Simón Gutiérrez Suárez
Expediente 1013/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1013/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Simón Gutiérrez Suárez
Actuaciones
- Principal
II.- Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97 fracción I inciso a), dentro del término a que alude el diverso 98, ambos de la Ley de Amparo, en contra del acuerdo de nueve de septiembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su ordinal 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace constar que el juicio de amparo en que se actúa se ubica en la hipótesis del numeral 21, inciso d), del instrumento de referencia; por tanto, es susceptible de destrucción. En consecuencia, una vez que transcurra el término de tres años, procédase a la destrucción de este expediente dentro de los treinta días siguientes, como lo establecen los párrafos primero y penúltimo del artículo 21, y diversos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Finalmente, en razón de lo anterior, y toda vez que la parte quejosa, exhibió documentos que encuadran en la hipótesis del párrafo segundo del artículo 21, contenido en el capítulo octavo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, requiérasele para que en el término de noventa días comparezca, a este juzgado a recogerlo, previa toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, con el apercibimiento que de no hacerlo podrá ser destruido junto con el expediente. En el entendido que su entrega quedará sujeta a lo establecido en el Capítulo II, denominado "Atención al público en general", del Acuerdo General 21/2020 en relación con el 16/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, que regula el proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias. Por lo que para su acceso deberá obtener una cita conforme a las reglas establecidas en los artículos 3, 4 y 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
II.- Vista la demanda de amparo promovida por... por propio derecho, contra actos del Ayuntamiento del Municipio de Tultitlán, Estado de México y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el consecutivo 1013/2022-II. En principio, es importante precisar que el artículo 113, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a duda, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que contiene, la jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en la página sesenta y cuatro del número ochenta, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, octava época, cuyo rubro y texto establecen... En ese contexto, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: La resolución de veintinueve de agosto de dos mil veintidós emitida por la Jefa del Departamento de Normatividad de Vía Pública, de la Dirección de Desarrollo Económico del Municipio de Tultitlán, Estado de México, en que se solicitó al quejoso retirará el puesto comercial ubicado en... derivado del citatorio con número de oficio DDE/DNVP/153/2022, así como su ejecución. Así, la suscrita estima que, en el caso, se actualiza manifiesta e indudablemente la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente... Como consideración previa, es importante precisar que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario de defensa para invalidar los actos de autoridad que violan los derechos fundamentales de las personas, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los medios legales de defensa común. Dichos principios generales del juicio de amparo se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución General de la República, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. En efecto, el principio de definitividad del juicio de amparo obliga al quejoso a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues, como se dijo, el juicio de garantías se concibió como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquellos no susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. En ese contexto la causa de improcedencia prevista en el artículo y fracción citados, alude a que el juicio de amparo se tornará improcedente, cuando se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales resulte procedente algún recurso, juicio o medio de defensa legal, a través del cual, puedan ser modificados, revocados o nulificados, o bien, que deban ser revisados de oficio, de conformidad con las leyes por las cuales se rijan; siempre y cuando, atento a los ordenamientos que prevean dichos medios de defensa, se suspendan los efectos de los actos impugnados, sin que se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder su suspensión; ello, con independencia de que el acto sea susceptible de ser suspendido de acuerdo a la propia ley de la materia. En la inteligencia de que no existirá tal obligación de agotar tales medios de defensa cuando el acto reclamado carezca de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recuro o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Es decir, el amparo en materia administrativa únicamente será procedente cuando previamente se hayan agotado los recursos o medios de defensa legales que pudieren revocar, modificar o nulificar el acto reclamado; sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión; salvo las excepciones previstas por la propia ley de la materia, como cuando el acto reclamado adolezca de fundamentación; todo ello, atendiendo al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Es