Silvio Romero Fernandez

Expediente 334/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 32 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
334/2017
Año
2017
Actuaciones
32
Última actuación
20/07/2018

Partes del expediente

  • Silvio Romero Fernandez
  • Israel Pulido Moreno
  • Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal de esta ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, veinte de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que por auto de diecinueve de junio de dos mil dieciocho (fojas 747 a 765), se tuvo por cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo, sin que las partes hayan interpuesto el recurso de inconformidad a que se refiere el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, por tanto, debe tenerse por consentido el mismo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro número uno, relativo al registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. Por otra parte, se considera que el presente juicio es susceptible de depuración, en términos de lo expuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, en razón de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y no es de relevancia documental (debiendo conservarse la demanda y sentencia respectivas). En su oportunidad, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos conducentes. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando los tres cuadernos de pruebas que remitió el juez responsable, devuélvansele para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. (4)

  2. Incidental

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, veinte de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guarda el presente incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 334/2017-4, se considera que el duplicado de este expediente deberá destruirse por parte de este juzgado, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria, en virtud de que existe el original, no tiene documentos originales exhibidos por las partes, y no es de relevancia documental, en términos de lo expuesto en el punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito. Por cuanto al original del cuaderno incidental, toda vez que se concedieron las medidas suspensionales provisional y definitiva respecto del acto reclamado, conforme a la fracción III, párrafo segundo, del artículo vigésimo primero del referido acuerdo, es susceptible de depuración (con excepción de las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación). Por otra parte, conforme al acuerdo citado, en su oportunidad, remítase el original de este incidente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo. Por tanto, archívese este expediente, y procédase conforme al acuerdo señalado en este propio auto. Notifíquese. (4)

  3. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuatro de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos el exhorto 348/2018-VIII, número de orden 345/2018VIII, proveniente del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, derivado del diverso 742/2018-4, de la estadística de este órgano jurisdiccional, mediante el cual lo devuelve debidamente diligenciado. Sin que sea necesario acusar recibo de la comunicación de cuenta, por así referirlo el juez exhortado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de exhortos y despachos. Por tanto, ténganse debidamente notificados a los terceros interesados Jesús García de la Cruz, Israel Pulido Moreno y Luis Caín Pulido Moreno, de la determinación de diecinueve de junio del año en curso (foja 747 a 765), para los efectos legales conducentes. Notifíquese. (3)

  4. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, diecinueve de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio y anexo, provenientes del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 527/2018-4, el cual quedó registrado en aquel juzgado con el número 302/2018 (comunicación oficial 306/2018); sin que sea el caso acusar de recibo por así haberlo solicitado la autoridad exhortante. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de exhortos y despachos. Por tanto, ténganse por debidamente notificados a los terceros interesados ***, del proveído de uno de junio del año en curso (fojas 582 y 583 del tomo I), para los efectos legales procedentes. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos de los cuales se advierte que ya transcurrió el término de tres días concedido a las partes por auto de uno de junio de la propio anualidad (fojas 582 y 583 del tomo I), para que realizaran manifestaciones respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector; por tanto, este juzgador procede a analizar si la sentencia de amparo ha sido cumplida en su totalidad. Ahora bien, de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa destacan las siguientes: Mediante sentencia terminada de engrosar el dieciséis de marzo de dos mil dieciocho (fojas 252 a 277), este órgano jurisdiccional concedió el amparo y protección de la justicia federal a ***, respecto de los actos reclamados al Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad, para los efectos siguientes: "[.] a) Deje insubsistente el auto de formal prisión dictado el uno de septiembre de dos mil diecisiete, dentro de la causa penal *** de su índice; b) En su lugar, pronuncie otra resolución que puede ser en diverso o en igual sentido, pero cumpliendo con los requisitos de fundamentación y motivación, es decir, deberá subsanar las deficiencias destacadas en esta sentencia, sin que pueda agravarse la situación del quejoso, en el que deberá atender los siguientes aspectos: I. En los considerandos relativos al estudio del cuerpo de los delitos, considere y valore todas las pruebas que obren en autos del expediente natural, debiendo precisar de forma correcta el valor legal que les corresponde a los dictámenes periciales no ratificados, y qué se obtiene de cada una de las probanzas para tener o no por acreditados los elementos corpóreos de los ilícitos, exponiendo de forma fundada y motivada las consideraciones con las que sustente la nueva decisión. II. En lo que toca al cuerpo del delito de homicidio tumultuario, deberá diseccionar correctamente todos los elementos que lo integran, específicamente atender los que tienen referencia al tumulto, verificando fehacientemente si se encuentran demostrados o no los elementos integradores de dicho ilícito. III. Respecto al delito de lesiones, determine que no se acredita la agravante a que se refiere la fracción II del artículo 322 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, en los términos precisados en la presente sentencia. IV. En relación al acreditamiento del cuerpo del delito de privación ilegal de la libertad, deberá exponer los motivos respecto a por qué desde su parecer se acredita la variante del citado delito prevista en el inciso b) fracción I del artículo 391 de la legislación penal para el Estado, referente a que el activo del delito "detenga en calidad de rehén a una persona y amenace con privarla de la vida o con causarle daño, para que las autoridades o un particular realice o deje de realizar un acto cualquiera." Asimismo, deberá motivar suficientemente la demostración de la hipótesis establecida en el inciso c) de la referida fracción I del artículo 391 del código punitivo del estado, que establece la diversa agravante del delito de privación ilegal de la libertad y que consiste "en que la privación se realice con el propósito de causar un daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o de cualquier otra." V. Al momento del estudio de la probable responsabilidad, deberá considerar el total de las pruebas que obran en el expediente penal y no únicamente las que fueron desahogadas en la etapa de averiguación previa, concediéndoles el valor probatorio que corresponda; y VI. En el mismo considerando, deberá motivar suficientemente, el por qué considera que el quejoso es probable responsable en la comisión de los delitos que se le atribuyen, a saber, el de homicidio tumultuario, lesiones y privación ilegal de la libertad. [.]" Posteriormente, por auto de diecinueve de abril del año actual (fojas 381 y 382), causó ejecutoria la sentencia concesoria de amparo y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable; y por acuerdo de veintidós de mayo de dos mil dieciocho (fojas 485 a 497), este órgano federal determinó que el fallo protector había sido cumplido de manera parcial, bajo las siguientes consideraciones: "En acatamiento a lo anterior, la autoridad responsable Juez de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito de Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad (antes Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito de Judicial en el Estado), realizó lo siguiente: Por lo que hace al punto identificado como 1, consistente en dejar insubsistente el auto de formal prisión dictado el uno de septiembre de dos mil diecisiete, dentro de la causa penal *** (ahora número ****) de su índice, el veinticinco de abril del año en curso, al emitir el auto de término constitucional dejó insubsistente el auto de formal prisión dictado el uno de septiembre de dos mil diecisiete, lo que advierte de la transcripción del punto resolutivo primero, el cual es del tenor literal siguiente: 'PRIMERO. Siendo las (10:00) horas del veinticinco (25) del mes de abril del dos mil dieciocho (2018) y estando dentro del término de tres días contados a partir de los legales efectos de la notificación hecha a ésta autoridad y en cumplimiento a la sentencia de amparo ejecutoriada pronunciada por el ciudadano Juez Tercero de Distrito en el Estado, dentro del Juicio de Garantías número ****, (sic) SE DEJA INSUBSISTENTE EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN DE FECHA UNO (01) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE (2017) y se dicta NUEVO auto que resuelve la situación jurídica de ****dictando AUTO DE FORMAL PRISIÓN en su contra como probable responsable en la comisión del delito de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, en agravio de quienes en vida llevaran por nombre ****.' (foja 423). Énfasis propio. En ese sentido, al haber dejado insubsistente el auto de formal prisión dictado el uno de septiembre de dos mil diecisiete, el juez responsable cumple con el punto 1, de los efectos de la sentencia concesoria. En ese orden de ideas, en acatamiento al punto 2 anteriormente citado consistente en dictar otra resolución que podía ser en diverso o en igual sentido que la reclamada, pero cumpliendo con los requisitos de fundamentación y motivación, en la referida determinación de plazo constitucional (veinticinco de abril del año en curso), dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de **** por los delitos de privación ilegal de la libertad, en agravio de *** y ***, homicidio tumultuario, cometido en agravio de *** e ***, y lesiones cometidas en agravio de ***; asimismo, decretó auto de formal prisión como probable responsable en la comisión del delito de privación ilegal de la libertad, en agravio de quienes en vida llevaran por nombre *** e ***; por lo que, al haber emitido otra resolución, cumple en parte con lo señalado en el punto identificado como 2. En cuanto al efecto identificado en la presente determinación con el número 2.2., relativo a que el juez responsable debía diseccionar correctamente todos los elementos que integran el delito de homicidio tumultuario, el aquo realizó lo siguiente: 'En lo que toca el cuerpo del delito de homicidio tumultuario, se procederá a diseccionar correctamente todos los elementos que lo integran, específicamente atender los que tienen referencia al tumulto, verificando fehacientemente si se encuentran demostrados o no los elementos integradores del hecho ilícito; Continuando con la presente resolución de autos se aprecia que se encuentra legalmente acreditada la corporeidad del delito de HOMICIDIO TUMULTUARIO, en los términos de lo dispuesto por los artículos 131, 139, 140, 157, 158 y 159 del Código de Procedimientos Penales en vigor a la época de los hechos, toda vez, que existen suficientes probanzas para demostrar cada uno de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho antijurídico descrito por nuestra legislación común como delito de HOMICIDIO TUMULTUARIO. Tales dispositivos a la letra dice: "ARTICULO. 329. "Comete el delito de homicidio el que priva la vida a otro." "ARTICULO. 335. Cuando el homicidio se ejecute con la intervención de dos o más personas, se observaran las reglas siguientes: I. II.. III.. Cuando sean varias las heridas, unas mortales y otras no, y se ignore quienes infirieron las primeras, pero constare quienes lesionaron, a todos se les aplicara de cuatro a ocho años de prisión, excepto a aquellos que justifiquen haber inferido solo las segundas, a quienes se impondrá la sanción que corresponda por dichas lesiones;" De lo anterior se puede concluir que los elementos del cuerpo del delito de HOMICIDIO TUMULTUARIO son: a). La vida de una persona previamente existente; b). la supresión de esa vida; c). Que tal supresión se daba a causas externas; d). Que en la supresión de la vida hayan intervenido dos o más personas; y, e). Que no constare quien o quienes son los autores de la lesión mortal." Hecho lo anterior, el Juez responsable se avocó a analizar si dichos elementos se encontraban acreditados o no con los medios de prueba obrantes en autos de la causa penal, concluyendo, que en lo que respecta al identificado con el inciso "d)" no había quedado demostrado que en la supresión de la vida de *** e *** hayan intervenido dos o más personas; por lo que al no existir medios probatorios que acreditaran todos los elementos del delito de homicidio tumultuario, decretó auto de libertad, por falta de elementos para procesar por cuanto al delito de Homicidio Tumultuario en favor del quejoso; en ese tenor, al haber diseccionado todos los elementos que integran el delito de homicidio tumultuario, la autoridad responsable dio cumplimiento al punto 2.2.. Por lo que hace al efecto 2.3. en el que debía determinar que no se acreditaba el agravante del delito de lesiones, referido en la fracción II del artículo 322 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, el Juez responsable indicó: ".Por último, en lo concerniente a lo relativo al agravante previsto en el artículo 322 fracción II del código penal, del delito traducido éste en que cause una lesión que produzca debilitamiento, disminución o perturbación de funciones, órganos o miembros de la víctima, ésta no se encuentra acreditada en autos, aún y cuando obra en constancias el dictamen de lesiones previo, realizado por el doctor ****, remitido mediante oficio número de folio *** de dos de junio de dos mil cuatro en el cual como conclusiones se desprende lo siguiente: RESULTADOS. LAS LESIONES QUE PRESENTA SON LAS QUE TARDAN MAS DE QUINCE DIAS EN SANAR, PONEN EN PELIGRO LA VIDA, DEJAN DISMINUCION DE LA FUNCION DE LA DEAMBULACION, Y NO DEJAN CICATRIZ EN LA CARA..." "CONCLUSIONES. CAIN RODRÍGUEZ MORENO, PRESENTA LESIONES CAUSADAS POR CONTUSIONES RECIENTES AL MOMENTO DEL EXAMEN MEDICO LEGAL..." DICTAMEN PERICIAL a los cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos del artículos 298 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tamaulipas, toda vez que es realizado por un Perito Oficial con ejercicio de sus funciones, lo anterior con fundamento en el artículo 220 del mismo Ordenamiento legal invocado, en virtud de haberse llevado a cabo con todos los requisitos legales previstos por el artículo 229 del Código de Procedimientos Penales en vigor, con el que el Perito Médico Forense hizo constar que las lesiones sufridas por el pasivo dejan disminución de la función de la deambulación y no dejan cicatriz en la cara. Por lo que con los anteriores medios probatorios analizados no se tiene por acreditado la agravante del delito en comento consistente en que cause el daño o lesión causada produzca al ofendido debilitamiento, disminución o perturbación de funciones, órganos o miembros del cuerpo. En tal virtud, si en los autos no existen medios probatorios que acrediten todos los elementos del delito de LESIONES, previsto y sancionado por los artículos 319 FRACCION II y 322 FRACCIÓN II del Código Penal vigente en el Estado, por tanto al no acreditarse la probable responsabilidad penal de **** en su comisión, pues al no quedar demostrada la totalidad de lo elementos del delito en mención, es evidente la improcedencia del examen de la probable responsabilidad penal de los hechos materia de la presente causa, por lo que se estima procedente con fundamento en el artículo 290 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, lo procedente es decretar AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR por cuanto al delito de lesiones se refiere a favor de **** por las razones expuestas en líneas anteriores. Como se aprecia de la anterior transcripción, el juzgador responsable determinó que no se acreditaba la agravante del delito de lesiones a que se refiere la fracción II del artículo 322 del código penal para el estado de Tamaulipas, como le fue precisado en la ejecutoria, cuyo cumplimiento se analiza, ya que consideró que con los medios de prueba obrantes en la causa penal, no se demostró que el daño o lesión causada al ofendido sea de las que produzca debilitamiento, disminución o perturbación de funciones, órganos o miembros del cuerpo; con lo cual se acredita el cumplimiento dado al efecto identificado con el número 2.3 en la presente determinación. Al respecto, resulta importante destacar que en la ejecutoria emitida por este órgano jurisdiccional dentro del presente asunto, no se estableció directriz alguna en torno a la acreditación o no del delito básico de lesiones, sino que únicamente se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal respecto a la no acreditación de la agravante establecida en la fracción II del artículo 322 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, por lo que, la conclusión a la que arribó el juez responsable, en cuanto a la emisión del auto de libertad por falta de elementos para procesar por el delito básico de lesiones en favor del quejoso, es meramente emitida en ejercicio de su función jurisdiccional. Siguiendo con el estudio del cumplimiento de la ejecutoria de que se trata, con relación al punto 2.5 en el que se indicó que la responsable debía considerar el total de las pruebas que obran en el expediente penal de origen y no únicamente las desahogadas en la averiguación previa, el Juez penal señalo: '.Sin que este juzgador conceda valor probatorio indiciario a las declaraciones testimoniales con cargo de ****, 8 de mayo de 2004; testimoniales a cargo de **** de 23 de julio de 2004; testimonial a cargo de **** de 6 de agosto de 2004; testimonial a cargo de ***, de 25 de octubre de 2004; testimonial a cargo del ofendido ****, de 15 de junio de 2005; Careo supletorios entre el procesado de merito y las testigos **** de 25 de enero de 2006; así como la testimonial a cargo de ****, de 16 de febrero de 2006, que si bien es cierto vierten manifestaciones contradictorias, incluso algunos de ellos se retractan de haber visualizado al ahora procesado el día de los hechos, sin que sea dable concederles el valor indiciario a qué se refieren los artículos 288, 289 y 300 del Código de Procedimientos Penales vigente en la entidad federativa en la que se desarrollaron los hechos, toda vez que algunos testigos son ofertados para desvirtuar la presencia del imputado el día de los hechos, sin que se soslaye lo asentado en el sentido de que el domingo treinta de mayo de dos mil cuatro esto se encontraba en compañía de **** y **** viendo un partido de fútbol sin precisar el horario exacto en el que el ahora procesado se encontraba en dicho domicilio, ya que no precisa que hizo el acusado en el intervalo de tiempo de que llegó a dicho domicilio y el momento en que éste se retira a su domicilio en esa misma fecha, así como señala diferentes horas de llegada, como reiteradamente lo ha sostenido Nuestro Máximo Tribunal Federal, en el sentido de que tratándose de Testigos de Coartada, para que estos sean tomados en cuenta sus declaraciones, deben de manifestar de momento a momento la conducta desplegada por el acusado, pues si no es así, pudiera darse el caso de que aquel