Simón Filemón Cabrera Salamanca

Expediente 972/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
972/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Simón Filemón Cabrera Salamanca

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término legal para interponer recurso de queja contra el acuerdo de once de octubre de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo origen de este juicio, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; por lo tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), colóquese la etiqueta correspondiente en la carátula del expediente y archívese este asunto como concluido. En atención a lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, se establece que este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, debido a que se desechó la demanda que le dio origen y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 de dicho ordenamiento, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente. En el entendido que el expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse notificado el presente auto, y una vez concluido este plazo y previa visita de inspección que corresponda, deberá destruirse y remitir dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, así como realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). El acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese

  2. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, once de octubre de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda de amparo interpuesta por ***** por derecho propio, contra actos de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, con sede en Veracruz, Veracruz, y otras autoridades por lo que se ordena formar el expediente respectivo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y registrarlo en el Libro de Gobierno con el número de juicio 972/2023 que le corresponde. DESECHAMIENTO PROPUESTA DEMOSTRATIVA El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y en caso que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. HIPÓTESIS NORMATIVAS De la lectura integral al escrito de demanda y el anexo que la acompaña, se advierte que respecto del acto reclamado por el quejoso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. El artículo invocado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. (.)" El precepto y fracción transcrita establecen la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Es importante destacar que el artículo invocado, en su fracción transcrita, hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos, lo cual significa que si la Ley reglamentaria del recurso, juicio o medio ordinario de defensa señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto que se reclame, el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto y, en consecuencia, previamente a promover el juicio de amparo el quejoso debe agotar esos medios ordinarios de impugnación. Es así, pues el principio de definitividad que rige al juicio de garantías en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe -previamente a su promoción-, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución General de la República. Precisado ello y atento a la naturaleza de los actos que la parte quejosa reclama, conviene traer a contexto diversas disposiciones del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, referentes al juicio contencioso administrativo, las cuales prevén: "Artículo 280. Procede el juicio contencioso en contra de: I. Actos administrativos que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar la autoridad, por violaciones cometidas en los mismos o durante el procedimiento administrativo; en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Actos administrativos que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar la autoridad, que afecten derechos de particulares; III. Actos que dicte, ordene, ejecute a trate de ejecutar, de manera unilateral la autoridad, respecto de contratos administrativos u otros acuerdos de voluntad de la misma naturaleza que se hayan celebrado con los particulares en los renglones administrativo y fiscal; IV. Actos administrativos que se configuren por el silencio de la autoridad, en términos de este Código; V. Resoluciones dictadas, con motivo de los recursos de revocación a que se refieren la Ley General y la Ley de Responsabilidades Administrativas; VI. Resoluciones favorables a los particulares que causen lesión al interés público, cuya nulidad demande la autoridad; VII. Resoluciones definitivas dictadas en el recurso de revocación del presente Código o las previstas en la Ley General y la Ley de Responsabilidades Administrativas; VIII. Actos administrativos dictados por la Administración Pública en los supuestos a que se refieren los artículos 1, párrafo primero, y 2, fracciones II y XVI, del presente Código, que afecten derechos de particulares o de autoridades; IX. Actas circunstanciadas que decidan la remoción de los miembros de las Instituciones de Seguridad Pública en el Estado; X. Actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación; XI. Incumplimiento de contratos administrativos celebrados por la Administración Pública estatal o municipal y los organismos autónomos; y XII. Los demás actos y resoluciones que señale la ley. (.) Artículo 292. La demanda deberá formularse por escrito y presentarse directamente ante la Autoridad que emitió el acto o ante la Oficialía de Partes de la Sala Regional Unitaria con jurisdicción en términos del presente Código, dentro de los quince días siguientes al en que surta efectos la notificación del acto o resolución que se impugna, o al en que se haya tenido conocimiento del mismo, con las excepciones siguientes: I. Tratándose de la resolución negativa o afirmativa fictas, la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo, mientras no se notifique la resolución expresa; II. Cuando se pida la nulidad de una resolución favorable a un particular, la demanda deberá presentarse dentro los cinco años siguientes a la fecha de su emisión; III. Si el particular afectado reside fuera del Estado, pero dentro del país y no tiene representante en el mismo, el término para iniciar el juicio será de treinta días a partir del día siguiente al en que surta efectos su notificación; IV. Si el particular afectado reside en el extranjero y no tiene representante en el Estado o en el país, el plazo para iniciar el juicio será de cuarenta y cinco días a partir del día siguiente al en que surta efectos su notificación; V. Cuando se impugnen actos o resoluciones en la vía sumaria, deberá presentarse dentro de los cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación del acto o al en que se haya tenido conocimiento del mismo; o VI. Cuando una ley de forma expresa disponga otro plazo. La demanda también podrá enviarse por correo certificado con acuse de recibo dirigida al domicilio oficial de la Sala Regional Unitaria señalada como competente por la parte actora, y se tomará como fecha de presentación aquella en que se deposite en la oficina de correos del Servicio Postal Mexicano. Cuando la demanda se presente ante la Autoridad que emitió el acto u omitió dar respuesta en términos del presente Código, ésta se encontrará obligada a enviarla íntegramente a la Sala Regional Unitaria señalada como competente por la parte actora en un término de cinco días hábiles, de no hacerlo en el término señalado, la Sala Regional Unitaria podrá decretar como medida de apremio la imposición de una multa por veinte UMAS y, de ser necesario, la citada Sala tomará las medidas que correspondan para garantizar el envío oportuno de la demanda. Artículo 293. La demanda, además de los requisitos previstos en los artículos 21, 22 y 24 de este Código, deberá señalar lo siguiente: I. El nombre del actor o demandante, o de quien promueva en su nombre, así como su domicilio o dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos; II. El acto o resolución que se impugna; III. Las autoridades o particulares a quienes se demanden; IV. El nombre y domicilio del tercero interesado, si lo hubiere; V. Los hechos que sustenten la impugnación del actor o demandante; VI. Los conceptos de impugnación y las pretensiones que se deducen. En caso de que el acto impugnado se trate de una resolución negativa ficta, la demanda podrá presentarse sin expresión de conceptos de impugnación, los que deberán formularse en la ampliación de demanda; VII. La fecha en que se notificó o se tuvo conocimiento del acto o resolución que se impugne; VIII. Las pruebas que se ofrezcan; y IX. La solicitud de suspensión del acto impugnado, sin perjuicio que la misma se solicite hasta antes de la celebración de la audiencia de ley. Cuando se omitan los requisitos a que se refieren las fracciones I, II y VI la Sala Regional Unitaria desechará por improcedente la demanda interpuesta. Cuando se omitan los requisitos previstos en las fracciones III, IV, V, VII y VIII la citada Sala requerirá al promovente para que los señale dentro del plazo de cinco días, apercibiéndolo que de no hacerlo en tiempo se tendrá por no presentada la demanda o por no ofrecidas las pruebas, según el caso. (.) Artículo 296. Dentro de los tres días siguientes a la presentación de la demanda, se dictará acuerdo sobre su admisión. En el mismo acuerdo se admitirán o desecharán las pruebas ofrecidas y, en su caso, se dictarán las providencias necesarias para su desahogo. Tratándose de la suspensión deberá resolverse dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la presentación de la demanda. (.) Artículo 305. Iniciado el juicio contencioso administrativo, podrán decretarse todas las medidas cautelares necesarias o la suspensión del acto impugnado, para el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto se dicte sentencia. No se otorgarán las medidas cautelares ni la suspensión, si se sigue perjuicio al interés público, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio. (.) La suspensión del acto impugnado se decretará dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la presentación de la demanda y las medidas cautelares se decretarán de plano, ambos casos a cargo de la Sala Regional Unitaria, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda y podrá solicitarlas el actor en el escrito de demanda, o en cualquier momento mientras se encuentre en trámite el juicio ante la Sala Regional Unitaria que conozca el asunto. Cuando se otorguen las medidas cautelares o la suspensión del acto, se comunicarán sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento. Artículo 305 Bis. La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte en cualquier momento del juicio, mientras no se haya celebrado la audiencia. Sólo procederá la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes y actos que de llegar a consumarse hagan imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. Artículo 306. La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios, siempre que proceda el otorgamiento de la medida cautelar genérica, cuando se trate de actos que afecten a particulares de escasos recursos económicos, o bien, cuando a criterio de la sala sea necesario otorgarle estos efectos con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. La suspensión podrá ser revocada o modificada por la sala, en cualquier momento del juicio, previa vista que se conceda a los interesados en un plazo de tres días, si varían las condiciones en las cuales se otorgó. (.) Artículo 308. En los casos en que proceda la suspensión pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, si no obtuviere sentencia favorable en el juicio. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos de terceros no estimables en dinero, la Sala que conozca del asunto fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión otorgada quedará sin efecto si el tercero otorga, a su vez, caución bastante para que las cosas se mantengan en el estado en que se encontraban al momento de la violación y para pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efecto, la caución que ofrezca el tercero deberá cubrir previamente el costo de la que hubiese otorgado el actor. Artículo 309. En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma que no impida la continuación del procedimiento administrativo en el que se haya emitido el acto impugnado hasta dictarse resolución que ponga fin al mismo, a no ser que la continuación del procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al actor. LIMON Artículo 310. El acuerdo en el que se conceda la suspensión del acto impugnado, surtirá sus efectos desde la fecha de su otorgamiento y tendrá vigencia incluso durante la substanciación del recurso de revisión ante la Sala Superior del Tribunal." Acorde con los artículos transcritos, procede el juicio contencioso administrativo, entre otros, contra actos administrativos que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar la autoridad, que afecten derechos de particulares. Asimismo, en dicho juicio se puede solicitar la suspensión del acto impugnado, la que se resuelve en el término de veinticuatro horas a partir de la presentación de la demanda, la cual puede tener por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, hasta en tanto se dicte sentencia definitiva y surte sus efectos desde el momento de su otorgamiento. HECHOS En el caso, de la lectura integral a la demanda de amparo y los anexos que la acompañan, se advierte que los actos reclamados por la parte quejosa consisten en: La orden de inspección *****de dos de octubre de dos mil veintitrés emitida en el expediente ***** por el Procurador Estatal de Protección al Medio Ambiente en el Estado de Veracruz, con sede en la Boca del Río, en la cual ordena la visita de inspección respecto del establecimiento con actividad de producción de productos lácteos, a cargo de ***** y/o CASFI productos lácteos o quien legalmente la represente, ubicado en Prolongación de Juárez, Barrio Santiago, municipio de Miahuatlán, Veracruz. El acta de visita derivada de dicha orden, levantada el dos de octubre de dos mil veintidós por los inspectores adscritos a la referida Procuraduría, en el local antes descrito, donde se asentaron diversas observaciones en relación con la actividad ahí realizada y se otorgó al interesado un plazo de treinta días naturales para adoptar las medidas ahí establecidas. CONCLUSIÓN En atención a lo expuesto, se concluye que este juicio de amparo es improcedente, porque el quejoso antes de acudir a la instancia de amparo, debió agotar el juicio contencioso administrativo previsto en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de Veracruz, a través del cual puede ser modificado, revocado o nulificado, el acto que reclama. Es así, porque los actos que se reclaman derivan de una orden de inspección emitida dentro del expediente ***** del índice de la responsable, para la verificación del cumplimiento de normas ambientales en relación con las actividades de producción de lácteos y dirigida al impetrante de amparo, la cual se fundamenta, entre otras disposiciones, en la Ley número sesenta y dos Estatal de Protección al Ambiente, y por ello, el ahora quejoso tiene la oportunidad de controvertir la aplicación de dicha legislación a través del medio ordinario de defensa aludido. Además, se observa que el quejoso es parte en dicho expediente, puesto que se inició en su contra, por lo que es evidente que puede impugnar los actos a través del medio ordinario que nos ocupa. Lo anterior, aunado al hecho que los artículos 305 al 310 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado, no exigen mayores requisitos que los preceptos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, ni plazo mayor que el que se establece en este último ordenamiento legal, para el otorgamiento de la suspensión provisional. No pasa inadvertido que la parte quejosa refiera que le fueron vulneradas las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 10 Mexicanos, sin embargo, no se duele de una carencia total de fundamentación y motivación de los actos reclamados, sino de diversas violaciones a las leyes del procedimiento, aunado a que de la lectura a la orden de inspección y acta de visita respectivas se observa que en ambas se exponen los fundamentos legales que las sustentan, por lo que en todo caso, las violaciones aducidas pueden ser defendidas con plena eficacia a través del procedimiento ordinario respectivo. Cabe destacar también, que no estamos frente a un amparo contra leyes, pues de la integridad de la demanda de amparo no se advierte que se reclame una norma general, ni tampoco los actos reclamados se tratan de aquellos que importan peligro de privación de la vida o ataques a la libertad personal del quejoso fuera de procedimiento, ya que se tratan de actos administrativos que se atribuyen a autoridades de igual naturaleza, por lo que no se surten los supuestos de excepción al principio de definitividad. Por lo antes expuesto, es evidente que el promovente inobservó el principio aludido, rector del juicio de amparo, actualizándose así la hipótesis prevista por la fracción XX del numeral 61 de la ley de la materia, dado que la existencia del medio ordinario de defensa se advierte en forma patente y se tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia actualiza la inobservancia del principio de definitividad que regula al juicio constitucional. En consecuencia, al quedar demostrado que en el supuesto analizado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO ORIGEN DE ESTE JUICIO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Tienen aplicación al caso las jurisprudencias siguientes: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2020596 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común, Administrativa Tesis: 2a./J. 126/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I, página 326 Tipo: Jurisprudencia "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO Y LOS REQUISITOS PREVISTOS PARA SU OTORGAMIENTO SON, EN ESENCIA, IGUALES A LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO. Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2005039 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 113/2013 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 350 Tipo: Jurisprudencia "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD". AUTORIZADOS Se autorizan con las facultades restringidas a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a ****** debido a que no tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con apoyo en lo dispuesto en los artículo 3 de la Ley de Amparo; 14 y 16 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a ****** con clave de usuario ***** la consulta del expediente electrónico y la posibilidad de recibir notificaciones; lo anterior, con el propósito de fortalecer la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia de las personas, sin perjuicio que el expediente físico estará a disposición de las partes en este órgano jurisdiccional los días y horas hábiles, para su consulta. Atento a lo anterior, se instruye a la Analista Jurídico encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.IS.E.), para que realice el trámite correspondiente en ese Sistema. Sin que haya lugar a autorizarla para presentar promociones en línea, dado que la autorización otorgada en párrafos precedentes no le otorga facultades para ello. DATOS DE CONTACTO Se toma como dato de contacto el correo electrónico que proporciona la parte quejosa, para entablar comunicaciones no procesales, en términos de lo dispuesto en el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza a las partes que intervengan en el presente juicio de amparo, así como a sus autorizados, la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de las constancias que obran en el presente expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que deberán conducirse con lealtad procesal y no reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal. Sin que lo anterior implique que la fe pública del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realice el interesado, en virtud que previo a obtener la reproducción de las constancias deberán hacerlo del conocimiento del funcionario que corresponda (actuario o secretario), quien procederá a levantar el acta respectiva. EXHORTACIÓN A TRANSITAR AL JUICIO EN LINEA Con fundamento en el artículo 263, fracción II, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; lo cual deberá informar a este Juzgado mediante escrito en el que expresen su intención de continuar el trámite en esa forma, señalando el nombre de usuario respectivo y solicitud para que se le notifique vía electrónica, mismo que podrá ser formulado por esta última vía. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1, 9, 16, 110, fracción V, 113, fracción I, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se hace saber a las partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que, de no hacer manifestación, se tendrán por inconformes con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3° de la Ley de Amparo y el diverso 22 del Acuerdo General 12/2022 antes invocado, digitalícense las promociones que se reciban en forma física en la oficialía de partes de este Juzgado, para su integración al expediente electrónico de este juicio. FIRMAS ELECTRÓNICAS El acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 ya invocado

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · 5,349 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano