Silvia Verónica Encalada Reino
Expediente 501/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 10 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 501/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 03/05/2023
Partes del expediente
- Silvia Verónica Encalada Reino
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tres de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el 20/09/23 10:02:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.1d MARITZA ROSADO ABADIA PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Juicio de Amparo Indirecto 501/2023-IV JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS - 2 - auto de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Carlos Javier Cedillo Mora y Silvia Verónica Encalada Reino, por propio derecho y, ésta última, en representación de la menor de iniciales K.S.C.E. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en los Libros Electrónicos del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, 20/09/23 10:02:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.1d MARITZA ROSADO ABADIA PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Juicio de Amparo Indirecto 501/2023-IV JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS - 3 - Amparo indirecto 501/2023 ??????????????? depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el expediente en que se actúa es susceptible de depuración, con fundamento en su ordinal 18, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió la suspensión de plano y posteriormente, se desechó en el juicio de amparo. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por tratarse de un desechamiento, se deja de proveer lo conducente. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER 2- Toda vez que no se advierten documentos, ni tomos exhibidos por la parte quejosa, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Maritza Rosado Abadía, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Vista; la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa no dio cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Al efecto, se acuerda: Previo acordar lo conducente respecto a lo indicado en párrafos precedentes, se estima pertinente destacar que este órgano jurisdiccional en auto de veintiocho de marzo del año actual, concedió la suspensión de plano a los quejosos********************, respecto a los actos reclamados consistentes en: 1. La privación de la libertad y/o detención y/o aseguramiento y/o alojamiento y/o retención y/o presentación de los quejosos por más de treinta y seis horas, en la Estación Migratoria de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; actualmente alojados en el Centro Asistencial para Niños y Niñas, Adolescentes y Familias Migrantes Berriozábal II., residente en Berriozábal, Chiapas. 2 Deportación, expulsión, repatriación y/o retorno asistido. 3 Incomunicación y/o tortura psicológica. Atribuidos a las autoridades responsables siguientes: 1. Encargado del Centro Asistencial para Niños y Niñas, Adolescentes y Familias Migrantes Berriozábal II. 2. Jefe del Departamento Jurídico adscrito al Centro Asistencial para Niños y Niñas, Adolescentes y Familias Migrantes Berriozábal II. Ambos con residencia en esta Berriozábal, Chiapas. 3. Subrepresentante Federal Zona Centro del Instituto Nacional de Migración del Estado de Chiapas. 4. Encargado de la Estancia Provisional de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración; 5. Jefe del Departamento Jurídico de la Estancia Provisional del Instituto Nacional de Migración. 6. Procuradora de Protección de las Niñas y Niños, Adolescentes y de la Familia del Estado de Chiapas. Todos con residencia en esta ciudad. Por lo anterior, este órgano jurisdiccional requirió a las autoridades responsables para que dentro del término de veinticuatro horas rindieran el informe de la suspensión de plano; los que en la especie obran agregados a los presentes autos. Ahora bien, tomando en consideración la certificación de cuenta, de la que se advierte que transcurrió el término concedido a la parte quejosa en proveído de veintinueve de marzo del año actual, en el que, tomando en consideración el estudio integral de la demanda, se advirtió que en el apartado de acto reclamado, la parte quejosa señaló como tal, entre otros: la emisión, aprobación y promulgación del artículo 111 de la Ley de Migración, como su aplicación; asimismo, expuso conceptos de violación relativos a su inconstitucionalidad en el apartado correspondiente; por lo que, se le requirió a efecto de que aclarara su demanda en los siguientes términos: "Primero. Deberá precisar si señala como acto reclamado la inconstitucionalidad del artículo 111 de la Ley de Migración. Segundo. De ser el caso, señale a los a los titulares de los órganos de Estado que hayan intervenido en su proceso de creación.", sin que en la especie hubiera realizado manifestación alguna en ese sentido". Sin que la parte quejosa hubiera desahogado la prevención