haya aprovechado el momento no cubierto por los testimonios para cometer el delito, lo que en la especie no sucede.' De lo anterior, se observa que el juez responsable, tal y como le fue indicado en el fallo protector, analizó el resto de las pruebas obrantes en los autos de la causa penal de origen y no únicamente las desahogadas en la etapa de averiguación previa, sin que obste a lo anterior el hecho de que el juez responsable no le haya otorgado valor probatorio indiciario a dichas probanzas, toda vez que el efecto era para que tomara en cuenta los referidos medios de convicción (como así aconteció), dejándole libertad de jurisdicción en cuanto al valor que a su parecer correspondiera; en tal virtud, se estima que el punto en análisis 2.5., fue atendido por la autoridad responsable. No obstante que se estima, que el juez responsable cumplió con los efectos del fallo protector anteriormente analizados (1, 2, en parte, 2.2, 2.3 y 2.5), también se advierte que respecto a los que a continuación se estudiarán, el aquo incurrió en omisiones a los lineamientos que le fueron impuestos en la ejecutoria de mérito, como se demostrará a continuación. En el efecto identificado con el número 2.1 de la presente determinación, se advierte que en el fallo protector entre otro aspecto, se ordenó que se debía precisar de forma correcta el valor legal que les correspondiera a los dictámenes periciales no ratificados, toda vez que en el auto de formal prisión reclamado, el aquo les otorgó valor probatorio pleno. Luego, tomando en cuenta que en la sentencia amparadora se destacó, que si bien, el hecho de que los dictámenes periciales no hubiesen sido ratificados no ameritaba anular el medio de convicción, tampoco permitía que se les confiriera valor pleno, pues esto significaba encontrarse ante la presencia de una prueba imperfecta, por carecer de ratificación, lo que implicaba que únicamente pudiera considerarse como dato-indicio. En consecuencia de lo anterior, se estima que respecto al punto que se analiza, el juez responsable, dejó de atender los lineamientos de la ejecutoria, ya que como se advierte del nuevo auto de término constitucional que se analiza, de nueva cuenta a los diversos dictámenes periciales les confirió valor probatorio pleno, aun y cuando estos no se encuentran ratificados por sus suscriptores, por lo que es claro que no atendió lo ordenado en el fallo protector, toda vez que en éste se estableció que dichas probanzas, al carecer de ratificación únicamente podía otorgárseles valor de dato-indicio, lo que en la especie no ocurrió. De ahí que se considere, incumplido el fallo protector respecto a lo ordenado en el punto 2.1. que se analiza. Ahora bien, en cuanto al efecto que fue identificado en el presente proveído con el número 2.4. en el que se conminó al juez responsable a que expusiera los motivos por los que desde su parecer se acreditaba la variante del delito de privación ilegal de la libertad prevista en el inciso b) fracción I del artículo 391 de Código Penal del Estado, referente a que el activo del delito hubiese retenido en calidad de rehén a una persona y la amenazara con privarla de la vida o con causarle algún daño, para que las autoridades o un particular realizara o dejara de realizar un acto cualquiera, así como para que motivara suficientemente la demostración de la hipótesis establecida en el inciso c) de la fracción y artículo en comento, que se refiere a la diversa agravante consistente en que la privación se realice con el propósito de causar un daño o perjuicio a la persona privada de su libertad o de cualquier otra. Este Juzgador considera que respecto a este último punto (2.4), la autoridad responsable no cumplió a cabalidad con lo establecido en la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, ya que como se aprecia del contenido del nuevo auto de plazo constitucional emitido en cumplimiento al fallo protector que se analiza, la responsable incurrió en la misma deficiencia advertida en el acto reclamado en el presente juicio, es decir, no expuso los motivos respecto a por qué desde su parecer se acreditaba la variante del delito de privación ilegal de la libertad, contenida en el inciso b) de la fracción I del artículo 391 del Código Penal del Estado. En efecto, en la nueva resolución en la que se determinó la situación jurídica del aquí quejoso emitida el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, el juez responsable prácticamente repitió los motivos aducidos en el auto de formal prisión reclamado, con el que desde su óptica se acredita la variante del delito de privación ilegal de la libertad, contenida en el inciso b) de la fracción I del artículo 391 del Código Penal del Estado; para evidenciar lo anterior se considera pertinente presentar un cuadro comparativo de lo manifestado en ambas resoluciones en cuanto al tópico en estudio. Auto de formal prisión 01 de septiembre de 2017 Auto de formal prisión 25 de abril de 2018 ".TESTIMONIAL a la cual se le otorga valor probatorio indiciario de lo narrado en términos de los artículo 300 y 304 del Código de Procedimientos Penales del Estado, en virtud de haber sido rendida por una persona mayor de edad, con suficiente capacidad para juzgar el hecho, imparcial, que los hechos los conoce por medio de los sentidos de una forma directa y personal, no por inducciones ni referencias, siendo su declaración clara y precisa, sin dudas ni reticencias sobre la sustancia del hecho, sin que obre en autos que el testigo haya sido obligado por fuerza o miedo ni impulsado por engaño. Error o soborno; y con el cual se acredita el hecho de que efectivamente los no localizados *** y el lesionado *** así como los occisos ***, fueron privados de su libertad y que el día de los hechos vio al activo, y con dicho testimonio se acredita que el testigo se dio cuenta de forma indirecta de la privación ilegal de la libertad de que fueron objetos los pasivos, y que el día de los hechos vieron al activo cuando se encontraba acompañando al pasivo ***, para que les entregara el dinero. ".TESTIMONIALES a las cuales se les otorga valor probatorio indiciario del homicidio, en términos de los artículo 300 y 304 del Código de Procedimientos Penales del Estado, en virtud de haber sido rendida por una persona mayor de edad, con suficiente capacidad para juzgar el hecho, imparcial, que los hechos los conoce por medio de los sentidos de una forma directa y personal, no por inducciones ni referencias, siendo su declaración clara y precisa, sin dudas ni reticencias sobre la sustancia del hecho, sin que obre en autos que el testigo haya sido obligado por fuerza o miedo ni impulsado por engaño. Error o soborno; y con el cual se acredita el hecho de que efectivamente los occisos ***, fueron privados de su libertad y que el día de los hechos vio al activo, y con dicho testimonio se acredita que el testigo se dio cuenta de forma indirecta de la privación ilegal de la libertad de que fueron objetos los pasivos, y que el día de los hechos vieron al activo cuando se encontraba acompañando al pasivo ****, para que les entregara el dinero. Como se advierte de lo anterior, la autoridad responsable nuevamente omitió exponer las consideraciones por las que en su opinión con las pruebas que obran en la causa penal, se acreditaba el referido hecho delictivo en las modalidades agravadas conforme a lo dispuesto en el artículo 391 del invocado código penal. Lo anterior se estima así, pues el juez de origen, nada dijo en relación a la variante del citado delito prevista en el inciso b) fracción I del artículo 391 de la legislación penal para el Estado, referente a que el sujeto activo "detenga en calidad de rehén a una persona y amenace con privarla de la vida o con causarle daño, para que las autoridades o un particular realice o deje de realizar un acto cualquiera", es decir, el juez responsable no expuso las razones por las que consideró que, en el caso, con las pruebas que integran la causa penal de origen se acredita la agravante descrita por la ley, ya que se insiste, en la emisión de la resolución que se revisa, realizó una repetición casi literal de los motivos expuestos en la resolución reclamada, motivo de concesión. Cierto, pues del análisis de la nueva resolución de término constitucional con la que pretende el juez responsable cumplir con el fallo protector, se puede advertir que el juzgador de origen, al igual que en el acto reclamado, de manera general tuvo por acreditado el hecho que la ley señala como el delito de privación ilegal de la libertad agravada, y enseguida expuso las razones de su conclusión, pero se insiste, en el supuesto en particular contenido en el inciso b) fracción I del artículo 391 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, referente a que el activo del delito "detenga en calidad de rehén a una persona y amenace con privarla de la vida o con causarle daño, para que las autoridades o un particular realice o deje de realizar un acto cualquiera", omitió dar las razones de su acreditación y a lo que estaba obligado por mandato constitucional, a fin de que la determinación relativa cumpliera con el requisito de motivación que todo acto de autoridad debe atender. Continuando con el análisis del efecto identificado con el número 2.4. en la presente determinación, también se estima que el Juez responsable desatendió lo ordenado en el fallo protector en lo relativo a que debía motivar suficientemente la demostración de la hipótesis establecida en el inciso c) de la referida fracción I del artículo 391 del Código punitivo del Estado, que establece la diversa agravante del delito de privación ilegal de la libertad, consistente en que la privación se realice con el propósito de causar un daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o de cualquier otra. Para demostrar tal aserto, es oportuno comparar lo expuesto por el responsable en el auto de formal prisión reclamado, con lo manifestado en la nueva resolución con la que pretende cumplir la ejecutoria del presente juicio de garantías. Auto de formal prisión 01 de septiembre de 2017 Auto de formal prisión 25 de abril de 2018 ".De las pruebas ya transcritas y