Silvino César Regules Osorio

Expediente 618/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 15 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
618/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
11/04/2022

Partes del expediente

  • Silvino César Regules Osorio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Incidental

    Córdoba, Veracruz, once de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia mediante la cual se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, dictada el tres de marzo de dos mil veintidós; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo vigente, en relación con el 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, once de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia mediante la cual se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, dictada el tres de marzo de dos mil veintidós; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo vigente, en relación con el 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión.

  3. Principal

    Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo 618/2021, promovido por ************, contra actos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa y otras autoridades, los que consideró violatorios en su perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16, y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el trece de julio de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Córdoba, turnado a este órgano jurisdiccional el catorce de julio siguiente, ************* acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y acto reclamado que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 2. Personal actuante administrativo del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz. 3. Personal actuante administrativo del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz. IV. Acto reclamado: De la autoridad ordenadora señalo: 1. El acuerdo de fecha 24 de Junio de 2021 dictado por la responsable, publicado en la gaceta oficial del Estado en fecha 29 (sic) de junio de 2021 y que surte efectos legales (según lo establecido en el mismo acto reclamado) en esa misma fecha. 2. De las autoridades ejecutoras: El traslado y la entrega recepción de los expedientes radicados en el juzgado sexto de primera instancia especializado en materia familiar del distrito judicial de Córdoba, Ver., y traslados al juzgado cuarto de primera instancia especializados en materia familiar del distrito judicial de Córdoba, Ver., en particular el expediente 178/2020 del índice del primer juzgado nombrado en el que el suscrito soy parte actora." SEGUNDO. Prevención de la demanda de amparo. Por auto de quince de julio de dos mil veintiuno, este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, al que correspondió el conocimiento del presente asunto, requirió a la parte quejosa a efecto de que desahogara la siguiente prevención: "(.) PRIMERO. En atención a que señaló como autoridad responsable a: B. Como autoridad ejecutora: 1.- El personal actuante-administrativo del juzgado sexto de primera instancia especializada en materia familiar del distrito judicial de Córdoba, Ver., y 2.- El personal actuante administrativo del juzgado cuarto de primera instancia especializado en materia familiar del distrito judicial de Córdoba, Ver. Deberá indicar a qué autoridad de los juzgados señala como responsable, o bien si señala con tal carácter al titular de dicho juzgado, pues señala a todo el personal en general, y es necesario que exista certeza respecto de a quién o quiénes atribuye los actos reclamados, y se ha de llamar al juicio. (.) SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 110, párrafo primero, deberá exhibir las copias necesarias de su escrito de demanda y aclaratorio. En el entendido de que es una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, dos para el incidente de suspensión solicitado y una para cada una de las autoridades que señale como responsables. Ello atendiendo al requerimiento señalado en el punto anterior, y dado que sólo exhibió siete copias de la demanda. (.) Con el apercibimiento de que si no cumple con los anteriores requerimientos, dentro del término otorgado para ello, la demanda se tramitara únicamente por la autoridad que no fue materia de la prevención. (.)" TERCERO. Admisión y trámite de la demanda de amparo. Ante la falta de cumplimiento de los requerimientos formulados en el auto de prevención, por proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional hizo efectivo el apercibimiento, continuó el trámite del asunto únicamente por la autoridad que no fue materia de prevención, admitió la demanda de amparo respecto de los actos reclamados al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, solicitó a dicha autoridad responsable su informe con justificación, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, y citó a las partes a la audiencia constitucional. CUARTO. Celebración de la audiencia constitucional. Seguida la secuela procesal, se celebraron las dos primeras etapas de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, 35, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que el acto reclamado tuvo ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este juzgado federal según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a determinar la existencia o no del acto reclamado en esta vía constitucional, es necesario precisarlo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda se advierte que aquél consiste en: El acuerdo de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, emitido por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, el treinta del mismo mes y año, mediante el cual se ordena el cierre de veintinueve juzgados, entre ellos, el Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz. Como consecuencia, el traslado y la entrega recepción de los expedientes radicados en el Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial, al Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, ambos del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, en particular del expediente 178/2020 del índice del primer órgano jurisdiccional. Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o no de los actos reclamados en esta vía constitucional. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, por conducto del Jefe del Departamento de lo Contencioso de la Dirección de Asunto Jurídicos del Poder Judicial del Estado de Veracruz, al rendir su informe justificado, reconoció la certeza de los actos que se le reclaman. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Por razón de técnica jurídica, se procede a analizar las causas de improcedencia, al ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo aplicable. La autoridad responsable estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, al no acreditar el quejoso contar con el interés jurídico o legítimo necesario para acudir a esta vía constitucional. Lo cual resulta fundado. En efecto, los artículos 5, fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". De la interpretación armónica de ambos preceptos, se obtiene que existen dos reglas para acudir al juicio de amparo. Una, que establece que el referido juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien alega ser titular de un derecho (interés jurídico); y otra, que se refiere a un interés legítimo individual o colectivo (interés legítimo); en ambos casos, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Federal, y con ello se afecte su esfera jurídica, sea de manera directa (interés jurídico), o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). De no demostrarse esa afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso, como lo señala el último precepto transcrito, el juicio de amparo será improcedente. En el asunto que nos ocupa, el impetrante argumenta que el acto reclamado afecta su derecho de acceso a la justicia pronta e imparcial, consagrado en el artículo 17 constitucional. Por su parte, la responsable sostiene que el acto no está dirigido al quejoso, por lo que no le causa perjuicio alguno ni lo agravia de manera directa; que tampoco obtiene un interés legítimo al tener radicado el expediente 178/2020 del índice del extinto Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, pues éste se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, quien cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real, y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. Sigue manifestando, la responsable, que para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación real e inminente en cierta esfera jurídica, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad como en el presente caso acontece; esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado y tangible, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Añade que el promovente se limita a basar su pretensión en un interés simple derivado de su condición de gobernado