Simón Dzul Palomo
Expediente 378/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 378/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Simón Dzul Palomo
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada el treinta de noviembre de dos mil veinte, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos del incidente de suspensión, agregando a los mismos copia autorizada del presente proveído. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión definitiva, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiocho de febrero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y turnado el dos de marzo siguiente a este órgano de control Constitucional, compareció Simón Dzul Palomo, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que atribuye a la Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y actuario de su adscripción, ambos con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de tres de marzo de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda que se registró con el número 378/2020-VII-A; se solicitó su informe justificado a las responsables; se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Tribunal; se ordenó el emplazamiento del tercero interesado y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Medida preventiva frente al Coronavirus Covid 19. En fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió el acuerdo 4/2020, en el que adoptó diversas medidas frente a la pandemia ocasionada por el Coronavirus Covid-19, entre ellas, la suspensión de funciones de los órganos jurisdiccionales, lo que también implicó que no corrieran plazos procesales; motivo por el cual no pudo verificarse la audiencia constitucional en la fecha que se estableció para ello. Medida que fue prorrogada por diversos Acuerdos Generales, siendo el último en este sentido el 18/2020, que reformó el similar 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, en relación con el periodo de vigencia, extendiendo la suspensión hasta el treinta y uno de julio de dos mil veinte. CUARTO. Reanudación del procedimiento. Por auto de cuatro de agosto de dos mil veinte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, se determinó el levantamiento de la suspensión y la reanudación de los plazos y términos procesales, anteriormente decretada. Por tal motivo, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia Constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos General 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación. Lo anterior, conforme a lo establecido en la jurisprudencia con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que el quejoso acude a esta instancia a reclamar de las autoridades responsables, lo siguiente: El ilegal emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 1454/2010, promovido en su contra, así como todo lo subsecuente al mismo. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, con residencia en esta ciudad, toda vez que así se desprende de sus respectivos informes justificados. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causales de improcedencia hechas valer por las partes o de las que se adviertan de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de Nuestro Máximo Tribunal, que se localiza en la página 262, Parte VIII, Quinta Época del Apéndice de 1985, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." A consideración del suscrito, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo, la cual establece. "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; y [.]. Se destaca que la hipótesis de improcedencia hace referencia a la presencia de un hecho que motiva que el objeto sobre el cual el acto reclamado debe surtir sus consecuencias legales o materiales ha desaparecido, sin que exista posibilidad de que sus efectos se realicen o se continúen realizando en la esfera de derechos de la quejosa al ya no existir su objeto, por lo que no es factible que dicho acto afecte al peticionario de amparo, lo cual puede deberse incluso a causas ajenas a la voluntad de la autoridad responsable, y en ese contexto, la protección constitucional que en su caso se concediera carecería de efectos al no poder cumplir con su finalidad. En este orden, para fijar el alcance de la causa de improcedencia que se analiza, conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la inconstitucionalidad del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Federal. En ese sentido, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido y la jurisprudencia ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, que condicionan la procedencia a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse en cuanto a sus efectos y alcance y así trascender en una efectiva salvaguarda a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, anteriormente transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado. O bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se modificó sin dejar huella alguna susceptible de reparación en la esfera de derechos del gobernado, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario del amparo. Los razonamientos antes expuestos se encuentran plasmados en la jurisprudencia 2ª./J. 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En el caso particular, el quejoso se duele del ilegal emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 1454/2010, realizado el cuatro de enero de dos mil once, en el cual se le embargó el porcentaje que le corresponde respecto del predio denominado XLA-CHABIHAU, ubicado en el tablaje con número catastral cuatro mil doscientos treinta y uno, del poblado de Yobaín, Yucatán, y el vehículo de la marca Ford Escape, color gris, con placas de circulación YZY81-72 del Estado. De las constancias que la Juez responsable remitió con su informe, como antecedentes de los actos reclamados, así como con sus oficios 1200/2020 y 1511/2020 de fechas once de septiembre y tres de noviembre, ambos de dos mil veinte, respectivamente, a las que se les confiere el valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte lo siguiente: 1. Por acuerdo de tres de noviembre de dos mil diez, se tuvieron por presentados a Erik Ruiz González y/o Pablo Azcorra Zapata, con su carácter de endosatarios en procuración de Juan Armando Bojórquez Flores, promoviendo demanda en juicio ejecutivo mercantil en cobro del cheque base de la acción y la indemnización en concepto de daños y perjuicios ocasionados, en contra del aquí quejoso, Simón Dzul Palomo (foja 7 del anexo). 2. En fecha cuatro de enero de dos mil once, se emplazó a juicio a Simón Dzul Palomo, diligencia que se entendió con Ana Bertha Carrillo, quien dijo ser su esposa, en virtud de no encontrarse en el domicilio señalado como de él, no obstante el citatorio que se le dejó, y en la que se le embargo el porcentaje que le corresponde respecto del predio denominado XLA-CHABIHAU ubicado en el tablaje con número catastral cuatro mil doscientos treinta y uno, del poblado de Yobaín, Yucatán, y el vehículo de la marca Ford Escape, color gris, con placas de circulación YZY81-72 del Estado (fojas 12 y 13 del anexo). 3. En fecha veintidós de septiembre de dos mil once, se dictó sentencia definitiva en la que se condenó al hoy quejoso al pago de las prestaciones reclamadas, resolución que causó ejecutoria en proveído de catorce de octubre de dos mil once (fojas 28 a 30 y 32 del anexo). 4. Por acuerdo de cinco de marzo de dos mil veinte, la autoridad judicial del conocimiento, decretó la prescripción de la ejecución de la sentencia, y como consecuencia, resolvió levantar el embargo trabado en autos del juicio natural (foja 186 y 187 del anexo). 5. En proveído de ocho de septiembre de dos mil veinte, el Juez responsable admitió el recurso de revocación interpuesto por el aquí tercero interesado Juan Armando Bojórquez Flores, contra el acuerdo de cinco de marzo antes citado, y desechó el recurso de apelación que también interpuso contra el propio proveído, por no ser apelable (foja 45 de este expediente). 6. Por resolución de veintidós de septiembre de dos mil veinte, se resolvió el recurso de revocación, en la cual el juez del procedimiento declaró infundados los agravios hechos valer por el recurrente, y determinó la no procedencia del recurso de revocación en contra del auto de fecha cinco de marzo de dos mil veinte (fojas 65 a 70 de este expediente). En este orden de ideas, debe decirse que si bien existe el emplazamiento al aquí quejoso al juicio de origen, el cual reclama como ilegal por esta vía, también lo es que a la fecha dicho emplazamiento ya no puede surtir efecto legal alguno, al haberse decretado desde el cinco de marzo de dos mil veinte, la prescripción de la ejecución de la sentencia definitiva pronunciada en el procedimiento de origen, que constituye una forma de terminación de un juicio, por el incumplimiento de las partes a su carga procesal de sujetarse a los plazos y términos fijados por la ley; determinación que quedó firme por resolución de veintidós de septiembre de dos mil veinte, en la que se determinó la no procedencia del recurso de revocación contra dicho auto. Luego, con lo anterior se pone de manifiesto que aun subsistiendo el acto reclamado -ilegal emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil - éste no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, en virtud de haberse decretado la prescripción de la ejecución de la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen e incluso haberse levantado los embargos decretados en el mismo. Lo que denota que existe imposibilidad para concretar los efectos de una eventual concesión del amparo, porque en el supuesto de concluirse que el acto reclamado es inconstitucional, no tendría efecto jurídico alguno la respectiva sentencia concesoria, dado que como se expuso, aun cuando el acto reclamado subsiste, su objeto desapareció. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del sobreseimiento derivado de la improcedencia que se actualizó. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sobreseimiento que se hace extensivo respecto del acto de ejecución reclamado al actuario adscrito al Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, al tenor de la jurisprudencia número 231, consultable a foja 156, Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". QUINTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Simón Dzul Palomo, en contra de los actos que atribuyó a la Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, y actuario de su adscripción, por los motivos precisados el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los presentes autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguense a los presentes autos el oficio 1511/2020 signado por el Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, con el que remite en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veintiocho de octubre último, copias certificadas de la determinación que resolvió el recurso de revocación interpuesto por el aquí tercero interesado Juan Armando Bojórquez Flores, en contra del auto de fecha cinco de marzo del año que transcurre. En consecuencia, téngase por cumplido el referido requerimiento, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las demás partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiocho de octubre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guarda este expediente y lo de cuenta, se acuerda: toda vez que de autos se advierte que la audiencia constitucional estaba programada para las nueve horas con diecisiete minutos del veintisiete de octubre de dos mil veinte; sin embargo, dicha audiencia no se llevó a cabo debido a la suspensión de labores de los órganos jurisdiccionales federales adscritos a esta Entidad Federativa, a partir de las dieciocho horas del veintiséis de octubre y por la totalidad del veintisiete de octubre, ambos de dos mil veinte, con motivo del acercamiento del fenómeno meteorológico "Zeta" al Estado de Yucatán. En consecuencia, lo procedente es diferir la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se señalan las NUEVE HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para su celebración. Por otra parte, por cuanto de las constancias relativas al juicio ejecutivo mercantil 1454/2010, que en copia certificada remitió la Juez responsable en cumplimiento al requerimiento efectuado mediante proveído de tres de septiembre último, se aprecia que admitió el recurso de revocación interpuesto por el aquí tercero interesado ****, en contra del auto de fecha cinco de marzo del presente año. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 75 de la Ley de Amparo, que dispone que: "El órgano jurisdiccional deberá recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto"; requiérase a la Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, para que dentro del término de cinco días hábiles, remita copia certificada de la determinación que resolvió el aludido recuso de revocación que admitió, lo cual resulta necesario para resolver el presente juicio de amparo. Pues, dependiendo de lo que resuelva, podría actualizarse o no una causal de improcedencia en el presente juicio, las cuales son una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de la Materia. Aunado a que la propia juez responsable, en su informe justificado hace valer la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de Nuestro Máximo Tribunal, que se localiza en la página 262, Parte VIII, Quinta Época del Apéndice de 1985, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Notifíquese y cúmplase.
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