Silvia Solano Aupart
Expediente 8/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 8/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Silvia Solano Aupart
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Estado procesal del sumario. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la resolución dictada en estos autos, en la que, en su único punto resolutivo, se negó el amparo solicitado. Firmeza del fallo definitivo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Notificación a las partes y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, respectivamente, en la hipótesis prevista en el artículo 18, párrafo primero, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, es susceptible de depuración. Transferencia del expediente. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 18, párrafos tercero y cuarto, del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del presente expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, asimismo, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito ni se estableció jurisprudencia, no versa sobre materia agraria, además en el presente asunto no se emitió una sentencia en la que se haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales, incidente y billete de depósito, póliza o fianza alguna. Además, el presente asunto no contiene información reservada, no existen documentos originales exhibidos por las partes, no se formó incidente de suspensión, ni se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Devolución de un anexo. Finalmente, hágase la devolución de los tres anexos formados con motivo de las constancias allegadas por la autoridad responsable perteneciente a la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, al resultar innecesaria su conservación, en el entendido que el sello de recepción del oficio correspondiente hará las veces de acuse. Notifíquese. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante David Antonio Galindo Arenas, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos relativos al juicio de amparo 8/2021 promovido por ----, contra el acto que reclama de la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos, por considerarlo violatorio de las garantías de legalidad, y debido proceso reconocidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el nueve de julio de dos mil veintiuno ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, -----, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto que se transcriben a continuación: AUTORIDAD RESPONSABLE "La H. Sala Auxiliar del Honorable Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos.". ACTO RECLAMADO ".resolución dictada con fecha 7 de junio de 2021, por la Sala Auxiliar del Honorable Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos, en el toca civil ---.". SEGUNDO. Prevención. Por razón de turno, correspondió conocer del asunto al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, el cual por acuerdo de trece de julio de dos mil veintiuno, registró la demanda con el número de expediente 844/2021 y previno a la parte quejosa para que precisara la fecha en la que tuvo conocimiento del acto reclamado, así como para que exhibiera una copia más del escrito de demanda. Por escrito presentado el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, la quejosa cumplió con la prevención, y previa ratificación de éste, por auto de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo. TERCERO. Audiencia constitucional. Seguidos los trámites procesales, el uno de diciembre de dos mil veintiuno se celebró la audiencia constitucional sin la asistencia de las partes. CUARTO. Remisión a este Juzgado Federal. En cumplimiento al punto de acuerdo 120/2021, de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el Juzgado Segundo de Distrito del Estado de Morelos, determinó que el expediente de amparo y sus anexos fueran remitidos al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, para su resolución y continuación del trámite. QUINTO. Radicación. En auto de veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal, radicó el juicio de amparo, con el número de expediente 8/2021, homologó las actuaciones realizadas y requirió a las partes para que manifestaran si existía alguna causa de impedimento para que el Titular de este Juzgado conociera del juicio, ordenándose que una vez transcurrido el término otorgado a las partes, se turnaran los autos para resolución; y, CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103 y 107 constitucionales, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y conforme a lo previsto en el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, dado que se reclaman actos atribuidos a autoridades en la jurisdicción que corresponde a este órgano constitucional. Previamente a la precisión de los actos reclamados, se destaca que conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, para la resolución del presente asunto se citan, entre otras tesis, jurisprudencias integradas conforme a la legislación de amparo abrogada, al no oponerse a lo previsto en la Ley de la Materia vigente. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Se considera necesario precisarlo, en términos del numeral 74, fracción I , de la Ley de Amparo y la tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 181810 y con el rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese tenor, de acuerdo al análisis integral de la demanda, este es el acto reclamado: I. De la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos: a) La resolución de siete de junio de dos mil veintiuno, dictada en el toca civil ---- a través de la cual declaró infundada la excepción de incompetencia por declinatoria que promovió la parte demandada. Una vez que se llevó a cabo la fijación clara y precisa del acto que se combate, este órgano jurisdiccional de amparo procede al análisis de la certeza o inexistencia de éste, en observancia a la jurisprudencia XVII.2o. J/10, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 76, abril de 1994, página 68, de rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento. Por tanto, a continuación se verificará si el acto reclamado existe, después se analizarán, en su caso, las causas de improcedencia o de sobreseimiento que impidan someter, al juicio de constitucionalidad, el acto de autoridad existente y, de ser procedente el juicio, se emitirá criterio respecto de si éste se ajusta o no a los derechos humanos que invoca la parte quejosa, a partir de lo expresado en los conceptos de violación. TERCERO. Acto reclamado existente. Es cierto el acto reclamado a la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, por así haberlo manifestado su presidenta al rendir el informe justificado. Lo que se corrobora con las copias certificadas que remitió la responsable en apoyo a su informe justificado; las cuales, gozan de pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia 749, con registro 1002815, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de 2011, Quinta Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, materia común, página 830, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Causales de improcedencia. En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, previamente al estudio de fondo del asunto, deben analizarse las causales de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes, o bien, que de oficio se advierta su actualización, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente. En ese tenor, las partes no alegaron causal de improcedencia y este órgano jurisdiccional no advierte, en análisis oficioso, que opere alguna, por lo que se procede al estudio de fondo, mediante el examen de los conceptos de violación. QUINTO. Consideraciones Previas. Se tienen por reproducidos en sus términos los conceptos de violación que formula la parte quejosa en su demanda de amparo, en obvio de transcripciones innecesarias, habida cuenta que, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo, su transcripción resulta innecesaria. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 164618, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de2010, Página 830, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". De conformidad con la jurisprudencia P./J. 68/2000, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, pues es suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que deba estudiarse. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 191384, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, Página 38, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo". SEXTO. Análisis de fondo. Expone la parte quejosa en su primer concepto de violación que la autoridad responsable vulneró en su contra las garantías previstas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, al determinar que es competente para resolver la excepción de incompetencia. Al respecto refiere que, la substanciación de la excepción debió realizarse por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, en virtud de que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos solo tiene facultades para dirimir cuestiones competenciales que surjan entre los órganos jurisdiccionales que se encuentran dentro de su ámbito y guardan ante él una posición de subordinación jerárquica por razón de grado, por lo que -en su opinión- tal autoridad no cuenta con facultades para determinar si es o no competente el Tribunal Agrario para conocer del juicio de origen, porque dicho tribunal pertenece al fuero federal. Antes de dar contestación a este concepto de violación conviene hacer una relatoría de antecedentes que al caso interesan: 1. Por escrito presentado el cinco de noviembre de dos mil veinte, ------las siguientes prestaciones: "a) La declaración del vencimiento anticipado del Contrato de Apertura de Crédito Simple con Interés y Garantía Hipotecaria, celebrado entre ----, en su carácter de ACREDITANTE y por la otra parte la C. --- en su carácter de ACREDITADA, el cual se hizo constar del Instrumento Público Número ---- de fecha 27 de julio de 2018, pasado ante la fe del Notario Público Número 03 de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, ------ en virtud del incumplimiento en el pago de sus amortizaciones mensuales, a partir del día 30 de junio de 2020, con base a la facultad concedida a nuestra representada conforme a lo estipulado en la Cláusula Décima Segunda del Contrato de Apertura de Crédito Simple con Interés y Garantía Hipotecaria base de la acción y como consecuencia del ello también se reclaman las prestaciones siguientes: b). El pago de la cantidad de $2,024,012 (DOS MILLONES VEINTICUATRO MIL, DOCE PESOS 29/100 M.N.) por concepto de SALDO INSOLUTO DE CAPITAL del Crédito, generados y calculados al día 30 de septiembre de 2020; la cual fue aperturada por nuestra representada en su carácter de parte acreditante y dispuesta por la parte acreditada, ahora demandada conforme a lo establecido en la Cláusula Segunda del contrato base de la acción; c)El pago por concepto de amortizaciones a saldo insoluto vencidas y no pagadas que se han generado y calculado al día 30 de septiembre de 2020, en los términos y condiciones pactados en el contrato básico de la acción, Cláusula Séptima: más los que se sigan generando hasta el pago total del adeudo, mismas que serán liquidadas en ejecución de sentencia; d) El pago de la cantidad de $149.042.04 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y DOS PESOS 04/100 M.N.) por concepto de intereses ordinarios vencidos devengados sobre saldos insolutos mensuales y no pagados generados y calculados al día 30 de septiembre de 2020; los cuales están calculados conforme a la tasa de interés pactada y en los términos de la Cláusula Quinta del Contrato de Apertura de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria que a detalle se especifican en los hechos de la demanda, intereses ordinarios que se han generado en los términos y condiciones pactados en el contrato básico de la acción y conforme a la cantidad ejercida y dispuesta por la parte acreditada; más los que se sigan generando hasta el pago total del adeudo; c) El pago de los intereses moratorios generados a partir de la fecha que incurrió en mora el demandado, es decir; el día 01 de julio de 2020, más los que se sigan generando hasta el pago total del crédito, mismos que serán calculados al tipo legal en ejecución de sentencia, previa su liquidación que al efecto se formule. f) Para el caso de que la parte demandada una vez que haya sido condenada a todos y cada una de las prestaciones que le fueron reclamadas y no dé cumplimiento voluntario dentro del plazo que le sea concedido para tal efecto, por lo cual solicitamos y le demandamos que dentro del procedimiento de ejecución forzosa, se haga trance y remate de la garantía hipotecaria constituida a favor de nuestra representada y que corresponde al ubicado en ------. g) El pago de los gastos y costas que se originen con motivo del presente procedimiento". 2. Por auto de cinco de noviembre de dos mil veinte, la Juez Octavo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, admitió la demanda en la vía propuesta y ordenó emplazar a la parte demandada. 3. Por escrito presentado el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, la parte demandada (hoy quejosa) contestó la demanda interpuesta en su contra; y en la misma, interpuso excepción de incompetencia, argumentando esencialmente, que el bien objeto de la hipoteca era de carácter comunal, por lo que debía remitirse el juicio al Tribunal Unitario Agrario. 4. Por auto de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, la Juez de origen ordenó remitir testimonio del juicio al Tribunal Superior de Justicia para que resolviera la excepción de incompetencia. 