importante mencionar que, de acuerdo con la interpretación de la improcedencia en comento realizada por el Máximo Tribunal de Justicia en el país, únicamente los medios de defensa previstos en una ley formal y material son susceptibles de provocar dicho motivo de improcedencia, siempre que como se dijo, éstas no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los que prevé la Ley de Amparo. Cobra aplicación a ese respecto, la jurisprudencia 2a./J. 115/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la página cuatrocientos cuarenta y ocho del tomo X, correspondiente al mes de octubre de mil novecientos noventa y nueve, novena época, cuyo rubro y texto es el siguiente... En ese tenor, debe puntualizarse que no constituye un requisito indispensable que los medios de impugnación a los que alude la causa de improcedencia en comento tengan que estar previstos por el ordenamiento legal del que emane formalmente o en la que encuentre su fundamento el acto de autoridad reclamado, pues ninguna de las disposiciones aplicables al juicio de amparo establece esa limitante, a más de que debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el legislador cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular. De ahí que, si en el caso se reclama la resolución de veintinueve de agosto de dos mil veintidós emitida por la Jefa del Departamento de Normatividad de Vía Pública, de la Dirección de Desarrollo Económico del Municipio de Tultitlán, Estado de México, en que se solicitó al quejoso retirará el puesto comercial ubicado en... derivado del citatorio con número de oficio... así como su ejecución, y conforme a lo analizado, previamente a la instauración de este juicio de amparo, el promovente debe agotar los recursos previstos por la ley aplicable a los actos aquí reclamados. Al respecto, es pertinente hacer mención el contenido de los artículos 186, 187, 229, 230 fracciones I, II y III, 231, 254 y 255 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México vigente... De lo transcrito, se observa que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado. En este contexto resulta evidente que en la especie la parte quejosa no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, pues no agotó previamente a acudir a este juicio, el recurso administrativo de inconformidad, ni el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, tal como lo establecen los numerales transcritos; por lo que resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la precitada fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 60/2013 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la página novecientos treinta y tres del libro XXI, tomo uno, correspondiente al mes de junio de dos mil trece, décima época, cuyo rubro y texto señalan lo siguiente... De este modo, el juicio contencioso o los recursos previstos en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México deben agotarse antes de la promoción del juicio de amparo, al no establecer dicho ordenamiento mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión, salvo que se actualice alguna excepción al principio de definitividad. Apoya la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en la página dos mil cincuenta y dos del tomo XCVI, quinta época, que establece lo siguiente... De igual manera cobra aplicación, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la página novecientos dos del tomo XV, correspondiente al mes de mayo de dos mil dos, novena época, que establece... También sustenta, por las razones que se exponen, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en la página trescientos cincuenta del libro uno, tomo I, correspondiente al mes de diciembre de dos mil trece, décima época, que dispone lo siguiente... Asimismo, apoya la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en la página cuatrocientos sesenta y tres del tomo II, segunda parte, de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, octava época, que es del tenor literal siguiente... Aunado a lo anterior, cabe precisar que en el caso no operan las excepciones al principio de definitividad previstas en el párrafo segundo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo; habida cuenta que, en principio el acto reclamado no carece de fundamentación y motivación, pues de los anexos que acompañó el quejoso a su demanda de amparo, se advierte que en el citatorio con número de oficio... a efecto de que se presentará el veintinueve de agosto de dos mil veintidós ante la Jefa del Departamento de Normatividad de Vía Pública, de la Dirección de Desarrollo Económico del Municipio de Tultitlán, Estado de México, para la regularización respecto del puesto en que ejerce comercio en la vía pública, se sustentó de conformidad con lo que establecen, entre otras disposiciones legales, el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México y el Bando Municipal vigente en Tultitlán, Estado de México, y se le hizo saber la determinación de veintinueve de agosto pasado. Por otra parte, tampoco se actualiza el supuesto de excepción relativo al hecho de que se alegan violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atento a que, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa alega cuestiones de legalidad, pues en su concepto de violación, aduce que el acto reclamado es violatorio de los principios de formalidad, legalidad y debido proceso; en ese contexto, si bien argumenta