Simón Antonio Ramírez Rojas
Expediente 1673/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1673/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/12/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Simón Antonio Ramírez Rojas
Actuaciones
- Incidental
MESA IV A Vista la certificación de cuenta, toda vez que en auto dictado en esta fecha en el juicio de amparo 1573/2015, del que deriva este incidente de suspensión, se ordenó determinar su destino; por tanto, en virtud de que en este cuaderno incidental se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año citado, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de esta resolución, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse concedido, la medida cautelar, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración en términos del punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA II B Vistos los autos, y advirtiéndose de la certificación que antecede, que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de seis de noviembre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Simón Antonio Ramírez Rojas; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA II A Vistos los autos, de los que se advierte que el treinta de septiembre de dos mil quince, tuvo verificativo la audiencia constitucional en este juicio de amparo, y tomando en consideración que en sesión de dieciocho de mayo de este año, la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, determinó en el punto de acuerdo C. CAR. 116/2015-V, que el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, apoyará a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, en la resolución de juicios de amparo; en consecuencia, remítase este expediente al citado juzgado auxiliar por conducto de su Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, para los efectos del dictado de la sentencia correspondiente. Por tanto, en términos del punto quinto del Acuerdo General 27/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que crea el Centro Auxiliar de la Cuarta Región, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado, y notifíquese a las partes esta determinación. Por último, con las constancias relativas, fórmese cuaderno de antecedentes. Notifíquese.
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, seis de noviembre de dos mil quince. Vista la demanda de amparo promovida por Simón Antonio Ramírez Rojas, contra actos del Visitador General de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, fórmese expediente y regístrese en el correspondiente libro de este juzgado, bajo el número 1673/2015. Antes de proveer sobre la admisión de la demanda, resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En el caso, el suscrito juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107 fracción III, inciso b), del propio ordenamiento, este último interpretado en sentido contrario, los cuales a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". En efecto, el análisis de la demanda de amparo permite conocer que la parte quejosa reclama del Visitador General de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la parte relativa del acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil quince, dictado dentro del Procedimiento de Queja DDHPO/1546/(01)/OAX/2015 de su registro, por el que se niega la admisión de la prueba de interrogatorio ofrecida por el impetrante a cargo de la promovente de la queja Hortensia Verónica Pérez López. Ahora, de los antecedentes narrados en su escrito de demanda bajo protesta de decir verdad, se advierte que el citado procedimiento administrativo DDHPO/1546/(01)/OAX/2015 se inició en su contra en su carácter de Comisario de Vialidad y Transporte de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, con motivo de la queja interpuesta por Hortensia Verónica Pérez López, Policía Vial integrante de la Comisaría de Vialidad y Transporte del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca; asimismo, que en el referido expediente por acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil quince, se admitieron diversas pruebas ofrecidas por el ocursante y se negó la admisión de la relativa al interrogatorio a cargo de la promovente de la queja, además se ordenó remitir el citado expediente a la Visitaduría Especializada en Equidad de Género y Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de ese Organismo, para que fuera esa área quien continuara con la investigación y, en su momento, emitiera la resolución correspondiente. Bajo las anteriores premisas, se colige que no se está en presencia de la hipótesis establecida en el inciso b), de la fracción III del artículo 107 de la Ley de Amparo, es decir, que se trate de un acto en el procedimiento que sea de imposible reparación, dado que el acto que se reclama únicamente tiene como consecuencia una afectación de derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales al no alterarse materialmente ningún derecho sustantivo, tales como la libertad, propiedad, posesiones o derechos, pues al momento en que se produce no le afecta de manera irreparable, pues ello será así hasta que se resuelva la controversia y tal acto influya para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del impetrante. Por tanto, es evidente, que no existe la afectación material sobre algún derecho sustantivo reconocido en la Constitución o en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como lo precisa la hipótesis referida. En otro orden, se advierte que si bien el quejoso Simón Antonio Ramírez Rojas en su escrito de demanda señaló promover esta instancia constitucional por su propio derecho, lo cierto es que lo hace en su carácter de autoridad, pues de los antecedentes expuestos se conoce que el procedimiento de queja del que deriva el acto que reclama, se instauró en su contra en su carácter de Titular de la Comisaría de Vialidad y Transporte del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca. Bajo tal consideración, el suscrito juzgador advierte que en la especie también se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 6o. y 7o. del mismo ordenamiento legal, que señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares." En efecto, de conformidad con el último dispositivo transcrito, por excepción, las personas morales públicas pueden solicitar el amparo a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes respectivas, única y exclusivamente cuando la norma general, acto u omisión que se reclame afecte sus intereses patrimoniales respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Luego, si como quedó establecido el acto que se impugna corresponde a un desechamiento de pruebas dictado dentro de un procedimiento de queja que se sigue en la Visitaduría General de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, contra el quejoso Simón Antonio Ramírez Rojas en su carácter de servidor público como Titular de la Comisaría de Vialidad y Transporte del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca y no como gobernado, es evidente que el citado impetrante carece de legitimación para promover el presente juicio de amparo, en la medida que resulta evidente que dicho acto no afecta sus intereses patrimoniales respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares, único caso en que se encuentra en posibilidad de acudir a la instancia constitucional. Lo anterior es así, toda vez que del artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que los organismos de protección de los derechos humanos, formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas, y todo servidor público estará obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos; así como que cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, estos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa. Así como que la resolución final que dictan los organismos de protección de los derechos humanos, en materia de quejas y denuncias en contra de presuntas violaciones a los derechos humanos, no resultan vinculatorias en la medida que no obligan a la autoridad administrativa contra la cual se dirige y, por ende ésta puede cumplirla o dejar de hacerlo. De donde se acredita que los procedimientos en materia de quejas y denuncias en contra de presuntas violaciones a los derechos humanos, tramitados por organismos de protección de los derechos humanos, como en el caso, se siguen en contra de autoridades y no de particulares. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis XCVII/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 223, Tomo VIII, diciembre de 1998, materia administrativa, constitucional, de rubro y texto siguientes: COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO EN CONTRA DE LA DECLARATORIA DE INCOMPETENCIA PARA CONOCER DE UNA DENUNCIA DE VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS, POR NO SER UN ACTO DE AUTORIDAD. La resolución final que dicta la Comisión Nacional de Derechos Humanos en materia de quejas y denuncias que se formulan en contra de presuntas violaciones a los derechos humanos, no tiene la naturaleza de "acto de autoridad", ya que aunque se emita en el sentido de hacer recomendaciones, de lo dispuesto en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que no obliga a la autoridad administrativa contra la cual se dirige y, por ende, ésta puede cumplirla o dejar de hacerlo; luego, por sí misma no crea, modifica o extingue una situación jurídica concreta que beneficie o perjudique al particular. Asimismo, por sus efectos y consecuencias, la resolución emitida por la comisión, en la que declara su incompetencia para conocer de una denuncia o queja, es equiparable a sus determinaciones finales, en razón de que, tácitamente, está concluyendo que no hará ninguna recomendación con base en los motivos y fundamentos jurídicos señalados en la propia declaración de incompetencia, que se dicte aun antes de llevar a cabo la investigación, por lo que tampoco puede considerarse esta otra resolución como un acto de autoridad. Por consiguiente, sobre el particular se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 1o., fracción I, de la misma, conforme a los cuales el amparo solamente procede en contra de actos de autoridad. Por las relacionadas consideraciones, al actualizarse las referidas causales de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Por otra parte, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo, y por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas que indica, por no encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y ser el presente asunto de naturaleza administrativa. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Para concluir, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional.
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