y actor en uno de los procedimientos jurisdiccionales tramitados en el extinto juzgado, toda vez que aduce que tiene interés en impugnar dicho acto reclamado, esto es, sustenta un interés igual al de la generalidad de los gobernados, abogados litigantes o personas involucradas en alguna controversia judicial, pero no refiere ni demuestra las características especiales que guarda su situación frente al orden jurídico, que lo coloquen en un punto diferenciado de la situación general y que lo legitimen para promover el juicio de amparo, es decir, no menciona si en su calidad de actor en dicho juicio se encuentre vulnerado su derecho de acceso a justicia. Además, afirma la responsable, considerar que por la extinción de cierto número de órganos jurisdiccionales, indefectiblemente se va a provocar un retraso en la impartición de la justicia, no faculta a los gobernados ni les brinda la oportunidad de acudir al juicio de derechos fundamentales, aduciendo un interés legítimo derivado del cierre de los veintinueve juzgados estatales a los que hace referencia la circular reclamada, que si bien pudiera ser de interés de la sociedad, ello no trae como consecuencia que otorgue la capacidad de poder demandarlo o reclamarlo ante los diversos tribunales del país, máxime si el retraso alegado parte de una situación hipotética cuya conclusión es adoptada por el promovente sin sustento material alguno, toda vez que contrariamente a lo manifestado por éste, continuarán en funciones los demás juzgados de primera instancia que se encuentra distribuidos a lo largo del territorio del Estado de Veracruz, los cuales absorberán la carga laboral de los juzgados que desaparecieron, motivo por el cual la administración de justicia en ningún momento se verá interrumpida, ya que dicha actividad laboral se continuará realizando, pues todos los juicios que se llevan en trámite en los juzgados extintos continuarán hasta su total conclusión. Los argumentos expuestos resultan fundados, pues el quejoso no acredita que el acto reclamado le cause un agravio personal y directo, máxime que en el propio acuerdo combatido se determinó la redistribución de los expedientes en trámite a un diverso juzgado; lo anterior aunado a que no se advierte que con el cierre de los juzgados que refiere el impetrante en su demanda de amparo, se vea trasgredido alguno de los derechos fundamentales tutelados por la Carta Magna, como podrían ser la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad o la posesión o el acceso a la justicia, por lo que el acto reclamado no afecta de manera directa sus derechos sustantivos, dado que no le ocasiona un perjuicio real y definitivo a su esfera jurídica, ya que al haber realizado la redistribución de asuntos, se continuará con su trámite de manera normal, y se les seguirá brindando el servicio de acceso a la justicia. Por tanto, la Circular dieciocho de treinta de junio de dos mil veintiuno, dentro de la cual se contiene el acuerdo emitido por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz con número extraordinario 258, el treinta de junio del año mencionado, mediante el que se ordenó el cierre de veintinueve juzgados de distintas materias en la entidad, no le causa al quejoso un agravio personal y directo. En relación con ello, cabe destacar lo expuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, al contemplar tanto el concepto de interés jurídico, como el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo; sin embargo, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el órgano revisor de la Constitución introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado, pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, toda vez que no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. Asimismo, estableció la Primera Sala, que el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Por tanto, el interés legítimo permite constituir como quejoso en el amparo a aquella persona titular de un derecho reconocido por la Constitución, que resulte afectada en su esfera jurídica de forma directa o por virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anterior se advierte de la jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.) 2 , de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 690, del libro 33, correspondiente al mes de agosto de dos mil dieciséis, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En ese orden, en el asunto que nos ocupa el quejoso en todo caso ostenta un interés simple, más no legítimo o jurídico, en razón de que tampoco acredita que el Acuerdo reclamado le cause un agravio cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, lo cual constituye un requisito necesario para quien solicita la protección de la Justicia Federal, pues deberá probar que la afectación constitucional que señale, transgrede alguno de los derechos que en su favor tutela el orden jurídico, es decir, la parte quejosa debe demostrar que efectivamente el acto que se ejecutó, le causa una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, como puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra, pues de lo contrario el juicio resulta improcedente. Es así, pues el quejoso manifestó, al promover la demanda de amparo, que con el cierre del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, se le restringen sus derechos de acceso a la justicia expedita; sin embargo, cabe señalar que tal determinación de ninguna forma causa un perjuicio real y definitivo en la esfera jurídica del impetrante de amparo, por tratarse de una cuestión futura de realización incierta, ya que con el cierre de los juzgados y la redistribución de los expedientes en trámite a uno diverso, no le niega el acceso a una justicia pronta y expedita, porque será un juzgado con competencia en el mismo fuero, grado y con facultad territorial para conocer del asunto correspondiente; máxime que no se duele de algún derecho en específico, que por el sólo traslado de un juicio a un diverso órgano jurisdiccional, se vea vulnerado y, por tanto, será hasta que surja un acto u omisión que afecte su esfera jurídica en concreto que podrá hacerlo valer en la vía constitucional. Ello, aunado a que, si bien refiere el quejoso ser parte actora en un juicio tramitado en el extinto Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, lo cierto es que tampoco acredita que dicho asunto haya sufrido los retrasos que indica con motivo de la desaparición del órgano jurisdiccional. Por tanto, es jurídicamente válido concluir que el acto reclamado no afecta de manera directa los derechos sustantivos del quejoso, ya que su situación frente al acto de autoridad implica, como ya se indicó, un mero interés simple, no así un interés jurídico o legítimo. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1078, del libro 43, correspondiente al mes de junio de dos mil diecisiete, tomo II, materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." Resulta pertinente destacar que no se advierte que con el cierre de los juzgados que refiere el quejoso en su demanda de amparo, se vea trasgredido el derecho de acceso a la justicia, si se toma en consideración que uno de los elementos integrales del acceso a la justicia es el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el cual implica al menos tres factores: primero, que el acceso a la jurisdicción sea "dentro de los plazos y términos que fijen las leyes"; segundo, que este acceso debe ser "de manera expedita"; y, tercero, que el acceso que se debe garantizar es a los "tribunales independientes e imparciales". Es decir, la tutela judicial efectiva que deriva del artículo 17 constitucional, se entiende como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales a plantear una pretensión o a defenderse de ésta, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión, lo cual se logra plenamente con la redistribución de asuntos, ya que se continuará con su trámite de manera normal; máxime que ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el órgano legislativo puede establecer válidamente las condiciones para el acceso a los tribunales, siempre y cuando gocen de fundamento en la ley. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 103/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 151, del Libro 48, correspondiente al mes de noviembre de dos mil diecisiete, Tomo I, Décima Época, materia Constitucional, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales." En consecuencia al actualizarse la causa de improcedencia invocada por la responsable, se impone sobreseer en el presente juicio, acorde con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por auto de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes en la divulgación de dicha información. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por ****, contra actos reclamados de las autoridades precisados en el considerando tercero, y por los motivos expuestos en considerando cuarto.