valoradas, se desprende que los hechos sucedieron el día treinta de mayo de dos mil cuatro, cuando el activo en compañía de los coinculpados privaron de la libertad a los pasivos, según se desprende de la declaración rendida por el ofendido, por lo que se considera que dicho ilícito lo han perpetrado los activos de forma INSTANTÁNEA, toda vez que la consumación del delito se agotó en el mismo momento en que se realizaron todos los elementos constitutivos del delito de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD (CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO), la conducta realizada por el hoy indiciado se desplegó desde el momento en que llego en compañía de los coindiciados a los campos de atrás de las ***, subiendo por la fuerza a los pasivos a los vehículos en los cuales se transportaba, para posteriormente llevarlos a un rancho que de acuerdo al dicho del pasivo se encuentra ubicado por la carretera mex 2; y cuya existencia y condiciones se acredita con la diligencia de inspección practicada por el fiscal investigador (CIRCUNSTANCIAS DE LUGAR) ASÍ COMO EL MODO DE EJECUCIÓN, QUE AL EFECTO ES PERTINENTE PRECISAR QUE LA FORMA DE EJECUCIÓN DEL DELITO QUE SE LE IMPUTA AL ACTIVO LO ES UN DELITO DE ACCIÓN, al configurarse el mismo desde el momento en que el activo afecto el bien jurídico protegido por la Ley, que en la especie lo es la libertad de las personas, al haber desplegado la acción de privar de la libertad a los ofendidos ilegalmente en contra de la voluntad de los pasivos. Y atendiendo a la culpabilidad, de los hechos se desprende que la conducta desplegada por el activo lo es DOLOSA, al ser del dominio público que el particular quien prive ilegalmente a otro de su libertad, comete el delito de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, y es porque acepta el resultado previsto por la ley (CIRCUNSTANCIAS DE MODO); razón por la cual, el suscrito juzgador tengo por debidamente acreditado los elementos que conforman el delito de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, previsto por los artículo 388 fracción I del código penal vigente en el estado." ".De las pruebas ya transcritas y valoradas, se desprende que los hechos sucedieron el día treinta de mayo de dos mil cuatro, cuando el activo en compañía de los coinculpados privaron de la libertad a los pasivos, es decir en consenso y en pleno codominio funcional del hecho concurren a la realización del evento privativo de libertad, y por tanto son responsable en igualdad de condiciones según se desprende de la declaración rendida por el ofendido, por lo que se considera que dicho ilícito lo han perpetrado los activos de forma INSTANTÁNEA, toda vez que la consumación del delito se agotó en el mismo momento en que se realizaron todos los elementos constitutivos del delito de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD (CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO), la conducta realizada por el hoy indiciado se desplegó desde el momento en que llego en compañía de los coindiciados a los campos de atrás de las ***, subiendo por la fuerza a los pasivos a los vehículos en los cuales se transportaba, para posteriormente llevarlos a la casa de *** de donde obtuvieron la cantidad en efectivo de $****) y en caso de no hacerlo amenazarlo con causarle un daño que a la postre le ocasionara la muerte; y, a un rancho que de acuerdo al dicho del pasivo se encuentra ubicado por la carretera mex 2; y cuya existencia y condiciones se acredita con la diligencia de inspección practicada por el fiscal investigador (CIRCUNSTANCIAS DE LUGAR) ASÍ COMO EL MODO DE EJECUCIÓN, QUE AL EFECTO ES PERTINENTE PRECISAR QUE LA FORMA DE EJECUCIÓN DEL DELITO QUE SE LE IMPUTA AL ACTIVO LO ES UN DELITO DE ACCIÓN, al configurarse el mismo desde el momento en que el activo afecto el bien jurídico protegido por la Ley, que en la especie lo es la libertad de las personas, al haber desplegado la acción de privar de la libertad a los ofendidos ilegalmente en contra de la voluntad de los pasivos. Y atendiendo a la culpabilidad, de los hechos se desprende que la conducta desplegada por el activo lo es DOLOSA, al ser del dominio público que el particular quien prive ilegalmente a otro de su libertad, comete el delito de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, y es porque acepta el resultado previsto por la ley (CIRCUNSTANCIAS DE MODO); razón por la cual, el suscrito juzgador tengo por debidamente acreditado los elementos que conforman el delito de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, previsto por los artículo 388 fracción I del código penal vigente en el estado." Como se adelantó, del contenido de las anteriores transcripciones, se advierte que la autoridad responsable, si bien, en cuanto al punto que se analiza, agregó líneas a la motivación realizada en el acto reclamado, ello no conlleva a considerar que subsanó la violación advertida en el fallo protector, esto es así, ya que continúa sin exponer los motivos por los que desde su parecer se demuestra la hipótesis establecida en el inciso c) de la fracción I, del artículo 391, del Código sustantivo penal del Estado, pues no señala el por qué considera que la privación de la libertad de la que fueron objeto los pasivos, la realizó el activo, con el propósito de causarles un daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o de cualquier otra. Finalmente, al no estar cumplidos los puntos destacados relativos a la falta de motivación respecto al acreditamiento del cuerpo del delito de privación ilegal de la libertad, con relación a las variantes previstas en los incisos b) y c), ambos de la fracción I, del artículo 391 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, este órgano jurisdiccional no está en aptitud de analizar el cumplimiento dado al punto 2.6. consistente en la motivación suficiente del por qué se considera que el quejoso es probable responsable en la comisión de los delitos que se le atribuye, toda vez que dicha motivación se encuentra íntimamente relacionada con el referido punto 2.4., por lo que su análisis se hará de manera conjunta. Por lo anteriormente expuesto, este juzgador encuentra razones suficientes para emitir la presente determinación en cuanto a que el actuar del Juez responsable no fue ajustado a los lineamientos de la ejecutoria. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Juez de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito con sede en esta ciudad, antes Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, para que dentro del término de tres días legalmente computados, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en este asunto: I. Deje insubsistente el auto de plazo constitucional dictado el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, así como el diverso de uno de septiembre de dos mil diecisiete, dictados ambos, dentro de la causa penal *** ahora **** de su índice; II. En su lugar, pronuncie otra resolución que puede ser en diverso o en igual sentido, pero cumpliendo con los requisitos de fundamentación y motivación, es decir, deberá subsanar las deficiencias destacadas en la sentencia ejecutoria, sin que pueda agravarse la situación del quejoso, en el que deberá atender los siguientes aspectos: a) En los considerandos relativos al estudio del cuerpo de los delitos, considere y valore todas las pruebas que obren en autos del expediente natural, debiendo precisar de forma correcta el valor legal que les corresponde a los dictámenes periciales no ratificados, y qué se obtiene de cada una de las probanzas para tener o no por acreditados los elementos corpóreos de los ilícitos, exponiendo de forma fundada y motivada las consideraciones con las que sustente la nueva decisión. b) En lo que toca al cuerpo del delito de homicidio tumultuario, deberá diseccionar correctamente todos los elementos que lo integran, específicamente atender los que tienen referencia al tumulto, verificando fehacientemente si se encuentran demostrados o no los elementos integradores de dicho ilícito. c) Respecto al delito de lesiones, determine que no se acredita la agravante a que se refiere la fracción II del artículo 322 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, en los términos precisados en la presente sentencia. d) En relación al acreditamiento del cuerpo del delito de privación ilegal de la libertad, deberá exponer los motivos respecto a por qué desde su parecer se acredita la variante del citado delito prevista en el inciso b) fracción I del artículo 391 de la legislación penal para el Estado, referente a que el activo del delito "detenga en calidad de rehén a una persona y amenace con privarla de la vida o con causarle daño, para que las autoridades o un particular realice o deje de realizar un acto cualquiera." Asimismo, deberá motivar suficientemente la demostración de la hipótesis establecida en el inciso c) de la referida fracción I del artículo 391 del código punitivo del estado, que establece la diversa agravante del delito de privación ilegal de la libertad y que consiste "en que la privación se realice con el propósito de causar un daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o de cualquier otra." e) Al momento del estudio de la probable responsabilidad, deberá considerar el total de las pruebas que obran en el expediente penal y no únicamente las que fueron desahogadas en la etapa de averiguación previa, concediéndoles el valor probatorio que corresponda; y f) En el mismo considerando, deberá motivar suficientemente, el por qué considera que el quejoso es probable responsable en la comisión de los delitos que se le atribuyen, a saber, el de homicidio tumultuario, lesiones y privación ilegal de la libertad. Asimismo, resulta conveniente establecer que al dar cumplimiento a la presente determinación el juez responsable de ninguna manera podrá emitir una resolución que agrave la situación jurídica del impetrante, que impera con motivo de la libertad por falta de elementos para procesar que emitió en favor del quejoso por lo que hace a los delitos de privación ilegal de la libertad, en agravio de *** y ***, homicidio tumultuario, cometido en agravio de *** e ***, y lesiones cometidas en agravio de ****, en atención al principio de "non reformatio in peius", (locución latina que puede traducirse al español como "no reformar en peor" o "no reformar en perjuicio")." En cumplimiento al acuerdo de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, el Juez de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, remitió las siguientes constancias:  Oficio 2058/2018 (foja 542 tomo I) del que se advierte que dejó insubsistente las resoluciones de uno de septiembre de dos mil diecisiete y veinticinco de abril de dos mil dieciocho, al que anexó copia certificada del nuevo auto que resuelve la situación jurídica del amparista, emitida el treinta y uno de mayo del año en curso, dentro de la causa penal ***, antes ***, en la que dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de *** por los delitos de privación ilegal de la libertad, en agravio de ****; homicidio cometido en agravio de *** e ***, y lesiones cometidas en agravio de ***; asimismo, decretó auto de formal prisión como probable responsable en la comisión del delito de privación ilegal de la libertad, en agravio de quienes en vida llevaran por nombre *** e ***. Por auto de uno de junio de dos mil dieciocho (fojas 582 y 583 tomo I), se ordenó dar vista a las partes para que dentro del término de tres días manifestaran lo que a su interés conviniera, respecto de las manifestaciones y constancias remitidas por la autoridad responsable en acatamiento a la sentencia amparadora; lo que así realizaron el quejoso y su autorizado mediante escritos presentados el siete y ocho de los corrientes, en el que sostienen medularmente que la ejecutoria de mérito no fue cumplida por la autoridad responsable ya que arguyen, se debió conceder el fallo protector liso y llano, así como no fue debidamente fundado y motivado en lo tocante al delito de privación ilegal de la libertad emitido por el juez responsable (fojas 631 a 636 y 639 a 644 tomo II). Ahora bien, no obstante que mediante auto de veintidós de mayo de dos mil dieciocho (fojas 485 a 497 tomo I), se determinó que la sentencia concesoria se encontraba parcialmente cumplida, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a verificar que hayan sido cumplidos todos y cada uno de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo; de ahí que este juzgador se avocará a analizar si de las constancias que obran en autos, se advierte el acatamiento total del fallo protector. De lo ordenado en aquel acuerdo y lo expresado en la sentencia de amparo, las actuaciones que de la autoridad responsable debía dar realizar a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, son los siguientes: 1. Dejar insubsistente los autos de formal prisión dictados el uno de septiembre de dos mil diecisiete, y veinticinco de abril de dos mil dieciocho, dentro de la causa penal **** (ahora número ***) de su índice; 2. Dictar otra resolución que podía ser en diverso o en igual sentido, pero cumpliendo con los requisitos de fundamentación y motivación, es decir, debía subsanar las deficiencias destacadas en el fallo protector, sin que pudiera agravarse la situación del quejoso, atendiendo los siguientes aspectos: 2.1. En los considerandos relativos al estudio del cuerpo de los delitos, debía considerar y valorar todas las pruebas que obraran en autos del expediente natural, debiendo precisar de forma correcta el valor legal que les correspondiera a los dictámenes periciales no ratificados, y qué se obtenía de cada una de las probanzas para tener o no por acreditados los elementos corpóreos de los ilícitos, exponiendo de forma fundada y motivada las consideraciones con las que sustentara la nueva decisión. 2.2. En lo que toca al cuerpo del delito de homicidio tumultuario, debía diseccionar correctamente todos los elementos que lo integran, específicamente atendiendo los que estuvieran relacionados al tumulto, verificando fehacientemente si se encontraban demostrados o no los elementos integradores de dicho ilícito. 2.3. Respecto al delito de lesiones, debía determinar que no se acreditaba la agravante a que se refiere la fracción II del artículo 322 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, en los términos precisados en la ejecutoria dictada en el presente juicio. 2.4. En relación al acreditamiento del cuerpo del delito de privación ilegal de la libertad, debía exponer los motivos respecto a por qué desde su parecer se acredita la variante del citado delito prevista en el inciso b) fracción I del artículo 391 de la legislación penal para el Estado, referente a que el activo del delito "detenga en calidad de rehén a una persona y amenace con privarla de la vida o con causarle daño, para que las autoridades o un particular realice o deje de realizar un acto cualquiera.". Asimismo, debía motivar suficientemente la demostración de la hipótesis establecida en el inciso c) de la referida fracción I del artículo 391 del código punitivo del estado, que establece la diversa agravante del delito de privación ilegal de la libertad y que consiste "en que la privación se realice con el propósito de causar un daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o de cualquier otra.". 2.5. Al momento del estudio de la probable responsabilidad, debía considerar el total de las pruebas que obran en el expediente penal y no únicamente las que fueron desahogadas en la etapa de averiguación previa, concediéndoles el valor probatorio que corresponda; y 2.6. En el mismo considerando, debía motivar suficientemente, el por qué considera que el quejoso es probable responsable en la comisión de los delitos que se le atribuyen, a saber, el de homicidio tumultuario, lesiones y privación ilegal de la libertad. En acatamiento a lo anterior, la autoridad responsable Juez de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito de Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad (antes Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito de Judicial en el Estado), realizó lo siguiente: Por lo que hace al punto identificado como 1, consistente en dejar insubsistente los autos de formal prisión dictados el uno de septiembre de dos mil diecisiete, y veinticinco de abril de dos mil dieciocho, dentro de la causa penal *** (ahora número ***) de su índice, el treinta y uno de mayo del año en curso, al emitir el auto de término constitucional dejó insubsistentes los autos de formal prisión dictados el uno de septiembre de dos mil diecisiete, así como el diverso de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, lo que advierte de la transcripción del punto resolutivo primero, el cual es del tenor literal siguiente: "PRIMERO. Siendo las (10:00) horas del veinticinco (25) del mes de abril del dos mil dieciocho (2018) y estando dentro del término de tres días contados a partir de los legales efectos de la notificación hecha a ésta autoridad y en cumplimiento a la sentencia de amparo ejecutoriada pronunciada por el ciudadano Juez Tercero de Distrito en el Estado, dentro del Juicio de Garantías número ***, (sic) SE DEJA INSUBSISTENTE LOS AUTOS DE FORMAL PRISIÓN DE FECHAS UNO (01) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE (2017) U EL DICTADO EL DÍA VEINTICINCO (25) DE MES DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO (2018) y se dicta NUEVO auto que resuelve la situación jurídica de *** dictando AUTO DE FORMAL PRISIÓN en su contra como probable responsable en la comisión del delito de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, en agravio de quienes en vida llevaran por nombre *** E ***." (fojas 578 y 579). Énfasis propio. En ese sentido, al haber dejado insubsistentes los autos de formal prisión dictados el uno de septiembre de dos mil diecisiete, así como el diverso de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, el juez responsable cumple con el punto 1, de los efectos de la sentencia concesoria. En ese orden de ideas, en acatamiento al punto 2 anteriormente citado consistente en dictar otra resolución que podía ser en diverso o en igual sentido que la reclamada, pero cumpliendo con los requisitos de fundamentación y motivación, en la referida determinación de plazo constitucional (treinta y uno de mayo del año en curso), dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de *** por los delitos de privación ilegal de la libertad, en agravio de *** y ***; homicidio cometido en agravio de *** e ***, y lesiones cometidas en agravio de ***; asimismo, decretó auto de formal prisión como probable responsable en la comisión del delito de privación ilegal de la libertad, en agravio de quienes en vida llevaran por nombre **** e ***; por lo que, al haber emitido otra resolución, cumple en parte con lo señalado en el punto identificado como 2. En el efecto identificado con el número 2.1 de la presente determinación, se advierte que en el fallo protector entre otro aspecto, se ordenó que se debía precisar de forma correcta el valor legal que les correspondiera a los dictámenes periciales no ratificados, toda vez que en el auto de formal prisión reclamado, el aquo les otorgó valor probatorio pleno. Luego, tomando en cuenta que en la sentencia amparadora se destacó, que si bien, el hecho de que los dictámenes periciales no hubiesen sido ratificados no ameritaba anular el medio de convicción, tampoco permitía que se les confiriera valor pleno, pues esto significaba encontrarse ante la presencia de una prueba imperfecta, por carecer de ratificación, lo que implicaba que únicamente pudiera considerarse como dato-indicio. En consecuencia de lo anterior, se estima que respecto al punto que se analiza, el juez responsable, atendió los lineamientos de la ejecutoria, ya que como se advierte del nuevo auto de término constitucional que se analiza, los diversos dictámenes periciales les confirió valor dato-indicio, toda vez que en éste se estableció que dichas probanzas, al carecer de ratificación únicamente podía otorgarse esa valor probatorio, lo que en la especie ocurrió. Sin que pase desapercibido para este órgano jurisdiccional, que el juez responsable al analizar el segundo elemento del cuerpo del delito de lesiones, haya otorgado valor probatorio pleno al dictamen pericial de lesiones previo, realizado por el doctor ***, remitido mediante oficio número de folio 231/04, de dos de junio de dos mi cuatro; sin embargo, en virtud que respecto a este ilícito ya decreto auto de libertad por falta de elementos para procesar en favor al quejoso, no es el caso de requerir de nueva cuenta a la responsable para deba de otorgarle el valor probatorio de dato-indicio a la referida probanza, dado que se llegaría al extremo de dilatar más el procedimiento (foja 562). En cuanto al efecto identificado en la presente determinación con el número 2.2., relativo a que el juez responsable debía diseccionar correctamente todos los elementos que integran el delito de homicidio tumultuario, el aquo realizó lo siguiente: "TERCERO. En este caso, tenemos que el primero de los delitos por el cuales se inició la presente causa penal al inculpado ***, por el delito de HOMICIDIO TUMULTUARIO, previsto y sancionado por los artículos 329, 335 fracción III, 336 y 337, del Código Penal vigente en la época de los hechos, por lo que previo a entrar al estudio de dicho ilícito, cabe hacer mención que en la presente causa penal, con los medios de prueba aportados por el fiscal investigador de los mismos se aprecia que la figura delictiva que se encuentra legalmente acredita en autos lo es el de HOMICIDIO sin la agravante de haberse cometido en TUMULTO, previsto y sancionado por los artículos 329 y 335 fracción III, del Código Penal vigente en la época de los hechos, lo anterior toda vez que de autos no se aprecia que en los presente hechos delictivos fueron ejecutados con la intervención de dos o más personas, y si bien es cierto lo occisos presentaron varias heridas, unas mortales y otras no, ignorándose quienes infirieron las mortales, de igual manera del material probatorio que obra agregados en autos no se desprende que el activo haya actuado con premeditación, alevosía, ventaja o a traición, razón por la cual la presente causa penal se seguirá por el delito de HOMICIDIO, previsto y sancionado por los artículos 329, del Código Penal vigente en la época de los hechos. En lo que toca el cuerpo del delito de homicidio simple intencional, se procederá a diseccionar correctamente todos los elementos que lo integran, sin específicamente atender los que tienen referencia al tumulto, ya que de autos no se advierte que haya sido cometido por dos o más personas, verificando fehacientemente si se encuentran demostrados o no los elementos integradores del hecho ilícito; Continuando con la presente resolución de autos se aprecia que se encuentra legalmente acreditada la corporeidad del delito de HOMICIDIO, en los términos de lo dispuesto por los artículos 131, 139, 140, 157, 158 y 159 del Código de Procedimientos Penales en vigor a la época de los hechos, toda vez, que existen suficientes probanzas para demostrar cada uno de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho antijurídico descrito por nuestra legislación común como delito de HOMICIDIO. Tales dispositivos a la letra dice: "ARTICULO. 329. "Comete el delito de homicidio el que priva la vida a otro." De lo anterior se puede concluir que los elementos del cuerpo del delito de HOMICIDIO son: a). La vida de una persona previamente existente; b). la supresión de esa vida; c). Que tal supresión se daba a causas externas; [..] En tal virtud, si bien en autos existen medios probatorios que acreditan los elementos del delito de HOMICIDIO, que prevee el artículo 329, de de autos no se aprecia que el mismo se haya cometido TUMULTUARIAMENTE, según refiere los numerales 335 Fracción III, ambos del Código Penal para el Esrado de Tamaulipas, pies no se advierte de autos que la privación de la vida por dos o más personas; por tanto, no se encuentra justificado y acreditado en autor con medio probatorio alguno la probable responsabilidad penal de *** en su comisión pues al quedar demostrada la acción del activo, consistente en privar de la vida a una persona, en el presente *** e ***, y que en dicha privación de la vida hayan participado dos o más personas, lo que generaría el tumulto, pues del análisis y observancia de las ciosntancias (sic) de autos resulta que no se acredita en autos la partiicpación (sic) del quiejoss (sic) en la comisión del delito en mención, es evidente la improcedencia del examen de la probable responsabilidad penal de los hechos materia de la presente causa, ya que no existe imputación al quejoso **** por lo que se estima procedente con fundamento en el artículo 290 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, lo procedente es decretar AUTO DE LIBETRAD, POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR por cuanto al delito de HOMICIDIO se refiere a favor de *** por las rozones expuestas en líneas anteriores." Hecho lo anterior, el Juez responsable determinó que avocaría a analizar únicamente el delito de homicidio sin la agravante de haberse cometido en tumulto, a fin de determinar si los elementos a examinar se encontraban acreditados o no con los medios de prueba obrantes en autos de la causa penal, concluyendo, que sí se acreditaba dicho ilícito (homicidio); sin embargo, también estableció que no se aprecia que el mismo se haya cometido tumultuariamente, es decir, no se demuestra que en la supresión de la vida de **** e *** hayan intervenido dos o más personas, ni mucho menos que en ese delito de homicidio, se desprenda la participación del aquí quejoso; por lo que al no acreditarse de autos la participación del impetrante, evidenció la improcedencia del examen de la probable responsabilidad penal de los hechos, decretando auto de libertad a su favor; en ese tenor, al haber diseccionado todos los elementos que integran el delito de homicidio tumultuario, la autoridad responsable dio cumplimiento al punto 2.2.. Por lo que hace al efecto 2.3. en el que debía determinar que no se acreditaba el agravante del delito de lesiones, referido en la fracción II del artículo 322 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, el Juez responsable indicó (foja 563 y 564): ".Por último, en lo concerniente a lo relativo al agravante previsto en el artículo 322 fracción II del código penal, del delito traducido éste en Que cause una lesión que produzca debilitamiento, disminución o perturbación de funciones, órganos o miembros de la víctima, ésta no se encuentra acreditada en autos, aún y cuando obra en constancias el dictamen de lesiones previo, realizado por el doctor ***, remitido mediante oficio número de folio ***, de dos de junio de dos mil cuatro en el cual como conclusiones se desprende lo siguiente: RESULTADOS.- LAS LESIONES QUE PRESENTA SON LAS QUE TARDAN MÁS DE QUINCE DÍAS EN SANAR, PONEN EN PELIGRO LA VIDA, DEJAN DISMINUCIÓN DE LA FUNCIÓN DE LA DEAMBULACIÓN, Y NO DEJAN CICATRIZ EN LA CARA..." "CONCLUSIONES.- CAÍN RODRÍGUEZ MORENO, PRESENTA LESIONES CAUSADAS POR CONTUSIONES RECIENTES AL MOMENTO DEL EXAMEN MEDICO LEGAL..." DICTAMEN PERICIAL a los cuales se les otorga valor probatorio de dato-indicio en términos del artículos 298 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tamaulipas, toda vez que es realizado por un Perito Oficial con ejercicio de sus funciones, lo anterior con fundamento en el artículo 220 del mismo Ordenamiento legal invocado, en virtud de haberse llevado a cabo con todos los requisitos legales previstos por el artículo 229 del Código de Procedimientos Penales en vigor, con el que el Perito Médico Forense hizo constar que las lesiones sufridas por el pasivo dejan disminución de la función de la deambulación y no dejan cicatriz en la cara. Por lo que con los anteriores medios probatorios analizados no se tiene por acreditado la agravante del delito en comento consistente en que cause el daño o lesión causada produzca al ofendido debilitamiento, disminución o perturbación de funciones, órganos o miembros del cuerpo. En tal virtud, si en los autos no existen medios probatorios que acrediten todos los elementos del delito de LESIONES, previsto y sancionado por los artículos 319, 320 FRACCION II y 322 FRACCIÓN II del Código Penal vigente en el Estado, por tanto al no acreditarse la probable responsabilidad penal de *** en su comisión, pues al no quedar demostrada la totalidad de los elementos del delito en mención, es evidente la improcedencia del examen de la probable responsabilidad penal de los hechos materia de la presente causa, por lo que se estima procedente con fundamento en el artículo 290 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, lo procedente es decretar AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR por cuanto al delito de lesiones se refiere a favor de **** por las razones expuestas en líneas anteriores. Como se aprecia de la anterior transcripción, el juzgador responsable determinó que no se acreditaba la agravante del delito de lesiones a que se refiere la fracción II del artículo 322 del código penal para el estado de Tamaulipas, como le fue precisado en la ejecutoria, cuyo cumplimiento se analiza, ya que consideró que con los medios de prueba obrantes en la causa penal, no se demostró que el daño o lesión causada al ofendido sea de las que produzca debilitamiento, disminución o perturbación de funciones, órganos o miembros del cuerpo; con lo cual se acredita el cumplimiento dado al efecto identificado con el número 2.3 en la presente determinación. Al respecto, resulta importante destacar que en la ejecutoria emitida por este órgano jurisdiccional dentro del presente asunto, no se estableció directriz alguna en torno a la acreditación o no del delito básico de lesiones, sino que únicamente se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal respecto a la no acreditación de la agravante establecida en la fracción II del artículo 322 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, por lo que, la conclusión a la que arribó el juez responsable, en cuanto a la emisión del auto de libertad por falta de elementos para procesar por el delito básico de lesiones en favor del quejoso, es meramente emitida en ejercicio de su función jurisdiccional. Ahora bien, en cuanto al efecto que fue identificado en el presente proveído con el número 2.4. en el que se conminó al juez responsable a que expusiera los motivos por los que desde su parecer se acreditaba la variante del delito de privación ilegal de la libertad prevista en el inciso b) fracción I del artículo 391 de Código Penal del Estado, referente a que el activo del delito hubiese retenido en calidad de rehén a una persona y la amenazara con privarla de la vida o con causarle algún daño, para que las autoridades o un particular realizara o dejara de realizar un acto cualquiera, así como para que motivara suficientemente la demostración de la hipótesis establecida en el inciso c) de la fracción y artículo en comento, que se refiere a la diversa agravante consistente en que la privación se realice con el propósito de causar un daño o perjuicio a la persona privada de su libertad o de cualquier otra. Este Juzgador considera que respecto a este punto (2.4), la autoridad responsable cumplió a cabalidad con lo establecido en la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, ya que como se aprecia del contenido del nuevo auto de plazo constitucional emitido en cumplimiento al fallo protector que se analiza, la responsable expuso los motivos respecto a por qué desde su parecer se acreditaba la variante del delito de privación ilegal de la libertad, contenida en el inciso b) de la fracción I del artículo 391 del Código Penal del Estado. En efecto, en la nueva resolución en la que se determinó la situación jurídica del aquí quejoso emitida el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, el juez responsable motivó desde su óptica el por qué se acredita la variante del delito de privación ilegal de la libertad, contenida en el inciso b) de la fracción I del artículo 391 del Código Penal del Estado; para evidenciar lo anterior, se advierte lo siguiente: "TESTIMONIALES a las cuales se les otorga valor probatorio indiciario, en términos de los artículos 300 y 304 del Código de Procedimientos Penales del Estado, en virtud de haber sido rendida por una persona mayor de edad, con suficiente capacidad para juzgar el hecho, imparcial, que los hechos los conoce por medio de los sentidos de una forma directa y personal, no por inducciones ni referencias, siendo su declaración clara y precisa, sin dudas ni reticencias sobre la sustancia del hecho, sin que obre en autos que el testigo haya sido obligado por fuerza o miedo ni impulsado por engaño. Error o soborno; y con el cual se acredita el hecho de que efectivamente los occisos ***, fueron privados de su libertad y que el día de los hechos vieron al activo ***, y con dicho testimonio se acredita que los testigos se dieron cuenta de forma indirecta de la privación ilegal de la libertad de que fueron objetos los pasivos, en el presente caso *** al cual traían en calidad de rehén, entendiéndose por esto, que la persona retendia (sic) en contra de su voluntad por el activo del delito entre otros, exigía una cantidad de dinero o el cumplimiento de determinada condición, y que el día de los hechos vieron al activo cuando en compañía de otras personas, al quienes describen ampliamente, que traían en tal calidad al pasivo ****, exigiéndoles que les entregara el dinero consistente en la cantidad de $**** lo anterior. Lo anterior asentado para efectos de dar cumplimiento al punto 2.4 contenido en el oficio 8027/2018, en el cual se conminó a esta autridad (sic) para que expusiera los motivos por los que a nuestro parecer se acredita la variante del delito de privación ilegal de la libertad prevista en el inciso b), Fracción I, del artículo 391 del código Penal vigente en esta entidad federativa." Como se advierte de lo anterior, la autoridad responsable, con libertad de jurisdicción, expuso las consideraciones por las que en su opinión con las pruebas que obran en la causa penal, se acreditaba el referido hecho delictivo previsto en el inciso b) fracción I del artículo 391 de la legislación penal para el Estado, referente a que el sujeto activo "detenga en calidad de rehén a una persona y amenace con privarla de la vida o con causarle daño, para que las autoridades o un particular realice o deje de realizar un acto cualquiera". Continuando con el análisis del efecto identificado con el número 2.4. en la presente determinación, también se estima que el Juez responsable atendió lo ordenado en el fallo protector en lo relativo a que debía motivar suficientemente la demostración de la hipótesis establecida en el inciso c) de la referida fracción I del artículo 391 del Código punitivo del Estado, que establece la diversa agravante del delito de privación ilegal de la libertad, consistente en que la privación se realice con el propósito de causar un daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o de cualquier otra. Para demostrar tal aserto, es oportuno transcribir la siguiente parte del auto que resuelve la situación jurídica del quejoso (fojas 569 y 570): "TESTIMONIALES a las cuales se les otorga valor probatorio indiciario, en términos de los artículos 300 y 304 del Código de Procedimientos Penales del Estado, en virtud de haber sido rendida por una persona mayor de edad, con suficiente capacidad para juzgar el hecho, imparcial, que los hechos los conoce por medio de los sentidos de una forma directa y personal, no por inducciones ni referencias, siendo su declaración clara y precisa, sin dudas ni reticencias sobre la sustancia del hecho, sin que obre en autos que el testigo haya sido obligado por fuerza o miedo ni impulsado por engaño. Error o soborno; y con el cual se acredita el hecho de que efectivamente los occisos ***, fueron privados de su libertad y que el día de los hechos vieron al activo acompañado de otras personas, quienes les manifestaron entres ellos **** quien dijo, "QUE SI HABER SI REGRESABA, YA QUE LO IBAN A MATAR" y que veían cuando ellos, o sea ****, y el tío de estos ***, lo golpeaban a mi esposo, con una tabla en diferentes partes del cuerpo a su esposo y padre respectivamente; con dichos testimonios se acredita que los testigos se dieron cuenta de forma indirecta de la privación ilegal de la libertad de que fueron objetos los pasivos, y que el día de los hechos vieron al activo ***, cuando en compañía de otros sujetos, traían al pasivo ****, para que les entregara el dinero diciendo que lo iba a matar, golpeándolo en diversas partes del cuerpo con una tabla, de donde se colige que se encuentra acreditado en autos la hipótesis contemplada en el inciso C) del numeral 391 del Código Punitivo aplicable al momento de la comisión de los hechos." En ese tenor, del contenido de las anteriores transcripciones, se advierte que la autoridad responsable, en cuanto al punto que se analiza, agregó consideraciones a la motivación que desde su parecer se demuestra la hipótesis establecida en el inciso c) de la fracción I, del artículo 391, del Código sustantivo penal del Estado, es decir, el por qué considera que la privación de la libertad de la que fueron objeto los pasivos, la realizó el activo, con el propósito de causarles un daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o de cualquier otra. Siguiendo con el estudio del cumplimiento de la ejecutoria de que se trata, con relación al punto 2.5 en el que se indicó que la responsable debía considerar el total de las pruebas que obran en el expediente penal de origen y no únicamente las desahogadas en la averiguación previa, el Juez penal señalo (fojas 575 y 576): ".Sin que este juzgador conceda valor probatorio indiciario a las declaraciones testimoniales con cargo de ***8 de mayo de 2004; testimoniales a cargo de *** de 23 de julio de 2004; testimonial a cargo de ***, de 6 de agosto de 2004; testimonial a cargo de ***, de 25 de octubre de 2004; testimonial a cargo del ofendido ***, de 15 de junio de 2005; Careo supletorios entre el procesado de mérito y las testigos *** de 25 de enero de 2006; así como la testimonial a cargo de ***, de 16 de febrero de 2006, que si bien es cierto vierten manifestaciones contradictorias, incluso algunos de ellos se retractan de haber visualizado al ahora procesado el día de los hechos, sin que sea dable concederles el valor indiciario a qué se refieren los artículos 288, 289 y 300 del Código de Procedimientos Penales vigente en la entidad federativa en la que se desarrollaron los hechos, toda vez que algunos testigos son ofertados para desvirtuar la presencia del imputado el día de los hechos, sin que se soslaye lo asentado en el sentido de que el domingo treinta de mayo de dos mil cuatro esto se encontraba en compañía de *** y *** viendo un partido de fútbol sin precisar el horario exacto en el que el ahora procesado se encontraba en dicho domicilio, ya que no precisa que hizo el acusado en el intervalo de tiempo de que llegó a dicho domicilio y el momento en que éste se retira a su domicilio en esa misma fecha, así como señala diferentes horas de llegada, como reiteradamente lo ha sostenido Nuestro Máximo Tribunal Federal, en el sentido de que tratándose de Testigos de Coartada, para que estos sean tomados en cuenta sus declaraciones, deben de manifestar de momento a momento la conducta desplegada por el acusado, pues si no es así, pudiera darse el caso de que aquel haya aprovechado el momento no cubierto por los testimonios para cometer el delito, lo que en la especie no sucede." De lo anterior, se observa que el juez responsable, tal y como le fue indicado en el fallo protector, analizó el resto de las pruebas obrantes en los autos de la causa penal de origen y no únicamente las desahogadas en la etapa de averiguación previa, sin que obste a lo anterior el hecho de que el juez responsable no le haya otorgado valor probatorio indiciario a dichas probanzas, toda vez que el efecto era para que tomara en cuenta los referidos medios de convicción (como así aconteció), dejándole libertad de jurisdicción en cuanto al valor que a su parecer correspondiera; en tal virtud, se estima que el punto en análisis 2.5., fue atendido por la autoridad responsable. Finalmente, por lo que hace a punto precisado con número 2.6, consistente en la motivación suficiente del por qué se considera que el quejoso es probable responsable en la comisión de los delitos