5. El siete de junio de dos mil veintiuno, la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia resolvió infundada la excepción de incompetencia por declinatoria. Acto que constituye la materia de análisis constitucional. Precisado lo anterior, el concepto de violación sintetizado deviene en infundado por las siguientes razones. La parte quejosa confunde en su argumentación la tramitación de una excepción de incompetencia por declinatoria con la tramitación de un conflicto competencial ante un órgano del Poder Judicial de la Federación. La excepción de incompetencia por declinatoria de conformidad con lo previsto por el artículo 43 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, se propone ante el Juzgado que se considera incompetente, dentro del plazo para contestar la demanda, solicitándole se abstenga del conocimiento del juicio; recibida la excepción, el Juez debe enviar los autos al Tribunal Superior para su tramitación y resolución. Ahora bien, de conformidad con el artículo 106 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Poder Judicial de la Federación, conocerá de los conflictos competenciales que se susciten entre los Tribunales de la Federación, entre éstos y los de las entidades federativas o entre los de una entidad federativa y otra. La diferencia fundamental, entre la excepción de incompetencia y un conflicto competencial de carácter federal está en que, el conflicto competencial surge de la decisión de los órganos judiciales para conocer o no de un asunto; mientas que la excepción de incompetencia, tiene su génesis en la voluntad de una de las partes en el proceso. En efecto, para que exista un conflicto de competencia es necesario que dos autoridades deseen conocer de un mismo asunto, que es de carácter positivo o no conocer de él (conflicto negativo). Las cuestiones de competencia entre autoridades judiciales son el reflejo de los atributos de jurisdicción e imperio de que están investidas. El supuesto es que a las autoridades judiciales contendientes se les haya planteado el conocimiento de un mismo asunto y emitan resolución en la que decidan sobre si tienen o no competencia para resolverlo, de modo que cuando ambas autoridades la sostienen, o ambas se niegan a conocer, es cuando propiamente surge el conflicto competencial. El conflicto de competencia positivo se da cuando dos Jueces sostienen ser competentes para conocer y resolver un mismo asunto; mientras que el conflicto negativo de competencia surge cuando un mismo asunto es planteado ante dos Jueces diversos y ambos se niegan a conocer del mismo; esto es, se presenta la demanda y el Juez declara que carece de competencia o jurisdicción para conocer del asunto y, agotado el recurso correspondiente, se plantea la misma demanda a otro Juez, y éste también declara carecer de competencia o jurisdicción. Esta distinción es relevante porque en los casos de competencia positiva no se coarta el derecho a la jurisdicción, mientras que en el conflicto de competencia negativa, sí. Bajo ese contexto, contrariamente a lo expuesto por la quejosa, la Juez de origen no estaba constreñida a enviar la excepción por declinatoria al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, pues ningún dispositivo legal así se lo ordena, máxime que no se actualiza la hipótesis de un conflicto competencial pues, en el caso, no existen dos órganos de diferentes materias y/o fueros con interés de conocer del juicio de origen. Entonces, de conformidad con el artículo 43 del Código Procesal Civil de la Entidad, fue correcta la fundamentación que sustentó la Sala para conocer de la excepción por declinatoria, pues al haberse planteado tal excepción ante un órgano de menor jerarquía, le correspondía a esta autoridad resolverla. A mayor abundamiento, el hecho de que contra la resolución que resuelve infundada la excepción de incompetencia por declinatoria proceda el juicio de amparo indirecto, agota las intenciones de la quejosa, de que un órgano del Poder Judicial de la Federación conozca de los argumentos relativos a la incompetencia del Juez Civil para conocer de una acción hipotecaria sobre un bien inmueble de carácter comunal. En su segundo concepto de violación, expone la quejosa que, la autoridad vulneró el debido proceso porque al dictar el acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintiuno, omitió pronunciarse sobre la prueba pericial en materia de topografía que ofreció al momento de plantear la excepción de incompetencia por declinatoria. En la misma línea, argumenta que fue erróneo que la autoridad resolviera solo a la luz de las constancias remitidas por la Juez de origen, y que por el contrario debió requerirla para que presentara a su perito, ello en atención a lo previsto por el artículo 43 del Código Procesal Civil de la Entidad. El concepto de violación es inoperante por partir de una premisa errónea. Contrario a lo que aduce la quejosa, la Sala responsable sí se pronunció sobre la prueba pericial en materia de topografía que ofreció en su escrito de contestación a la demanda, específicamente el apartado correspondiente a la excepción de incompetencia. Y lo hizo en el acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno (foja 20 del anexo I/III, en los términos siguientes: ".Visto el contenido de sus escritos en mención con anterioridad, téngase por hechas sus manifestaciones y los mismos se ordenan agregar a los autos, por cuanto a la pericial ofrecida por la parte demandada, ya obra en el testimonio enviado por el Juez de origen, la constancia exhibida por el RAN a foja 130, por lo que no ha lugar a acordar de conformidad en virtud de ser esta la prueba necesaria para resolver la excepción de incompetencia por declinatoria en razón de la materia". Entonces, no es como lo refiere la quejosa, pues la Sala responsable sí se pronunció en relación a la prueba que ofreció al plantear la excepción de incompetencia; de ahí la inoperancia de su argumentación, por partir de una premisa falsa que no corresponde a las constancias de autos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XVII.1o.C.T.26 K (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Julio de 2014, Tomo II, Materia(s): Común, página: 1116 de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE TIENEN COMO SUSTENTO UN POSTULADO NO VERÍDICO [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 108/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia en cita, determinó que los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su estudio pues, al partir de una suposición no verdadera, su conclusión es ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida; principio que aplica a los conceptos de violación cuyo sustento es un postulado que resultó no verídico, ya que entre los motivos de inconformidad expuestos en el recurso de revisión y en el amparo directo, existe una identidad jurídica sustancial; consecuentemente, en ambos casos, es ocioso su análisis ya que no favorecen los intereses del promovente, por ende, merecen el calificativo de inoperantes." En su tercer concepto de violación argumenta la quejosa que la autoridad realizó una incorrecta apreciación del artículo 623 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos y 2359 del Código Civil de la misma Entidad, al limitarse solo a realizar un análisis sobre la finalidad del juicio hipotecario y la noción de hipoteca, avocándose