Silvino Pérez Suni
Expediente 741/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 741/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 03/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Silvino Pérez Suni
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
MESA 2. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de junio de dos mil veintiuno. Causa estado acuerdo. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término que concede el artículo 86, párrafo primero de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión, contra el acuerdo de diecisiete de mayo de la presente anualidad, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo promovido por *****(única parte a quien puede afectar dicha determinación), sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria, se declara que ha causado estado el referido acuerdo; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; no obstante, dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Archivo del expediente. Ahora, toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado Destino. a) Este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. b) De acuerdo a la interpretación de la fracción I, inciso a), del artículo 18 del citado Acuerdo General, dado que en el presente asunto se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa, este expediente resulta depurable, por lo que, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como se ordenó en proveído de quince de julio del año en curso. c) Por tanto, conforme al numeral 18 del Acuerdo General en cita, se conservará por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se emite este proveído. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se depurará el expediente conforme a lo señalado en el referido Acuerdo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y la carátula. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
MESA 2. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Se recibe el oficio suscrito por el Juez Mixto de Primera Instancia de Huautla de Jiménez, Oaxaca, por medio del cual devuelve sin diligenciar, por las razones que indica, el despacho 344/2020, del índice de este juzgado. En consecuencia, dése de baja la comunicación de referencia; háganse las anotaciones de ley en el Libro de Gobierno respectivo, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por otra parte, de la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en acuerdo de treinta de abril de dos mil veintiuno, sin haber realizado manifestación al respecto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en ese proveído y se tiene como inexistente a quien se denominó como "Director de la Unidad Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Aguacatitla, Oaxaca", suspendiéndose toda comunicación al respecto; por ende, se deja de tener como responsable en este juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis y jurisprudencias siguientes: "JUEZ DE AMPARO, NO TIENE LA OBLIGACIÓN DE CERCIORARSE DE LA EXISTENCIA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES". "AUTORIDADES RESPONSABLES. OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISIÓN QUIENES SON LAS". Ahora, en el caso a estudio, este órgano de control constitucional estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo que, en lo conducente, señala:"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia [.]"Dicho precepto, refiere el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo, algún acto violatorio en su perjuicio; es decir, se refiere al derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio, una ofensa o daño en los derechos o intereses del particular. Estos conceptos se vinculan con uno de los principios fundamentales del juicio de amparo, del agravio personal y directo, que explica que la acción constitucional sólo podrá ser promovida por aquella persona física o moral, que se vea afectada en su esfera jurídica por un acto de autoridad. Luego, es necesario establecer que para promover un juicio de amparo, al atender a la naturaleza del acto que se reclama; es necesario demostrar la existencia de ese derecho en su haber patrimonial o jurídico, y por otra parte el perjuicio que al mismo ocasione el acto autoritario, lo que legitima al gobernado para acudir ante el órgano de control constitucional a demandar el respeto a sus derechos. Así se aprecia de la jurisprudencia 854, que dice:"INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona."Ahora, de los artículos 107, fracción I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6º, 73, 77, fracción I, y 61, fracción XII de la Ley de Amparo, se infiere con claridad que uno de los principios que se erige como base del juicio de amparo, es que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada; es decir, por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, concepto de perjuicio que para los efectos del amparo tiene una connotación más profunda y difiere del previsto a las leyes civiles, entendido como privación de la ganancia lícita que pudiese haberse obtenido o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa a los derechos de una persona, pues el interés no puede referirse a otra cosa sino a la titularidad que al quejoso corresponde en relación con los derechos conculcados. Así, a través del ejercicio de la acción constitucional, el promovente del amparo demanda la tutela de un derecho público subjetivo, que dice fue infringido en su perjuicio por las autoridades que emitieron los actos impugnados, o sea, mediante el derecho de acción, que es instrumental, se pretende el respeto del derecho público subjetivo y, en su caso, la restitución en su goce, para lo cual no será suficiente que las autoridades responsables informen que es cierto el acto o que opere a su favor la presunción de su existencia ante la omisión de la autoridad de rendir su informe de ley, para concluir necesariamente que el mismo perjudica al promovente, puesto que el perjuicio depende de que existan, legítimamente tutelados, los derechos cuyo respeto se reclama mediante la acción constitucional. Por tanto, quien ejercita la acción de amparo siempre se ostenta titular de un derecho subjetivo amenazado por algún acto u omisión de las responsables, y en tal evento requiere acudir ante los tribunales para solicitar la protección federal, es decir, tiene necesidad de que se respeten los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que han sido vulnerados, por el perjuicio, menoscabo u ofensa en su esfera jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número I. 1o. A. J/17, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice:"INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia."En el particular, la parte quejosa no acreditó la afectación a su esfera de derechos, toda vez que del sumario se evidencia que el aquí quejoso no se encontró en los nosocomios de las poblaciones denominadas Aguacatitla San José Tenango, Oaxaca, Aguacatitla de Huautla de Jiménez, Oaxaca, Aguacatitla Santa María Chilchotla y Aguacatitla Mazatlán Villa de Flores, Oaxaca, así como tampoco, aclaró la denominación de la autoridad responsable a la que le atribuyó el acto de autoridad. Por tanto, toda vez que la parte quejosa no demostró su interés jurídico, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se sobresee fuera de audiencia en el juicio, de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la referida ley. Por tanto, se deja sin efectos la audiencia constitucional prevista para las nueve horas con dos minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente por lista electrónica.