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, a veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha no ha fenecido la vista de ocho días otorgada a las partes con el informe justificado rendido por el Jefe del Departamento de lo Contencioso de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Poder Judicial del Estado, con residencia en Xalapa, de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 117, de la Ley de Amparo vigente. En consecuencia, para dar margen a lo anterior se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan como nueva hora y fecha para su celebración las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TRES DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio, la cual se fija de manera objetiva atendiendo a las cargas de trabajo y la disponibilidad de fechas en la agenda. En el entendido de que de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, y 5°, fracción II, segunda parte, del citado del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la audiencia se llevará a partir de los escritos presentados o que se presenten hasta ese momento procesal, física o electrónicamente por las partes. En el supuesto de que alguna de las partes esté interesada en comparecer a la audiencia, ésta se llevará a cabo por videoconferencia, de conformidad con los artículos 25 y 26 del Acuerdo General en cita; por tanto, tres días hábiles antes de la fecha señalada para la audiencia constitucional, sin contar el día de la propia audiencia ni el de su presentación, por ser necesario realizar las acciones informáticas y tecnológicas correspondientes por parte de este órgano jurisdiccional; deberá hacerlo saber a este juzgado y proporcionar el correo electrónico en el que se remitirá el enlace correspondiente para llevarla a cabo, además de exhibir copia de la identificación oficial vigente de la persona que comparecerá a la misma, quien deberá estar legitimada para tal efecto. De no hacerlo se realizará sin su comparecencia.

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