Simón Hernández Sánchez

Expediente 110/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 13 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
110/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
19/04/2021

Partes del expediente

  • Simón Hernández Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Incidental

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado actual que guardan los autos relativos al presente juicio de amparo, se advierte que mediante resolución de catorce de febrero de dos mil veinte (fojas 22 a 30), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Alma Delia Gaspar Hernández, Elisa Estrada Rueda, Perla Elizabeth Casanova Gallardo, Esperanza Espinoza Hernández, Araceli Martínez Cervantes, Martha Esther Bernal Martínez, Miriam Yuridia Hernández Bautista y Rebeca Tolentino Rivera; asimismo, que en acuerdo de seis de marzo siguiente (fojas 35 y 36), causó ejecutoria el citado fallo, requiriendo a la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, el cumplimiento a tal determinación, ello con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Ahora bien, mediante oficio 247/2021, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, remitió la calificación de la excusa de seis de noviembre de dos mil veinte, en la que se resolvió que la licenciada María Xóchitl Sánchez Fernández, en su carácter de Auxiliar Jurídico adscrita a esa dependencia, es quien debería seguir conociendo del expediente laboral 330/E06/2019 (fojas 67 a 71); por lo que, en proveído de nueve de febrero de dos mil veintiuno (fojas 72 y 73), se le requirió para que diera cumplimiento al fallo dictado en este asunto. Así las cosas, en razón de que la aludida autoridad no informó sobre el cumplimiento dado al fallo protector dictado en el presente asunto, por autos de veintiséis de febrero (foja 76) y veinticuatro de marzo (foja 79), ambos del año en curso, se requirió nuevamente a la auxiliar citada en el párrafo que antecede, para que acatara la sentencia en comento; sin embargo, siguió desobedeciendo dichos mandatos, pues, como se desprende de autos, no informó nada respecto a ello; es decir, no cumplió con la ejecutoria, no justificó el retraso, ni demostró que se encuentre en vías de cumplimiento. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que fue conminada la licenciada María Xóchitl Sánchez Fernández, en su carácter de Auxiliar Jurídico de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, por lo que se le impone una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalentes a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos, moneda nacional); lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 258 de la ley de la materia. Es de precisarse que del estado de autos se puede inferir válidamente que desde el diez de febrero de dos mil veintiuno (foja 75), dicha funcionaria quedó debidamente notificada del requerimiento y del apercibimiento que le fue efectuado por este Juzgado de Distrito en auto de nueve del mencionado mes y año (fojas 72 y 73) y, como consecuencia de ello, se aplicaría la multa en comento. Ahora bien, por cuanto al procedimiento para la imposición de una medida de apremio y tomando en consideración que el apercibimiento es una prevención especial de la autoridad hacia quien va dirigido el mandamiento, que especifica un hacer o dejar de hacer algo que debe cumplirse, que se concreta en una advertencia conminatoria respecto de una sanción que se puede aplicar en caso de incumplimiento, puede concluirse que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, que consagran los principios de legalidad y seguridad jurídica, para la aplicación de la medida, la autoridad debe emitir su mandamiento en términos y bajo las condiciones establecidas por dichos principios para que el gobernado tenga la certeza de que aquél está conforme con las disposiciones legales y sus atribuciones. Los requisitos mínimos que tal mandamiento debe contener son: a) La existencia de una determinación jurisdiccional debidamente fundada y motivada, que deba ser cumplida por las partes o por alguna de las personas involucradas en el litigio; y b) La comunicación oportuna, mediante notificación personal al obligado, con el apercibimiento de que, de no obedecerla, se le aplicará una medida de apremio precisa y concreta. En la especie, se consideran actualizados los dos anteriores extremos, pues, como ya se señaló con antelación, el nueve (fojas 72 y 73) y el veintiséis (foja 76), ambos de febrero; y el veinticuatro de marzo (foja 79), todos del año en curso, se requirió a la responsable para que cumpliera con la sentencia protectora ejecutoriada; sin que lo haya hecho ni realizado manifestación alguna al respecto, no obstante de haber sido notificada para ello los días diez de febrero (foja 75), dos (foja 78) y veinticinco (foja 81), ambos de marzo, todos de la presente anualidad. Sobre estas bases, como ya se dijo, se hace efectivo el apercibimiento con que fue conminada la funcionaria de referencia. Ahora bien, previo a girar el oficio a la autoridad correspondiente para que proceda al cobro de la referida sanción, con el objeto de recabar mayores datos para su ejecución, gírese oficio al Secretario del Trabajo del Gobierno del estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del momento en que tenga conocimiento del presente, informe a este órgano judicial los datos de registro federal de contribuyente y domicilio particular de la citada funcionaria; bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, equivalentes a la cantidad de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos, moneda nacional); ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta a la licenciada María Xóchitl Sánchez Fernández, en su carácter de Auxiliar Jurídico adscrita a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, para que dentro del improrrogable término de tres días, informe a este juzgado sobre el cumplimiento dado a la sentencia protectora emitida en este juicio, debiendo remitir las constancias respectivas; apercibida que en caso de no acatar a lo aquí ordenado se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalentes a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos, moneda nacional); lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 258 de la ley de la materia; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Gilberto Anaya Camargo, Secretario que actúa y da fe.

  2. Incidental

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, nueve de abril de dos mil veintiuno. Téngase por recibido y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del arábigo 2° de esa última legislación, glósese a los autos el escrito firmado por el quejoso Simón Hernández Sánchez, por medio del cual solicita la devolución del billete de depósito que fue exhibido ante este juzgado federal, a fin de garantizar la suspensión provisional que le fue otorgada dentro del incidente de suspensión en que se actúa. En tales condiciones, toda vez que resulta innecesaria la retención del billete de depósito 870077, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, que ampara la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos, moneda nacional), que fue exhibido ante este juzgado federal por la parte quejosa, a fin de garantizar la suspensión provisional que le fue otorgada en auto de quince de febrero del año en curso (fojas 5 a 8), como lo solicita el promovente, devuélvase el mismo previa constancia de recibo que se deje en autos. Por tanto, se señalan las diez horas del diecinueve de abril de dos mil veintiuno, para que el promovente acuda ante este tribunal a realizar las gestiones necesarias para su devolución. Hágase del conocimiento del accionante del amparo que deberá presentarse ante este tribunal en el día y hora señalados en el párrafo anterior, con identificación oficial a recibir el billete de depósito de mérito. En el entendido de que en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 6 del Acuerdo General 21 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional programó la cita respectiva, generándose un código QR impreso, por lo que deberán acudir puntualmente a este Juzgado de Distrito, debidamente identificados a realizar la diligencia antes citada. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Gilberto Anaya Camargo, Secretario que actúa y da fe.

  3. Incidental

    De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa el auto de nueve de abril de dos mil veintiuno, por medio de lista, a no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.

  4. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos del juicio de ampro en que se actúa, especialmente, el contenido del informe justificado rendido por la apoderada legal de BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BBVA Bancomer, se advierte que la cuenta bancaria 1577276944, se encuentra cancelada, ello por petición de la propia titular de la misma, es decir, la aquí impetrante María Olga Barrera Galván, desde el veinte de noviembre de dos mil veinte. Ahora, dado que la causa de pedir de la parte quejosa en la presente contienda constitucional lo constituye precisamente el bloqueo o congelación de esa cuenta bancaria, se estima que en el presente caso se actualiza de manera notoria e indudable la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, acorde con el numeral 63, fracción V, de dicha ley. Habrá de dejarse establecido que el artículo 61 de la ley de la materia, en su fracción XXII, dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y ." Dicha causa de improcedencia cobra vida jurídica, cuando el acto reclamado dentro de una contienda constitucional como la que nos ocupa, ya no pueda surtir efecto legal o materia alguna, por la simple razón de haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, que a diferencia de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, no requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la causal que se analizará, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad. En el caso, lo que reclama la agraviada a través del juicio constitucional que nos ocupa es el bloqueo o congelamiento de la cuenta 1577276944, de la institución bancaria BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BBVA Bancomer. Empero, como se desprende del informe rendido por dicha institución, la quejosa María Olga Barrera Galván, desde el veinte de noviembre de dos mil veinte, canceló esa cuenta bancaria, informe que se puso a la vista a la nombrada impetrante en auto de diez de febrero de dos mil veintiuno, sin que realizara manifestación alguna al respecto (foja 70). Por ende, el acto reclamado ya no surte efecto legal o material alguno en la persona de la aquí quejosa, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, pues los actos reprochados atribuidos a las responsables eran de aquéllos que solamente le afectaban mientras estaba activa la cuenta bancaria 1577276944, de la institución BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BBVA Bancomer, resultando inconcuso analizar si el mismo es inconstitucional, porque jurídicamente se tornaría imposible restituir a la quejosa en el goce de la garantía que se estime violada, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Luego entonces, se sostiene que se actualiza en el presente caso, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo; y toda vez que la misma debe de analizarse de oficio, conforme lo dispuesto en el arábigo 62 de la legislación de la materia; con apoyo en el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, procede decretar el sobreseimiento de este juicio de garantías. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia número 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 189, Tomo: XXIV, Diciembre de 2006, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." No representa obstáculo para arribar a la conclusión que antecede, el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento en este juicio de garantías sin que preceda audiencia constitucional, pues la causa de improcedencia de que se habla es notoria y el resultado del fallo sería en el mismo sentido. Corrobora lo anterior por contener consideraciones inherentes la tesis XIV.1o.13 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 1235, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, correspondiente al mes de Agosto de 2000, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional." Por los motivos expuestos, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se encuentra programada para las diez horas con veinticinco minutos del veintidós de abril de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas · 11,954 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano