Silvia Vega Casique
Expediente 20/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 20/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Silvia Vega Casique
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de treinta de enero de dos mil veintitrés, por el que se tuvo por no presentada su demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que el quejoso omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I INCISO C) DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TREINTA DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que se concedió a la promovente del amparo en auto de doce de enero de dos mil veintitrés, para que cumpliera con el requerimiento que se le formuló en dicho auto, sin que lo haya hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se le hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, Y SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que se concedió a la promovente del amparo en auto de doce de enero de dos mil veintitrés, para que cumpliera con el requerimiento que se le formuló en dicho auto, sin que lo haya hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se le hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, Y SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por *********************, por su propio derecho, contra actos del Juez Cuarto Menor Civil, con residencia en esta ciudad y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 20/2023-II. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis de la demanda de amparo puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto a los requisitos establecidos en las fracciones I y II del invocado numeral 114, en relación con el artículo 108 -fracciones IV y V- de la Ley de Amparo, como se verá a continuación: A) La primera irregularidad surge de lo estipulado en la fracción IV del artículo 108 de la legislación en consulta, que establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;." Como se advierte de la trascripción anterior, la parte quejosa tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo constitucional la norma general, el acto o la omisión que reclame a cada una de las autoridades que señala como responsables. Respecto de dicho tópico, el Ministro en Retiro Genaro David Góngora Pimentel, en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo", Editorial Porrúa, Sociedad Anónima de Capital Variable, página 458, Novena Edición, señala que esta exigencia significa que el agraviado debe indicar en su demanda, lo más claramente que pueda, qué ley y qué acto reclama a las distintas autoridades responsables que señale, porque su imprecisión pueda dar lugar a diversos problemas, como son: a. Las autoridades responsables no podrían rendir su informe correctamente b. Los terceros perjudicados (interesados) no sabrían claramente de qué defenderse c. La sentencia no tendría ejecución sobre la verdadera razón de ser del amparo, entre otros. En apoyo a lo anterior se invoca el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 697, Tomo IX, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, se rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. En ella debe precisarse con toda claridad el acto que se reclama." De igual forma, es necesario destacar que por acto reclamado se entiende la acción o la omisión de la autoridad que la parte quejosa considera violatorio de sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En otras palabras, la expresión "acto u omisiones" prevista en el artículo 1 -fracción I-, de la legislación en consulta que reza: ".El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad."; recibe el nombre de acto reclamado, que puede traducirse en una disposición, hecho u omisión autoritario, concreto y particular. Es decir, debe entenderse por acto de autoridad cualquier hecho voluntario e intencional, negativo o positivo imputable a un órgano del Estado, consistente en una decisión, en una ejecución o en una omisión o en todas conjuntamente, que produzcan una afectación en situaciones jurídicas o de hecho determinadas, que se impongan imperativa, unilateral o coercitivamente. Ilustra lo anterior la tesis sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la foja 390, Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de la voz: "ACTO RECLAMADO. CONCEPTO DE. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 103 fracción I constitucional, y 1o., fracción I de la ley reglamentaria; los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales. La expresión "leyes o actos de autoridad" recibe el nombre de acto reclamado, que puede traducirse en una disposición o hecho autoritario, concreto y particular. Es decir, puede entenderse por acto de autoridad, cualquier hecho voluntario e intencional, negativo o positivo imputable a un órgano del Estado, consistente en una decisión o en una ejecución o en ambas conjuntamente, que produzcan una afectación en situaciones jurídicas o de hecho determinadas, que se impongan imperativa, unilateral o coercitivamente. Dentro de tales características, destaca el elemento voluntariedad, que lo distingue de un acontecimiento cualquiera, el de intencionalidad que estriba en la causación de una afectación, esto es que tiende a la obtención de un fin determinado, así como la índole decisoria o ejecutiva del acto dotado de imperatividad, unilateralidad y coercitividad, que le imprimen naturaleza autoritaria y que por ello puede producir una afectación en bienes o derechos del particular. Por lo tanto, el acto de autoridad reclamable a través del juicio de garantías, necesariamente debe inferir un agravio o lesión a cualquier derecho o bienes del gobernado, para que le asista interés jurídico en reclamarlo." En relatadas condiciones, debe decirse que, en el caso en concreto la quejosa en el apartado relativo al acto reclamado, señaló: "LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Y EJECUCIÓN DE LA MISMA EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CON NÚMERO DE EXPEDIENTE M-19224/2013, MISMO DEL QUE LLEVA SU TRÁMITE LEGAL EL JUZGADO CUARTO MENOR CIVIL DE ESTE PARTIDO JUDICIAL DE CELAYA, GUANAJUATO. ASÍ COMO LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA Y EJECUCIÓN DICTADA POR CONCEPTO DEL RECLAMO DEL PAGO DE INTERESES EN EL MISMO JUICIO MISMO JUICIO EJECUTIVO ANTES MENCIONADO, AMBAS PRONUNCIADAS EN MI CONTRA POR EL C. JUEZ DEL JUZGADO CUARTO MENOR CIVIL DE ESTE PARTIDO JUDICIAL DE CELAYA, GUANAJUATO. .LAS SENTENCIAS Y SU EJECUCIÓN EN PRIMER INSTANCIA E INTERLOCUTORIA, DICTADAS EN MI CONTRA, POR LAS RESPONSABLES ORDENADORAS, Y POR LA EJECUTORA, SIN QUE EL JUZGADOR DEL JUZGADO CUARTO MENOR CIVIL HAYA OBSERVADO LO ORDENADOR EN EL ARTÍCULO 1076 EN SUS FRACCIONES I Y II DEL CÓDIGO DE COMERCIO, REFERENTE A LO QUE CONOCEMOS COMO CADUCIDAD DE LA INSTANCIA." Sin embargo, la designación que hace del acto reclamado es genérica, y no se aprecia de manera certera el acto que en realidad se combate en esta instancia. Circunstancia que, deberá precisar la quejosa, puesto que, estimarlo de otra manera podría generar diversos problemas como el que la autoridad a quien señaló como responsable no rinda su informe correctamente y que la sentencia que se llegará a emitirse no tendría ejecución sobre la cuestión efectivamente planteada; acotando que dicha precisión deberá ser categórica y clara, a fin de que este juzgador tenga la certeza sobre la naturaleza y los efectos que produce dicho acto sobre su esfera. B) La segunda irregularidad surte de lo estipulado en la fracción V del artículo 108 de la legislación en consulta, que establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación." Tal precepto establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa haga una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. Por las razones que informa, ilustra lo anterior, la tesis emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 990, Tomo XXIII, Abril de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." En el caso concreto, el suscrito estima que la solicitante del amparo omitió cumplir con el requisito establecido anteriormente, dado que no expresó ningún antecedente del acto reclamado, los cuales resultan indispensables para proveer respecto de la substanciación del presente juicio de amparo, ya que sin conocerse estos no sería posible determinar la procedencia del mismo. Por tanto, resulta indispensable que la quejosa indique todos y cada uno de los antecedentes que dieron origen a la resolución reclamada, acorde a lo establecido por la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, debiendo además precisar: Quienes son las partes en el juicio de origen M-19224/2013 de la estadística del Juzgado Cuarto Menor Civil de esta ciudad. La etapa procesal que guarda el referido controvertido. Sí compareció al citado juicio de origen. La fecha de conocimiento del acto reclamado. Datos que resultan indispensables para proveer sobre la procedencia del juicio; por lo que, es necesario que la quejosa subsane tales omisiones manifestándolo así bajo protesta de decir verdad; cabe especificar, que los anteriores datos se establecen de manera meramente enunciativa, mas no limitativa, puesto que como es sabido, constituye una obligación de la parte quejosa, además de los anteriores datos, establecer la totalidad de los hechos que conforman los antecedentes del acto reclamado, con el fin de analizar la procedencia de su demanda. Conclusivamente, con fundamento en los artículos 108 -fracciones IV y V- en relación con el 114 -fracciones I y II-, ambos de la ley de la materia, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con cinco copias de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: Aclare su acto reclamado, tal y como se le solicitó en párrafos que anteceden. Manifieste bajo protesta de decir verdad la totalidad de los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, específicamente las irregularidades que se destacaron en la presente determinación. Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si es la quejosa quien la desahoga, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar las irregularidades que se detectaron en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6 de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia 50/2014 (10ª.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 61/2014, entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito y el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 210, Libro IX, agosto de 2014, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que reza de la siguiente manera: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Los requerimientos que al efecto se emiten conllevan el apercibimiento que de no ser exactamente observados dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del artículo 114 -fracción V- de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona en su líbelo constitucional y como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Carlos García Carmona, al no contar con cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 21 -tercer párrafo- de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 -fracción I, incisos b y c- de la citada Ley de Amparo. Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,190 expedientes
- Silvia Salinas Blanco433/2016
- Silvia Sánchez Romero271/2021
- Silvia Teresa Aguirre Fernández119/2017
- Silvia Thalía Cornejo Cornejo768/2023
- Silvia Tirado Flores y Otros.1183/2016
- Silvia Torres García1007/2022
- Silvia Virginia Correa Martínez730/2021
- Silviano Gámez Mancera828/2014
- Simón Butanda García709/2023
- Simón Butanda García537/2022
- Simón Narváez Martínez771/2019
- Simón Narváez Martínez438/2018