realizada, tal y como quedó precisado en la certificación de cuenta. En atención a ello, lo procedente sería admitir la demanda de derechos fundamentales promovida respecto los actos precisados en el preámbulo del presente acuerdo, identificados en los incisos 1, 2 y 3; sin embargo, tomando en consideración lo informado por las responsables al rendir su informe plano, en el caso, se estima que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto; por lo que, a ningún fin practico traería requerir los informe justificados a las responsables, en virtud de que las causales de improcedencia son una cuestión de orden público y, por ende, de análisis preferente. Del estado de autos se advierte que mediante oficio SDIF/DG/PPNNAF-DRCAS/1820/2023, signado por la Procuradora de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Sistema para el Desarrollo de los Niños, solicitó a la Administradora del Centro de Asistencial para Niñas, Niños, Adolescentes y las Familias Migrantes Berriozábal, el egreso de los quejosos********************, de dicho centro asistencial (foja 33). Posteriormente, el Representante Local del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, informó a este juzgado que mediante oficio ORCHIS/SFZC/TGZ/OA/3138/2023, emitido en el expediente E.A./I.S.9/ORCHIS/SRZC/TGZ/NNA/PAM/OA/0999/2023, de veintinueve de marzo del año actual, se determinó otorgarle a los referidos quejosos oficio de salida del Centro Asistencial para Niños, Niñas, Adolescentes y Familias Migrantes perteneciente al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, con residencia en Berriozábal, Chiapas, de conformidad en el artículo 52, fracción V, inciso b) 74 y 111, fracción V, de la Ley de Migración, sujetándose al control de firma en el libro de extranjeros que lleva esa representación local; por lo que se ordenó su salida de ese centro en esa misma data; oficio que fue firmado de conformidad por la propia quejosa Silvia Verónica Encalada Reino (foja 42). Lo anterior, se corrobora con el contenido del oficio emitido por la Encargada de la Administración del Centro Asistencial para Niños, Niñas, Adolescentes y Familias Migrantes (II) perteneciente al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, con residencia en Berriozábal, Chiapas, a través del cual informa que el veintinueve de marzo del año actual, dio cabal cumplimiento al diverso oficio ORCHIS/SFZC/TGZ/OA/3135/2023, en la que se solicitó el egreso de los referidos quejosos; por lo que, el veintinueve de marzo de este año, obtuvieron la salida de ese centro asistencial). Aunado a lo anterior, las autoridades responsables fueron coincidentes en manifestar que durante el tiempo en que estuvieron albergados en éste, se les respetaron sus derechos humanos y jurídicos. Por tanto, los actos reclamados deben considerarse como consumados de modo irreparable, pues, tal y como las referidas responsables lo manifestaron, los quejosos YA SE ENCUENTRAN LIBRES. Por lo que, en el supuesto de que se concediera el amparo no habría posibilidad material de que se repararan los efectos de los actos reclamados, ni de retrotraer las cosas y el tiempo antes de la posible violación a las prerrogativas para resarcir a los impetrantes en el goce de las mismas, al ser físicamente imposible. En atención a lo anterior, se estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, que estipulan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; (.)" "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y [.]" Conforme al primero de los numerales transcritos es improcedente el juicio de amparo contra actos consumados de un modo irreparable, entendiéndose como tales, aquellos que una vez emitidos o ejecutados, resulta materialmente imposible restituir al quejoso, en el goce del derecho humano violado, aun cuando se concediera la protección constitucional (irreparables físicamente), al no ser factible volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como lo ordena el artículo 77, fracción I, de ese ordenamiento. Cabe destacar que los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquellos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquellos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias materiales y jurídicas. Para la procedencia del juicio de amparo, los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos, se pueden clasificar en consumados de modo reparable, y consumados de modo irreparable. Los primeros son los que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias, pueden repararse por medio del juicio constitucional; es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 77 de la Ley de Amparo); de ahí que proceda el juicio de amparo en contra de actos de tal naturaleza. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son los que al realizarse en todos sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de la violación cometida; razón por la cual resulta improcedente el juicio de control constitucional, en términos de la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por tanto, para determinar si un acto puede consumarse de modo reparable o irreparable, es menester atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Cabe decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, sin ser posible restituir a la parte quejosa, en el goce del derecho fundamental que pudiere haber sido violado, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Apoya lo anterior la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO RREPARABLE. OBJETO DE AMPARO. No tienen ese carácter los que pueden repararse por medio del juicio constitucional, cuyo objeto es precisamente volver las cosas al estado que tenían antes de la violación reclamada." Por todo lo expuesto y toda vez que se otorgó salida a los quejosos del centro asistencial en el que se encontraban alojados, y por las consideraciones expresadas en el presente acuerdo, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI de la Ley de Amparo; por tanto, debe DESECHARSE la presente demanda en términos de lo establecido en el artículo 113 de la ley en cita. No pasa desapercibido para esta juzgadora, el hecho de que en la demanda de amparo la parte quejosa haya señalado como acto reclamado el otorgamiento de la condición de estancia de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas por veinte días; sin embargo, dicho acto se hizo depender de los diversos identificados en los incisos 1), 2) y 3), y respecto de los cuales, tal y como quedó precisado han sido consumados de manera irreparable; por lo que, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, ya que ello constituye el problema de fondo. Hágase las anotaciones correspondientes en libro electrónico que se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, comuníquese la presente determinación a las autoridades responsables para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y POR OFICIO A LAS RELACIONADAS EN LA MINUTA.
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Visto, el oficio de cuenta (recibido en línea), mediante el cual la Encargada de la Administración del Centro Asistencial para Niñas, Niños, Adolescentes y Familias Migrantes (Berriozábal II), con sede Berriozábal, Chiapas, refiere que el once de abril de este año, dio cumplimiento al requerimiento realizado por este órgano de control constitucional mediante oficio 9191/2013. Al efecto se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, glósese a los autos el oficio de cuenta. En atención a su contenido, no resulta necesario hacer mayor pronunciamiento, toda vez que del estado de autos se advierte que en acuerdo de trece de abril del año actual, se tuvo a la citada autoridad rindiendo su respectivo informe relativo a la suspensión de plano concedida a la parte quejosa y remitiendo las constancias relativas. CÚMPLASE.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, trece de abril de dos mil veintitrés. Visto; el oficio signado por la 1. Encargada de la Administración del Centro Asistencial para Niñas, Niños, Adolescentes y Familias Migrantes (Berriozábal II), con sede Berriozábal, Chiapas, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento de treinta de marzo de este año, rinde informe de la suspensión de plano y remite las constancias que acredita su cumplimiento; además, designa delegado, domicilio y proporciona usuario para su consulta. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, glósese a los autos el oficio de cuenta. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de suspensión de plano de la autoridad identificada con el inciso 1. En términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase como delegado a la persona designada por la responsable y como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado. De igual forma, con apoyo en los preceptos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las documentales que adjunta; mismas que se desahogan atento a su propia y especial naturaleza jurídica, sin perjuicio de obrar digitalizadas en el expediente electrónico, las cuales serán valoradas en el momento procesal oportuno. Ahora, atento a lo peticionado por dicha autoridad responsable, de conformidad con el artículo 3, de la ley de la materia, se le autoriza para consultar electrónicamente el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, se ordena al Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), darla de alta en el presente juicio, registrada con el usuario riclopla82. Ahora bien, la responsable proporciona correo electrónico; sin embargo, atendiendo a que el dominio de dicha dirección no es oficial, se toma conocimiento del mismo así como del número telefónico que proporciona, únicamente como medios para entablar comunicaciones no procesales con dicha autoridad. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Maritza Rosado Abadía, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.
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