Silvio Bahena Arroyo

Expediente 352/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
352/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
10/10/2022

Partes del expediente

  • Silvio Bahena Arroyo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diez de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado de dicho incidente al cuaderno principal, así como del original en toda vez que encuadra en la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso c), de dicha normativa, ello en razón de que la medida cautelar fue negada definitivamente. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Kaqrina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 352/2022, promovido por Silvio Bahena Arroyo contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Silvio Bahena Arroyo solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable: Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: ".La omisión de tomar las medidas que sean necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita." SEGUNDO. El veintidós de marzo de dos mil veintidós, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 352/2022, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable la omisión de acordar el escrito presentado el once de octubre de dos mil veintiuno, con número de folio 004040, dentro del juicio laboral 01/1251/03. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así se advierte del contenido de su informe justificado y de las constancias que se acompañaron al mismo; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia del juicio. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. Apoyado lo anterior, en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia publicada en la página 262, del Apéndice de fallos de 1985, parte VIII, que al rubro dice: "IMPROCEDENCIA." Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia en términos de los artículos 107, fracción I, constitucional, 61 fracción XXIII, en relación con el artículo 6, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que no se encuentra demostrada la representación legal de la promovente Jessica Esbeidy Gonzalez Jimenez. En efecto, los preceptos legales invocados en último término establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5°, de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. [.]. De lo anterior se obtiene que una persona podrá promover amparo por medio de su representante legal o apoderado; a contrario sensu, por regla general, cuando el juicio de amparo no sea promovido por el representante legal o apoderado de la persona quejosa, tal juicio deviene improcedente. Sobre dicha representación, el artículo 10 de la ley de la materia establece que se acreditará en los términos de la propia ley; en los casos no previstos en ésta, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado, y cuando ésta no la prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. De igual forma, el artículo 11 de la propia Ley de Amparo, dispone que cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. Así, la personalidad constituye un presupuesto procesal que por regla general debe satisfacerse en el juicio de amparo desde la presentación de la demanda, en términos del artículo 108, fracción I, de la ley de la materia; sin embargo, el artículo 11, de la propia ley de amparo, establece que quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas. Por lo que este juzgado federal admitió la demanda en su momento y requirió a la autoridad responsable informara respecto de la personalidad con la que promovía Jessica Esbeidy Gonzalez Jimenez, quien se ostentaba como apoderada legal de la parte quejosa, a lo que la responsable al rendir su informe justificado informó que dicha persona no tenía reconocida la personalidad de apoderada legal, remitiendo copias certificadas de las constancias relativas para acreditar su dicho, documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Así debe indicarse que mediante proveído de veinte de abril del presente año, se tuvo a la autoridad responsable dando cumplimiento al requerimiento formulado en autos, mediante el cual se solicitó a la Junta responsable remitiera las constancias relativas a la personalidad de la parte promovente en el presente juicio de amparo; asimismo, en el proveído de referencia se dio vista a la parte quejosa con el oficio relativo y las constancias adjuntas al mismo, para que manifestara lo que en derecho correspondiera. Por lo anterior, el que resuelve, considera que se actualiza la causa de improcedencia en términos de los artículos 107, fracción I, constitucional, 61 fracción XXIII, en relación con el artículo 6, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que no se encuentra demostrada la representación legal de la promovente Jessica Esbeidy Gonzalez Jimenez. Al respecto, se invoca por sus conceptos jurídicos la jurisprudencia de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, página 235: ".PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. EL JUEZ AL DICTAR SENTENCIA PUEDE ANALIZARLA AUNQUE LA HAYA ADMITIDO INICIALMENTE CON BASE EN UN DOCUMENTO INSUFICIENTE SIN QUE PROCEDA PREVENIR PARA QUE SE ACREDITE. Es cierto que, por regla general, cuando la demanda de garantías se promueve a través de representante legal y el juez de Distrito estime que no se acredita debidamente la personalidad ostentada por el promovente, para resolver sobre su admisión o desechamiento, no debe proceder a desecharla de inmediato, sino que tal deficiencia deberá considerarla como un motivo de obscuridad que da lugar a la prevención para que se aclare conforme el artículo 146 de la Ley de Amparo y no como una causa manifiesta de improcedencia; sin embargo, en aquellos casos que se encuentran ya en ulteriores etapas del procedimiento del juicio constitucional, como ocurre cuando al dictarse la sentencia, el juez de Distrito, haciendo uso de la facultad que la ley le confiere para analizar la personalidad de las partes en cualquier fase del juicio, advierte que alguna de ellas no la justificó, ya no estará obligado a prevenir al promovente para que compruebe ese presupuesto procesal a pesar de que hubiere admitido la demanda, dado que acorde a lo antes expuesto, dicha prevención sólo está prevista para subsanar la deficiencia de la demanda antes de resolver sobre su admisión y porque, además, es carga de las partes presentar el documento que justifique la personalidad con la que promueven.". Por lo anterior, toda vez que no se encuentra demostrada la representación legal de la promovente Jessica Esbeidy Gonzalez Jimenez, con relación al quejoso Silvio Bahena Arroyo; se incumple con el principio de instancia de parte agraviada que rige al juicio de amparo y, en ese sentido, con fundamento en los artículos 107, fracción I, constitucional; 6, 61, fracción XXIII y 63, fracción V, todos de la ley de la materia, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo. Máxime, que en el presente asunto se advierte cesaron los efectos del acto reclamado, ello, pues el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, la autoridad responsable acordó el escrito presentado el once de octubre de dos mil veintiuno, mismo que fue notificado a las partes mediante boletín laboral el uno de abril de dos mil veintidós. Es aplicable al particular la jurisprudencia 2a./J.59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de la secretaria con quien actúa Karina Vanessa Corona Alday. Doy fe.

  3. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de abril de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial Adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual transcribe la literalidad del proveído de veinticinco de abril de dos mil veintidós, dictado en el toca 188/2022, en el que informa que se admite el recurso de revisión interpuesto por las autoridades responsables que ahí indica; atento a lo anterior, se toma del conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinte de abril de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Yuridia Ibarra Rojas, Presidenta de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual informa que ha realizado diversas gestiones para allegarse de información relativa a los diversos exhortos girados a su homóloga en el Estado de Chiapas. Al respecto, con fundamento en los artículos 192, 193 y 197 de la Ley de Amparo, se tiene como autoridad vinculada a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Chiapas, y se requiere a su titular, para que en el término de tres días de cumplimiento a lo siguiente: Informe las gestiones que realiza para la diligenciación de los exhortos 265/2021JE3, 292/2021-JE3 y 105/2022-JE3, del índice de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, o en su caso informe las gestiones que se encuentra realizado para dar cumplimiento a lo requerido. Se apercibe a la autoridad vinculada que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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