para el Estado de Chiapas. II. En su lugar, con plenitud de jurisdicción, emita otra que podrá ser en el mismo sentido o en diverso, pero subsanando los vicios formales señalados en el cuerpo de esta resolución, primordialmente superando la incongruencia destacaba, así como fundar y motivar si los elementos de convicción que ponderó pueden ser tomados en cuenta debido a la forma en que se recabaron, como la propia sala lo establece al pronunciarse sobre la declaración ministerial del coinculpado del cual los aprehensores obtuvieron su confesión. Sin que la concesión del amparo sea precisamente para revocar el auto materia de apelación, ya ello dependerá de la justipreciación que haga la sala responsable al subsanar las violaciones formales destacadas, por lo que una vez realizado ello, con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada determinará lo que en derecho corresponda. Es decir, esta resolución no puede ser interpretada en el sentido de que se está vinculando a la sala responsable a revocar en auto apelado y decretar la libertad de los quejosos, pues la eficacia probatoria de todos y cada uno de los medios de convicción allegados a la causa, no se pierde en automático debido a las violaciones advertidas por la sala responsable y a su vez por este juzgador federal, pues serán ilícitas aquellas probanzas vinculadas directamente con tal parte; por tanto, no quedan comprendidos todos los medios de convicción. Se cita por tener aplicación la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 20/95, visible en la página 169, Tesis 228, Novena Época, Materia Penal, Tomo II, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN Y AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EFECTOS DEL AMPARO QUE SE CONCEDE POR FALTA O DEFICIENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE ESAS RESOLUCIONES. Tratándose de órdenes de aprehensión y de autos de formal prisión, el amparo que se concede por las indicadas irregularidades formales, no produce el efecto de dejar en libertad al probable responsable, ni tampoco el de anular actuaciones posteriores, sino que en estos casos, el efecto del amparo consiste en que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso, con lo cual queda cumplido el amparo. De ahí que en la primera de esas hipótesis las irregularidades formales pueden purgarse sin restituir en su libertad al quejoso y sin demérito de las actuaciones posteriores, porque no estando afectado el fondo de la orden de aprehensión o de la formal prisión, deben producir todos los efectos y consecuencias jurídicas a que están destinadas.". En ese sentido, se le requirió el cumplimiento a la autoridad responsable Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 01 Tuxtla, con residencia en esta ciudad. Posteriormente, mediante proveído de catorce de agosto de este año, se dio vista a la parte quejosa y terceros interesados, para que dentro del término de tres días manifestaran lo que a su interés conviniera, en relación a las constancias remitidas por la responsable, en las que adujo haber dado cumplimiento a la ejecutoria. Ahora bien, respecto al cumplimiento de las ejecutorias de amparo, el normativo 196 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla". De lo anterior se desprende que a fin de determinar si en el caso la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones hayan sido correctamente cumplidas, pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Precisado lo anterior, este juzgado estima que en el caso se cumplió con la ejecutoria de amparo, porque mediante resolución de diez de agosto de dos mil diecisiete, la autoridad responsable realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente la resolución reclamada de doce de junio de dos mil quince, en la que resolvió el recurso de apelación interpuesto por los aquí quejosos, en contra del auto de formal prisión de cinco de diciembre de dos mil catorce, dictado por el Juzgado Primero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves, en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, en donde consideró a los quejosos, probables responsables de los delitos de robo equiparado en su modalidad de enajenar o traficar de cualquier manera con vehículo o vehículos robados y asociación delictuosa, cometidos en agravio de *** y la sociedad, respectivamente. 2. Una vez analizadas los medios de pruebas, determinó lo siguiente: a Que la fracción del informe policiaco de los policías ***, carece de todo valor probatorio; por tanto se eliminó y no se tomó como imputación. b Declaró la invalidez total de la declaración ministerial del coprocesado ***, al considerar que se trata de una actuación violatoria de derechos fundamentales, ya que el Ministerio Público se prevalió del informe policiaco anteriormente citado. c Además, estableció que el resto de las pruebas consistentes en la declaración ministerial de la víctima *** chofer del taxi apoderado en el Estado de Tabasco, la declaración ministerial del agraviado *** dueño del vehículo robado, la copia certificada de la averiguación previa número *** que se inició en dicha entidad federativa por los hechos del robo y la factura que ampara la propiedad del automotor robado, fueron incorporadas legalmente, pues a consideración de la sala, dichas pruebas pudieron haber sido obtenidas inevitablemente por otras vías licitas. 