únicamente a las prestaciones del actor, y omitiendo analizar la finalidad de ese juicio en relación con la garantía, pues -en su opinión- no se puede hacer efectiva la hipoteca porque ésta recae en un bien comunal y por consiguiente no se le puede desposeer del mismo. Argumenta que el juicio hipotecario tiene sustento en un bien inmueble, por lo que independientemente de las prestaciones reclamadas, si el bien inmueble no puede estar involucrado en un juicio civil, la parte actora no puede promover la vía ni la acción propuesta, pues -insiste- el bien inmueble hipotecado no está dentro del comercio y por tanto no se puede configurar sobre él un derecho real. Además, refiere en su cuarto concepto de violación que la Sala responsable realiza un incorrecto análisis del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, limitándose solo a analizar las prestaciones que la parte actora reclamó en su demanda, dejando de lado la naturaleza del bien hipotecado, ya que al ser imposible la desposesión del bien, el juicio quedará sin materia y litis, y por tanto no tiene razón de ser. Concluye que si la autoridad hubiera considerado que existe una probable desposesión de un bien comunal habría considerado que el caso encuadra en el supuesto de competencia previsto en la fracción V, del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Los conceptos de violación expuestos, tendientes a atacar la fundamentación y motivación del acto reclamado son infundados como se explicará a continuación. En principio, es necesario considerar lo que dispone el artículo 16 constitucional, que es lo siguiente: 'Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, papeles o posesione, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.).' Del precepto legal invocado, se advierte como requisito de los actos de autoridad que se encuentren fundados y motivados; por fundamentación debe entenderse que ha de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso; y por motivación que deben señalarse las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tomado en consideración para la emisión del mismo, siendo necesario, además, la existencia de una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Dicho en otras palabras, el artículo de referencia consagra el derecho fundamental de legalidad, consistente en la debida fundamentación y motivación que las autoridades están obligadas a expresar en su actuar, lo cual significa que cada uno de sus actos debe sustentarse en una disposición normativa de carácter general, esto es, que la ley prevea una situación concreta para autorizar determinado acto, de tal manera que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite, siempre y cuando expresen las circunstancias y modalidades del caso particular por las cuales consideran que los hechos encuadran dentro del marco establecido por la ley. Se estima aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 204, publicada en la página 166, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: 'FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.' De lo anterior se colige que, para cumplir con los extremos de dicho precepto constitucional, es necesario que toda autoridad, en sus determinaciones, cite los artículos legales aplicables tomados como apoyo y además, exprese los razonamientos lógico jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto, encuadra en los supuestos de la norma invocada. Ahora bien, la autoridad responsable señaló que era infundada la excepción de incompetencia por declinatoria por las siguientes razones: "La competencia es la porción de jurisdicción que la propia ley atribuye a los órganos jurisdiccionales para conocer de determinados juicios, esto es, hay una vinculación entre ambos conceptos, en virtud de que no se puede ser competente sin tener jurisdicción, siendo la competencia parte de dicha jurisdicción porque no abarca la primera totalmente a la última. Los límites objetivos de la jurisdicción pueden ser por territorio, por materia, por cuantía, por grado o por cualquier otra concreción que se establezca en las Leyes correspondientes. El Código Procesal Civil del Estado de Morelos, en su artículo 18 establece literalmente lo siguiente: (.) Por su parte, el numeral 21de la citada Codificación legal señala (.) De igual forma, el ordinal 23 de la misma Ley, establece que la competencia de los Tribunales se determinará por la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Ahora bien, la figura de la competencia debe entenderse como un requisito de corte constitucional y procesal que condiciona el nacimiento valido del proceso, su desenvolvimiento y normal culminación consistente en el dictado de una sentencia. De ahí que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, subordine la eficacia de la actuación de las autoridades jurisdiccionales a las facultades competenciales que la ley les confiere, esto es, solo pueden hacer lo que ésta les permite. En las relatadas condiciones, de conformidad con el artículo 41 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, establece (.). En el caso particular, es aplicable lo que dispone el numeral 29 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, que a la letra dice: (.) Artículo 29. Competencia por materia. La competencia podrá fijarse atendiendo al interés jurídico preponderante del negocio, civil o familiar. Esta última materia abarca controversias sobre derecho de familia y personas. La competencia concurrente, en los casos de aplicación de leyes federales, se determinará de acuerdo con lo previsto en la fracción IV del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (.)" Ahora bien, en la República Mexicana la competencia de los Órganos Jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos Tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de Tribunales Administrativos, Civiles, Fiscales, Penales, del Trabajo etcétera, y que, a cada uno de ellos les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad, lo cual puede dar lugar a que se llegue a plantear un conflicto real de competencia de carácter negativo o positivo. En esos casos este Tribunal de Alzada debe resolver el asunto exclusivamente tomando en cuenta el interés jurídico preponderante del negocio, atendiendo a la naturaleza de la acción ejercitada, lo cual se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de los preceptos legales en que se apoye la demanda, pero en todo caso, se debe prescindir por completo del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al Órgano Jurisdiccional y no al Tribunal de competencias, dado que su rescisión vincularía a los Órganos Jurisdiccionales en conflicto. Tales consideraciones, dieron lugar a la Jurisprudencia P./J. 83/98 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en Diciembre de 1998, consultable en el Tomo VIII, página 28, registro 195007, de título, subtítulo y contenido: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. (.)". En el caso que nos ocupa, deben resaltarse tres aspectos medulares, consistentes en el carácter de las partes, las prestaciones reclamadas y el origen de éstas, mismos que se explican a continuación. En primer lugar, la demanda se encuentra promovida por los apoderados legales de ----- que es una sociedad constituida con personalidad jurídica y personalidad propia, que tiene por objeto administrar recursos y operar un sistema de financiamiento que permita a sus usuarios obtener un crédito simple y suficiente destinado a la adquisición de inmuebles, contra -----. Lo que hace patente que la parte actora se trata de una sociedad debidamente constituida y la parte demandada es particular. En el segundo lugar, las prestaciones reclamadas en la demanda, corresponden a obtener los siguientes pagos: 1) $2,024,012.29 (DOS MILLONES VEINTICUATRO MIL DOCE PESOS 29/100 M.N.) por concepto de saldo insoluto de capital del crédito, generados y calculados al día 30 de septiembre de 2020. 