Simon Narvaez Martinez
Expediente 526/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 10 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 526/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 03/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Simon Narvaez Martinez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
VISTO el estado que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, mediante proveído de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable vinculada para ello, a la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías; en consecuencia, el suscrito Juzgador Federal procede a pronunciarse respecto de dicho cumplimiento, en base a las constancias que obran en autos, y a lo que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece. Tiene aplicación a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2ª./J.26/2000, consultable en la página 242 del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de 2000, que dice: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Ahora bien, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, en los autos del Juicio de Amparo en Revisión 280/2018, determinó conceder la protección Constitucional para los siguientes efectos: En esas condiciones, al resultar parcialmente fundados los agravios propuestos, procede en el caso revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el fallo reclamado y, emita uno nuevo, en el cual, luego de reiterar los aspectos que no son motivo de la concesión: a).- De manera congruente y conforme al grado de dificultad determinado en el incidente de liquidación de costas procesales, se pronuncie nuevamente sobre la prestación prevista en el artículo 15 fracción I, de la Ley Arancelaria para el Cobro de Honorarios de Abogados y Notarios y de Costas Procesales para el Estado de Guanajuato y determine que por tal concepto corresponden 12.5 doce punto cinco Unidades de Medida y Actualización diaria; b).- Al decidir sobre la prestación prevista en el artículo 15, fracción III, de la ley arancelaria en cita, tenga en cuenta lo reclamado en el juicio y determine si las cantidades que por ese concepto reclama el actor incidental en la planilla respectiva, se encuentran debidamente cuantificadas: c).- Hecho lo anterior, resuelva lo conducente de manera fundada y motivada. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio 1006 registrado en la Oficialía de Partes con el folio número 4326, la autoridad responsable Juez Único Menor Mixto con sede en Villagrán, Guanajuato, comunicó el cumplimiento dado a la ejecutoria que nos ocupa, para lo cual adjuntó copia certificada de la resolución de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, dictada en los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil M-239/2016, en la que se pronunció respecto de las fracciones I y III del artículo 15 de la Ley Arancelaria para el cobro de honorarios profesionales de Abogados Notarios y de Costas Procesales para el Estado de Guanajuato. En esa tesitura, este Órgano de Control Constitucional estima, que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente Juicio de Amparo; por tanto, de conformidad con el artículo 196 de la citada Ley de Amparo, se tiene por cumplido el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación CXIV/97, consultable en la página 414 del Tomo VI, octubre de 1997, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, que es del siguiente tenor: EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentas las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal y otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la y incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación que en el supuesto de que se declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. Ahora bien, téngase por recibido el escrito de cuenta signado por el quejoso ***, por medio del cual formula diversas manifestaciones con relación a la resolución de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, dictada en los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil *** por la autoridad señalada como responsable, en la que se pronunció respecto de las fracciones I y III del artículo 15 de la Ley Arancelaria para el cobro de honorarios profesionales de Abogados Notarios y de Costas Procesales para el Estado de Guanajuato. En el caso, aduce que las cantidades respecto de las cuales se condenó a su contraparte al pago de costas A SU CONSIDERACIÓN, son menores a la condena que debía imponérsele. Al caso debe indicarse al promovente que, como quedó transcrito en párrafos anteriores, los efectos de la protección constitucional fueron específicos en cuanto a la fracción I, del artículo 15 de la Ley Arancelaria para el cobro de honorarios profesionales de Abogados Notarios y de Costas Procesales para el Estado de Guanajuato y, con relación a la fracción III de tal numeral, la autoridad responsable debía considerar tal para cuantificar la condena respectiva. Por tanto, de la lectura de la citada resolución materia de cumplimiento de sentencia, se lee que efectivamente en la misma se consideraron ambas fracciones para imponer condena al ahí condenado; siendo que ese resultado (cantidad líquida) no es parte del cumplimiento de la sentencia; de ahí que se dejan a salvo los derechos del promovente para que si es su deseo, se inconforme con tal resolución a través del medio jurídico procedente. Por todo lo anterior, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio uno de los puntos del fallo emitido, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo.
- Principal
Agréguense a los autos del juicio de amparo en que se actúa, para que obren como corresponda y surtan los efectos legales a que haya lugar los oficios de cuenta, signados por el Juez Único Menor Mixto, con sede en Villagrán, Guanajuato, mediante los cuales acusa recibo de la resolución de amparo en revisión 280/2018, de doce de abril de dos mil diecinueve, asimismo, téngase a dicha autoridad adjuntando copia certificada del proveído de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, del que se advierte que deja insubsistente la resolución dictada el cinco de junio de dos mil dieciocho en el Juicio Ejecutivo Mercantil número ***, y comunica las gestiones a realizar para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En este orden, en los segundos de los oficios de cuenta, la citada autoridad aduce dar cumplimiento a la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, Guanajuato y adjunta copia certificada de la resolución de veintidós de mayo de dos mil diecinueve; consecuentemente, se procede a dar vista a la parte quejosa con los citados oficios y anexo, para que en el término de TRES DIAS, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga en relación a dicho cumplimiento y, una vez transcurrido dicho término, este Tribunal Federal, se pronunciará al respecto.
- Principal
Por recibido el oficio número 3361, que suscribe el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, Capital, al que adjunta el expediente original del juicio de amparo número 526/2018, dos tomos de cuaderno de pruebas, y copia certificada del Testimonio de la resolución dictada en el Amparo en Revisión Civil 280/2018, interpuesto por ***, en sesión celebrada por dicho Tribunal el doce de abril de dos mil diecinueve, la cual en los puntos resolutivos, dice lo siguiente: PRIMERO.- Queda intocado el resolutivo primero de la sentencia recurrida. SEGUNDO.- En la Materia de la revisión se revoca la sentencia recurrida. TERCERO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a ***, en contra del acto y de la autoridad que quedaron precisados en el resultando primero de la presente resolución. El amparo se concede para los efectos precisados al final de la presente ejecutoria. Acúsese el recibo correspondiente a la Superioridad. En tal virtud, en acatamiento a lo ordenado por la Superioridad y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable JUEZ ÚNICO MENOR MIXTO, CON SEDE EN VILLAGRÁN, GUANAJUATO, para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir de que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, de cumplimiento a la ejecutoria de que se trata, remitiendo las constancias respectivas, para tal efecto se adjunta copia certificada de la misma. En el entendido de que en caso de no cumplir la autoridad requerida con dicho mandato, dentro del lapso concedido, sin causa justificada, se le impondrá una multa y, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Ello de conformidad con el artículo 192 del capítulo I, de la Ley de Amparo. Finalmente, toda vez que resulta innecesaria la retención de DOS TOMOS de copias certificadas, que acompañó el Juez responsable a su informe con justificación, por tanto, se ordena devolver los mismos a su lugar de origen.
- Principal
Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio, signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, Guanajuato, mediante el cual comunica que dicho Tribunal admitió el recurso de revisión interpuesto por el quejoso ***, en contra de la sentencia emitida el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, en el juicio de amparo número 526/2018, quedando registrado bajo el número A.R.C.280/2018-V.
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