Silvia Vallejo Bolaños
Expediente 632/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 632/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/05/2023
Partes del expediente
- Silvia Vallejo Bolaños
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta, a través del cual la quejosa Silvia Vallejo Bolaños, da cumplimiento a la prevención realizada en este juicio de amparo, ya que realiza una narración de los antecedentes del acto reclamado. Atento a lo anterior, téngase por cumplido el requerimiento efectuado y se deja sin efectos el apercibimiento respectivo. Ahora, previo a admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Precisado lo anterior, con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda por su manifiesta e indudable improcedencia. Ello es así, toda vez que el artículo 61, fracción XXIII de la citada ley, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)". Asimismo, el artículo 107, fracción IV primer párrafo de la mencionada ley, establece que: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.)". La fracción IV, primer párrafo del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como propósito evitar que los juicios de amparo se multipliquen innecesariamente y, por lo mismo se han sentado las bases para que la única resolución combatible en amparo sea la última, la que en definitiva ponga fin al asunto, ya sea que se le impugne por vicios propios, es decir, que radiquen en su texto, o bien por violaciones cometidas en el procedimiento que le preceda y en que descanse; salvo, naturalmente, que los actos afecten a un extraño al procedimiento, porque entonces el agraviado está aptitud de reclamarlos en amparo tan pronto como se tenga conocimiento de ellos. Establecido lo anterior, es preciso destacar que la parte quejosa en la presente instancia constitucional reclama el auto de dos de febrero de dos mil veintitrés, dictado por el Juez Cuarto Civil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, emitido en el expediente número 1432/2021, de su índice, en el cual se autorizó el uso de la fuerza pública para la entrega y desocupación del bien inmueble materia de litigio, ubicado en la calle agua bendita, número setenta y siete, en Santiago Tlacotepec, Toluca, Estado de México. Puntualizado lo anterior, se obtiene que el auto reclamado no constituye la última resolución dentro del procedimiento de ejecución respectivo. Así las cosas, es menester precisar, que por última resolución debe entenderse aquella que pone fin a la etapa de ejecución del juicio, o sea, aquélla en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento a la sentencia que condena. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que la regla específica de procedencia del juicio de amparo, por lo que hace a la última determinación en el proceso de ejecución de sentencias, que previamente se encontraba contenida en el artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, y que fue rescatada en la fracción IV primer párrafo del artículo 107 de la Ley vigente aplicable a la materia, rige incluso cuando la resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, no es la última, pues los actos dictados en ejecución de sentencia, tienen como apoyo la existencia de una sentencia que tiene el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse; de modo que, mientras no se dicte la resolución definitiva correspondiente, los actos realizados en ese procedimiento, sólo podrán impugnarse hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución, para evitar los abusos del juicio de amparo a fin de retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva que constituya la verdad legal. En el caso en estudio, el acto reclamado es un acto emitido en el desarrollo del procedimiento de cumplimiento de la resolución que rige en los autos del juicio de primer grado. Así, como ya se dijo, el reclamo en vía de amparo en contra de actos "en" o "para" ejecución de sentencias debe hacerse hasta que culmine el periodo de ejecución y en el caso particular el conflicto civil del cual emana el acto que en esta instancia inconstitucional se pretende impugnar, se encuentra en vías de cumplimiento, pues el procedimiento de ejecución se encuentra en trámite. Sentado lo anterior, es evidente que procede desechar de plano la demanda de amparo que se atiende, por su manifiesta e indudable improcedencia, al encontrarse el procedimiento generador del acto reclamado juicio ordinario civil número 1432/2021 en vías de ejecución; pues como se precisó, la intención del legislador, contenida en la fracción IV, primer párrafo, del artículo 107 de la Ley de Amparo, es que las sentencias firmes sean cumplidas sin que la promoción de múltiples amparos, obstaculicen su ejecución, siendo hasta que se dicte la última resolución de la fase ejecutiva, cuando la parte quejosa estará en aptitud de ejercer la acción constitucional, pudiendo reclamar en los actos que impugna en el escrito de demanda que se atiende, como una violación cometida durante el desarrollo del procedimiento, para el caso de que la emisión del mismo, hubiera dejado sin defensa a la quejosa, en la etapa en que se encuentra el conflicto de origen. Es decir, el juicio de amparo únicamente será procedente en contra de la determinación que declare definitivamente que se ha cumplido la sentencia, o bien, que determine la imposibilidad material o jurídica para su cumplimiento, y no, las determinaciones intermedias que para tal efecto se dicten, las cuales de igual forma podrá impugnar al momento de hacer valer el amparo en contra de la última determinación; asimismo, no se desatiende que la parte quejosa indique que el acto reclamado constituye uno de imposible reparación; sin embargo, tal sería el efecto de una sentencia concesoria de amparo, retrotraer las cosas a la forma en que se encontraban previo a la violación reclamada, es decir, restituir al quejoso en el goce de su garantía violada. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis Jurisprudencial Número P./J.32/2001, visible en la página 31 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN ULTIMA RESOLUCIÓN, A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Asimismo, por analogía la tesis I.8o.C.21 K, visible en la página 1262, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO POR RECLAMARSE ACTOS QUE NO CONSTITUYEN LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. Procede el desechamiento de la demanda de amparo cuando se reclama el señalamiento de la fecha para la celebración de la audiencia de remate en segunda almoneda, pues sólo podrá promoverse el juicio de garantías contra la resolución definitiva en que se apruebe o se desapruebe aquél, contra la cual será procedente el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, como pudiera ser el citado señalamiento de audiencia".
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el ocurso de cuenta; a través del cual, Moisés de la Cruz Hernández, en su carácter de apoderado legal de la tercera interesada Unión de Crédito Promotora para el Desarrollo Económico del Estado de México, solicita la autorización para la consulta del expediente electrónico. Luego, en atención a su solicitud para la consulta del expediente electrónico; toda vez que de la certificación de cuenta se evidencia que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se encontró registro de los usuarios "dafer2502" y "bard98"; conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se acuerda favorable dicha petición: no obstante lo anterior, en términos del numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la promovente para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste si es su deseo que se le notifique vía electrónica mediante el usuario aportado, en el entendido que de no hacer manifestación al respecto, se entenderá su conformidad de que se sigan realizando en el físico señalado en la demanda de amparo por la parte quejosa. Notifíquese y personalmente a la parte tercero interesada.
- Principal
SE NOTIFICA MEDIANTE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 28 DE ABRIL DE 2023, TODA VEZ QUE NOA CUDIO A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL ÓRGANO DE MI ADSCRIPCIÓN, NO OBSTANTE EL AVISO QUE LE FUE FIJADO EN SU DOMCILIO EL DOS DE MAYO DEL ACTUAL. Toluca, Estado de México, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Silvia Vallejo Bolaños por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto de lo Civil de la Ciudad de Toluca, Estado de México; fórmese expediente físico y electrónico en atención al Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por Covid19 y reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, mismo que entró en vigor en la fecha ahí indicada y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 632/2023-I. En esas condiciones, con fundamento en lo establecido en los artículos 114, fracciones I y II, en relación con el 108, fracción V, de la Ley de Amparo, dado que entre otras cosas, es requisito formal para la presentación de la demanda que el promovente proporcione los antecedentes del acto reclamado, se considera pertinente requerir a la quejosa para que dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito, con cuatro copias de éste y sabedora de la responsabilidad en que incurren las partes en el juicio de amparo a los que declaran con falsedad para tener una ventaja procesal indebida, bajo protesta de decir verdad realice lo siguiente: Haga una narración sucinta, cronológica y pormenorizada de los antecedentes del acto reclamado, desde la radicación del juicio de origen hasta su estado procesal actual. Lo anterior, en virtud de que si bien formuló el apartado titulado: "ANTECEDENTES", éste es muy breve y se limitó a reiterar el acto reclamado, por lo que el anterior requerimiento es con la finalidad de obtener mayores elementos que permitan a este órgano jurisdiccional estar en aptitud de pronunciarse sobre la procedencia del juicio que se intenta. En lo conducente, resulta aplicable la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que versa al tenor siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESION FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISION PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas." Apoya lo anterior, la jurisprudencia III.2o.C. J/3, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 84, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, mayo de 1991, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDENCIA DE LA PREVENCIÓN QUE MANDA ACLARARLA. De la lectura del artículo 146 de la Ley de Amparo, se viene a conocimiento que para que proceda un requerimiento previo a la admisión de una demanda de garantías y se pueda, en su caso, tenerla por no interpuesta, es necesario que exista irregularidad en el escrito en que se formula; omisión de alguno de los requisitos que señala la ley de la materia; que no se indique con precisión el acto reclamado, o que no se exhiban las copias reglamentarias. En esas condiciones, si la prevención que manda hacer un juez de Distrito no encuadra en alguno de esos supuestos, resulta evidente que el auto ulterior que la tiene por no interpuesta causa agravio, porque las exigencias apuntadas son de tipo limitativo y no ejemplificativo." Apercibida que de no dar cumplimiento en los términos indicados, en el plazo establecido, de conformidad con el numeral 114, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el físico que señala; asimismo, se tiene por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Benjamin Álvarez Medina, por contar con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente y, en términos del artículo 24 de la legislación citada, a la persona restante, limitación que se establece hasta en tanto cuente con el registro electrónico de su cédula profesional, lo que deberá hacer del conocimiento de este Juzgador mediante diversa promoción. Se sustenta lo anterior por identidad jurídico-procesal, en la tesis VI.3o.A.30 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, Novena Época, a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL." Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Finalmente, en términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aludido, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea.
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