Silvino Garcia Montes
Expediente 1711/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 14 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1711/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 28/09/2023
Partes del expediente
- Silvino Garcia Montes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Incidental
Zapopan, Jalisco, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, se advierte que por auto de esta fecha se ordenó el archivo en el juicio de amparo de donde deriva la presente incidencia, por estar concluido; por tanto, se provee lo relativo al incidente de suspensión en que se actúa, de la manera siguiente. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el presente expediente es susceptible de destrucción una vez que se cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, al haberse negado la suspensión definitiva del acto reclamado. Relevancia documental. La presente incidencia no se considera de relevancia documental, siguiendo los lineamientos establecidos en el precitado Acuerdo General. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, se hace constar que ninguna de las partes allegó documentos, en original, a la incidencia en que se actúa. Notifíquese por lista física y electrónica.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Relación de estado procesal de autos. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa por acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, para que desahogara la vista que se ordenó respecto del cumplimiento que la autoridad responsable adujo dar a la ejecutoria de amparo, sin que hubiese realizado manifestación alguna en ese sentido. De conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, de oficio, procede a pronunciarse respecto al cumplimiento aludido, tomando en consideración las constancias que obran en este expediente. II. Concesión del amparo y efectos. Mediante sentencia dictada el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, se concedió la protección constitucional para efectos de que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, realizara lo siguiente: Demostrar que dio continuidad al auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, emitido en el juicio de origen, esto es, que en su caso, certifique si ya transcurrió el plazo otorgado en dicho auto y provea lo conducente en relación a la planilla de liquidación promovida por la parte actora. III. Ejecutoria y requerimiento. En proveído de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió por su cumplimiento a las autoridades responsables. IV. Levanta reserva. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, se reservó acordar el oficio remitido por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, hasta en tanto transcurriera la vista concedida en el diverso auto de diecinueve de septiembre del año en curso, y toda vez que ello ya aconteció, se provee lo siguiente. V. Actos realizados por la autoridad responsable tendentes a cumplir con la ejecutoria de amparo. De las constancias remitidas por el Tribunal de Escalafón y Arbitraje del Estado de Jalisco, a través de los comunicados de registro 19870 y 21498, a las cuales se les concede valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su precepto 2°, se advierte que mediante acuerdo de uno de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de origen 882/2018-B1, se ordenó turnar los autos a la vista del pleno a efecto de que dictara la resolución interlocutoria de liquidación que en derecho corresponda, en virtud de que la parte demandada no se pronunció respecto de la vista otorgada en auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Asimismo, el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, se emitió interlocutoria relativa a la planilla de liquidación formulada por la parte actora. VI. Pronunciamiento. De la anterior relación, se aprecia que se atendieron a los efectos de la sentencia de amparo; de ahí que lo procedente es tener por cumplido el referido fallo protector, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Orden de archivo. Tomando en consideración lo anterior, háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Orden de conservación. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el presente expediente es conservable y será transferido al archivo de concentración una vez que se cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, debido a que se concedió el amparo solicitado. Oposición de datos personales. De autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el precitado Acuerdo, que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a las partes. Devolución de constancias. Por resultar innecesaria la retención de las constancias allegadas al presente juicio de amparo, que obran por separado, remítanse a su lugar de origen, es decir, al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco. Acuerdo en incidente. Tomando en consideración lo anterior, acuérdese lo correspondiente en el incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista física y electrónica.
- Principal
Visto el contenido del oficio de cuenta, signado por el Jefe de Departamento de Cumplimiento de Ejecutoria, en representación del Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, mediante el cual informa, en su carácter de superior jerárquico del Titular de la Oficina de representación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que requirió a este, para que diera inmediato cumplimiento a la ejecutoria de amparo, mediante oficio 2C.10.UAJ.DGAE.DE.8476.2023. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 193 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad oficiante, informando en su carácter de superior jerárquico, que dio la orden para cumplir con la sentencia de amparo, dictada en el presente juicio.
