Silvia Vega Leon

Expediente 68/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
68/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
25/02/2019

Partes del expediente

  • Silvia Vega Leon

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, se desprende de la certificación asentada por la Secretaría de este Juzgado, que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que haya sido interpuesto recurso de queja en contra del auto de seis de febrero de dos mil diecinueve (f 21-24), que desechó la demanda promovida por ***, quien compareció por su propio derecho y como cesionaria de los derechos reales hereditarios de ***, ésta última como heredera testamentaria a bienes de ***; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición del numeral 2°, del cuerpo de leyes citado en último término se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Comuníquese lo anterior a la parte solicitante del amparo; háganse las anotaciones en el libro de control y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, específicamente en sus dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de relevancia documental. Por otra parte, toda vez que se desechó la demanda con que se formó el juicio de amparo en que se actúa, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo citado en el párrafo que antecede. Por otro lado, devuélvanse a la solicitante del amparo por sí o por conducto de su autorizada las documentales que adjuntó a su demanda de amparo, previa certificación y razón que de su recibo se asiente en autos; de igual forma, se hace del conocimiento de la solicitante del amparo, que para el caso de no acudir a recoger dichos documentos, estos se destruirán junto con el expediente.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, se desprende de la razón de once de febrero de dos mil diecinueve, asentada por el Actuario Judicial adscrito, que no le fue posible notificar a la solicitante del amparo *** el auto de seis de febrero del apuntado año (f. 21-24); en razón de que al constituirse a las quince horas con cuarenta minutos del siete y diecisiete horas con dos minutos del ocho, ambos de febrero de dos mil diecinueve, en el domicilio ubicado en calle **, de Celaya, Guanajuato, domicilio del que se cercioró fuera el correcto por la placa metálica que indicaba el nombre de la calle y colonia y por la nomenclatura que señala el número 100; en la primera fecha, sin que persona alguna atendiera a su llamado; y en la segunda fecha, dicho funcionario fue atendido por diversas personas, a quienes manifestó el motivo de su presencia, personas éstas últimas que comunicaron al citado funcionario que son habitante del indicado inmueble y no conocen a la persona buscada ***, negándose a recibir la comunicación oficial. Consecuencia de lo anterior, con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, la notificación del auto de seis de febrero de dos mil diecinueve, así como las subsecuentes que tengan el carácter de personales, practíquense a la solicitante del amparo ***, por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este Juzgado de la Federación, conforme a las reglas que al efecto establece el diverso numeral 29 de la invocada Ley. En cumplimiento al presente proveído por este conducto se le notifica a la parte quejosa:Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda promovida por ***, quien comparece por su propio derecho y como cesionaria de los derechos reales hereditarios de ***, ésta última como heredera testamentaria a bienes de ***; contra actos de la autoridad que denominó como Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en Celaya, y otra autoridad, que estima violatorios de las garantías que se encuentran consagradas en los artículos 8°, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 68/2019-V-2, anótese su ingreso en el libro de control de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. En atención a su contenido se acuerda lo siguiente:El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dice: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la demanda de amparo, se desprende que la parte promovente con el carácter indicado, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las autoridades que denominó como Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en Celaya, así como Gerencia del Registro Público de Derechos de Agua, con sede en la Ciudad de México; actos que describió de la forma siguiente: IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: 1.- De la Dirección Local Guanajuato, señalo como acto reclamado la omisión en emitir el título de concesión, gestionar su inscripción y una vez realizado lo anterior la entrega material y jurídica a la suscrita mediante su legal notificación, en seguimiento a la resolución favorable contenida en el oficio número B00.713.2.1.2/01841 de fecha 15 de Marzo de 1995, emitida por la entonces Gerencia Estatal, ahora Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, en la cual se resuelve favorable la solicitud de concesión ingresada en fecha 21 de septiembre de 1994, con folio número 3439, y número de expediente L-70 CELAYA, para aprovechar, usar o explotar aguas nacionales del subsuelo por un volumen de 102000 m3 anuales. 