3. Después de excluir los medios de prueba mencionados, la autoridad responsable, con libertad de jurisdicción, resolvió modificar el auto de formal prisión de cinco de diciembre de dos mil catorce, dictado por el Juez Primero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas. Luego, si en la nueva resolución, después de practicar tal ejercicio, con libertad de jurisdicción y fundando y motivando la validez de las pruebas, resolvió por una parte, dictar auto de formal prisión en contra de los quejosos ***, como probables responsables del delito de robo en su modalidad de traficar de cualquier manera con vehículo robado en grado de tentativa y por otra, dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar, a favor de los referidos quejoso, de la comisión del delito de asociación delictuosa, es inconcuso que la ejecutoria de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA. Sin que este juzgado advierta que la autoridad señalada como responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplió con la obligación a que se le constriñó sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector o haberla omitido; amén que a la responsable se le dejó plenitud de jurisdicción para que, una vez excluidos los medios de prueba obtenidos de forma ilícita, por haberse violado derechos fundamentales, determinara si con los restantes se acreditaba el cuerpo delito y la probable responsabilidad del quejoso; sin que la concesión del amparo haya sido para dictar auto de libertad, pues al tener libertad de jurisdicción, resolvió lo que en derecho corresponde; de ahí que se determine que no sobrepasó los lineamientos de la ejecutoria de amparo. En lo conducente, es aplicable la jurisprudencia 76/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 12, tomo I, noviembre de 2014, página 605, registro electrónico 2008030, que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO. El artículo 107, fracción XVI, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que la sentencia relativa quede enteramente cumplida; por ello, el análisis que se emprenda en el recurso de inconformidad para determinar si fue correcta o no la determinación que la tuvo por cumplida, no debe limitarse a los argumentos planteados por el recurrente, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con facultades amplias para analizar oficiosamente si la ejecutoria de amparo fue o no acatada. Ahora, si bien es cierto que en la legislación de amparo abrogada, para dicho análisis bastaba con realizar un estudio comparativo general o básico entre lo ordenado en la ejecutoria y lo ejecutado por la autoridad responsable, también lo es que ello obedecía a que en esa legislación se contemplaba al recurso de queja como un medio para combatir el exceso o defecto en el cumplimiento; de ahí que para tener por cumplida la sentencia protectora, era suficiente con que la autoridad acreditara haber realizado lo ordenado, sin que al respecto debiera analizarse si había incurrido en exceso o defecto pues, de ser así, las partes podían interponer el recurso de queja; no obstante, éste ya no se contempla para ese fin en la Ley de Amparo vigente, en tanto que ahora el exceso o defecto puede combatirse a través del recurso de inconformidad. En efecto, aunque el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, sólo señala que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, sin especificar que en él puedan combatirse los excesos o defectos en que incurra la responsable en el cumplimiento, de una interpretación armónica de ese numeral con los artículos 192, párrafo primero, 196 y 197 de la propia ley, se concluye que en este medio de impugnación pueden combatirse esos vicios, pues para que una ejecutoria pueda declararse cumplida es preciso que la responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir en exceso o defecto. Atento a ello, si la materia del recurso de inconformidad, vista en relación con la anterior Ley de Amparo, ha sido ampliada, entonces para resolver este recurso ya no basta con realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable, pues ahora, en adición a ese examen, también debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya habido exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; sin embargo, al hacer ese análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable, pues a pesar de la ampliación en su materia, no es factible que a través de este medio se analice la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable, ni mucho menos introducir aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo". Por tales motivos, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 196 párrafo cuarto y 214 este último interpretado en contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, al haberse declarado cumplida la ejecutoria, por lo que no existe actuación pendiente por realizar. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio en el que se concedió el amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 5. Se ordena devolver a los Magistrados de la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Penal Zona 01 Tuxtla, en esta ciudad, las copias certificadas del toca penal *** un tomo; así como al Juez Primero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves, con residencia en Cintalapa de Figueroa, las copias certificadas el expediente *** dos tomos. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiocho de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro de este expediente, tomando en consideración las constancias que obran en autos. Se precisa que por acuerdo de tres de agosto de dos mil diecisiete, se agregó a los autos el testimonio de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión ***, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, del que se advierte que el tribunal de alzada confirmó el la sentencia en la que se concedió el amparo para los siguientes efectos: "I. Dejar insubsistente la resolución reclamada de doce de junio de dos mil quince, emitida en el toca ***, que modificó el auto de formal prisión de cinco de diciembre de dos mil catorce, dictado por el Juzgado Primero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves, residente en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, que los había considerado probables responsables en la comisión del delito de ROBO EQUIPARADO (EN SU MODALIDAD DE ENAJENAR O TRAFICAR DE CUALQUIER MANERA CON VEHÍCULO O VEHÍCULOS ROBADOS) Y ASOCIACIÓN DELICTUOSA, dictando en su lugar auto de libertad por falta de elementos para procesar respecto al delito señalado en último lugar y auto de formal prisión como probables responsables del delito de ROBO (EN SU MODALIDAD DE TRAFICAR DE CUALQUIER MANERA CON VEHÍCULO ROBADO) EN GRADO DE TENTATIVA, previsto por el artículo 281, con relación al 21, sancionado en el precepto 82, primer párrafo, y correlacionados con los diversos 14, párrafos primero y segundo, fracción I, 15, párrafos primero y segundo, y, 19, párrafos primero y segundo, fracción III; todos del Código Penal para el Estado de Chiapas. II. En su lugar, con plenitud de jurisdicción, emita otra que podrá ser en el mismo sentido o en diverso, pero subsanando los vicios formales señalados en el cuerpo de esta resolución, primordialmente superando la incongruencia destacaba, así como fundar y motivar si los elementos de convicción que ponderó pueden ser tomados en cuenta debido a la forma en que se recabaron, como la propia sala lo establece al pronunciarse sobre la declaración ministerial del coinculpado del cual los aprehensores obtuvieron su confesión. Sin que la concesión del amparo sea precisamente para revocar el auto materia de apelación, ya ello dependerá de la justipreciación que haga la sala responsable al subsanar las violaciones formales destacadas, por lo que una vez realizado ello, con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada determinará lo que en derecho corresponda. Es decir, esta resolución no puede ser interpretada en el sentido de que se está vinculando a la sala responsable a revocar en auto apelado y decretar la libertad de los quejosos, pues la eficacia probatoria de todos y cada uno de los medios de convicción allegados a la causa, no se pierde en automático debido a las violaciones advertidas por la sala responsable y a su vez por este juzgador federal, pues serán ilícitas aquellas probanzas vinculadas directamente con tal parte; por tanto, no quedan comprendidos todos los medios de convicción. Se cita por tener aplicación la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 20/95, visible en la página 169, Tesis 228, Novena Época, Materia Penal, Tomo II, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN Y AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EFECTOS DEL AMPARO QUE SE CONCEDE POR FALTA O DEFICIENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE ESAS RESOLUCIONES. Tratándose de órdenes de aprehensión y de autos de formal prisión, el amparo que se concede por las indicadas irregularidades formales, no produce el efecto de dejar en libertad al probable responsable, ni tampoco el de anular actuaciones posteriores, sino que en estos casos, el efecto del amparo consiste en que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso, con lo cual queda cumplido el amparo. De ahí que en la primera