Silvia Vivero Nava

Expediente 1193/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1193/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
08/11/2021

Partes del expediente

  • Silvia Vivero Nava

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de donde se advierte que, dentro del plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no interpuso recurso alguno en contra del auto que desechó su demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, previa la anotación en el libro de gobierno, archívese este expediente como concluido. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de la hipótesis contemplada en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, quince de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito aclaratorio, firmado por Silvia Vivero Nava, mediante el cual desahoga la prevención formulada en proveído de siete de julio del año en curso; en atención a lo anterior, se tiene al ocursante subsanando la demanda de amparo. Ahora bien, una vez cumplido con lo solicitado, este Juzgado se pronuncia en relación al contenido de la demanda de amparo y el escrito de cuenta en los siguientes términos: Desechamiento Se desecha de plano la demanda de amparo en términos del artículo 113, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." El artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: (.) IV.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." Lo subrayado es propio. Del último de los preceptos legales apuntados, se desprende que el juicio de amparo procede: Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, dictados después de concluido el juicio, siempre que no formen parte del procedimiento de ejecución de sentencia. Esto es así, porque tales actos gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Éstas, se dictan después de concluido el juicio y no caben en las resoluciones que tienden a ejecutar la sentencia, ni tampoco en las que preparan su ejecución, afectando de manera directa derechos sustantivos, siempre que sean ajenos a la cosa juzgada. Contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia. Dicho supuesto opera, cuando el acto reclamado se dicta en ejecución de sentencia, debiendo reclamarse la última resolución, en donde se pueden hacer valer todas las violaciones en el procedimiento de ejecución que se hayan cometido, siempre que hayan trascendido al resultado de la resolución. De esta manera, es importante tener en cuenta lo que se define por "última resolución", siendo ésta aquella que se dicte en la fase ejecutiva, es decir, en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o bien, las que ordenan el archivo definitivo del expediente, lo cual, tiene como finalidad evitar que se abuse del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase de ejecución. En la demanda de amparo, se precisó como acto reclamado: ". IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISION DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME. Consistente en el acuerdo de fecha 02 de junio del 2021 en el expediente natural 107/18-24-01-5 emitido por la autoridad responsable en el que declara que respecto al cumplimiento de la sentencia definitiva de fecha 13 de abril del 2018, ha quedado expedito el derecho de la accionante, ya que se ha agotado el procedimiento oficioso por parte del tribunal federal de justicia fiscal y administrativo. Por lo tanto, en este acto se promueve INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA, con el objeto de precisar y cuantificar con exactitud la cantidad a pagar al quejoso, siendo que dicha inejecución de sentencia me agravia en términos de lo señalado en conceptos de violación a que se aluden, consistente en una indebida fundamentación y motivación del acto.." Del escrito aclaratorio se aprecia como acto reclamado: ".1. ACTO RECLAMADO: Apertura del INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA, con el objeto de precisar y cuantificar con exactitud la cantidad a pagar a la aquí incidentista, consiste y se traduce en la falta de cumplimiento a la sentencia de nulidad de fecha 13 de abril del 2018, dictada por la Sala Regional Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, juicio de nulidad número 107/2018-24-01-5, causándome agravios y perjuicios, tal omisión en virtud de que a la fecha, y ante el mutismo absoluto de la responsable, no me ha sido restituido en el pleno goce y disfrute de los derechos que le han sido afectados, que en el caso concreto se hace consistir en precisar y cuantificar con exactitud la cantidad a pagar a la aquí incidentista en términos de lo dictado en la sentencia, con lo que sigue ocasionando un perjuicio las finanzas de la quejosa, al afectar la administración de justicia pronta y expedita, para lo cual solicito sean consideradas todas las constancias que obran en el expediente natural. 2. ESTADO PROCESAL DEL EXPEDIENTE, no se ha archivado, ya que, mediante acuerdo de fecha 02 de junio del 2021 en el expediente natural 107/18-24-01-5 emitido por la autoridad responsable, declara que respecto al cumplimiento de la sentencia definitiva de fecha 13 de abril del 2018, ha quedado expedito el derecho de la accionante, ya que se ha agotado el procedimiento oficioso por parte del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativo." Por tanto, dicho acto no se considera que se ubique en alguna de las hipótesis que establece el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo, pues en dicho auto reclamado no se aprobó o reconoció el cumplimiento total de lo sentenciado o se declaró la imposibilidad jurídica para su cumplimiento, ni se ordenó el archivo del expediente. Por tanto, es que se reitera que el proveído que aduce la parte quejosa le causa agravio, no constituye la última resolución dictada en etapa de ejecución del juicio natural, pues se reitera no se trata de la resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente. Pues se infiere, son actos intermedios en ejecución de sentencia, que no son combatibles a través del juicio de amparo, para evitar así abusos del mismo, hipótesis o maniobras que, de tolerarse, resultarían conducentes a la obstaculización en el cumplimiento de sentencias ejecutorias, las cuales, por razones de interés social, no pueden entorpecer o dilatarse por mandato expreso y categórico del artículo 17 constitucional. Consecuentemente, el reclamo en amparo de actos "en" o "para" ejecución de sentencia debe hacerse hasta que culmine el periodo de ejecución, hasta en tanto haya una resolución que declare cumplida la sentencia, o bien, se reconozca la imposibilidad jurídica o material para darle cumplimiento, en el caso a estudio la resolución que culmine con el procedimiento de ejecución, donde podrá la parte quejosa hacer valer las violaciones cometidas durante el procedimiento. Encuentra apoyo lo anterior en la jurisprudencia número 1ª./J. 29/2003, visible en la página 11, del tomo XVII, Junio de 2003, aprobada por la Primera Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis entre la sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en sesión de veintiuno de mayo del dos mil tres, que establece: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías." Así como en la tesis 2ª. VIII/98, de Segunda Sala, visible en la página 230, Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, que dice: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución". También encuentra apoyo en el criterio sustentado en la tesis VIII. 1º. 26 K, visible en la página 780, Tomo X, Septiembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO. CASOS DE PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO). Los juicios constan de tres etapas y, en esa consideración, hay actos: 1. Fuera o antes del juicio conocidos también como prejudiciales, relacionados y previstos en el artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo; 2. En juicio, que incluye los correspondientes a las etapas de instrucción y sentencia (fase in procedendo e in judicando), previstos en el artículo 114, fracción IV de la Ley de Amparo; 3. Después de concluido el juicio, esto es, a partir de dictada la sentencia y son todos aquellos que se generan dentro del periodo de ejecución, previsto en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo. Estos últimos se subdividen: a) En ejecución de sentencia, y son los que preparan la ejecución aunque no la ejecutan de manera directa; b) Para la ejecución de sentencia, que son los encaminados directa, inmediata y específicamente a cumplir el fallo. De lo anterior se establece, que las resoluciones intermedias dictadas después de concluido el juicio dentro del periodo de ejecución de sentencia, no son combatibles a través del juicio de amparo, para evitar así abusos del mismo, hipótesis o maniobras que, de tolerarse, resultarían conducentes a la obstaculización en el cumplimiento de sentencias ejecutorias, las cuales, por razones de interés social, no pueden entorpecer o dilatarse por mandato expreso y categórico del artículo 17 constitucional. Consecuentemente, el reclamo en amparo de actos "en" o "para" ejecución de sentencia debe hacerse hasta que culmine el periodo de ejecución, lo que se deduce de la interpretación conjunta de la fracción III del artículo 114 y 113 de la Ley de Amparo. Esto acontece hasta en tanto haya una resolución que declare cumplida la sentencia, o bien, se reconozca la imposibilidad jurídica o material para darle cumplimiento. Lo anterior, sin perjuicio del derecho de la parte interesada para instar a los Jueces, tribunales administrativos o del trabajo, para que pronuncien el acuerdo conclusivo de la ejecución, cuando omitan hacerlo, pues esa actuación resulta básica y determinante para la promoción del amparo. No es óbice a lo anterior, que debe indicarse que la parte quejosa asimismo refiere en su demanda de amparo que: ".en este acto promueve incidente de inejecución de sentencia, con el objeto de que se precise y cuantifique con exactitud la cantidad a pagar..."; es decir, de un análisis integral del artículo 1 en relación con el 107, ambos de la Ley de Amparo, se concluye que el juicio Constitucional procede contra determinadas acciones y omisiones de las autoridades responsables, siendo el caso que la parte quejosa no le atribuye a la sala responsable la apertura del incidente de referencia, sino que en realidad su pretensión radica en que este juzgado federal se constituya en un órgano de instancia y apertura la incidencia planteada, situación que se aleja del espíritu del juicio de amparo. En ese orden de ideas, queda evidenciado que se actualiza la causa de improcedencia del juicio invocada, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, (aplicada a contrario sensu) de la Ley de Amparo, toda vez que, los actos que reclama la parte quejosa, no constituyen la última resolución en el procedimiento de ejecución; por lo tanto, ante la actualización notoria y manifiesta de la causa de improcedencia en estudio; lo conducente es desechar la demanda de que se trata. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria Karina Vanessa Corona Alday, que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a nueve de julio de dos mil veintiuno Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes, el escrito signado por Luis Téllez Martínez, autorizado de la parte quejosa; por medio del cual, señala nuevo domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones; al respecto se provee lo siguiente: Téngase por señalado para el efecto de oír y recibir notificaciones el nuevo domicilio que menciona y por revocado todo señalamiento hecho con antelación, respecto al domicilio. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,253 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano