Silvia Vázquez Hernández

Expediente 157/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
157/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
30/03/2021

Partes del expediente

  • Silvia Vázquez Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el auto de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, consecuentemente, se declara que dicho auto que tuvo por desechada la demanda de amparo ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior a la parte quejosa, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Ahora, el presente expediente carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas dicho artículo, lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. En virtud de lo anterior y toda vez que no obran en autos documentos originales, tan pronto haya transcurrido el término de tres años, procédase a la destrucción de este expediente. Mientras tanto, resérvese en el archivo de este órgano jurisdiccional para su posterior destrucción.

  2. Principal

    Vista la diligencia de ratificación de firma de cuenta, por medio de la cual ***reconoció como suya la firma que plasmó en la demanda que presentó el once de marzo pasado, registrada con el número de promoción ***, por ser la misma que utiliza en todos sus actos públicos y privados. Ahora bien, autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. En el caso concreto, este juzgador advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia, dado que la quejosa ***no cuenta con el carácter de tercera extraña en el juicio de origen, sino que tiene la calidad de demandada, aunado a que como lo refiere en su escrito de demanda, tiene conocimiento de que en el juicio de origen se dictó la sentencia correspondiente y se le condenó al pago y cumplimiento de las prestaciones que le fueron reclamadas; interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia, y en su momento, amparo directo, en el que se le negó el amparo solicitado. El precepto transcrito si bien no establece una causa de improcedencia en concreto, lo cierto es que debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Federal. En el caso, se sostiene que la improcedencia del juicio de amparo promovido por la quejosa, se deduce del artículo ***: De la interpretación armónica de las disposiciones transcritas, se colige que el juicio de amparo es procedente contra actos ejecutados dentro y fuera de juicio que afecten a personas extrañas a éste. Sobre ese tema, cabe destacar que el Alto Tribunal del País ha definido a la persona extraña, como aquella que no es parte en el proceso, es decir, la que no ha figurado en el procedimiento judicial como parte en sentido material, las cuales se diferencian de la siguiente forma: Personas que no son parte en el proceso, en razón de que solo coadyuvan o participan en él, sin tener una relación jurídica generadora de un vínculo al proceso; por ejemplo, testigos, peritos, autoridades distintas a las responsables. Tercero extraño stricto sensu, es aquella persona distinta de los sujetos de la controversia cuyos derechos se ven afectados; por ejemplo, la persona a la que le embargan como consecuencia de un juicio en el que no es parte. Tercero extraño por equiparación, es aquella persona que de acuerdo con la jurisprudencia se presenta con las siguientes modalidades: Tercero extraño equiparado simple, que se define como el sujeto que es parte del juicio natural por ser el demandado, y no es llamado correctamente por un ilegal emplazamiento, lo que le impide apersonarse a fin de desplegar su defensa. Tercero extraño equiparado por litisconsorcio que a su vez se manifiesta de dos formas I) aquel que no fue señalado como demandado en el juicio natural, que se identifica con la persona que sin haber sido parte de la relación procesal entablada en el juicio, acredita un interés jurídico común con la parte demandada en la controversia; II) aquel que fue señalado en la demanda como litisconsorte pasivo necesario y, no obstante ello, no fue emplazado. En esa tesitura, debe considerarse tercero extraño al juicio stricto sensu para los efectos del juicio de amparo, a aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de la resolución, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones del juicio o procedimiento natural. En este orden de ideas, cabe precisar que la afectación que puede resentir una persona extraña al juicio o procedimiento, no proviene en todos los casos del mismo acto dentro de la secuela del mismo, que va desde la demanda o escrito inicial hasta el cumplimiento de la sentencia o resolución, sino que ello dependerá de la titularidad del derecho que reclame y que se pruebe, ya sea en relación con el bien debatido en el juicio, o bien, con los bienes de que la sentencia disponga o, en fin, con aquellos que se afecten en la ejecución. Por otra parte, en un caso análogo al del tercero extraño, se encuentra quien aun siendo parte formal en el procedimiento judicial, no fue emplazado o lo fue ilegalmente, a quien se le denomina como persona extraña a juicio por equiparación simple. Ahora, tratándose de procedimientos judiciales, para considerar a una persona extraña a juicio por equiparación simple, además de ostentarse con ese carácter al promover el juicio de amparo, deben concurrir los siguientes requisitos: Que sea parte formal en el procedimiento. Que se haya dictado resolución final o definitiva, sin que el quejoso haya estado en posibilidad de defenderse oportunamente. Es oportuno destacar, sin embargo, que la falta de emplazamiento o el realizado en forma defectuosa, solo permitirá la procedencia del juicio de amparo si, merced a esa circunstancia, se provocó la ignorancia absoluta del procedimiento que, concomitantemente, haya provocado indefensión. En este orden de ideas, es posible afirmar que para la actualización de la institución jurídica de tercero extraño por equiparación simple, no basta con que el emplazamiento se realice de forma defectuosa, sino que es necesario que tal circunstancia haya incidido en la posibilidad de la parte formal de ejercer su derecho a la defensa, precisamente, ante el grado de desconocimiento que tiene del procedimiento seguido en su contra, y que ya se haya dictado sentencia definitiva en el juicio natural, pues de lo contrario, la parte demandada que se ostente como tercero extraño deberá comparecer al mismo e imponerse de los autos a efecto de hacer valer los recursos legales ordinarios que resulten procedentes. De lo anterior se concluye que la persona que, ostentándose como tercera extraña a juicio por equiparación simple, se ostente sabedor del juicio natural -en el que aún no se haya dictado sentencia ejecutoriada-, no podrá tener tal carácter, pues como consecuencia de tal conocimiento, estará en posibilidad de hacer valer todos los mecanismos ordinarios de defensa legalmente previstos para defenderse, resultando en consecuencia improcedente el juicio de amparo indirecto; aunado a que, como ya se señaló, en tanto no se haya emitido sentencia definitiva en el juicio natural, no puede actualizarse la institución de referencia. Sentado lo anterior, como se dijo, el presente juicio de amparo promovido por ***, versa respecto de las autoridades y actos siguientes: Autoridades responsables: Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. Diligenciaria Par adscrita al Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc Actos reclamados: Todo lo actuado en el incidente de reposición de autos del expediente ***, del índice del juez responsable, relativo al Juicio Ordinario Civil de Desocupación por Terminación de Contrato con providencia de Lanzamiento. El cumplimiento al tercer punto resolutivo de la sentencia definitiva del referido juicio ordinario civil. Los autos de diecisiete y veintinueve de mayo de dos mil diecinueve. La omisión de notificar los acuerdos antes referidos. La Diligencia de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve. Siendo así que, del contenido íntegro de la demanda de amparo se advierte que la impetrante ***cuenta con el carácter de demandada en el juicio de natural e inclusive tiene conocimiento del contenido de la sentencia dictada en autos, la cual en su momento, apeló; incluso promovió juicio de amparo directo, el cual le fue negado. Y, si bien es cierto que en el caso en concreto se reclama todo lo actuado en el incidente de reposición de autos del expediente ***, del índice del juez responsable, relativo al Juicio Ordinario Civil de Desocupación por Terminación de Contrato con providencia de Lanzamiento; b) el cumplimiento al tercer punto resolutivo de la sentencia definitiva del referido juicio ordinario civil; c) los autos de diecisiete y veintinueve de mayo de dos mil diecinueve; d) la omisión de notificar los acuerdos antes referidos y e) la diligencia de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, lo que podría conllevar a una violación al derecho fundamental de audiencia. Lo cierto es que la parte quejosa tenía pleno conocimiento del procedimiento instaurado en su contra, así como de la sentencia dictada en el mismo, por lo que es evidente que la probable violación al derecho de audiencia no se ha materializado y, por ende, produce el efecto de que en este momento no se afectan los derechos sustantivos de la quejosa, pues como se ha dicho, la promovente tenía pleno conocimiento del juicio de origen, pues acudió a él como parte demandada. En las relatadas condiciones, es claro que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia. Además, también se actualiza la causa de improcedencia, los cuales establecen: De la interpretación de los anteriores preceptos se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados en ejecución del laudo o sentencia, cuando no se trate de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendiéndose como tal, aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Pudiendo reclamarse en la misma demanda, las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Lo anterior se apoya en el principio de economía procesal, que pretende evitar la proliferación o cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones suscitadas en el procedimiento de ejecución. Así, el legislador pretende evitar que las partes contendientes en un procedimiento jurisdiccional en etapa de ejecución puedan intentar el juicio protector de derechos humanos tantas veces como violaciones se cometan en dicho procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo. De esa manera, lo que se logra es que se continúe la ejecución de la sentencia sin mayores trabas y que el afectado con las posibles violaciones que se cometan durante esa etapa, al impugnar la última resolución dictada, puede hacer valer tantas violaciones al procedimiento como estime que se le hubieren cometido. Las consideraciones expuestas en el criterio transcrito, parten de la premisa de que no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada y que por la naturaleza propia del procedimiento, es posible que las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución puedan analizarse cuando se reclame la "última resolución", porque de acreditarse que hubo la infracción legal y que se dejó sin defensa a la parte quejosa, tendría que reponerse el procedimiento a partir de esa violación y, de ser infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una ejecutoria, lo que equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de amparo, que no permite ser utilizado como instrumento para retardar la administración de justicia. En el caso particular, como se dijo, la quejosa reclama Todo lo actuado en el incidente de reposición de autos del expediente ***, del índice del juez responsable, relativo al Juicio Ordinario Civil de Desocupación por Terminación de Contrato con providencia de Lanzamiento. El cumplimiento al tercer punto resolutivo de la sentencia definitiva del referido juicio ordinario civil. Los autos de diecisiete y veintinueve de mayo de dos mil diecinueve. La omisión de notificar los acuerdos antes referidos. La Diligencia de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve. Sin embargo, no constituyen la última resolución dictada en esa etapa, ya que no aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni ordena el archivo definitivo del expediente, por tanto, el juicio de amparo promovido en su contra resulta improcedente. En ese orden, como se dijo, la quejosa no cuenta con el carácter de tercera extraña por equiparación; por el contrario, compareció al juicio de origen entablado en su contra, interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia condenatoria dictada en su contra; y en su momento, promovió juicio de amparo directo, el cual le fue negado. En las relatadas condiciones, al actualizarse las analizadas causas de improcedencia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo en cuestión.

