Silvino Ramos Ozuna
Expediente 1184/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1184/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 02/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Silvino Ramos Ozuna
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dos de junio de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, este Juzgado estima innecesario conservar las constancias remitidas por el 1. Juez Sexto de Primera Instancia del XVII Distrito Judicial con residencia en Ciudad Cardel, Veracruz; por tanto, devuélvanse a su lugar de origen dos tomos de pruebas que se formaron con las mismas, para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
SENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 1184/2022. RESULTANDO PRIMERO. Por escrito presentado el veinte de diciembre de dos mil veintidós, en la oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con sede en Boca del Río, Veracruz, turnado a este órgano jurisdiccional ese mismo día, Silvino Ramos Ozuna promovió juicio de amparo en contra del Juez Sexto de Primera Instancia del XVII Distrito Judicial con residencia en Ciudad Cardel, Veracruz, por los actos que más adelante se precisarán (fojas 5-24). SEGUNDO. Previa prevención (fojas 62-64) Mediante auto de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo; se requirió a la autoridad responsable su informe justificado; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 70-73). TERCERO. Agotada la secuela procesal por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable (foja 81) y por notificada a la Representación Social de la Federación adscrita (foja 35) y tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución, y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, adicionado a través del diverso Acuerdo General 3/2021, reformado por el diverso Acuerdo General 4/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil veintidós. Por la vía, pues se reclaman omisiones en el trámite de un juicio, susceptibles de afectar el derecho de acceso a la Justicia de la parte quejosa. La materia (mixta) al actuar como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, pues el acto reclamado tiene ejecución dentro del territorio en el que tiene competencia este Juzgado. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuál es el acto reclamado al Juzgado Sexto de Primera Instancia del XVII Distrito Judicial con residencia en Ciudad Cardel, Veracruz. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que consiste en: La exigencia contenida en el auto de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, dictado en los autos del juicio ordinario civil 2142/2019 del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia del XVII Distrito Judicial en el Estado de Veracruz, consistente en que la parte actora debe proporcionar los medios necesarios para el traslado del personal actuante autorizado para llevar a cabo dicha diligencia. "(2 de mi escrito inicial). Que la autoridad reponga la razón de notificación a fojas 136 (uno) Tomo II (la pusieron como folio 129 Tomo II y la folio 135 Tomo II no tiene relación con la folio actual 136 Tomo II)". "(4 de mi escrito inicial). La autoridad no debe exigir promoción para solicitar copias simples de lo actuado dentro del expediente. "(6 de mi escrito inicial). Se ubiquen e instalen los ESTRADOS EN EL JUZGADO y se dejen en él los documentos que se me deban notificar." "Se acuerden las seis promociones presentadas el 1-12-2022. En forma inmediata indicándome fecha y hora muy próximas para la audiencia que prevee el artículo 221 del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado de Veracruz." Omisiones que consideró ocasionan el retraso en la tramitación del juicio ordinario en cita, afectando su derecho a recibir pronta y expedida impartición de justicia. Sin que por otra parte, puedan considerarse como actos reclamados las manifestaciones del quejoso relativas a que los servidores públicos del Juzgado responsable actúen dentro del expediente 2149/2919 con probidad y honradez a fin de que su juicio recupere el tiempo perdido y que las promociones se acuerden como se acordaron en los autos de veintiocho de noviembre y uno de diciembre de dos mil veintidós. Lo anterior porque las mismas constituyen expresiones con las cuales el quejoso pretende ilustrar el retraso en el trámite de su expediente. Ahora, por cuestión de método, se analiza si está probada o no su existencia. TERCERO. Inexistencia de actos. La autoridad responsable: Juez Sexto de Primera Instancia del XVII Distrito Judicial con residencia en Ciudad Cardel, Veracruz, al rendir su informe justificado, reconoció los actos reclamados, en general la tramitación del juicio ordinario civil promovido por Silvino Ramos Ozuna demandó en la vía ordinaria civil de María Guadalupe Ramos Ozuna, Rene Toro García, Angélica Virginia Ramos Ozuna, Lorenzo Ramos Ozuna (finado) y/o quien legalmente lo represente, Agustina Ramos Ozuna, María del Carmen Ramos Ozuna y Beatríz Yolanda Ramos Ozuna, la cesación de copropiedad y cesación del usufructo vitalicio de la copropiedad y/o propiedad por los vendedores y padres de las partes, respecto del inmueble ubicado en el lote de terreno 64 de la manzana 39-C del cuartel 14, con frente a la avenida Miguel Ángel de Quevedo con número oficial 5887, colonia Pascual Ortíz Rubio de Veracruz, Veracruz (foja 81). Sin embargo, del informe rendido por la autoridad responsable y de las copias certificadas que adjuntó al mismo, que por lo que hace al acto reclamado consistente en: c."(4 de mi escrito inicial). La autoridad no debe exigir promoción para solicitar copias simples de lo actuado dentro del expediente." No se advierte que para solicitar copias simples dentro del expediente 2142/2019 por la promoción presentada el uno de diciembre de dos mil veintidós por el quejoso (fojas 153 y 154 Tomo II cuaderno de pruebas) la autoridad responsable le haya exigido la misma, sino únicamente se aprecia que dicha solicitud fue acordada de manera inmediata conforme a lo dispuesto por los artículos 8 Constitucional y 51 del Código de Procedimientos Civiles, siendo que este artículo dispone que para sacar copia o testimonio de cualquier documento de los archivos o protocolos, se requiere decreto judicial, que no se dictará sino con conocimiento de causa y audiencia de parte. Por otra parte, por lo que hace al diverso acto reclamado consistente en: d."( 6 de mi escrito inicial). Se ubiquen e instalen los ESTRADOS EN EL JUZGADO y se dejen en él los documentos que se me deban notificar." No se advierte, que la autoridad responsable, haya reconocido que no existen estrados en dicho órgano jurisdiccional, aunado a ello, en los estrados únicamente se exhibe la lista numerada de los negocios acordados o resueltos, designándose en ella el número de expediente y el de registro de la promoción que se acuerda, nombre y apellido de los interesados y la naturaleza del procedimiento judicial. La lista se hará por triplicado, para que uno de los ejemplares se guarde en el archivo de la oficina para resolver cualquiera duda que se suscite, irá autorizada con el sello y la firma del juez o magistrado en todo caso y no contendrá entrerrenglonados ni repetición de números. El secretario deberá hacer constar al final de la misma, el número total de acuerdos o resoluciones que contiene; debiendo además, asentar razón en el expediente de haberse fijado. En esta lista no se inscribirán las resoluciones judiciales que tengan por objeto el depósito de personas, el requerimiento de pago, los embargos precautorios, el aseguramiento de bienes u otras diligencias semejantes de carácter reservado a juicio del juez, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 79 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, numeral en el que no se exije que se exhiban "los documentos que se deban notificar" Por ende, deben tenerse por inexistentes dichos actos reclamados, por lo que SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo por lo que hace a la autoridad citada en los párrafos que anteceden por los referidos actos reclamados, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, además con apoyo en la jurisprudencia VI. 2o. J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito , que se cita de acuerdo a lo estipulado en el artículo Sexto transitorio del Decreto que expide la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de actos. Son ciertos los actos atribuidos al Juez Sexto de Primera Instancia del XVII Distrito Judicial con residencia en Cudad Cardel, Veracruz, en razón de que al rendir su informe justificado, reconoció la existencia del juicio de origen así como su tramitación (foja 81) y la emisión de los autos cuya notificación y cumplimiento constituyen los actos reclamados. Lo que se corrobora, en razón de que dicha autoridad remitió copia certificada del juicio de origen entre las que se aprecia los aludidos proveidos de cuatro de noviembre de dos mil veintidós y veinticinco de enero de dos mil veintitrés (fojas 128 y 157-158 del Tomo II de prueba) las cuales tiene valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2, ya que se trata de documentos públicos consistentes en copias certificadas que fueron expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que le asigna la ley, y de las cuales se advierte la existencia de los actos que se reclaman. Por lo que los actos reclamados deben tenerse como ciertos. QUINTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. Las causas de improcedencia son de estudio preferente al análisis del fondo, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; por tanto, se procede al estudio de las que de oficio se pudieran advertir. Ahora, en el caso, el suscrito resolutor considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que hace a los actos reclamados consistentes en: a. La exigencia contenida en el auto de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, dictado en los autos del juicio ordinario civil 2142/2019 del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia del XVII Distrito Judicial en el Estado de Veracruz, consistente en que la parte actora debe proporcionar los medios necesarios para el traslado del personal actuante autorizado para llevar a cabo dicha diligencia. d."Se acuerden las seis promociones presentadas el 1-12-2022. En forma inmediata indicándome fecha y hora muy próximas para la audiencia que prevee el artículo 221 del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado de Veracruz." MARCO NORMATIVO Para sostener lo anterior, es preciso establecer que en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De la lectura del precepto reproducido, se desprende que si los efectos del acto que reclama un quejoso se interrumpen o finalizan, es decir, se destruyen en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada, como si se hubiera otorgado el amparo; entonces, el juicio de amparo es improcedente. Ilustra lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." ANTECEDENTES A continuación se exponen los hechos relevantes del asunto, mismos que derivan de las constancias acompañadas por la autoridad responsable: 1.- Mediante escrito presentado el tres de diciembre de dos mil diecinueve, ante el Juez Sexto de Primera Instancia del XVII Distrito Judicial con sede en Veracruz, Veracruz, Silvino Ramos Ozuna demandó en la vía ordinaria civil de María Guadalupe Ramos Ozuna, Rene Toro García, Angélica Virginia Ramos Ozuna, Lorenzo Ramos Ozuna (finado) y/o quien legalmente lo represente, Agustina Ramos Ozuna, María del Carmen Ramos Ozuna y Beatríz Yolanda Ramos Ozuna, la cesación de copropiedad y cesación del usufructo vitalicio de la copropiedad y/o propiedad por los vendedores y padres de las partes, respecto del inmueble ubicado en el lote de terreno 64 de la manzana 39-C del cuartel 14, con frente a la avenida Miguel Ángel de Quevedo con número oficial 5887, colonia Pascual Ortíz Rubio de Veracruz, Veracruz (fojas 2-11 del Tomo I de prueba). 2.- En auto de once de diciembre de dos mil diecinueve, se admitó la demanda, se radicó el juicio 2142/2019, y se ordenó el emplazamiento de las partes, lo que se cumplió en el caso de Agustina Ramos Ozuna, Rene Toro García, María Guadalupe Ramos Ozuna, Angélica Virginia Ramos Ozuna, María del Carmen Ramos Ozuna y Beatríz Yolanda Ramos Ozuna (fojas 38-40, 45, 53, 57, 61, 129 del Tomo I de prueba). 3.- Durante el trámite del juicio se recibió la contestación de demanda de María Guadalupe Ramos Ozuna, Rene Toro García, Angélica Virginia Ramos Ozuna, mientras Agustina Ramos Ozuna se allanó a la demanda presentada en su contra, y se declaró la rebeldía María del Carmen Ramos Ozuna y Beatríz Yolanda Ramos Ozuna; asimismo, el actor se desistió de su demanda por lo que hace a René Toro García y eventualmente se realizó la audiencia prevista en el artículo 219 del Código de Procedimientos civiles del Estado (fojas 74-80, 81-84, 95, 117 Tomo I de prueba y 23 del Tomo II probatorio). 4.- Dado que el demandado Lorenzo Ramos Ozuna falleció previo a la inciación del juicio, se realizaron averiguaciones a efecto de emplazar a quien lo represente, y finalmente el actor proporcionó los datos del juicio sucesorio correspondiente por lo que se dictó el proveído de cinco de octubre de dos mil veintidós, que señala lo siguiente: "Agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por el C. SILVINO RAMOS OZUNA, y anexos, para que surta sus efectos legales procedentes, se le tiene por presentado al actor exhibiendo un juego de copias certificadas de la resolución de fecha cinco de septiembre de dos mil veintidós, dentro del expediente número 165/2022 del índice del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de este Distrito Judicial, donde se declara como válido el testamento público abierto que consta en el instrumento notarial número veintisiete mil ciento cuarenta y uno de fecha treinta de septiembre de dos mil quince, otorgado ante la fe de la Licenciada Elvia Inés Collado García, en la notaría número veintisiete de la ciudad Veracruz, otorgado por LORENZO RAMOS OSUNA del cual se advierte que el nombrado testador, instituye como Único y Universal Heredero a su hijo LORENZO ARTURO RAMOS BARRADAS, el cual es el albacea de la sucesión de su finado padre. Por lo que, con las copias exhibidas en autos, córrase traslado al C. LORENZO ARTURO RAMOS BARRADAS como ALBACEA de la sucesión del finado LORENZO RAMOS OZUNA, en los términos ordenados por auto de inicio de fecha de siete de octubre de dos mil veintiuno, por lo que túrnese los presentes autos a la central de actuarios de este Distrito Judicial para su debido cumplimiento.." (foja 119 del Tomo II de prueba). 