Silvino Guzmán López López

Expediente 931/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
931/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
16/07/2015

Partes del expediente

  • Silvino Guzmán López López

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VI B Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de tres de julio de este año (fojas 7 a 11), por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Magdaleno Ojeda Mendoza, apoderado legal del quejoso Silvino Guzmán López; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    MESA VI B Vista la demanda de amparo signada por Magdaleno Ojeda Mendoza, apoderado legal del quejoso Silvino Guzmán López, personalidad que se tiene por admitida en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, con copia con firmas autógrafas de la diligencia de doce de marzo de dos mil doce, llevada a cabo en el juicio laboral 618/2011 (3), del que deriva el acto reclamado; contra un acto de los Miembros Integrantes de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 931/2015. Antes de admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como lo dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo. En la especie, de la lectura integral de la demanda de amparo y documental anexa a la misma, se advierte que la parte quejosa reclama de los Miembros Integrantes de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, el auto de ocho de junio de dos mil quince, por el que se desechó de plano el incidente de nulidad de actuaciones que promovió en el juicio laboral 618/2011 (3). Ahora, la quejosa en los antecedentes del acto reclamado, indica: 1).- Ante la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, se tramita el expediente laboral 618/2011 (3) el que se mandó formar en virtud de la demanda presentada por el C. JUAN VÁSQUEZ CRUZ, en contra de la negociación denominada panadería "SAN ISIDRO", por conducto de quien legalmente la represente, así como en contra del señor SILVINO GUZMÁN LÓPEZ fe quienes soy apoderado, personería que me fue reconocida por la responsable en audiencia de fecha doce de marzo de dos mil doce." 2).- Entablada que fue la litis en el juicio laboral en comento en virtud de la contestación dada por parte de cado de los codemandados a la demanda en audiencia celebrada a las once horas del día cuatro de octubre de dos mil doce, después de la réplica y contrarréplica, la junta ordenó abrir la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, ofreciendo en esa fase cada una de las partes las pruebas que estuvieron a su alcance, razón por la que el actor ofreció entre otras la confesional a cargo del codemandado físico señor SILVINO GUZMÁN LÓPEZ, hecho que fue, cada una de las partes hizo las objeciones respecto de aquellas pruebas que creyó conveniente, finalmente la junta se reservó el derecho para calificarlas. 3).- Siendo por auto del nueve de octubre del mismo dos mil doce, en que la junta calificó las pruebas ofrecidas por las partes, admitiendo entre otras la confesional que debería estar a cargo del señor SILVINO GUZMÁN LÓPEZ, señalando para su desahogo las doce horas del día quince de noviembre de dos mil doce, no compareciendo en esa fecha dicha persona, justificando su inasistencia por conducto de un certificado médico y anexos..." (.) 4).- En cumplimiento al requerimiento en cuanto a la presentación del médico que expidió el certificado, éste se presentó a ratificarlo dentro del término concedido, por lo que siendo las doce horas con treinta minutos del veintidós de noviembre , se le tuvo por ratificando dicha documental. 5).-Siendo, hasta por auto del veintiocho de abril de dos mil quince, o sea después de haber transcurrido un total de dos años con siete meses, la junta dicta un acuerdo que en lo que interesa dice..." 6).-Como dicha determinación es ilegal, con el carácter de apoderado del señor SILVINO GUZMÁN LÓPEZ codemandado físico en dicho asunto, me vi obligado a promover por escrito del veintiséis de mayo último, INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES." Con esas bases, contra el acto aquí reclamado, de manera manifiesta e indudable se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Versus ese acto, en términos de lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y el diverso 107, fracción V, del primer ordenamiento citado, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]. Los dos últimos preceptos transcritos, interpretados a contrario sensu, conducen a sostener que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Aunado a lo anterior, cabe señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014 , sostuvo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno estableció que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: ? La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y ? La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Así, queda de manifiesto que la determinación que se dicta respecto de un incidente de nulidad de actuaciones constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, en términos de los numerales 107, fracción V, 170, fracción I y 172, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues el perjuicio procesal que pudieran resentir la parte quejosa en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, en tanto que no culminaría sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió. No obsta para estimar lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, pues por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas conlleva una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta. En suma, contra el auto que desecha de plano un incidente de nulidad de actuaciones procede el amparo directo, por constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, por no constituir una violación cometida durante la secuela del procedimiento, que afecte las defensas de la parte quejosa y trascienda al resultado del fallo, pues no puede ser considerada como un acto de imposible reparación, porque sus efectos son meramente formales, en atención a que la razón de ser de dichos derechos, encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica de la parte afectada, al no alterarse ningún derecho sustantivo, de aquí que hacen surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. En lo conducente resultan aplicables a lo anterior, la jurisprudencia 38/92 del Pleno del más Alto Tribunal Constitucional del país. NULIDAD DE ACTUACIONES. EN CONTRA DE LA RESOLUCION INCIDENTAL QUE LA DECLARA, PROCEDE POR REGLA GENERAL EL AMPARO DIRECTO. La resolución que pone fin a un incidente de nulidad de actuaciones, declarándolo fundado, no es un acto en el juicio que, por regla general, tenga una ejecución de imposible reparación, sino que tiene efectos meramente procesales, dado que la violación que llegare a cometerse en el dictado de dicha resolución, puede quedar subsanada con posterioridad, si la sentencia definitiva, o la que ponga fin al juicio, resulta finalmente favorable a los intereses del quejoso, pero de no ser así, este último podrá reclamarla en el amparo directo que, en su caso y oportunidad, interponga en contra del mencionado fallo. Lo anterior se corrobora si se toma en cuenta, además, que tal resolución entraña una violación a las leyes del procedimiento, prevista en la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo, en la cual se establece la procedencia del amparo directo "cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad"; y por los términos genéricos en que está redactado el mencionado precepto legal, resulta obvio que la ilegal resolución del incidente de nulidad a que allí se alude, puede consistir tanto en la anulación de las actuaciones favorables al quejoso, como en la negativa a nulificar aquéllas que lo agravian, toda vez que aquél no hace distingo alguno al respecto. Sin embargo, el anterior criterio queda supeditado a que, con motivo de las mencionadas resoluciones incidentales, no se afecten en forma cierta e inmediata los derechos sustantivos de los gobernados, porque de lo contrario, la vía correcta para reclamarlas será la indirecta. Al igual que la diversa jurisprudencia 94/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. La interlocutoria que confirma la procedencia o improcedencia de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, al constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, es impugnable en amparo directo, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo. Esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito, en términos de los artículos 159 y 161 de la Ley mencionada. Por tanto, queda de manifiesto que el acto reclamado, auto de ocho de junio de dos mil quince, por el que se desechó de plano el incidente de nulidad de actuaciones planteado por Magdaleno Ojeda Mendoza, en su carácter de apoderado de Silvino Guzmán López, parte codemandada en el juicio laboral 618/2011 (3), indefectiblemente no es de modo alguno irreparable y no afecta a la parte quejosa en grado predominante o superior, lo que impone que se actualice de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, de ahí que en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo, y por autorizados con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la ley de la materia a Omar Méndez Pérez y Edilberta Santiago Velasco, por haber sido facultados en esos términos, aunado a que sus cédulas profesionales se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, mientras que a Reyna Atali Ramírez León, únicamente para recibir notificaciones, por así solicitarlo expresamente el promovente del amparo. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese personalmente.

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