  3. Principal

    Diligencia de ratificación de escrito.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ***. Ahora bien, previamente a acordar lo que en derecho corresponda sobre la admisión de la demanda constitucional, con fundamento en el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este órgano jurisdiccional debidamente identificado a ratificar la firma que calza la demanda de cuenta, toda vez que difiere notablemente con la que plasmó en el escrito que dio origen al diverso juicio de amparo ***, del índice de este órgano jurisdiccional. Documento que constituyen un hecho notorio para el suscrito, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable de manera supletoria a la Ley de Amparo tal como se advierte de la siguiente comparativa de firmas: Lo anterior, a efecto de procurar seguridad jurídica en las resoluciones o acuerdos que se tomen en el presente juicio de amparo; con el apercibimiento que en caso de no dar cumplimiento al aludido requerimiento, con fundamento en lo establecido por el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. Debe destacarse al promovente que a efecto de comprobar la veracidad de su dicho, en caso de que se considere oportuno, este juzgado ordenará la realización de un dictamen pericial. En esa tesitura, con fundamento en los artículos 25 del acuerdo general precitado y 28 del diverso Acuerdo General 12/2020, se previene a la parte quejosa ***, para que de ser el caso de que desee ratificar la firma que calza en el escrito de demanda, manifieste a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de tres días: 1. La forma en que desea intervenir en la audiencia de ratificación de demanda, esto es, si desea que se lleve a cabo por videoconferencia o desea acudir a este órgano jurisdiccional hacer uso de los medios digitales que están a disposición del público, en el caso de que se encuentra disponible el acceso al personal externo de la institución. Ahora bien, cabe señalar que el término de los cinco días que se otorgaron a la parte quejosa para que ratifique su demanda, correrán una vez que manifieste la forma en que desea llevar a cabo la diligencia de ratificación de firma. Asimismo, cabe precisar que de ser su deseo comparecer de manera física ante este órgano jurisdiccional, la parte quejosa se encuentra en aptitud de generar su cita a través del Código QR, con la finalidad llevar a cabo la diligencia de ratificación de firma, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, se apercibe a la quejosa que en caso de llevar a cabo la diligencia de ratificación de firma, y de no identificarse con documento oficial vigente o no se pueda cerciorar su identidad el día de la diligencia; o bien, en su caso no atienda la videoconferencia en el día y hora programados, se tendrá por no contestada dicha prevención y se hará efectivo el apercibimiento con el que se le conminó, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Asimismo, téngase las listas que se publican en los estrados de este órgano jurisdiccional para oír y recibir notificaciones, por así solicitarlo expresamente la parte quejosa. De igual forma, téngase como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a ***, dado que no cuenta con registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. De igual forma, en términos del artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene por señalado el correo electrónico *** y el número de celular ***, a efecto de que por esos medios, este juzgado establezca comunicación no procesal, sin que ello implique que dicho contacto a través de medios electrónicos sustituya las notificaciones. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", según lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye al secretario encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad de la secretaria la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio, en términos de lo establecido por los artículos 118 a 120 de la aludida Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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