5.- Posteriormente se dictó diverso proveído el cuatro de noviembre de dos mil veintidós, de contenido siguiente: "VISTO el estado que guardan los presentes autos, se comisiona para la práctica de notificaciones personales a los oficiales administrativos JUAN DIEGO RODRÍGUEZ VÁZQUEZ y/o JESÚS RUBÉN GALVÁN PÉREZ en funciones de actuarios adscritos a este juzgado, debiendo la parte actora proporcionar los medios necesarios para el traslado del personal actuante antes autorizados para llevar a cabo dicha diligencia, por lo que túrnense los presentes autos a los actuarios adscritos a este juzgado. Por último, y en virtud del cambio de reidencia de este Tribunal ordendo en la circular número 29 emitida por el Consejo de la Judicatura del Estado con fecha cuatro de octubre de dos mil veintidós, prevéngase por lista de acuerdos a las partes contendientes a fin de que dentro del término de tres días hábiles se sirvan señalar domicilio en esta localidad, para oír y recibir toda clase notificaciones con apercibimiento que de no hacerlo así los subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal se les harán por lista de acuerdo en términos de lo dispuesto por los artículos 75 y 79 del código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz." (foja 128 del Tomo II de prueba) Lo subrayado es propio de esta resolución. Auto cuya exigencia por parte del quejoso reclama para llevar acabo la notificación. 6.- El veinticinco de enero de dos mil veintitrés, la autoridad responsable, dio cuenta y acordó los seis escritos presentados por el quejoso Silvino Ramos Ozuna, el uno de diciembre de dos mil veintidós (fojas 157-173 del Tomo II de prueba) (Acto que constituye otro, de los actos reclamados). Hasta aquí la relación de antecedentes. SUBSUNCIÓN Ahora, de acuerdo a lo expuesto se colige que la violación que aduce la parte quejosa ha cesado, en razón de las consideraciones que más adelante se expondrán. En primer término, es necesario precisar que el aquí quejoso enmarcó su demanda de amparo dentro del marco de una violación a su derecho a una pronta y expedita impartición de justicia, directa al derecho de petición, previsto en el artículo 17 Constitucional, al advertir exigencias y omisiones por parte de la autoridad responsable dentro de los autos del juicio ordinario civil 2142/2019. De ahí que el quejoso considera que la exigencia contenida en el auto de cuarto de noviembre de dos mil veintidós, de proporcionar los medios necesarios para el traslado del personal actuante para llevar a cabo dicha diligencia no debe existir, además hizo patente la omisión por parte de la autoridad responsable de acordar los seis escritos presentados el uno de diciembre de dos mil veintidós, lo cual considera ocasiona un retraso a la la continuación del procedimiento. Sin embargo, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte la diligencia de diez de noviembre de dos mil veintidós, en la cual personal del Juzgado Sexto de Primera Instancia del XVII del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, emplazó personalmente al c. Lorenzo Arturo Ramos Barradas en su carácter de albacea de la sucesión del finado Lorenzo Ramos Ozuna, haciendo de su conocimiento lo ordenado en autos de once de diciembre de dos mil diecinueve, y cinco de octubre de dos mil veintidós, indicándole el plazo para contestar la demanda presentada en contra de su finado padre y entregando copias de la demanda y los citados autos (fojas 129-136 del Tomo II pruebas). Asimismo, se aprecia el auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, mediante el cual se tuvo por presentado a Lorenzo Arturo Ramos Barradas dando contestación a la demanda lo que se dejó a vista de la parte actora - aquí quejosa - para que expusiera lo que a su derecho conviniera (foja 137 del Tomo II de prueba). Por tanto, si el acto reclamado es la exigencia contenida en el auto de cuarto de noviembre de dos mil veintidós, de proporcionar los medios necesarios para el traslado del personal actuante para llevar a cabo dicha diligencia, esto es, emplazar a quien representara la sucesión a bienes de Lorenzo Arturo Ramos Barradas ordenada en auto de cuatro de octubre de dos mil veintidós y la autoridad acreditó que el diez de noviembre de dos mil veintidós, el emplazamiento respectivo ya se ha realizado, e incluso el demandado ya dio contestación a la demanda, lo que se dejó a vista del acto, resulta incuestionable que en ese momento cesaron totalmente los efectos del acto reclamado puesto que el