Simón Nicolas Velasquez Cerón

Expediente 156/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
156/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
19/02/2018

Partes del expediente

  • Simón Nicolas Velasquez Cerón

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VII. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de siete de los cursantes (fojas 18 a 28), mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis de asuntos destruibles, contenido en dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y a juicio de este Juzgado no es de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA VII. RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA DEMANDA Por recibida la demanda de amparo promovida por ***********************, por medio de la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número ****. ESTUDIO DE CAUSA DE IMPROCEDENCIA Al respecto, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: .. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que en relación con el acto que reclama la parte quejosa, consistente en la aprobación, promulgación y publicación de la Ley de Seguridad Interior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, específicamente sus artículos 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 26 y 30, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en las fracciones XII y XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, esta última en relación con el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. Para abordar el estudio respectivo, es importante invocar las normas generales citadas:. En ese sentido, el artículo 5°, fracción I, de la referida Ley de Amparo dispone: ... De conformidad con los artículos transcritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. En ese sentido, resulta conveniente destacar que conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo puede promoverse por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, o en su caso, por aquella que tenga un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados, interés que proviene de la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia. Esta concepción constitucional fue plasmada en la fracción I del artículo 5° de la Ley de Amparo transcrito, que dispone que tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, previstos en el artículo 1° de la ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Precisado lo anterior, se debe determinar lo que se entiende por interés jurídico e interés legítimo para los efectos de la procedencia del juicio constitucional en la vía indirecta. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, al respecto, ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. De lo anterior se advierte que existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación. En suma, son dos los supuestos que integran el interés jurídico; el primero de ellos, la existencia y titularidad de un derecho y el segundo, el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales. Esto es, el interés jurídico para impugnar mediante el juicio de amparo una conducta autoritaria deviene del perjuicio que ésta ocasione en uno o varios derechos, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Esa prerrogativa protegida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales, es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio. Por otra parte, el interés legítimo ha sido concebido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el que tienen aquellas personas que por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser las destinatarias de una norma, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o perjuicio inmediato. Así, el Alto Tribunal expuso que el interés legítimo existe siempre que pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida habría de colocar al accionante en condiciones de conseguir un determinado beneficio, sin que sea necesario que quede asegurado de antemano que forzosamente haya de obtenerlo, ni que deba tener apoyo en un precepto legal expreso y declarativo de derechos y concluyó que la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto impugnado pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto, sino resultado inmediato de la resolución que se dicte o llegue a dictarse. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al precisar el alcance jurídico del concepto de interés legítimo para efectos de la procedencia del juicio de amparo, señaló que este tipo de interés no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su especial situación frente al orden jurídico, lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella. Este criterio dio origen a la tesis 2ª. XVIII/2013 (10ª), consultable en la página 1736 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, cuyo rubro es: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO." Conforme a lo expuesto, pueden identificarse algunos rasgos característicos que diferencian al interés legítimo del interés jurídico, los cuales pudieran resultar orientadores para determinar en qué casos debe satisfacerse uno u otro a fin de acreditar el interés exigido por la norma constitucional para efectos de la procedencia del juicio de amparo. En ese contexto, al resolver la contradicción de tesis 69/2002-SS, que dio origen a la jurisprudencia