transgresión de los artículos 5, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que las autoridades señaladas como responsables, violentaron su garantía de audiencia, toda vez que aduce, no ha sido llamado a un procedimiento, igualmente, expone aspectos que a su consideración violan los principios de formalidad y legalidad del debido proceso, lo que de suyo implica que previo a acudir a esta instancia constitucional, debe agotar los medios de defensa ordinarios, en los términos precisados en párrafos que preceden. Cobra aplicación la jurisprudencia XX.J/1, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Abril de 1995, página 94, Novena Época, de rubro y texto siguiente... Finalmente, los medios ordinarios de defensa que tiene a su alcance la parte quejosa no se encuentran previstos en algún reglamento, en virtud de que, los prevé el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; en consecuencia, al no actualizarse los supuestos de excepción al principio de definitividad analizados, la parte quejosa debe atenderlo antes de acudir al juicio de garantías. Por tanto, la obligación de apegarse al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, no constituye una negativa a dicha protección ni un eximente al cumplimiento de la obligación de tutela y garantía de los derechos humanos por parte de las autoridades nacionales, ya que el sometimiento del caso al conocimiento de la autoridad competente en la vía ordinaria, no significa que esté exenta de realizar el análisis de los argumentos en los que la parte quejosa sostiene violaciones directas a derechos humanos reconocidos en los Tratados Internacionales, en virtud de que la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, es la autoridad jurisdiccional competente para conocer del juicio contencioso administrativo, y se encuentra obligada a examinarlos y resolverlos conforme a derecho proceda en un control difuso de convencionalidad el cual también le compete y se encuentra obligado a ejercer. Apoya a lo expuesto la jurisprudencia 1ª./J.181/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo 1, diciembre de 2012, Materia Común, página 420, de texto y rubro... Es igualmente aplicable, la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, página 325, de rubro y texto siguiente... En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 del mismo ordenamiento, lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por... por propio derecho. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la página mil seiscientos treinta y uno del tomo XX, correspondiente al mes de septiembre de dos mil cuatro, novena época, que establece lo siguiente... En otro orden, ténganse como autorizadas de la parte quejosa a las personas que señala únicamente para oír y recibir notificaciones y documentos, en términos de la parte final del artículo 12 de la Ley de Amparo, por no precisar en qué términos del artículo señalado los autoriza y por así solicitarlo expresamente. Por otra parte, toda vez que la quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, los cuales no pueden tenerse como tal, porque no se cumpliría con las formalidades del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo; en consecuencia, dígasele que hasta en tanto señale un domicilio, preferentemente en este Municipio de Naucalpan de Juárez, lugar de residencia de este juzgado, o bien, dentro de los municipios conurbados a éste o zona metropolitana, en términos del artículo 3, fracciones IX y XXXVII, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que son: Atizapán de Zaragoza, Huixquilucan, Tlalnepantla de Baz y Jilotzingo, todos en el Estado de México, las notificaciones que deban hacérsele, incluso las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista de acuerdos. En ese sentido, de conformidad con el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, notifíquesele el presente acuerdo y los subsecuentes mediante las listas que se publican en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, con independencia de las listas que se fijen en el espacio designado por la administración de este edificio para tal efecto. Asimismo, con fundamento en el artículo 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa a que, de estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (esto es, promueva electrónicamente). En términos de lo dispuesto en los artículos 3 de la Ley de Amparo, 21, 22 y 24 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se instruye a los secretarios y demás personal de este juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica, para incorporarlas al expediente impreso. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 106 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se instruye a los secretarios del juzgado a efecto de que elaboren la versión pública de la sentencia y/o resolución que al efecto se dicte en este juicio de amparo, con estricto apego a dichos ordenamientos legales y demás normatividad aplicable. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8º de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con lo que establece el diverso segundo transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, indíquese a las partes el derecho que les asiste, hasta antes de dictarse sentencia, para oponerse de manera expresa, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos.
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