Simón Demetrio Pool Ciau
Expediente 622/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 17 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 622/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 26/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Simón Demetrio Pool Ciau
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiséis de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del que se advierte que mediante proveído de dieciocho de diciembre último, se dio vista a la parte quejosa con lo informado por el Director Jurídico del Poder Legislativo y por el Secretario de Acuerdos en funciones de Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, en ausencia de su Titular, ambos del Estado, residentes en esta ciudad, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, en dicho acuerdo se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se le notificó a la mencionada parte el doce de los corrientes, término que se reanudó en auto de dieciocho de los corrientes, sin que a la fecha desahogara la vista concedida en el término de tres días que le fue otorgado para tal efecto. Por tanto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y las documentales remitidas por las autoridades mencionadas, el fallo protector emitido se encuentra o no cumplido en su totalidad. En sentencia dictada el seis de agosto de dos mil diecinueve, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la autoridad responsable: Dejara sin efectos los oficios reclamados LXI-CEY-218/2019 de diez de abril de dos mil diecinueve, y LXII-CEY292/2019, de veintiocho de mayo del año en cita; y, Prestara el auxilio necesario al Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, a fin de hacer de su conocimiento las opciones viables que tiene el Municipio de Motul, Yucatán, en relación con las facultades del Congreso del Estado, para ayudarlo a cumplir con la obligación laboral derivada del laudo de mérito. Contra dicha sentencia la autoridad responsable interpuso recurso de revisión. Posteriormente, mediante proveído de veintidós de septiembre de dos mil veinte, se tuvo por recibido la ejecutoria de fecha trece de marzo de dos mil veinte, en la cual el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, confirmó la sentencia recurrida, por lo que en dicho auto, se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, por oficio LXII-SG-DJ-2704/2020 signado por el Director Jurídico del Poder Legislativo del Estado, residente en esta ciudad, residente en esta ciudad, informó que mediante diverso LXII-CEY-587/2020 de veinticuatro de enero de dos mil veinte, remitido al Tribunal de los Trabajadores del Estado, auxilio e hizo del conocimiento al Municipio de Motul, Yucatán, en relación con el pago de la suma laudada en el juicio de origen; y anexó la documentación que acredita lo anterior. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de la materia, se advirtió que no fue posible tener por cumplida aún la sentencia en esos términos sino hasta que en principio, acreditara que hubiere dejado sin efectos los oficios reclamados LXI-CEY-218/2019 de diez de abril de dos mil diecinueve, y LXII-CEY292/2019, de veintiocho de mayo del año en cita, así como de indicarle al Tribunal de los Trabajadores del Estado, las opciones viables, que tiene el Municipio de Motul, Yucatán, en relación con las facultades del Congreso del Estado, para ayudarlo a cumplir con la obligación laboral derivada del laudo de mérito; por tanto, se requirió nuevamente al Congreso del Estado de Yucatán, así como al Tribunal de los Trabajadores del Estado, para que informara a este Juzgado Federal lo relativo al cumplimiento del laudo respectivo, comunicando si ya le fue pagada cantidad alguna al quejoso en relación con el laudo y, en su caso, remitiera las constancias relativas en copia certificada. A fin de cumplir con lo anterior, por oficio LXII-SG-DJ-2728/2020 signado por el Director Jurídico del Poder Legislativo, informó que mediante diverso LXII-CEY-969/2020, presentado en el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, el quince de diciembre de dos mil veinte, hizo de su conocimiento que esa autoridad responsable: Dejó sin efectos los oficios números LXII-CEY-218/2019 y LXII-CEY-292/2019, de veinticuatro de enero del presente año, y reiteró sus atribuciones establecidas en el artículo 30 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; y, Por oficio TTSEM/MP/SRÍA.-1038/2020 remitido por el Secretario de Acuerdos en funciones de Magistrada Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, en ausencia de su Titular, residente en esta ciudad, informó que el día seis de febrero de dos mil veinte, el quejoso celebró con la parte demandada, convenio de cumplimentación de laudo, con las modalidades pactadas en el mismo, recibiendo un pago posterior el día seis de marzo de dos mil veinte. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, se advierte que la autoridad responsable, ha restituido a la parte quejosa, en el pleno goce del derecho fundamental violado, por tanto, se declara que el fallo protector HA QUEDADO CUMPLIDO. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el inciso b), del artículo 18, del Acuerdo General sin número, de veintitrés de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es DEPURABLE, en virtud de que versa de una sentencia en la que se concedió a la parte quejosa el Amparo y Protección de la Justicia Federal y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el citado artículo. Finalmente, hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y tomando en consideración que el día veinte de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, partiendo de las mejores prácticas sanitarias frente a la pandemia ocasionada por el Coronavirus Covid-19, emitió la Circular CAP/3/2020, en la que adoptó diversas medidas preventivas, entre ellas, la suspensión de la totalidad de las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte hasta el once de enero de dos mil veintiuno, determinando el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19; lo que también implicó que no corrieran plazos procesales. Por tanto, de conformidad con lo establecido en el punto 17 de la citada Circular, en relación con la diversa número SECNO/1/2021, de fecha ocho de enero del año en curso, dictada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, punto II, y los artículos 2°, fracción I, y 20 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, a partir de la publicación del citado acuerdo se reanudaron los plazos, lo que se materializa en el caso, con la notificación del presente acuerdo, quedando los plazos y términos en el presente juicio de amparo por reanudados. Lo anterior, en el entendido que sólo se hará el ajuste procesal en relación con los días que operó la aludida suspensión de labores, sin que ello implique el reinicio de los plazos y términos respectivos, dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron; de ahí que, se reitera, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Finalmente, hágase la precisión que este acuerdo deberá notificarse por lista a las partes, puesto que aun y cuando el procedimiento se encontraba paralizado por causas de fuerza mayor, dicha suspensión fue menor a los seis meses a que se refiere el artículo 309, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Licenciado ROGELIO EDUARDO LEAL MOTA, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Licenciado Raúl Ramos Berzunza, Secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado de autos, se acuerda: agréguense para los efectos legales correspondientes los oficios LXII-SG-DJ-2728/2020 y TTSEM/MP/SRÍA.-1038/2020 signados por el Director Jurídico del Poder Legislativo y por el Secretario de Acuerdos en funciones de Magistrada Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, en ausencia de su Titular, ambos del Estado, residentes en esta ciudad, con anexos, los cuales remiten en cumplimiento de la sentencia ejecutoriada pronunciada en este juicio. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este acuerdo, para que manifieste lo que a sus derechos corresponda. Apercibida que de no hacerlo dentro del plazo que para tal fin se les confiere, este Juzgado Federal resolverá lo conducente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por las citadas autoridades. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que mediante proveído de uno de los corrientes, se dio vista a la parte quejosa con lo informado por el Director Jurídico del Poder Legislativo del Estado, residente en esta ciudad, residente en esta ciudad, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, en dicho acuerdo se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se le notificó a la mencionada parte el dos de diciembre de dos mil veinte, sin que a la fecha desahogara la vista concedida en el término que le fue otorgado para tal efecto. Por tanto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y las documentales remitidas por la autoridad responsable, el fallo protector emitido se encuentra o no cumplido en su totalidad. Ahora bien, en sentencia dictada el seis de agosto de dos mil diecinueve, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la autoridad responsable: Dejara sin efectos los oficios reclamados LXI-CEY-218/2019 de diez de abril de dos mil diecinueve, y LXII-CEY292/2019, de veintiocho de mayo del año en cita; y, Prestara el auxilio necesario al Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, a fin de hacer de su conocimiento las opciones viables que tiene el Municipio de Motul, Yucatán, en relación con las facultades del Congreso del Estado, para ayudarlo a cumplir con la obligación laboral derivada del laudo de mérito. Contra dicha sentencia la autoridad responsable interpuso recurso de revisión. Posteriormente, mediante proveído de veintidós de septiembre del presente año, se tuvo por recibido la ejecutoria de fecha trece de marzo de dos mil veinte, en la cual el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, confirmó la sentencia recurrida, por lo que en dicho auto, se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, por oficio LXII-SG-DJ-2704/2020 signado por el Director Jurídico del Poder Legislativo del Estado, residente en esta ciudad, residente en esta ciudad, informó que mediante diverso LXII-CEY-587/2020 de veinticuatro de enero del presente año, remitido al Tribunal de los Trabajadores del Estado, auxilió e hizo del conocimiento al Municipio de Motul, Yucatán, en relación con el pago de la suma laudada en el juicio de origen; y anexó la documentación que acredita lo anterior. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de la materia, se advierte que no es posible tener por cumplida aún la sentencia en estos términos. En principio, porque no ha acreditado ante este juzgado Federal que haya dejado sin efectos los oficios reclamados LXI-CEY-218/2019 de diez de abril de dos mil diecinueve, y LXII-CEY292/2019, de veintiocho de mayo del año en cita; por tanto, requiérase al autoridad responsable Congreso del Estado de Yucatán, para que en el plazo de TRES DÍAS, remita las constancias en copia certificada que acrediten el cumplimiento de lo anterior, o bien, en su caso, comunique las gestiones que haya realizado para dar cumplimiento, o el impedimento que tenga para hacerlo. Asimismo, tampoco es posible tener por cumplido el diverso punto de la sentencia amparadora, pues en relación con lo informado por la autoridad responsable respecto al oficio LXII-CEY-587/2020 de veinticuatro de enero del presente año, remitido al Tribunal de los Trabajadores del Estado, no puede considerarse que la autoridad responsable oficiante haya auxiliado a dicho tribunal a fin de hacer de su conocimiento las opciones viables que tiene el Municipio de Motul, Yucatán, en relación con las facultades del Congreso del Estado, para ayudarlo a cumplir con la obligación laboral derivada del laudo de mérito, ya que sólo refirió el impedimento legal que considera tener sobre el tema. Por tanto, requiérase a la autoridad responsable Congreso del Estado de Yucatán, para que en el plazo de TRES DÍAS, cumpla con la sentencia de amparo en el sentido de indicarle al Tribunal de los Trabajadores del Estado, las opciones viables, que tiene el Municipio de Motul, Yucatán, en relación con las facultades del Congreso del Estado, para ayudarlo a cumplir con la obligación laboral derivada del laudo de mérito; y una vez realizado lo anterior, remita las constancias en copia certificada que así lo acrediten, o bien, en su caso, comunique las gestiones que haya realizado para dar cumplimiento. Lo anterior sin soslayar que refirió que en la Ley de Ingresos del Municipio de Motul, Yucatán, para el ejercicio fiscal 2020, dicho Congreso aprobó en su artículo 5°, apartado 8.3.2., denominado "Convenio con el Gobierno del Estado, Gobierno Federal o Particulares" para el pago de laudos de ex trabajadores la cantidad de $15´000,000.00 (quince millones de pesos 00/100 moneda nacional), con la finalidad de que el Ayuntamiento de Motul, Yucatán tenga los elementos jurídicos esenciales para realizar las gestiones que considere necesarias para poder obtener dichos ingresos. Por tanto, en atención a esto último, se requiere al Tribunal de los Trabajadores del Estado de Yucatán, a fin de que en el plazo de TRES DÍAS, informe a este Juzgado Federal lo relativo al cumplimiento del laudo relativo, es decir, comunique si ya le fue pagada cantidad alguna al quejoso en relación con el laudo y, en su caso, remita las constancias relativas en copia certificada. Con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, dentro del plazo concedido, se le impondrá a tanto al Congreso del Estado, como al Tribunal de los Trabajadores del Estado, una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, la que equivale a $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional) con fundamento en lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.
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