de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo referencia a las características que permiten identificarlo y que son las siguientes: a) Si prospera la acción, ello se traduce en un beneficio jurídico en favor del accionante. b) Está garantizado por el derecho objetivo, pero no da lugar a un derecho subjetivo. c) Debe existir una afectación a la esfera jurídica del particular. d) El titular del interés legítimo tiene un interés propio y distinto de otros gobernados, consistente en que los actos de la administración pública, que incidan en el ámbito de ese interés propio, se ajusten a derecho. e) Es un interés cualificado, actual y real, y no potencial o hipotético, por lo cual se le estima como un interés jurídicamente relevante. f) La anulación del acto de autoridad produce efectos en la esfera jurídica del gobernado. Así, el juicio de amparo podrá promoverse por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado (interés jurídico) o, en su caso, por aquella que tenga un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados (interés legítimo), el cual proviene de la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Ambos tipos de interés participan de cuatro elementos o rasgos característicos que los diferencian, los cuales resultan orientadores para determinar en qué casos debe satisfacerse uno u otro, a fin de acreditar el exigido por la norma constitucional para efectos de la procedencia del juicio de amparo, los cuales son: a) Titularidad del interés: tratándose del jurídico es una persona, de manera individual y exclusiva, mientras que del legítimo, un grupo de personas; b) Poder de exigencia del titular: tratándose del primero es la capacidad de exigir de otro, en este caso, de la autoridad, que realice cierta conducta de dar, hacer o no hacer en su beneficio, mientras que en el segundo no puede exigirse una prestación para sí, sino sólo puede exigir que la autoridad actúe conforme a la ley, porque la violación a ésta le produce una afectación a su situación, su cumplimiento, un beneficio o una ventaja jurídica; c) Norma de la que surge: tratándose del jurídico se crea para salvaguardar los intereses de particulares individualmente considerados, mientras que respecto del legítimo es para salvaguardar intereses generales, el orden público o el interés social; y d) Tipo de afectación que sufre el titular del interés: tratándose del jurídico la afectación deriva de una lesión directa a la esfera jurídica del gobernado, en tanto que en relación con el legítimo se produce de manera indirecta, es decir, no es una lesión a la persona, sino a la comunidad, sin embargo, afecta o impacta calificadamente a un grupo de personas que pertenecen a esa comunidad por la posición que guardan frente al acto. Ilustra lo anterior la jurisprudencia XXVII.1o. (VIII Región) J/4 (10a), Visible en la página 1807 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, Décima Época, que a continuación se reproduce:. Lo anterior implica que la acción será procedente cuando el promovente: a) Sea titular de un interés jurídico, incluyendo en esta hipótesis cuando alegue ser parte en un procedimiento administrativo; b) Sea titular de un interés legítimo, según ha quedado caracterizado. Es decir, el interés jurídico de una persona surge cuando el acto reclamado se relaciona con su esfera jurídica, entendiéndose por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto, persona física o moral, privada u oficial. De ese modo, si el acto o ley reclamada, no se refiere a los derechos contenidos en la esfera jurídica de la parte quejosa, ésta carece de interés jurídico para impugnarlos en el juicio de amparo y, en consecuencia, debe declararse la improcedencia del juicio, en términos de las normas citadas. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 168/2007 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 225, Tomo XXVII, Enero de dos mil ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que es del rubro siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS". Asimismo, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 690, Libro 33, agosto de dos mil dieciséis, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE." En ese sentido, la falta de interés jurídico deriva de la ausencia de afectación directa de algún derecho subjetivo, sobre todo, porque la sola presentación de la demanda de amparo no establece en modo alguno una presunción juris tantum en favor del peticionario de amparo, a fin de acreditar su interés jurídico; dado que, la eficacia del mismo está condicionada a su demostración, sin que sea permisible ni válido relevar a la parte promovente de su obligación de probarlo para instar el juicio constitucional. Asimismo, la reforma a la fracción I, del artículo 107 constitucional, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo, sin embargo, no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda a dicho medio de control constitucional, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige a la parte quejosa que demuestre algo más que un interés simple, entendido como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado, pero que en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. Por tanto, si la emisión de la norma impugnada tiene como finalidad regular la función del Estado para preservar la Seguridad Interior, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, es evidente que no existe tutela jurídica alguna del interés en que se apoya la pretensión del peticionario del amparo, que acredite agravio jurídico alguno -directo o indirecto- que lo legitime para instar esta vía constitucional, es decir, dicho contendiente no se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad ante la posible afectación con la entrada en vigor de la norma que reclama; por tanto, puede decirse que sólo le asiste un interés simple, el cual no da lugar a la procedencia del juicio de amparo. Apoya a la anterior consideración la jurisprudencia, sustentada por la Segunda Sala de la SCJN, visible en la página 1078, número 2 A /J 57/2017 (10ª), del tomo II, junio de dos mil diecisiete, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra establece: . Máxime que de la lectura de la legislación en comento, en específico de sus numerales 6, 11, 13 y 14 se advierten las siguientes consideraciones: a) El Consejo de Seguridad Nacional emitirá lineamientos para la participación de las entidades federativas en las acciones de seguridad interior, para la atención eficaz de la Agencia Nacional de Riesgos y, en su caso, para el restablecimiento de la colaboración de las entidades federativas y municipios en las tareas de preservación de la seguridad nacional. b) Corresponde a las autoridades federales, incluyendo las fuerzas armadas, por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno, identificar, prevenir, atender, reducir y contener las amenazas a la seguridad interior. El Presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las legislaturas de los estados o de su ejecutivo, en caso de receso de aquellas, la intervención de la Federación para la realización e implementación de acciones de seguridad interior en el territorio de una entidad federativa o zona geográfica del país, previa emisión de una declaratoria de protección a la seguridad interior, cuando se actualice alguna de las amenazas a la seguridad interior. c) Las peticiones referidas en el inciso anterior deberán contener las consideraciones que las motivan, así como una descripción detallada de los hechos o situaciones que constituyan una amenaza a la seguridad interior. d) El acuerdo de la declaratoria de protección a la seguridad interior deberá contener lo siguiente: I. Autoridad o institución federal coordinadora y las demás que participarán; II. La amenaza a la seguridad interior que se atenderá; III. Las entidades federativas o áreas geográficas en las que se realizarán las acciones de seguridad interior; IV. Las acciones que se requieran a cargo de las entidades federativas o municipios para contribuir a la atención de la amenaza a la seguridad interior; V. Las fuerzas federales participantes; VI. En su caso, la determinación sobre la disposición de las fuerzas armadas para atender la amenaza, en términos de lo dispuesto por el artículo 20 de esa Ley; VII. Las acciones de seguridad interior que se llevarán a cabo, y VIII. La temporalidad de la declaratoria. Así, como se corrobora de las citadas disposiciones, la legislación reclamada no causa afectación inmediata a la esfera de derechos del impetrante, esto es, no lo vincula desde su vigencia, ya que la misma tiene el carácter de heteroaplicativa y no autoaplicativa, porque no sujeta al particular desde su vigencia; sino que, para que se individualice en su contra es indispensable que se lleven a cabos diversas actuaciones que únicamente pueden ser realizadas a petición de los órganos legislativos de las entidades federativas; asimismo, el Consejo de Seguridad Nacional deberá emitir lineamientos para la participación de las entidades federativas en las acciones de seguridad interior, lo que en el caso aún no acontece. Habida cuenta que el acuerdo de la declaratoria de protección a la seguridad interior debe contener diversos requisitos que establece el numeral 14 de la Ley de Seguridad Interior. Sin que este juzgado federal soslaye que el numeral 26 de la citada ley refiere que las autoridades federales, incluidas las fuerzas armadas, en el ámbito de sus competencias, de acuerdo con la Constitución General y las leyes aplicables, llevarán a cabo las acciones de seguridad interior que sean necesarias, pertinentes y eficaces para identificar, prevenir y atender riesgos en aquellas zonas o áreas geográficas del país, vías generales de comunicación e instalaciones estratégicas que lo requieran, así como para garantizar el cumplimiento del Programa de Seguridad Nacional y la Agenda Nacional de Riesgos. Asimismo, estatuye que las acciones que se realicen para identificar, prevenir y atender riesgos a la seguridad interior son de carácter permanente y no requieren de la emisión de una declaratoria de protección a la seguridad interior, pudiendo suscribirse los convenios que en su caso requieran. Lo que pone en evidencia que dicho numeral si bien establece que las acciones que se realicen para identificar, prevenir y atender riesgos a la seguridad interior son de carácter permanente y no requieren de la emisión de una declaratoria de protección a la seguridad interior, se condiciona a la suscripción de los convenios que en su caso requieran. En el mismo orden de ideas, el artículo quinto transitorio estatuye que dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior, las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales en los que se estuvieren realizando acciones que puedan ser materia de una declaratoria de protección en términos de la misma, a efecto de solicitar la declaratoria correspondiente, deberán, en el ámbito de sus atribuciones, presentar un programa con plazos, acciones y presupuesto para dar cumplimiento al modelo de función policial aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el cual incluya los objetivos respecto del estado de fuerza mínimo requerido, las condiciones de desarrollo policial, así como protocolos, evaluaciones y las unidades operativas y de formación necesarias para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad. De igual manera, indica que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en un plazo de noventa días, contados a partir de que las entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales, según corresponda, acrediten la presentación del programa señalado en el párrafo anterior, deberá emitir el dictamen correspondiente, mismo que le será entregado al solicitante. Lo que igualmente condiciona la aplicación de la citada legislación en los términos que el mencionado precepto indica. Por tanto, la Ley de Seguridad Interior es de carácter heteroaplicativo y no autoaplicativo, pues se necesita en primera instancia, que el Presidente de la República, o los funcionarios facultados peticionen la intervención de la Federación para la realización e implementación de acciones de seguridad interior en el territorio de una entidad federativa o zona geográfica del país, previa emisión de una declaratoria de protección a la seguridad interior (la cual debe cumplir diversos requisitos enumerados en el dispositivo 14 del citado ordenamiento), para que le ocasione algún perjuicio a la parte quejosa y éste pueda ser reclamado en esta instancia federal. Al respecto, la Ley de Amparo distingue en el ordinal 61, fracción XII, entre las leyes que por su sola expedición entrañan violación de las garantías y aquellas que para realizar las violaciones requieren además de la expedición, de un acto posterior de autoridad; por tanto, esta distinción no se basa en la circunstancia que en el momento de expedirse la norma existan individuos colocados en su hipótesis, sino en la manera de cómo se ejecuta el mandamiento; es decir, si para realizar éste debe intervenir la autoridad ya sea jurisdiccional o administrativa, o incluso por medio de la voluntad del particular, la ley no es autoaplicativa ni se le puede combatir en amparo por su sola expedición; si, en cambio, basta el imperativo de la norma para que el particular no pueda dejar de cumplirla, en virtud de que se crean, modifican o extinguen situaciones concretas de derecho y, por lo mismo, la actividad de los órganos del Estado es meramente pasiva ante la realización del mandato de observancia general o no se presenta un acto voluntario del particular para situarse en el supuesto normativo; entonces, se está frente a disposiciones que por su sola expedición pueden atacarse en el juicio constitucional, si se les estima inconstitucionales y se pretende no sufrir su aplicación. Luego, si la mencionada norma controvertida no ha incidido en su esfera jurídica, en consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, pues no existe el acto concreto de aplicación, el cual es necesario al tener el precepto impugnado carácter de heteroaplicativo. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 77/97, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 382, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza:.. Ilustra también a la anterior consideración el contenido de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, Tomo XII, Agosto de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece:.. No es óbice a lo anterior que la parte quejosa manifieste que tiene interés legítimo para reclamar la ley antes precisada, pues en el caso no se advierte tal existencia. Pues, como se dijo, la demanda resulta improcedente porque de los numerales reproducidos en párrafos precedentes, se advierte que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien le afecte el acto reclamado en sus intereses jurídicos o legítimos y, por esa razón, es presupuesto para la procedencia de la acción de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracciones XII y XXIII, este último en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, aplicado a contario sensu, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO. Asimismo, cabe hacer mención que no pasa inadvertido lo resulto en los diversos juicios de amparo ****, ****, **** y *****, del índice de este juzgado, los cuales presentan características similares al que ahora se provee; sin embargo, de una nueva reflexión, quien esto resuelve considera proveer en los presentes términos. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Como lo solicita el quejoso, con apoyo en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se publican en los estrados de este juzgado. AUTORIZADOS Se tienen por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones, por así solicitarlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. LEY DE TRANSPARENCIA Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese.

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