personal actuante se constituyó en el domicilio ordenado para llevar a cabo dicha diligencia. Lo anterior, dado que debe considerarse que se restituyó al quejoso en el pleno goce del derecho constitucional violado, cesando en sus efectos el acto combatido, aunado a que no se advierte que el quejoso por sí mismo haya proporcionado los medios necesarios para el traslado del personal actuante. Asimismo, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte, el auto de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, la autoridad responsable, dio cuenta y acordó los seis escritos presentados por el quejoso Silvino Ramos Ozuna, el uno de diciembre de dos mil veintidós. Por lo que hace al primer escrito, tuvo al quejoso Silvino Ramos Ozuna por desahogando la vista concedida en auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós; por lo que hace al segundo escrito señaló LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS para la audiencia prevista en el artículo 221 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz,; por lo que hace al tercer escrito se le tuvieron por hechas sus manifestaciones, y toda vez que la parte demandada no dio cumplimiento al requerimiento que se le hizo para que señalara perito, se le hizo efectivo el apercibimiento decretado en autos, por lo que envió oficio a la Dirección de la Defensoría y Registro Estatal de peritos con residencia en Xalapa, Veracruz, para que proporcionen un perito en rebeldía de la parte demandada en la materia de determinar el valor de un inmueble, su estructura materia del juicio; por lo que hace a los tres escritos restantes se le tuvieron por hechas sus manifestaciones(fojas 157-173 del Tomo II de prueba) Por ende, resulta incuestionable que en ese momento cesaron totalmente los efectos del acto reclamado y se continúa el procedimiento por lo que hace dichas partes, concluyendo de esa forma la omisión por parte de la autoridad que constituyó el acto reclamado. Apoya a lo anterior la jurisprudencia cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Del mismo modo, no es óbice para el sentido de la presente resolución, que el quejoso haya realizado diversas manifestaciones de lo que él considera circunstancias que han retrasado el procedimiento dado que se tratan de manifestaciones genéricas no susceptibles de análisis en el juicio de garantías en los términos planteados por el amparista; ello aunado a que, tal como lo señala la autoridad responsable en su informe justificado se han realizado diversas actuaciones, con relación a las demás personas que demandó, y el propio actor ha realizado peticiones e interpuesto recursos, por lo que no se aprecia que el citado procedimiento en algún momento se haya encontrado paralizado a efecto de que se estime violada la citada garantía prevista en el artículo 17 Constitucional. CONCLUSIÓN. Por tanto, al haber cesado los efectos de los actos reclamados, es evidente que el juicio de amparo resulta improcedente en términos de los numerales 61, fracción XXI, de la ley de la materia, por lo que procede sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sin que sea necesario analizar los argumentos alegados por el impetrante de amparo, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio del fondo del asunto, puesto que éste sólo puede estudiarse de resultar procedente el juicio de amparo, según la jurisprudencia del rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Por otra parte, respecto del diverso acto reclamado consistente en: b."(2 de mi escrito inicial). Que la autoridad reponga la razón de notificación a fojas 136 (uno) Tomo II (la pusieron como folio 129 Tomo II y la folio 135 Tomo II no tiene relación con la folio actual 136 Tomo II)". El suscrito juzgador, estima que sobreviene el motivo de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 107, fracción V, y 172, fracciones XI y XII interpretado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, pues se considera que los efectos de dicho acto no son de imposible reparación. MARCO NORMATIVO Los artículos citados establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) XI. Se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del juez o se practiquen diligencias judiciales de forma distinta a la prevenida por la ley; y (.) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. (.)