que se le atribuye; es de advertirse en primer término, que la autoridad responsable en el nuevo auto que resuelve la situación jurídica del quejoso, dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de *** por los delitos de privación ilegal de la libertad, en agravio de *** y ***; homicidio cometido en agravio de *** e ****, y lesiones cometidas en agravio de ****; asimismo, decretó auto de formal prisión como probable responsable en la comisión del delito de privación ilegal de la libertad, en agravio de quienes en vida llevaran por nombre *** e ****. En esas circunstancias, el juez responsable únicamente estaba obligado de motivar la probable responsabilidad del aquí quejoso, por lo que respecta al ilícito de privación ilegal de la libertad en contra de los occisos *** e ***. Por consiguiente, este juzgado de distrito advierte que la autoridad responsable cumplió cabalmente con este punto (2.6.), en virtud que el mismo se encuentra íntimamente relacionado con el diverso 2.4., en el que en líneas precedentes, se advirtió ya su cumplimiento, dado que la autoridad expuso los motivos del por qué a su consideración se encontraba acreditado el referido delito de privación de la libertad; máxime que, también realizó las siguientes declaraciones: "De las pruebas ya transcritas y valoradas, se desprende que los hechos sucedieron el día treinta de mayo de dos mil cuatro, cuando el activo *** en compañía de los coinculpados privaron de la libertad a los pasivos, es decir en consenso y en pleno codominio funcional del hecho concurrleron (sic) a la realización del evento privativo de libertad, en las modalidades y condiciones antes precisadas y por tanto son responsable en igualdad de condiciones, según se desprende de la declaraciones rendida por el ofendido, por lo que se considera que dicho ilícito lo han perpetrado los activos de forma INSTANTÁNEA, toda vez que la consumación del delito se agotó en el mismo momento en que se realizaron todos los elementos constitutivos del delito de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD (CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO), la conducta realizada por el hoy indiciado se desplegó desde el momento en que llego en compañía de los coindiciados a los campos de atrás de las *** ***, subiendo por la fuerza a los pasivos a los vehículos en los cuales se transportaba, para posteriormente llevarlos a la casa de *** de donde obtuvieron la cantidad en efectivo de $***) y en caso de no hacerlo lo amenazaban con causarle un daño, mismo que iniciaran en presencia de la esposa e hija de la víctima respectivamente, ya que ellas pudieron apreciar que lo golpeaban en diversas partes del cuerpo con una tabla, y que a la postre le ocasionara la muerte; y, a un rancho que de acuerdo al dicho del pasivo se encuentra ubicado por la carretera Mex 2; y cuya existencia y condiciones se acredita con la diligencia de inspección practicada por el fiscal investigador (CIRCUNSTANCIAS DE LUGAR) ASÍ COMO EL MODO DE EJECUCIÓN, QUE AL EFECTO ES PERTINENTE PRECISAR QUE LA FORMA DE EJECUCIÓN DEL DELITO QUE SE LE IMPUTA AL ACTIVO LO ES UN DELITO DE ACCIÓN, al configurarse el mismo desde el momento en que el activo afecto el bien jurídico protegido por la Ley, que en la especie lo es la libertad de las personas, al haber desplegado la acción de privar de la libertad a los ofendidos ilegalmente en contra de la voluntad de los pasivos. Y atendiendo a la culpabilidad, de los hechos se desprende que la conducta desplegada por el activo lo es DOLOSA, al ser del dominio público que el particular quien prive ilegalmente a otro de su libertad, comete el delito de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, y es porque acepta el resultado previsto por la ley (CIRCUNSTANCIAS DE MODO); razón por la cual, el suscrito juzgador tengo por debidamente acreditado los elementos que conforman el delito de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, previsto por los artículos 391 fracción I del Código Penal vigente en el Estado." Por lo expuesto, es palpable que el juez responsable dio cabal cumplimiento a este último punto, toda vez que con libertad de jurisdicción, realizó las consideraciones que a su parecer motivaban que se encontraba acreditada la probable responsabilidad del impetrante sobre el ilícito de privación de la libertad, en contra de los occisos *** e ****. En razón de lo anterior, y con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se determina que el fallo protector se encuentra totalmente cumplido. Además, debe destacarse que este órgano jurisdiccional considera que la responsable no incurrió en exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, toda vez que no se extralimitó en su cumplimiento ni fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, ya que el a quo dejó insubsistente el auto de formal prisión de uno de septiembre de dos mil diecisiete, así como el de veinticinco de abril del año en curso, emitió otro resolución de plazo constitucional cumpliendo con los requisitos de fundamentación y motivación, valorando todas las pruebas obrantes en la causa penal de origen, concediéndoles valor de indicio a los dictámenes periciales no ratificados, diseccionó lo elementos del delito de homicidio tumultuario, concluyendo que no se encontraban acreditados en su totalidad, concluyó que no se había verificado el agravante del delito de lesiones, motivo el por qué desde su óptica se acreditaban los agravantes del delito de privación ilegal de la libertad, establecidos en los incisos b) y c) del artículo 391 de la Ley sustantiva penal para el Estado y finalmente motivo suficientemente el por qué consideró que se encontraba acreditada la probable responsabilidad del impetrante en la comisión del ilícito de privación ilegal de la libertad agravada; tampoco se aprecia defecto, porque el agente responsable cumplió con el fin ordenado en la ejecutoria de derechos fundamentales. No pasa inadvertido para este juzgador que el quejoso y su autorizado, por escritos recibidos por este juzgado de distrito ocho y once de los corrientes, formularan alegatos en el sentido de que, a su decir, la sentencia protectora no está totalmente cumplida bajo los siguientes argumentos: En cuanto al primer ocurso, el impetrante aduce que la ilegalidad de su detención en flagrancia, y la indecisión del juzgado de resolver lisa y llanamente el amparo; sin embargo, dichas manifestaciones resultan inatendibles, en virtud que las mismas no forman parte al cumplimiento que debía de dar la autoridad responsable al fallo protector, pues como se advierte de la ejecutoria, ninguno de los efectos estaba encaminado a que el a quo se pronunciara respecto a lo expuesto por el impetrante. Respecto al segundo libelo, el autorizado del quejoso expone que de nueva cuenta la autoridad responsable no fundamentó y ni motivó el auto formal prisión de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, precisado en esta determinación con el punto 2.4., no obstante, como se desprende de las consideraciones expresadas con anterioridad, el juez responsable expuso los motivos por los que a su parecer se encontraba acreditado la variantes del delito de privación ilegal de la libertad prevista en el inciso b) fracción I del artículo 391 de Código Penal del Estado, referente a que el activo del delito hubiese retenido en calidad de rehén a una persona y la amenazara con privarla de la vida o con causarle algún daño, para que las autoridades o un particular realizara o dejara de realizar un acto cualquiera, así como motivó la demostración de la hipótesis establecida en el inciso c) de la fracción y artículo en comento, que se refiere a la diversa agravante consistente en que la privación se realice con el propósito de causar un daño o perjuicio a la persona privada de su libertad o de cualquier otra. Además, el autorizado del quejoso, señaló que dicho ilícito de privación de la libertad no se encuentra debidamente acreditada con las probanzas relacionadas por el juez responsable; sin embargo, los anteriores argumentos resultan ineficaces, puesto que en la determinación en estudio, no se conminó al Juez primigenio a que resolviera en un sentido específico al momento de analizar la figura delictiva de la privación ilegal de la libertad, sino únicamente a que motivara suficiente mente el por qué desde su óptica se tenían por configurados las agravantes establecidas en los incisos b) y c) del artículo 391 del Código Penal del Estado, lo cual cumplió como quedó precisado anteriormente en la presente determinación. Finalmente, con fundamento en el artículo 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, en el entendido que de no hacerlo así se tendrá por consentido. Ahora bien, toda vez que el domicilio señalado para recibir notificaciones personales por parte de los terceros interesados ****, se ubica en calle Porfirio Díaz, número 1425 Sur, colonia Pio X, en la ciudad de Monterrey, esto es fuera de la jurisdicción de este juzgado federal, de conformidad con lo establecido por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juzgado de Distrito en Materia Penal en turno en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, para que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda: 1. Se constituya en las instalaciones que ocupa la Delegación Nuevo León de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ubicada en calle Porfirio Díaz, número 1425 Sur, colonia Pio X, en la ciudad de Monterrey; 2. Notifique personalmente a los terceros interesados *** el presente proveído, por conducto de cualquiera de sus representantes especiales. Una vez hecho lo anterior, se solicita atentamente el Juzgado de Distrito exhortado haga devolución de la comunicación de trato correspondiente. Con fundamento en el último párrafo del artículo 21 de la ley de la materia, se autoriza al juez exhortado, para el caso de ser necesario, habilite días y horas inhábiles para que el actuario de su adscripción pueda llevar a cabo la notificación de mérito. Notifíquese personalmente y por exhorto a los terceros interesados referidos en el presente auto.

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