Simon Chamorro de Paz
Expediente 1095/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1095/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/09/2017
Partes del expediente
- Simon Chamorro de Paz
Actuaciones
- Principal
VIII. La certificación de cuenta evidencia que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el auto de once de julio de dos mil diecisiete, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, vista la cuenta precedente y del estado que guarda el presente expediente, del cual se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar; por tanto, se declara procedente remitir el presente expediente al archivo de este Juzgado de Distrito, en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, pues se desechó de plano la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto referido, pues el mismo establece: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: I. Todos aquellos asuntos en los que se haya dictado una acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido.". Asimismo, el presente sumario no es de relevancia documental, pues no encuadra en ninguno de los supuestos a que hace referencia el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Sabrina Melissa Bernal Rosales, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; once de julio de dos mil diecisiete. Téngase por recibido y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes el oficio de cuenta, mediante el cual la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito hace del conocimiento a este Juzgado de Distrito, que declaró firme el auto de trece de junio de dos mil diecisiete, a través del cual desechó de plano el recurso de queja 92/2017, de su índice estadístico; asimismo, remite un legajo de copias certificadas del juicio de amparo indirecto 1165/2016. Atento a lo anterior, acúsese el recibo correspondiente a la superioridad oficiante y realícense las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, a la autoridad responsable Magistrado Presidente del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Ecatepec, Estado de México, devuélvase las constancias que remitió como complemento a su informe justificado, consistentes en el duplicado del toca de apelación 61/2016 y dos legajos de copias certificadas consistentes en la causa penal 185/1994, del índice estadístico del Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México. Por lo que, se solicita a la responsable de referencia, para que dentro del plazo de tres días inserto en la fracción II del artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acuse recibo de la constancia referida, con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá multa de cincuenta a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Atento a lo anterior, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que el presente asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, fracción II, párrafo primero y segundo del Acuerdo de referencia, pues, se sobreseyó en el presente asunto. Se precisa que en el presente asunto, no existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo de referencia), asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. De igual forma, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, a efecto de notificarle la presente determinación al quejoso y no dejarle en el estado de indefensión, de conformidad con los artículos 26, fracción I, inciso a), 27, fracción II, de la Ley de Amparo; 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298 del código adjetivo citado, gírese atento exhorto al Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Texcoco, Estado de México, para que en auxilio de las labores de este juzgado comisione al personal adscrito a su órgano jurisdiccional para el efecto de que se sirva notificar de manera personal al quejoso Héctor Cifuentes Ruiz, el presente proveído en el lugar donde se encuentra recluido; es decir, en el Centro Preventivo de Readaptación Social de Texcoco, Estado de México, específicamente en el módulo de conductas especiales. Asimismo, se faculta a la autoridad citada, para que con plenitud de jurisdicción lleve a cabo las diligencias necesarias a fin de dar cumplimiento a la encomienda y para que de ser necesario diligencie lo encomendado en días y horas inhábiles, en términos de lo previsto en el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo; y hecho lo anterior, remita las constancias respectivas. Notifíquese; al quejoso en términos de la presente determinación. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon que autoriza, firma y da fe.
- Principal
VIII. (CITATORI QUEJOSA). Se hace efectivo el aperbimiento a la parte quejosa) Radicación. Por recibida la demanda de amparo promovida por Simón Chamorro de Paz, contra actos del Registro Agrario Nacional Delegación Estado de México; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1095/2017-VIII. Desechamiento. Con fundamento en los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, este juzgado federal analiza de oficio las causales de improcedencia previstas en el numeral 61 de dicha ley, pues su estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público y de interés social, y de actualizarse alguna de ellas, de manera manifiesta e indudable, deberá desecharse la demanda de amparo. Robustece lo anterior, la jurisprudencia número II.1º.J/5, publicada en la página 95, del Semanario Judicial de la Federación de Mayo 1991, del Tomo VII, Octava Época, cuyo sumario es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En esa tesitura, en conformidad con lo previsto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se estima procedente desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo. Se expone tal consideración, porque el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sobre el particular se aplica por haberse interpretado disposición de similar contenido, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, publicada en la página 890 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1998, tomo VII, Novena Época, cuyo contenido es: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Apreciada íntegramente la demanda de amparo, en relación