de esas hipótesis las irregularidades formales pueden purgarse sin restituir en su libertad al quejoso y sin demérito de las actuaciones posteriores, porque no estando afectado el fondo de la orden de aprehensión o de la formal prisión, deben producir todos los efectos y consecuencias jurídicas a que están destinadas.". En ese sentido, se le requirió el cumplimiento a la autoridad responsable Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 01 Tuxtla, con residencia en esta ciudad. Posteriormente, mediante proveído de catorce de agosto de este año, se dio vista a la parte quejosa y terceros interesados, para que dentro del término de tres días manifestaran lo que a su interés conviniera, en relación a las constancias remitidas por la responsable, en las que adujo haber dado cumplimiento a la ejecutoria. Ahora bien, respecto al cumplimiento de las ejecutorias de amparo, el normativo 196 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla". De lo anterior se desprende que a fin de determinar si en el caso la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones hayan sido correctamente cumplidas, pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Precisado lo anterior, este juzgado estima que en el caso se cumplió con la ejecutoria de amparo, porque mediante resolución de diez de agosto de dos mil diecisiete, la autoridad responsable realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente la resolución reclamada de doce de junio de dos mil quince, en la que resolvió el recurso de apelación interpuesto por los aquí quejosos, en contra del auto de formal prisión de cinco de diciembre de dos mil catorce, dictado por el Juzgado Primero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves, en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, en donde consideró a los quejosos, probables responsables de los delitos de robo equiparado (en su modalidad de enajenar o traficar de cualquier manera con vehículo o vehículos robados) y asociación delictuosa, cometidos en agravio de *** y la sociedad, respectivamente. 2. Una vez analizadas los medios de pruebas, determinó lo siguiente: a) Que la fracción del informe policiaco de los policías ***, carece de todo valor probatorio; por tanto se eliminó y no se tomó como imputación. b) Declaró la invalidez total de la declaración ministerial del coprocesado ***, al considerar que se trata de una actuación violatoria de derechos fundamentales, ya que el Ministerio Público se prevalió del informe policiaco anteriormente citado. c) Además, estableció que el resto de las pruebas consistentes en la declaración ministerial de la víctima *** (chofer del taxi apoderado en el Estado de Tabasco), la declaración ministerial del agraviado *** (dueño del vehículo robado), la copia certificada de la averiguación previa número *** que se inició en dicha entidad federativa por los hechos del robo y la factura que ampara la propiedad del automotor robado, fueron incorporadas legalmente, pues a consideración de la sala, dichas pruebas pudieron haber sido obtenidas inevitablemente por otras vías licitas. 3. Después de excluir los medios de prueba mencionados, la autoridad responsable, con libertad de jurisdicción, resolvió modificar el auto de formal prisión de cinco de diciembre de dos mil catorce, dictado por el Juez Primero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas. Luego, si en la nueva resolución, después de practicar tal ejercicio, con libertad de jurisdicción y fundando y motivando la validez de las pruebas, resolvió por una parte, dictar auto de formal prisión en contra de los quejosos ***, como probables responsables del delito de robo (en su modalidad de traficar de cualquier manera con vehículo robado) en grado de tentativa y por otra, dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar, a favor de los referidos quejoso, de la comisión del delito de asociación delictuosa, es inconcuso que la ejecutoria de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA. Sin que este juzgado advierta que la autoridad señalada como responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplió con la obligación a que se le constriñó sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector o haberla omitido; amén que a la responsable se le dejó plenitud de jurisdicción para que, una vez excluidos los medios de prueba obtenidos de forma ilícita, por haberse violado derechos fundamentales, determinara si con los restantes se acreditaba el cuerpo delito y la probable responsabilidad del quejoso; sin que la concesión del amparo haya sido para dictar auto de libertad, pues al tener libertad de jurisdicción, resolvió lo que en derecho corresponde; de ahí que se determine que no sobrepasó los lineamientos de la ejecutoria de amparo. En lo conducente, es aplicable la jurisprudencia 76/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 12, tomo I, noviembre de 2014, página 605, registro electrónico 2008030, que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO. El artículo 107, fracción XVI, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que la sentencia relativa quede enteramente cumplida; por ello, el análisis que se emprenda en el recurso de inconformidad para determinar si fue correcta o no la determinación que la tuvo por cumplida, no debe limitarse a los argumentos planteados por el recurrente, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con facultades amplias para analizar oficiosamente si la ejecutoria de amparo fue o no acatada. Ahora, si bien es cierto que en la legislación de amparo abrogada, para dicho análisis bastaba con realizar un estudio comparativo general o básico entre lo ordenado en la ejecutoria y lo ejecutado por la autoridad responsable, también lo es que ello obedecía a que en esa legislación se contemplaba al recurso de queja como un medio para combatir el exceso o defecto en el cumplimiento; de ahí que para tener por cumplida la sentencia protectora, era suficiente con que la autoridad acreditara haber realizado lo ordenado, sin que al respecto debiera analizarse si había incurrido en exceso o defecto pues, de ser así, las partes podían interponer el recurso de queja; no obstante, éste ya no se contempla para ese fin en la Ley de Amparo vigente, en tanto que ahora el exceso o defecto puede combatirse a través del recurso de inconformidad. En efecto, aunque el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, sólo señala que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, sin especificar que en él puedan combatirse los excesos o defectos en que incurra la responsable en el cumplimiento, de una interpretación armónica de ese numeral con los artículos 192, párrafo primero, 196 y 197 de la propia ley, se concluye que en este medio de impugnación pueden combatirse esos vicios, pues para que una ejecutoria pueda declararse cumplida es preciso que la responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir en exceso o defecto. Atento a ello, si la materia del recurso de inconformidad, vista en relación con la anterior Ley de Amparo, ha sido ampliada, entonces para resolver este recurso ya no basta con realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable, pues ahora, en adición a ese examen, también debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya habido exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; sin embargo, al hacer ese análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable, pues a pesar de la ampliación en su materia, no es factible que a través de este medio se analice la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable, ni mucho menos introducir aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo". Por tales motivos, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 196 párrafo cuarto y 214 este último interpretado en contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, al haberse declarado cumplida la ejecutoria, por lo que no existe actuación pendiente por realizar. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio en el que se concedió el amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 5. Se ordena devolver a los Magistrados de la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Penal Zona 01 Tuxtla, en esta ciudad, las copias certificadas del toca penal *** (un tomo); así como al Juez Primero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves, con residencia en Cintalapa de Figueroa, las copias certificadas el expediente *** (dos tomos). VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, catorce de agosto de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el oficio de la secretaria general de acuerdos de la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 01 Tuxtla, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa el acto que realizó para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista a la parte quejosa y tercera interesada con la comunicación y anexos de cuenta por el plazo de tres días a efecto de que manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidas que de no hacerlo, considerando los elementos que obren en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad responsable se resolverá respecto de dicho cumplimiento. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa, por lista al tercero interesado ************ y mediante oficio a los diversos agente del Ministerio Público adscrito a la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 01 Tuxtla, de esta ciudad y Fiscal del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; tres de agosto de dos mil diecisiete. Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, ténganse por recibidos los presentes autos con la comunicación oficial suscrita por la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, testimonio de ejecutoria dictado dentro del amparo en revisión número 160/2017 y cuatro tomos de pruebas, consistentes en copias certificadas del expediente ****** (tres tomos) y del toca penal ******. Acúsese recibo. En la ejecutoria recibida, se advierte que el Tribunal de Alzada CONFIRMÓ la sentencia dictada en este asunto, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso *******, contra los actos que reclamó de la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 01 Tuxtla, con domicilio en esta ciudad y otras autoridades. Comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno. En términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 01 Tuxtla, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del oficio que al efecto se envíe, remita copia certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a los quejosos, para que la responsable: "I. Dejar insubsistente la resolución reclamada de doce de junio de dos mil quince, emitida en el toca ********, que modificó el auto de formal prisión de cinco de diciembre de dos mil catorce, dictado por el Juzgado Primero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves, residente en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, que los había considerado probables responsables en la comisión del delito de ROBO EQUIPARADO (EN SU MODALIDAD DE ENAJENAR O TRAFICAR DE CUALQUIER MANERA CON VEHÍCULO O VEHÍCULOS ROBADOS) Y ASOCIACIÓN DELICTUOSA, dictando en su lugar auto de libertad por falta de elementos para procesar respecto al delito señalado en último lugar y auto de formal prisión como probables responsables del delito de ROBO (EN SU MODALIDAD DE TRAFICAR DE CUALQUIER MANERA CON VEHÍCULO ROBADO) EN GRADO DE TENTATIVA, previsto por el artículo 281, con relación al 21, sancionado en el precepto 82, primer párrafo, y correlacionados con los diversos 14, párrafos primero y segundo, fracción I, 15, párrafos primero y segundo, y, 19, párrafos primero y segundo, fracción III; todos del Código Penal para el Estado de Chiapas. II. En su lugar, con plenitud de jurisdicción, emita otra que podrá ser en el mismo sentido o en diverso, pero subsanando los vicios formales señalados en el cuerpo de esta resolución, primordialmente superando la incongruencia destacaba, así como fundar y motivar si los elementos de convicción que ponderó pueden ser tomados en cuenta debido a la forma en que se recabaron, como la propia sala lo establece al pronunciarse sobre la declaración ministerial del coinculpado del cual los aprehensores obtuvieron su confesión. Sin que la concesión del amparo sea precisamente para revocar el auto materia de apelación, ya ello dependerá de la justipreciación que haga la sala responsable al subsanar las violaciones formales destacadas, por lo que una vez realizado ello, con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada determinará lo que en derecho corresponda. Es decir, esta resolución no puede ser interpretada en el sentido de que se está vinculando a la sala responsable a revocar en auto apelado y decretar la libertad de los quejosos, pues la eficacia probatoria de todos y cada uno de los medios de convicción allegados a la causa, no se pierde en automático debido a las violaciones advertidas por la sala responsable y a su vez por este juzgador federal, pues serán ilícitas aquellas probanzas vinculadas directamente con tal parte; por tanto, no quedan comprendidos todos los medios de convicción. Con el apercibimiento que de no hacerlo así o de no informar el impedimento que tenga para ello, este juzgado se pronunciará sobre el incumplimiento, le impondrá una multa por el equivalente a la suma de cien Unidades de Medida y Actualización , que arroja la cantidad de $7,549.00 (siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 moneda nacional) conforme lo dispone el artículo Segundo Transitorio, del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el diario Oficial de la Federación el nueve de enero del dos mil diecisiete. Lo anterior, en términos de lo dispuesto en el numeral 238, en relación con el diverso 258, de la ley de la materia y remitirá este expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en turno, con domicilio en esta ciudad, para el trámite correspondiente, de conformidad con el dispositivo legal 193 de la Ley de Amparo. Finalmente, respecto al cuaderno de antecedentes que se formó para la tramitación del recurso, al resultar innecesaria su conservación, se ordena desglosar las actuaciones que se efectuaron y agregarlas para que obren como corresponda en este expediente, sin que sea necesario glosar al mismo las copias con las que se integró el citado cuaderno, de las cuales, se ordena su destrucción para evitar así dualidad de constancias innecesarias; por lo tanto, comisiónese para tal efecto al Actuario Judicial adscrito a este órgano de control constitucional. Notifíquese.
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