Silvia Viviana Hernández Piña
Expediente 860/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 860/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Silvia Viviana Hernández Piña
Actuaciones
- Principal
De la certificación de cuenta y del estado de autos se advierte que feneció el término de cinco días conforme a los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, al tratarse de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo; asimismo, se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido Acuerdo, aplicado a contrario sensu. En ese sentido, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el artículo 20 del citado del Acuerdo General. De conformidad con el artículo 34 del referido Acuerdo, el secretario deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 28 del acuerdo normativo invocado. Notifíquese por lista.
- Principal
Colima Colima, once de julio de dos mil veintitrés. Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por **************** contra actos de la Primera Sala Penal y Especializada en Impartición de Justicia para Adolescentes, y otra autoridad, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 19 y 20, apartado B, constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro e Integración del expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto, registrado con el número estadístico 860/2023-II. Por otra parte, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia, de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobada en cesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Separación de juicios. Del análisis del escrito de demanda y anexos, se advierte que la parte quejosa comparece a solicitar el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y por los actos siguientes: A la Primera Sala Penal y Especializada en Impartición de Justicia para Adolescentes: el acuerdo de cuatro de julio de dos mil veintitrés, emitido en el toca I-103/2023 que desechó de plano la recusación hecha valer por la defensora particular de la quejosa, en contra de la licenciada Rocío Alejandra Guedea León, Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Primer Partido Judicial. Al Magistrado de la Primera Sala Penal y Especializada en Impartición de Justicia para Adolescentes ********** el acuerdo de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, pronunciado dentro del toca I-77/2023, que negó la petición realizada por la defensora particular de la quejosa, en el sentido de que se girara oficio a la administración con la finalidad de que la audiencia de modificación de medida cautelar se desahogara por diferente juez. Ahora, el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dispone: Artículo 72. Dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Para que proceda la acumulación, es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia. La acumulación se hará del más nuevo al más antiguo En este sentido, la regla contenida en dicho numeral, leída en sentido negativo, consiste en que cuando dos o más juicios no tienen una relación jurídica derivada en todo o en parte del mismo hecho, no existe justificación para tramitarlos conjuntamente, en consecuencia, debe decretarse su separación, porque, aun cuando en la ley de la materia, no se encuentre expresamente prevista la figura de la acumulación de juicios, ello no puede llevar a concluir que dos juicios constitucionales derivados de actos reclamados atribuidos a juicios diferentes deban sustanciarse en un mismo procedimiento, cuando no guardan relación entre sí. De lo que se colige que, para que sea procedente la separación de juicios, es requisito indispensable que en una misma demanda se reclamen actos desvinculados entre sí, de lo contrario habrán de resolverse en una misma sentencia evitando posibles contradicciones. En el caso, se encuentra acreditado que la quejosa reclama a la Primera Sala Penal y Especializada en Impartición de Justicia para Adolescentes, el acuerdo de cuatro de julio de dos mil veintitrés, emitido en el toca I-103/2023, que desechó de plano la recusación hecha valer por la defensora particular de la quejosa, en contra de la licenciada Rocío Alejandra Guedea León, Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Primer Partido Judicial. Mientras que, al Magistrado de la Primera Sala Penal y Especializada en Impartición de Justicia para Adolescentes ************ el acuerdo de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, pronunciado dentro del toca I-77/2023, que negó la petición realizada por la defensora particular de la quejosa, en el sentido de que se girara oficio a la administración con la finalidad de que la audiencia de modificación de medida cautelar se desahogara por diferente juez. Por tanto, son actos desvinculados entre sí, por lo que en esas circunstancias, se debe de dar trámite al juicio respecto de los actos reclamados de manera separada y con el fin de que no se fallen en una misma sentencia evitando posibles contradicciones. Por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se procede a la separación de juicios, los cuales se harán en dos juicios. El primero y el cual se analizará en el presente juicio, es el relativo al acuerdo de cuatro de julio de dos mil veintitrés, dictado en el toca penal I-103/2023, que atribuye a la Primera Sala Penal y Especializada en Impartición de Justicia para Adolescentes. Respecto del segundo acto, para el debido cumplimiento de lo antes resuelto, remítase copia fotostática certificada de la demanda de amparo, con transcripción de este proveído, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, a fin de que sea debidamente returnada la demanda, en la que tendrá como acto reclamado el proveído de veintisiete de junio del presente año, dictado en el toca penal I-77/2023, que reclama al Magistrado de la Primera Sala Penal y Especializada en Impartición de Justicia para Adolescentes (Sergio Marcelino Bravo Sandoval). C Desechamiento. Al respecto, conviene mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación al juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. Se tiene a la parte quejosa designando como sus autorizados en términos amplios que prevé el primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Nikola Vargova, toda vez que señaló los datos correspondientes para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo de dicho numeral; es decir, el número de su cédula profesional federal o del registro único a que se refiere el Título Octavo denominado "Registro Único de Profesionales del Derecho", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, el cual fue reformado por diverso publicado en ese medio el diecisiete de septiembre de dos mil catorce.
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