- Principal
Zapopan, Jalisco, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Informa gestiones. Se tiene por recibido el oficio signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, mediante el cual informa que requirió a la Directora de Recursos Humanos de la referida secretaría, a efecto de gestione lo necesario ante la instancia competente para que se cumpla con el pago de las prestaciones cuantificadas en la resolución de veintiuno de agosto del año actual. Se requiere cumplimiento. En atención a lo anterior, requiérase nuevamente al Secretario de Seguridad del Estado de Jalisco, que en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al en que se le notifique el presente acuerdo, acredite el pago de las prestaciones cuantificadas en la resolución de veintiuno de agosto del año actual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, o en su defecto, las gestiones que de manera efectiva se encuentran realizando para ello. En el entendido de que no bastará que informe que requirió a diversa autoridad, sino que deberá acreditar con constancias que se realizó la adecuación de las partidas que integran su presupuesto previamente autorizado para el año que transcurre a fin de que efectúe el pago correspondiente en favor del quejoso, aun cuando no esté previsto específicamente en tal presupuesto; y, en su caso, que se solicitó la aprobación de esa reestructura al Gobernador y a la Secretaría de la Hacienda Pública, ambos del Estado de Jalisco. En su defecto, acredite la falta de recursos económicos y solicite la ampliación del presupuesto respectivo al Gobernador y Secretaría de la Hacienda Pública, ambos del Estado de Jalisco, específicamente destinada a cubrir la indemnización y demás prestaciones que corresponden al quejoso con motivo de la baja injustificada en el cargo que desempeñaba como elemento de la Policía Vial. Lo anterior encuentra sustento en la tesis P. XX/2002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Abril de 2002, página 12, registro 187083, que indica: "SENTENCIAS DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 126 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TRATÁNDOSE DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO DERIVADAS DE SU CUMPLIMIENTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, fundamentalmente en la Quinta y Sexta Épocas del Semanario Judicial de la Federación, emitió diversas tesis en las cuales sostuvo el criterio predominante de que tratándose de obligaciones de pago derivadas de sentencias de amparo a cargo de las autoridades responsables, no se sancionaría su incumplimiento cuando el pago no se encontrara previsto en el presupuesto autorizado, de manera que la responsabilidad de aquéllas quedaba limitada a la mera gestión ante los órganos competentes para que se autorizara el gasto correspondiente. En este sentido se orientan los siguientes criterios históricos, de rubros: "CASO EN QUE NO ES APLICABLE, DE MOMENTO, LA FRACCIÓN XI EL ARTÍCULO 107 CONSTITUCIONAL. DEFECTO DE EJECUCIÓN."; "SENTENCIAS DE AMPARO, EJECUCIÓN DE LAS."; "SENTENCIAS DE AMPARO, INELUDIBLE EJECUCIÓN DE LAS." e "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA IMPROCEDENTE.", publicados, respectivamente, en el Informe de 1941, página 131 y en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXXI, página 2277 y Tomo XLVII, página 4882, y Sexta Época, Volumen LXXVIII, Primera Parte, página 14. Sin embargo, estos criterios no deben prevalecer en la actualidad pues, por una parte, obedecen a la interpretación aislada del artículo 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (que originalmente era el 125) y, por otra, desconocen la fuerza vinculatoria de las ejecutorias de amparo cuya eficacia deriva del mandato constitucional. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el presupuesto de egresos se rige por el principio de anualidad, porque el ejercicio fiscal, por razones de política tributaria, comprende un periodo de un año, para el cual se planea precisamente el gasto público que implica la programación de actividades y cumplimiento de proyectos al menos durante ese tiempo, también lo es que el citado artículo 126 de la Norma Fundamental acepta que el presupuesto no debe ser estricto, inflexible, ni imposible de modificar, pues prevé la posibilidad de que pueda variarse al establecer que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior, de donde se desprende que en el propio texto de la norma constitucional referida, subyace el principio de modificación presupuestaria, al permitir que el gasto pueda programarse en dos momentos, uno anterior y otro posterior, a saber: a) Al aprobarse el presupuesto de egresos; o, b) En ley posterior, la que por su cronología necesariamente sucede a aquel proyecto presupuestario original en el tiempo; de manera que el precepto constitucional en mención, en lugar de constituir un valladar insuperable para la autoridad responsable, prevé la posibilidad de modificación del presupuesto original para adecuarlo a las necesidades sobrevenidas, es decir, su virtud es la de establecer un remedio para los casos fortuitos, que le permite solicitar los ajustes presupuestarios necesarios para enfrentar las obligaciones pecuniarias del Estado, gasto que necesaria e ineludiblemente debe autorizarse por tratarse del cumplimiento de un mandato de amparo cuya ejecución es impostergable. Además, si la autoridad ya tiene autorizado un presupuesto que le permite efectuar un pago, aun cuando no esté previsto específicamente en él, debe realizarlo si con ello da cumplimiento a un mandato de amparo, pues exclusivamente en esta hipótesis no podría considerarse jurídicamente que vulnerara la prohibición contenida en el artículo 126 de la Constitución General de la República, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo no puede quedar condicionado a la determinación de si se aprueba o no una partida presupuestal para hacer frente a la obligación impuesta, dado que la majestad de la Constitución Federal impone categóricamente que aquéllas sean cumplidas inexcusablemente, por lo que únicamente en esta hipótesis no puede operar el principio de responsabilidad que deriva del mencionado artículo 126 constitucional, pues técnicamente no se estaría contraviniendo, sino que se actualizaría un caso de excepción en el que no sería punible la conducta de la autoridad. Asimismo, tal proceder tampoco contravendría el artículo 134 del Ordenamiento Fundamental, relativo al manejo de los recursos económicos con apego al principio de honradez, la cual se entiende como un actuar probo, recto, sin desvío alguno, pues no hay improbidad alguna en cumplir con un mandato de amparo, por el contrario, es un principio rector de los actos de la autoridad cumplir y hacer cumplir la Constitución y, por ende, los mandatos de amparo que derivan de ésta, cuya finalidad es el restablecimiento del orden constitucional." Asimismo, robustece la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, página 10, registro digital 162469, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento." Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad responsable requerida que, de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 258 de la Ley de Amparo. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización, equivale a $103.74 (ciento y tres pesos 74/100 moneda nacional). Además, se llevará a cabo el procedimiento previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista física y electrónica.
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