con su escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa hace consistir su reclamo en: "ACTO RECLAMADO. El trámite para la expedición del certificado parcelario de la parcela 324, del ejido La Calera, municipio de Ixtapan del Oro, Estado de México a favor de la tercero perjudicada, vulnerando mis derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica y propiedad, ya que dicha parcela por asamblea general de ejidatarios fue asignada al suscrito quejoso SIMPÓN CHAMORRO DE PAZ." Expuesto lo anterior, es pertinente precisar que el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 63, fracción IV, ambas de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." De igual forma, se toma en consideración la jurisprudencia 23, publicada en la página 45, del Apéndice de 1985, Quinta Época, Parte VIII, Materia Común, sustentada por el Pleno la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 395568, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTOS FUTUROS Y ACTOS PROBABLES. No cabe conceder el amparo, cuando la demanda se funda en actos de esa naturaleza." Así como la tesis publicada en la página 1740 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XLI, Materia Común, Quinta Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 312962, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTOS FUTUROS E INCIERTOS: El amparo es improcedente contra esa clase de actos, y debe sobreseerse respecto de ellos." Lo anterior se afirma, en razón de que el acto reclamado en el presente juicio de amparo (trámite para la expedición del certificado parcelario correspondiente a la parcela 324, del ejido La Calera, municipio de Ixtapan del Oro, Estado de México, realizado por Catalina Días de Paz), no genera perjuicio al promovente al momento de la presentación del escrito de demanda, pues tal documento no ha sido expedido por la autoridad administrativa agraria; es decir, no se ha emitido un acto que vulnere los derechos fundamentales del ahora quejoso; ello sin que pase inadvertido que reclama los trámites que se están realizando para tal efecto, pues estos van encaminados a un acto futuro e incierto, ya que no se tiene la certeza de que se expedirá el certificado en cuestión. En ese contexto, se afirma que el juicio de amparo es procedente contra actos actuales y ciertos, positivos o negativos, esto es, que ya se han llevado a cabo, en virtud de que ese medio de control de los actos de la autoridad no tiene efectos preventivos o especulativos, sino de reparación, lo cual excluye su viabilidad respecto de actos futuros, en el entendido de que este concepto no debe entenderse referido exclusivamente y en forma aislada a aquellos actos que en un momento y tiempo específicos aún no se han realizado, sino que debe verse en función de su indeterminación, incertidumbre, probabilidad o posibilidad de que se produzcan. Estos elementos permiten diferenciar a los actos futuros de los inminentes, es decir, los que aun cuando no se han materializado, se tiene la certeza de que se producirán. Lo anterior, de conformidad con la tesis publicada en la página 2385, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXXI, Materia Común, Quinta Época, emitida por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 337723 de rubro y texto siguientes: "ACTOS FUTUROS. Los actos futuros contra los cuales es improcedente el amparo, son aquellos que tienen el carácter de futuros e inciertos; pero si se tiene la certeza de que se ejecutarán, el amparo procede contra ellos, en los términos de la ley." Asimismo, sirve de orientación la tesis aislada XIX.2o.11K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en la página 252, del Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, con número de registro 203353, que establece: "ACTOS INMINENTES. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El juicio de garantías procede en el fondo sólo contra actos ciertos y actuales, no inminentes, ya que resultaría imposible tratar de decidir sobre la inconstitucionalidad del contenido de actos que aún no se actualizan, y por ende, se desconocen sus términos." Consecuentemente, el elemento que permite diferenciar los actos futuros respecto de los inminentes es la certeza de su realización, y en el caso concreto, resulta evidente que a la fecha no se tiene certeza de que la autoridad señalada como responsable expedirá el certificado parcelario correspondiente a la parcela 324, del ejido La Calera, municipio de Ixtapan del Oro, Estado de México; es decir, no existe, de ahí la imposibilidad de analizar en este juicio la constitucionalidad del acto precisado por el quejoso; por ende, tal circunstancia actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la citada ley de la materia. Ahora bien, el desechamiento que en este apartado se analiza no implica que se le esté denegando la impartición de justicia al impetrante de amparo, lo anterior en atención a lo expuesto la jurisprudencia VII.2o.C. J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, Página 921, Tomo XXIV, Junio de 2006, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Materia Común, que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Por tales motivos, resulta inconcuso que se actualizan las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 63, fracción IV, todos de la Ley de Amparo y, por esas causas, se impone desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa promovida por Simón Chamorro de Paz, contra actos del Registro Agrario Nacional Delegación Estado de México, respecto del acto que se reclama relativo al trámite para la expedición del certificado parcelario de la parcela 324, del ejido La Calera, municipio de Ixtapan del Oro, Estado de México, por notoriamente improcedente. Finalmente, cabe precisar que el acto reclamado por el ahora quejoso también puede ser combatido a través del juicio de nulidad ente la autoridad respectiva. Señalamiento de domicilio. De conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. Señalamiento de autorizados. Téngase por autorizado a Antero Jaramillo Jaramillo en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente.
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