Simón Alberto Alanís Alanís

Expediente 1222/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1222/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
05/11/2021

Partes del expediente

  • Simón Alberto Alanís Alanís
  • Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Reynosa, en funciones de Juez de Control

Actuaciones

  1. Principal

    causa estado desechamiento ...

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, quince de octubre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio telegráfico sin número, remitido por el Secretario de Gobernación y el Director General del Diario Oficial de la Federación, ambos con sede en Ciudad de México, de manera conjunta, por medio del cual informan la fecha en que quedaron notificados de los oficios 9612/2021 y 9613/202, respectivamente, mediante los cuales se les comunicó el auto de ocho de septiembre de dos mil veinte; de lo que se toma nota para los efectos legales conducentes. Finalmente, téngase por recibido el oficio oficio FECC/4835/2021, enviado por la autoridad responsable Coordinador General de Investigación de la Fiscalía Especializada en Combate a la corrupción del Estado de Tamaulipas, con residencia en Victoria, por lo que en atención a su contenido únicamente agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda; lo anterior, en virtud de que dicho informe se tuvo por recibido en proveído de siete de octubre de dos mil veintiuno, proveyéndose lo conducente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Vanessa Esmeralda Revilla Muñoz, Secretaria en Funciones de Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorizada mediante oficio CCJ/ST/3249/2021, de trece de septiembre del presente año, firmado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Julio César Cruz García, Secretario quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, uno de octubre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el escrito presentado electrónicamente a nombre de Simón Alberto Alanís Alanís y firmado por esa vía por Oscar Chavero Valbuena, por medio del cual en atención a la prevención efectuada en proveído de veinticuatro de septiembre del año en curso, precisa la denominación completa y correcta de la autoridad a la que le atribuye el acto reclamado. En ese tenor, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del numeral citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Respecto al concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente, la tesis en cuestión, explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Dicho lo anterior, de la demanda de amparo y escrito aclaratorio se arriba a la conclusión que la parte promovente reclama la determinación de uno de septiembre de dos mil veintiuno, en la que el Juez de Control decretó cerrada la investigación complementaria dentro de la carpeta judicial 182/2021, en virtud de haber transcurrido el plazo de dos meses establecido para tal efecto. En ese tenor, este juzgado federal estima que en el caso a estudio se hace patente la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De lo antes trascrito, se obtiene que la Ley de Amparo en su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por lo que puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y La segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En apoyo de lo anterior, cabe citar la jurisprudencia IV.2o.C.J/2, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 1539 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo III, Mayo de dos mil catorce, con número de registro, de rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)." Ahora bien, como se dijo, el acto en estudio consiste en la determinación de uno de septiembre de dos mil veintiuno, en la que el Juez de Control decretó cerrada la investigación complementaria dentro de la carpeta judicial 182/2021. Así, conforme a lo antes expuesto tenemos que esa resolución no afecta de manera directa e inmediata los derechos fundamentales del aquí solicitante de amparo, atento que no produce, por sí mismo, una afectación material a derechos sustantivos, ya que sólo produce una lesión jurídica de naturaleza formal que puede o no trascender al sentido de la resolución definitiva que en su momento llegue a pronunciarse, pues la única consecuencia es que se continúe con el procedimiento. Lo que denota a todas luces, que únicamente se trata de acto de naturaleza intraprocesal que en su caso, los efectos que produzca pueden o no generar un perjuicio en agravio del gobernado, incluso de agraviar derechos procesales se verían sustituidos con el dictado de una sentencia favorable Es decir, la decisión reclamada no impedirle el libre ejercicio de derechos sustantivos en forma presente, además, el ahora agraviado puede presentar una solicitud de reapertura ante el Juez de Control, hasta antes de la acusación, o bien, impugnar al término de la etapa intermedia, esto es, controvertir el auto de apertura a juicio, si es que la violación trascendió en su perjuicio en la decisión de esa fase del procedimiento, máxime, que una de las finalidades más importantes de la etapa intermedia, es que el imputado pueda plantear, en caso de que lo estime pertinente, argumentos relacionados con vulneraciones a derechos fundamentales. Sirve de apoyo a lo anterior, en la idea jurídica y sustancialmente conducente la tesis XVII.2o.P.A.28 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro estatuye: "INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA. CONTRA LA NEGATIVA DEL JUEZ DE CONTROL DE ACCEDER A LA SOLICITUD DE LA DEFENSA DEL IMPUTADO DE SEÑALAR FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA A FIN DE DEBATIR SOBRE EL DESAHOGO DE DIVERSAS PRUEBAS EN ESTA ETAPA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL SER UN ACTO QUE, POR SÍ MISMO, NO AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS." Por tanto, el acto aquí reclamado no actualiza algún caso de excepción a los que se refiere la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo para la procedencia de la vía biinstancial, al no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado en la tesis IV.1o.P.27 P (10a.) por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, visible en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo IV, página 3502, de rubro "ETAPA INTERMEDIA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS DETERMINACIONES DEL JUEZ DE CONTROL, EMITIDAS ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA RELATIVA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." En consecuencia, al quedar actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII, con relación al diverso artículo 107 fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, por lo que se determina desechar de plano la demanda de amparo promovida por Simón Alberto Alanís Alanís, en términos del arábigo 113 de la Ley de la Materia. Por otra parte, acorde a la solicitud del promovente, se autoriza la notificación de este auto, así como las subsecuentes aún las de carácter personal, por medio de lista de acuerdos que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional y en la página electrónica respectiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo. En otro contexto, no pasa desapercibido para este tribunal que si bien es cierto el ocurso que se provee haya sido presentado electrónicamente a nombre de Simón Alberto Alanís Alanís y suscrito por esa vía por Óscar Chavero Valbuena, también lo es que esa circunstancia no conlleva a desestimar su contenido, pues se es consciente que en la actualidad se enfrentan a un grave problema de salud pública, lo que inevitablemente genera una especie de discapacidad social, pues impone limitaciones o condicionamientos diversos para el común de los justiciables, situación que obliga a los órganos jurisdiccionales a realizar en ciertos casos y bajo determinadas condiciones algunos ajustes razonables con miras a preservar el derecho fundamental de tutela judicial efectiva. Criterio que fue adoptado por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en esta ciudad, al resolver el recurso de queja 95/2021, en sesión de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. Finalmente, atento a lo dispuesto por los artículos 3, fracción II, 8, 13 y 18, fracción II, de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XXII, 5, 6, 7, 8 y 9, títulos Primero y Segundo del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos segundo y tercero transitorios de la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, salvo la reservada y la confidencial, es pública la información que tiene bajo su resguardo este juzgado y las partes pueden, si así lo estiman conveniente, manifestar su consentimiento expreso a la publicación de sus datos personales; lo anterior, sin perjuicio de que este órgano actúe en función a las obligaciones de transparencia inherentes como sujeto obligado. Notifíquese por lista de acuerdos. Así lo proveyó y firma Vanessa Esmeralda Revilla Muñoz, Secretaria en Funciones de Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorizada mediante oficio CCJ/ST/3249/2021, de trece de septiembre del presente año, firmado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Issac Paulino Martínez Jiménez, Secretario quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio signado por el Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, en funciones de Juez de Control, para que obre como corresponda, sin hacer mayor pronunciamiento sobre su contenido, habida cuenta que en proveído de veintitrés del presente mes y año se agregó a los autos un oficio con símil contenido y se proveyó lo conducente. Finalmente, devuélvase al archivo el expediente en que se actúa, de donde se extrajo para la emisión del presente acuerdo. Notifíquese. ...

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