2) $149,042.04 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y DOS PESOS 04/100 M.N.) por concepto de intereses ordinarios vencidos devengados sobre saldos insolutos mensuales y no pagados, generados y calculados el día 30 de septiembre de 2020. 3)Amortizaciones, intereses moratorios, gastos y costas que se generen en el juicio. En tercer lugar, esos pagos se exigen derivado del contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria por $2,070,000 (DOS MILLONES SETENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) que ---- representada por sus apoderados generales, celebraron con la demandada ----, y ésta se comprometió a pagar, en los términos pactados en el referido acuerdo de voluntades y que ante su incumplimiento cabal, la institución bancaria ejercitó la vía Especial Hipotecaria. Estos tres aspectos destacados hacen patente que ambas partes, celebraron el contrato de otorgamiento de crédito simple con interés y garantía hipotecaria, con el carácter de particulares; que la prestación que se pretende satisfacer es de índole económica; y que ésta se basa en el incumplimiento de un contrato de orden civil, pues el actor busca el pago de las cantidades que se omitieron cubrir y la mora en que la parte demandada incurrió por esas omisiones. Al respecto, el artículo 2359 del Código Civil del Estado de Morelos, prevé: "Artículo 2359. Noción Legal de la Hipoteca. La hipoteca es una garantía real constituida sobre bienes inmuebles determinados y enajenables que no se entregan al acreedor, y que en caso de incumplimiento de la obligación principal, otorga al titular los derechos de persecución, de venta y de preferencia en el pago". Ahora bien, no se soslaya que existe la manifestación de la parte demandada de que el bien inmueble es parte de las tierras comunales de Ocotepec, Municipio de Cuernavaca, Morelos, para lo cual exhibe el oficio ---------, expedido por el Registro Agrario Nacional en el Estado de Morelos en el cual refiere lo siguiente: "(.)Respecto del denominado: "SIN ESPECIFICAR, ubicado en -------, proporcionando para tal fin las siguientes coordenadas -- o SIC(.)" "(.) Se desprende que la (s) coordenadas (s) con la cual señala la localización del citado predio, se encuentra comprendido dentro de la poligonal conformado bienes comunales de ---, lo anterior de conformidad con el artículo 90 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional (.)". Sin embargo, cabe destacar que ambas partes contendientes hacen referencia a documentos públicos, actos jurídicos y registros, en los que el bien inmueble se ha considerado como de dominio privado, como se advierte de la demanda. (.) Incluso, obra un informe del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, respecto del inmueble de referencia, como es el registro de folio electrónico, gravámenes y actos traslativos de dominio. Como se advierte a foja 55 del expediente principal. Sin que hasta el momento exista un pronunciamiento judicial que haya declarado nulo alguno de los documentos que sirvieron de antecedentes para la celebración del contrato de crédito simple con garantía hipotecaria, y tampoco existe declaración de que tal acto jurídico se encuentre afectado de nulidad por licitud en el objeto; pues, cabe resaltar que la controversia aún está siendo sustanciada por el Juzgado Octavo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado, quien en todo caso deberá decidir sobre la procedencia de la acción reclamada por la parte actora y mientras eso no se declare judicialmente, los documentos públicos continúan surtiendo efectos legales. En ese contexto, es claro que las partes que celebraron el contrato no adujeron calidad agraria, y tampoco las prestaciones tienen injerencia sobre la posesión o tenencia de la tierra, sino solo versa sobre cuestiones económicas que pretende obtener la parte actora con motivo de la falta de pago de un crédito que otorgó a la parte demandada -----. Ahora bien, el Tribunal Agrario tiene como ámbito de competencia, el que fija el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, que se cita: "Arti´culo 18.- Los tribunales unitarios conocera´n, por razo´n del territorio, de las controversias que se les planteen con relacio´n a tierras ubicadas dentro de su jurisdiccio´n, conforme a la competencia que les confiere este arti´culo. Los tribunales unitarios sera´n competentes para conocer: I.- De las controversias por li´mites de terrenos entre dos o ma´s nu´cleos de poblacio´n ejidal o comunal, y de e´stos con pequen~os propietarios, sociedades o asociaciones; II.- De la restitucio´n de tierras, bosques y aguas a los nu´cleos de poblacio´n o a sus integrantes, contra actos de autoridades administrativas o jurisdiccionales, fuera de juicio, o contra actos de particulares; III.- Del reconocimiento del re´gimen comunal; IV.- De juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligacio´n; V.- De los conflictos relacionados con la tenencia de las tierras ejidales y comunales; VI.- De controversias en materia agraria entre ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados entre si´; asi´ como las que se susciten entre e´stos y los o´rganos del nu´cleo de poblacio´n; VII.- De controversias relativas a la sucesio´n de derechos ejidales y comunales; VIII.- De las nulidades previstas en las fracciones VIII y IX del arti´culo 27 de la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos en materia agraria, asi´ como las resultantes de actos o contratos que contravengan las leyes agrarias; IX.- De las omisiones en que incurra la Procuraduri´a Agraria y que deparen perjuicio a ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, pequen~os propietarios, avecindados o jornaleros agri´colas, a fin de proveer lo necesario para que sean eficaz e inmediatamente subsanadas; X.- De los negocios de jurisdiccio´n voluntaria en materia agraria; y XI.- De las controversias relativas a los contratos de asociacio´n o aprovechamiento de tierras ejidales, a que se refiere el arti´culo 45 de la Ley Agraria; XII.- De la reversio´n a que se refiere el arti´culo 97 de la Ley Agraria; XIII.