2.- Del Gerente del Registro Público de Derechos de Agua, la inscripción del Título de Concesión que se emita por la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, en seguimiento a la resolución favorable contenida en el oficio número B00.713.2.1.2/01841 de fecha 15 de Marzo de 1995, emitida por la entonces Gerencia Estatal, ahora Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, en la cual se resuelve favorable la solicitud de concesión ingresada en fecha 21 de septiembre de 1994, con folio número 3439, y número de expediente L-70 CELAYA. Ahora, como antecedentes de los actos reclamados, de la demanda de cuenta y anexos que a ella se adjuntaron se desprende, en lo que aquí interesa, que el quince de marzo de mil novecientos noventa y cinco, el entonces Gerente Estatal en el Estado de Guanajuato (en la actualidad Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua), con residencia en Celaya, mediante oficio 1841, declaró procedente la solicitud 3439 de veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, dentro del expediente L-70 CELAYA, para aprovechar, usar o explotar aguas nacionales de subsuelo a ***. En diligencia iniciada a las nueve horas con veinte minutos del diez de diciembre de dos mil catorce, ante el Juez Segundo Civil de Partido de Celaya, Guanajuato, y Secretaria adscrita a dicho órgano jurisdiccional, dentro del juicio especial civil C-388/2014, compareció *** por su propio derecho; y abierta la audiencia se dio lectura al testamento público abierto de diez de enero de mil novecientos ochenta y nueve, que contiene el testamento público abierto otorgado por ***; a lo que, la allá compareciente (***), manifestó que no tenía ninguna objeción que hacer valer al respecto y no impugnó dicho testamento o la capacidad de los herederos; por lo que con fundamento en el artículo 598 de Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, el Juez de Primera Instancia declaró valido el testamento en mención y en razón de que en el referido testamento se designó como única y universal heredera a ***, quien se acreditó ya había fallecido, en su sustitución, se tuvo a *** como única y universal heredera, y por ser la única heredera, se le designó como albacea de la sucesión, cargo que aceptó y protestó en esa misma diligencia. En ese orden, a la demanda de cuenta se adjuntó el primer testimonio del instrumento notarial 24,310 de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, que contiene la cesión de derechos reales hereditarios en escritura pública que otorga *** por conducto de su apoderado legal ***; escritura la primera de las mencionadas en la que se aprecia que *** fue declarada heredera testamentaria a bienes de *** en el juicio sucesorio testamentario C-388/2014, del Juzgado Segundo Civil de Partido de Celaya, Guanajuato; y con ese carácter cedió los derechos hereditarios a *** en los Términos anotados. Fijado lo anterior, se considera que en el caso, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que resulta del artículo 61 fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 6°, 8° y 15 primer párrafo, todos de la Ley de Amparo, ello en razón de que la solicitante del amparo no se ubica en ninguna de la hipótesis permitidas por la Ley de Amparo para solicitar la protección constitucional; preceptos legales que disponen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 8o. El menor de edad, persona con discapacidad o mayor sujeto a interdicción podrá pedir amparo por sí o por cualquier persona en su nombre sin la intervención de su legítimo representante cuando éste se halle ausente, se ignore quién sea, esté impedido o se negare a promoverlo. El órgano jurisdiccional, sin perjuicio de dictar las providencias que sean urgentes, le nombrará un representante especial para que intervenga en el juicio, debiendo preferir a un familiar cercano, salvo cuando haya conflicto de intereses o motivo que justifiquen la designación de persona diversa. Si el menor hubiere cumplido catorce años, podrá hacer la designación de representante en el escrito de demanda. Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En el caso, Silvia Vega León comparece por su propio derecho; sin embargo, es menester señalar que de los anexos que se acompañaron a la demanda de amparo no se desprende que ***, a cuyo favor se resolvió favorable la solicitud 3439 de veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, contenida en el oficio 1841 de quince de marzo de mil novecientos noventa y cinco, o su sucesión, hayan cedido los derechos que tenía reconocidos *** ante el Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua de Celaya (antes Gerente General); y sí bien del primer testimonio de la escritura 24,310 de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, se desprende que ***, en su carácter de heredera testamentaria de Severo León Gómez en el juicio sucesorio testamentario C-388/2014, por conducto de su apoderado legal