- Principal
MESA 2. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal del expediente, se advierte que el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huautla de Jiménez, Oaxaca, no ha informado el estado procesal del despacho 20/2020 de su estadística, no obstante los requerimientos realizados. En consecuencia, con fundamento en el artículo el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, acorde lo dispuesto en su artículo 2º, mediante oficio que al efecto se gire vía correo electrónico a la dirección jmhuautla@tribunaloaxaca.gob.mx, requiérase a dicha autoridad para que en el improrrogable plazo de tres días hábiles, contados a partir del en que quede notificado de este acuerdo, devuelva debidamente diligenciado el despacho en comento, del índice de este Juzgado, o en su defecto, informe el estado que guarda dicha comunicación oficial. Asimismo, se hace del conocimiento a la autoridad requerida, que para celeridad procesal puede remitir el precitado despacho a través del correo electrónico institucional 4jdo13cto@correo.cjf.gob.mx, confirmando al número 5023565 ext. 2101, para los efectos legales a que haya lugar. Se le apercibe, que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá multa por la cantidad equivalente a ciento cincuenta unidades de medida de actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se advierte que la parte quejosa no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones; por ello, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese al quejoso el presente proveído por lista, así como la de los acuerdos subsecuentes aún los de carácter personal. En esa tesitura, tomando en consideración que el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, se tuvo informando al Juez Mixto de Primera Instancia de Huautla de Jiménez, que hay cuatro poblaciones denominadas Aguacatitla, a saber Aguacatitla San José Tenango, Oaxaca, Aguacatitla de Huautla de Jiménez, Oaxaca, Aguacatitla Santa María Chilchotla y Aguacatitla Mazatlán Villa de Flores, Oaxaca; por lo cual no pudo notificar al quejoso ni entregar el oficio dirigido al Director de la Unidad Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Aguacatitla, Oaxaca. En consecuencia, dése vista al quejoso ********, para que dentro del término de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga respecto a la denominación de tal autoridad; en el entendido que de no hacer pronunciamiento alguno, se tendrá como inexistente dicha autoridad y se suspenderá toda comunicación al respecto, resolviéndose en el presente asunto. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere, y se fijan las NUEVE HORAS CON DOS MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MAYO PRÓXIMO, para su verificativo vía remota. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad requerida.
- Principal
MESA 2. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal del expediente, se advierte que el diecinueve de enero de este año, se envió el oficio 1063/2021 al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huautla de Jiménez, Oaxaca, para que dentro del término de tres días, informara el estado procesal del despacho 20/2020 de su estadística; sin que a la fecha hubiera informado al respecto. En consecuencia, con fundamento en el artículo el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, acorde lo dispuesto en su artículo 2º, mediante oficio que al efecto se gire vía correo electrónico a la dirección ************, requiérase a dicha autoridad para que en el término de tres días, contados a partir del en que quede notificado de este acuerdo, se sirva ordenar a quien corresponda, devuelva debidamente diligenciado el despacho en comento, del índice de este Juzgado, o en su defecto, informe el estado que guarda dicha comunicación oficial. Asimismo, se hace del conocimiento a la autoridad requerida que para celeridad procesal puede remitir el precitado despacho a través del correo electrónico institucional 4jdo13cto@correo.cjf.gob.mx, confirmando al número 5023565 ext. 2101, para los efectos legales a que haya lugar. Apercibido que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá multa por la cantidad equivalente a ciento cincuenta unidades de medida de actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el treinta del mes en curso, se difiere anticipadamente y se fijan las NUEVE HORAS CON DOS MINUTOS DEL TREINTA DE ABRIL PRÓXIMO, para su verificativo vía remota. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad requerida.
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