." De la interpretación armónica de los preceptos reproducidos, se advierte que contra actos de los tribunales judiciales, administrativos, agrarios o de trabajo el juicio de amparo en la vía indirecta, sólo procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose como tales, para efectos de la procedencia del amparo indirecto, cuando de modo directo e inmediato se trasgredan derechos sustantivos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales en los que México sea parte, no puedan ser reparados en la sentencia que se dicte en el juicio respectivo. Así, los únicos actos emitidos dentro de un juicio que pueden ser materia del amparo indirecto son aquellos que tengan una ejecución de imposible reparación, siendo el caso cuando agravian de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo materia de derechos humanos o las garantías constitucionales establecidas para la protección de éstos, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener sentencia favorable. Hasta aquí las premisas normativas. SUBSUNCIÓN Ahora, para determinar si existe tal afectación debe atenderse a los efectos que produce objetiva y jurídicamente el acto reclamado, y no a las argumentaciones que constituyen los conceptos de violación, dado que la consideración de los efectos del acto son un presupuesto de procedencia del juicio de amparo biinstancial, el cual debe estudiarse previo al análisis de los conceptos de violación o motivos de inconformidad, ya que de lo contrario no sólo se desconocería el método del proceso de amparo, sino que se atentaría contra la lógica elemental y la estructura de este medio de control constitucional, haciendo nugatoria la procedencia de la aludida fracción V, del artículo 107 de la propia ley. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia siguiente: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. PARA SU PROCEDENCIA DEBE ATENDERSE A LOS EFECTOS QUE PRODUCEN OBJETIVA Y JURÍDICAMENTE, Y NO A LAS ARGUMENTACIONES QUE CONSTITUYAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es equivocada la pretensión de confundir la identidad y naturaleza de los actos reclamados con los conceptos de violación que se enderezan a tratar de explicar y, en su caso, justificar por qué el acto reclamado se estima inconstitucional, pues independientemente del número o variedad de dichos conceptos, ello no produce una segmentación o multiplicación del acto o actos reclamados cuando la identidad y precisión de ellos aparece debidamente delimitada. Por tanto, para determinar la procedencia del juicio en el supuesto previsto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, esto es, tratándose de actos dentro de juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, deben considerarse los efectos que producen de manera objetiva y jurídica, y no las argumentaciones que constituyan los conceptos de violación, pues éstos, en todo caso, constituyen el fondo del amparo que pudiera llegar a resolverse de estimarse procedente la demanda de garantías. Ello es así, porque la consideración de los efectos del acto constituyen el presupuesto de su procedibilidad, previo al análisis de los conceptos de violación o motivos de inconformidad, ya que de lo contrario no sólo se desconocería la técnica del juicio de amparo, sino que se atentaría contra la lógica elemental y la estructura de este medio de control constitucional, haciendo nugatoria la procedencia de la aludida fracción IV del artículo 114 de la propia ley." En la presente instancia constitucional la parte quejosa también reclama "(2 de mi escrito inicial). Que la autoridad reponga la razón de notificación a fojas 136 (uno) Tomo II (la pusieron como folio 129 Tomo II y la folio 135 Tomo II no tiene relación con la folio actual 136 Tomo II)". De lo expuesto en el párrafo anterior, se advierte que el auto impugnado no es de aquellos actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, ya que sólo afecta derechos adjetivos, lo que produce únicamente consecuencias intraprocesales, debido a que si bien se encuentran dichas actuaciones mal costuradas en el juicio de origen no le para ningún perjuicio (fojas 130-136 Tomo II de prueba). Ahora, conviene indicar que el Pleno del Alto Tribunal del País, se pronunció respecto a cuándo se debía considerar que los actos emitidos dentro de un juicio se consideraban violaciones procesales y cuando actos de ejecución irreparable, como se evidencia de la contradicción de tesis 377/2013, indicando que para que un acto dictado en juicio sea considerado de imposible reparación, es necesario que éste produzca una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzca una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además de que debe recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas, como acontece en el asunto en estudio; lo cual quedó plasmado en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) , que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Tesis que resulta aplicable al caso concreto, por identidad jurídica sustancial y que de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, es de observancia obligatoria para este tribunal; lo cual permite concluir, que el acto reclamado no afecta derechos sustantivos del quejoso, lo cual provoca la improcedencia del presente juicio de garantías. CONCLUSIÓN En términos de lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio de amparo promovido por Luis Silvino Ramos Ozuna, respecto del acto reclamado consistente en: "(2 de mi escrito inicial). Que la autoridad reponga la razón de notificación a fojas 136 (uno) Tomo II (la pusieron como folio 129 Tomo II y la folio 135 Tomo II no tiene relación con la folio actual 136 Tomo II)" al haberse actualizado la causa de improcedencia antes analizada, ya que no se trata de un acto de imposible reparación. En consecuencia con lo anterior, no se analizaran los argumentos planteados en la demanda y escritos aclaratorios de ésta, pues la actualización de la invocada causa de sobreseimiento impide entrar al estudio de las cuestiones de fondo, según criterio contenido en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.", que se cita en términos de lo dispuesto en el artículo 6º transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir el tres de abril de dos mil trece. SEXTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, así como su publicación a través del SISE para su consulta por cualquier persona, en términos del reformado numeral 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2020. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio promovido por Silvino Ramos Ozuna, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el considerando sexto de esta resolución.Notifíquese en términos de ley.
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Boca del Río, Veracruz, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el escrito de cuenta signado de manera conjunta por ********************, ********************y ********************, en su carácter personas terceras interesadas, a través del cual se apersonan por escrito a juicio, proporcionan domicilio procesal, designan autorizado y formulan manifestaciones, a lo que, el suscrito provee: DOMICILIO PROCESAL Se tiene como domicilio procesal el ubicado en ********************. Hágase de su conocimiento que en caso de que el domicilio proporcionado resulte inexacto por no existir o, existiendo, no corresponda a la persona buscada, previa razón actuarial que haga constar dicha circunstancia, conforme al artículo 27, fracción III, inciso a) de la ley de Amparo, la notificación se practicará por lista de acuerdos, así como las subsecuentes, incluso las de carácter personal, hasta en tanto señalen nuevo domicilio en esta plaza, cierto y exacto para tal efecto. AUTORIZADOS Se tiene a la persona que mencionan como autorizado únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos, conforme al segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, puesto que no acredita la calidad de licenciado en Derecho, ya que no se encontró cédula alguna registrada a su nombre en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República Mexicana. Por otra parte, no ha lugar a tener por designados los medios alternativos que mencionan para la práctica de notificaciones (correo electrónico y número telefónico) ya que por "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO" aprobado el trece de octubre de dos mil veintidós, abrogó los acuerdos de contingencia por COVID-19 que preveía esos medios alternativos, por lo que únicamente se encuentran autorizados los establecidos en la Ley de Amparo. ALEGATOS Por último, se tienen por hechas las manifestaciones que en vía de alegatos formulan, sin perjuicio de hacer relación de lo anterior al momento de resolver este asunto, en términos del diverso artículo 124 de la ley de la materia. Notifíquese en términos de ley.
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Boca del Río, Veracruz, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Vista la constancia de notificación personal de quince de marzo pasado, que obra en autos, realizada en atención a lo ordenado por auto de trece de marzo del actual; atento a su contenido, se tienen por emplazados al presente juicio a Angélica Virginia Ramos Osuna, y Lorenzo Arturo Ramos Barradas, a quien les resulta el carácter de terceros interesados. De igual forma, se les tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señalaron en las mimas; por lo que, hágase de su conocimiento, que en caso de que el domicilio proporcionado resulte inexacto por no existir o, existiendo, no corresponda a la persona buscada, previa razón actuarial que haga constar dicha circunstancia, conforme al artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de Amparo, las notificaciones se practicarán por lista de acuerdos, así como las subsecuentes, incluso las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio en esta plaza, cierto y exacto para tal efecto. Notifíquese en términos de ley.
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