cedió a favor de Silvia Vega León los derechos que le fueron reconocidos en aquella sucesión, lo cierto es que del referido testimonio, así como de las demás documentales que se acompañan a la demanda de amparo no se desprende que le haya cedido los derechos que tiene reconocidos *** o su sucesión ante la actual Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en Celaya; por lo que no es posible establecer y menos aún reconocer que *** acude a solicitar la protección constitucional por su propio derecho. Así también, *** comparece por su propio derecho y como cesionaria de los derechos reales hereditarios de ***, ésta última como heredera testamentaria a bienes de ***; esto es, comparece por su propio derecho y no a nombre de un tercero o en representación de un tercero; o bien, representada por apoderado o representante legal en los términos establecidos en la Ley de Amparo. Lo anotado, permite establecer que *** no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 6°, ni en las diversas comprendidas en los artículos 8° y 15 primer párrafo indicados; ello por lo siguiente: Respecto del señalado artículo 6°, de la Ley de Amparo, al margen de lo ya manifestado, no se actualiza dicha hipótesis, porque la promovente no acredita ser titular de un derecho reconocido ante la autoridad responsable; de igual modo, no acredita tener reconocido el carácter de cesionaria de los derechos hereditarios de *** que tiene reconocidos ante la actual Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en Celaya; o su sucesión; o bien, ante el Juez Segundo Civil de Partido de Celaya, Guanajuato. Así también, no se actualiza la hipótesis establecida en el artículo 8° de la mencionada Ley, porque ***, no es menor de edad y tampoco acreditó ser mayor sujeto a interdicción o bien, que es representante legítimo de aquél; y de igual forma, no se surte la hipótesis del artículo 15 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, puesto que no comparece representando alguna persona que se encuentre privada de su libertad personal o imposibilitada para promover el juicio de amparo por su propio derecho. En suma, el juicio de amparo debe ser siempre promovido por la persona que directamente resiente la afectación del acto de autoridad; o bien, por quien tenga reconocida la personalidad derivada o representación legal de aquel, presupuesto legal, de índole procesal, que debe acreditarse ineludiblemente en términos, entre otros, de los artículos 6°, 8° y 15 de la Ley de Amparo; por tanto, al no ubicarse Silvia Vega León en ninguna de las hipótesis contenidas en los referidos preceptos legales, el juicio de amparo que promueve deviene improcedente, porque no se encuentra legitimada para instar la acción constitucional. Apoyan la anterior determinación la Tesis de Jurisprudencia siguiente: Octava Época Registro: 226559 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Materia(s): Civil, Común Tesis: XVI. J/2 Página: 297 PERSONALIDAD DERIVADA O REPRESENTACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. Uno de los principios fundamentales para la procedencia del juicio de garantías lo es el de que deberá ser siempre promovido a instancia de la parte agraviada por el acto que se reclame de la autoridad. En consecuencia, la personalidad derivada o representación de quien acude al juicio de amparo por el quejoso directamente agraviado, es un presupuesto legal, de índole procesal, que habrá de acreditarse en los términos de los artículos 4o., 8o., 12, 18 y 27 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, de tal manera que, la falta de justificación de la personalidad derivada, trae como consecuencia el sobreseimiento del juicio de amparo por la causal de improcedencia que se consigna en el artículo 73, fracción XVIII, de la propia ley. En la inteligencia de que la Tesis invocada es aplicable de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en razón de que no se opone a los postulados establecidos en la mencionada Ley. Por todo ello, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que deriva del artículo 61 fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 6°, 8° y 15 párrafo primero, todos de la Ley de Amparo; se desecha la demanda de amparo promovida por ***, quien compareció por su propio derecho y como cesionaria de los derechos reales hereditarios de ***, ésta última como heredera testamentaria a bienes de ***, con fundamento en el artículo 113 de la invocada Ley. Por otra parte, con fundamento en los artículos 12 y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, téngase por autorizada en amplios términos a la licenciada ***, toda vez que su cédula profesional se encuentra inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito que la autoriza a ejercer la profesión de abogada; y como domicilio para recibir notificaciones de carácter personal el ubicado en *** Celaya, Guanajuato. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias; esto último con fundamento el artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.

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