- De la ejecucio´n de los convenios a que se refiere la fraccio´n VI del arti´culo 185 de la Ley Agraria, asi´ como de la ejecucio´n de laudos arbitrales en materia agraria, previa determinacio´n de que se encuentran apegados a las disposiciones legales aplicables; y XIV.- De los dema´s asuntos que determinen las leyes". De las fracciones transcritas, en confrontación con el contenido de la demanda instaurada por los Apoderados Legales de BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANCOMER, se puede advertir que ninguna de las pretensiones tiene relación con la restitución de tierras, bosques y aguas de los núcleos de población o de sus integrantes; aspectos del régimen comunal; tampoco está solicitando la nulidad de resoluciones dictadas por las autoridades agrarias; ni controvierte la tenencia de las tierras ejidales y comunales; las partes no se presentan como ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados; no se reclama sucesión de derechos ejidales y comunales; ni nulidades sobre predios de naturaleza agraria. Tampoco se plantean omisiones en que incurra la Procuraduría Agraria que deparen perjuicios a ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados o jornaleros agrícolas; negocios de jurisdicción voluntaria en materia agraria; ni contratos de asociación o aprovechamiento de tierras ejidales; menos se exponen temas de expropiación; ni de la ejecución de los convenios celebrados en juicios agrarios. De tal forma, el solo indicio de que el bien materia del contrato cuyo cumplimiento reclama la -----, a través de sus apoderados legales, es de naturaleza agraria, no es razón suficiente para estimar que corresponde el conocimiento de la controversia a un Tribunal Agrario, porque las prestaciones del actor no son competencia del Tribunal Agrario, en términos del artículo 18 referido anteriormente. Por las consideraciones vertidas en el cuerpo de la presente resolución, se declara que la Excepción de Incompetencia por Materia, opuesta por ----- es INFUNDADA por lo que es dable concluir que el caso resulta legalmente competente para conocer de la demanda el Juez Octavo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos; por lo tanto se ordena remitir los autos correspondientes, por los conductos procedentes, para continuar el presente asunto hasta su total culminación." De conformidad con la transcripción, la Sala responsable declaró infundada la excepción de incompetencia por declinatoria considerando 1) que ninguna de las partes en la controversia de origen tiene la calidad de personas sujetas al derecho agrario, pues uno es una institución bancaria y la otra una particular; 2) que las prestaciones reclamadas corresponden a pagos derivados de un contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria, el cual constituye un contrato de tipo civil; 3) que era intrascendente que se hubiera acreditado por la demandada que el bien hipotecado se encuentra enclavado en tierras comunales, porque en sus escritos -demanda y contestación a la demanda-, ambas partes hacen referencia a actos jurídicos y registros que reflejan que el bien se ha considerado como del dominio privado, aunado a que tales documentos no se encuentran declarados judicialmente como nulos y por tanto continúan surtiendo efectos; y finalmente, 4) que el Juez de origen será quien resuelva la procedencia de la acción reclamada por la parte actora. Pues bien, a juicio de quien resuelve, fue correcta la fundamentación y motivación de la Sala porque, ciertamente, para decidir sobre la competencia de una autoridad judicial, se deben analizar fundamentalmente las prestaciones demandadas y la calidad de los sujetos involucrados, los cuales en el caso no son de carácter agrario; y si bien, la quejosa probó que el bien hipotecado es de carácter comunal, se considera correcto que la Sala no haya prejuzgado sobre la acción intentada por la actora, puesto que la cualidad de la garantía será un aspecto que deberá dilucidarse en la sentencia definitiva, toda vez que la hoy quejosa ha reconvenido la nulidad de la cláusula del contrato base de la acción en la que se constituyó la garantía sobre el bien inmueble ubicado en el Ejido de ---- Aunado a lo anterior, debe destacarse que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito determinó al resolver el amparo en revisión 64/2019, que el Tribunal Superior del Estado de Morelos no está facultado para declinar competencia en favor del Tribunal Agrario, por lo que invariablemente, se debía declarar infundada la excepción de incompetencia planteada. Resulta conveniente trascribir las consideraciones sustentadas por la Superioridad al resolver el amparo en revisión mencionado: "Los artículos 41 y 43 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, y los numerales 37 y 44, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, en relación con los conflictos competenciales establecen lo siguiente: (.) Del artículo 44 antes transcrito se desprende que, el objeto primordial de la declinatoria es lograr que el juez que esté conociendo del asunto se abstenga de seguir haciéndolo; sin que ello represente, incluir que se finque competencia en favor de cualquier otro órgano jurisdiccional. Lo anterior, en razón de que es necesario que el órgano jurisdiccional en relación con el cual se finque la competencia, esté sometido a la jurisdicción de la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, ya que los Tribunales del fuero común, no pueden vincular a uno diverso que no corresponda a su fuero. Con relación a ello se tiene que la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, en sus artículos 1, 2, 3, 14 y 15 establecen la organización y jurisdicción de los tribunales que conforman el mencionado Poder Judicial, a saber: (.) De los preceptos legales antes transcritos se desprende que las Salas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos tienen jurisdicción en materias civil y penal, sobre los jueces de primera instancia de esa misma entidad federativa, pero no se obtiene que tengan facultades para ejercer jurisdicción sobre tribunales de materia distinta de la civil y penal, ni respecto de otro fuero. En ese orden de ideas es dable concluir que una Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, carece de facultades para fincar competencia en favor de un tribunal en materia agraria perteneciente al fuero federal, respecto del cual no ejerce jurisdicción la Sala Auxiliar en términos de los dispositivos invocados. Lo anterior obedece a que los poderes que rigen al interior de los Estados, como lo es el Poder Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, a través de su Sala Auxiliar del Primer Circuito, al ejercer sus facultades dentro del territorio donde ejerce jurisdicción no puede invadir la esfera de competencia de la autoridad federal. Ello es así, dado que conforme a las disposiciones de los artículos 39, 40 y 41, párrafo primero, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , es voluntad del pueblo de los estados libres y soberanos que conforman la federación mexicana, unirse para formar una república democrática, representativa, laica y federal. De ellos también se desprende, que es voluntad del pueblo ejercer su gobierno a través de los poderes de la Unión, por lo que ve a las facultades reservadas a ella, quedando facultado cada estado para ejercer su soberanía al régimen interior por lo que respecta a las facultades que la Unión les deja. Con relación a lo anterior, en el artículo 49 de la Constitución General de la República, se establece que los poderes de la Unión serán el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Ahora bien, con relación a la justicia agraria de la propia Constitución Federal, en su artículo 27, fracción XIX, se desprende que es facultad de la Nación (Federación) regular lo concerniente a la tenencia de la tierra, dentro de lo cual es facultad también de la Unión el procurar y administrar la justicia agraria. Por otra parte, por lo que hace a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en sus artículos 1 y 20, se establece que esta entidad federativa es miembro de la federación que conforman los Estados Unidos Mexicanos, que en mérito de lo anterior el Estado de Morelos adopta como forma de gobierno la república democrática, laica, representativa y popular, en la que el poder se ejercerá a través de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. De los preceptos legales de la Constitución General de la República y de la Constitución local se desprende que los estados libres y soberanos que conforman la república mexicana pactaron unirse; que para ello han cedido parte de esa soberanía para formar el gobierno de la unión, que la soberanía que les resta es ejercida por los estados al interior de los mismos, siempre respetando el pacto federal, que consiste, entre otras cosas, en no intervenir en los asuntos que la Constitución Federal reserva para la Unión, lo que también significa que ésta no debe ejecutar acciones reservadas para los Estados federados. Conforme a lo anterior puede decirse que los jueces pertenecientes a los Estados que conforman la federación mexicana, tienen competencia únicamente en cuanto a su régimen interior, sin que tengan facultades para hacerlo más allá de él, es decir sin que puedan sobrepasar la soberanía del Estado de Morelos. En ese tenor, la Sala Auxiliar no tenía facultades para declarar la carencia de competencia de un Juzgado Civil, interpretando una ley federal, como lo es la Ley Agraria y tampoco para fincarla en favor del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciocho, en tanto que éste es un órgano materialmente jurisdiccional que depende de la federación de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción XIX de la Constitución General de la República, lo que lo coloca fuera de la soberanía del Estado de Morelos. (.) De ello se obtiene que los terceros interesados al oponer la excepción de competencia por materia, que hicieron valer ante el juez civil que conocía de la providencia precautoria sobre daño temido, lo realizaron bajo la premisa de que la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, fincara la competencia en favor de un tribunal agrario ajeno a la potestad local. Sin que corresponda al Poder Judicial del Estado de Morelos, en los términos de la Constitución Política Federal o Local, la facultad de aplicar la legislación agraria, ya que además ningún ordenamiento legal le confiere competencia para ese efecto, como lo realizó la Sala Auxiliar en la resolución de treinta de mayo de dos mil dieciocho, al establecer en el considerando segundo que, en términos del artículo 166, de la Ley Agraria y la interpretación literal del precepto 27, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad competente para continuar conociendo la providencia precautoria lo era el Tribunal Unitario Agrario. En tal virtud, la pretensión de los demandados al oponer la excepción de competencia resultaba improcedente, ya que además un juez estatal no puede fincar competencia a un órgano respecto del cual no ejerce jurisdicción. Aunado a que ni el Código Procesal Civil del Estado de Morelos, ni la Ley Orgánica del Poder Judicial de esta entidad, rige al mencionado Tribunal Agrario, ni lo vincula, ya que no se trata de un Tribunal de la tutela de la Sala Auxiliar, sino de un fuero diferente. En ese tenor, la excepción de incompetencia planteada por los terceros interesados debió haberse declarado infundada, dada la imposibilidad de poder resolver en los términos planteados. (.)". En términos de lo anterior, resulta ajustado a derecho que la autoridad haya analizado las prestaciones y finalidad de la hipoteca sin entrar al estudio de la naturaleza del bien hipotecado; pues como se señaló, será materia de estudio de fondo de la acción intentada, lo relativo a la posibilidad de configurar o no una garantía sobre un bien inmueble que la demandada aduce es de carácter comunal. Finalmente se concluye, en términos de las consideraciones sustentadas por el Tribunal Colegiado citado, que fue acertado que la Sala responsable sostuviera que no procedía la excepción de incompetencia, pues bajo ninguna interpretación de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos puede fincar competencia en favor de un Tribunal Agrario, porque éste no se encuentra dentro de su estructura orgánica. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XVIII.2o.P.A.1 A (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 75, febrero de 2020, Tomo III, página 2287, "COMPETENCIA POR MATERIA. DEBE DECLARARSE IMPROCEDENTE LA EXCEPCIÓN QUE PRETENDE QUE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS LA DECLINE EN FAVOR DE UN TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO, AL CARECER DE FACULTADES PARA ELLO. De los artículos 41 y 43 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, en relación con los preceptos 1, 2, 3, 4, 14, 15, 37 y 44, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de ese Estado, se advierte que el Tribunal Superior de Justicia de esa entidad federativa tiene facultades para dirimir cuestiones competenciales que surjan entre los órganos jurisdiccionales que se encuentran dentro de su ámbito y guardan ante él una posición de subordinación jerárquica por razón de grado, las cuales se reducen a definir a qué juzgado, con motivo de la cuantía, territorio o materia, es al que corresponde conocer de un asunto; sin embargo, la legislación invocada no reconoce la facultad del tribunal indicado para fincar competencia en favor de un Tribunal Unitario Agrario, pues éste no se encuentra dentro de su jurisdicción, al pertenecer al fuero federal. En consecuencia, debe declararse improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria en razón de la materia que pretende una resolución en ese sentido, al ser contraria a las disposiciones mencionadas y al artículo 106 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que corresponde al Poder Judicial de la Federación resolver los conflictos que se susciten entre órganos jurisdiccionales de distintos fueros. En consecuencia, al resultar infundados e inoperantes los motivos de disenso formulados por la parte quejosa, procede negar la protección constitucional solicitada. SÉPTIMO. Publicación de la sentencia con supresión de datos personales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, Base A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los numerales 1, 3, 11, fracción VI, 16, 68, 110, 113, y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos preceptos 1, 3, fracciones IX y X del decreto por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicados en el Diario Oficial de la Federación nueve de mayo de dos mil dieciséis y el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, respectivamente, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública protegiendo los datos considerados sensibles, confidenciales o reservados Cabe precisar que las tesis invocadas en esta sentencia, concebidas en el marco de la abrogada Ley de Amparo, fueron citadas en estricta observancia de lo previsto por el artículo sexto transitorio, de la Ley de Amparo en vigor. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A -------- contra la autoridad y acto precisados en el considerando segundo, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese; y personalmente
- Principal
AVISO.- En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a NOTIFICAR por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte QUEJOSA: SILVIA SOLANO AUPART, el auto y/o resolución de VEINTICUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, que en lo conducente establece: Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno. Recepción juicio de amparo con audiencia celebrada. Téngase por recibido el oficio firmado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, a través del que, en atención al Punto de Acuerdo 120/2021 relativo a las Medidas de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Décimo de Distrito en esa sede, de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, firmado por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, remite el juicio de amparo 844/2021 de su estadística y tres anexos, promovido por Silvia Solano Aupart contra actos de la Sala Auxiliar del tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, sumario dentro del cual la audiencia constitucional fue celebrada a las diez horas con treinta minutos del uno de diciembre de dos mil veintiuno. Acuse de recibo. Acúsese el recibo de estilo correspondiente al órgano oficiante. Radicación del juicio. Regístrese en el libro de gobierno con el número 8/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, antepóngase la carátula correspondiente al sumario principal y a los anexos e intégrese el expediente electrónico respectivo, el cual deberá coincidir cabalmente con el sumario físico que se recibe. Homologación de actuaciones. En tal virtud, acorde con lo dispuesto en el Punto de Acuerdo 120/2021 relativo a las Medidas de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Décimo de Distrito en esa sede, de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, firmado por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento de este juicio de amparo y continúa con su tramitación, a efecto de su resolución, validándose las actuaciones practicadas por el juzgado oficiante, para todos los efectos legales a que haya lugar. Solicitud de cuadernillos incidentales. Además, de una revisión a los autos se advierte que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos aperturó incidente de suspensión a petición de la parte quejosa; por tanto, solicítesele atentamente que de no existir inconveniente legal y material alguno, remita a este órgano jurisdiccional dichos cuadernos debidamente integrados y coincidentes a cabalidad entre sí. Resolución del juicio de amparo. Bajo esa tesitura, se hace del conocimiento de las partes que esta sede federal, resolverá el presente juicio de amparo; así, con el propósito de evitar posibles nulidades, irregularidades o, en su caso, incurrir en alguna responsabilidad, con fundamento en el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, a la ley de la materia, se requiere a las partes para que en un término común de tres días, expresen si tienen conocimiento de algún impedimento que tenga el titular de este órgano, Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, para dictar sentencia en el sumario en que se actúa, acorde con lo estatuido en el numeral 51 de la Ley de Amparo, en el entendido de que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo otorgado, sin ulterior acuerdo, se procederá a turnar los autos para el dictado de la sentencia correspondiente. Por otra parte, con independencia de que se radique el juicio de amparo de mérito, una vez que se avoque al estudio de la sentencia, se verificará que el asunto remitido cumpla los supuestos que establece el punto de acuerdo 120/2021, emitido Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la "Medida de equilibro de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Décimo de Distrito en esa sede." Comunicación a la responsable. De igual manera, gírese el oficio correspondiente a la autoridad responsable a fin de informarle que este Juzgado Décimo de Distrito a partir de este momento se avoca al conocimiento del sumario en que se actúa, a efectos de su resolución, de ahí que, en lo subsecuente, sus oficios o promociones deberán dirigirlos a este órgano jurisdiccional. Transparencia y acceso a la información pública. Con fundamento en los artículos 1 al 23; 113; 68, fracción I y 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona; en la inteligencia que de existir alguna oposición, este órgano jurisdiccional como sujeto obligado realizará el trámite respectivo para determinar si dicha oposición puede surtir efecto y se omitirá la publicación de los datos personales en las listas de notificación que se publiquen. Asimismo, se hace del conocimiento a las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo del año antes citado, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Consulta del expediente vía internet. Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx en el apartado "SERVICIOS", elegir la liga "CONSULTA DE EXPEDIENTES", a continuación elegir el 18º Circuito-Morelos; seleccionar el Órgano Jurisdiccional "Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos" y, finalmente, ingresar el número de expediente. Adicionalmente, se les informa que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario. Para obtener el nombre de usuario, deben realizar lo siguiente: Registrarse en el sitio de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir estos pasos: 1. Llenar el formulario, proporcionar nombre completo, domicilio, correo electrónico y contraseña preferida. 2. Revisar su correo electrónico y confirmar el registro dando click al enlace que aparecerá en el mensaje. 3. Imprimir la solicitud para consultar el expediente electrónico. 4. Presentar la solicitud ante el órgano jurisdiccional federal que conozca del expediente de amparo y esperar que la solicitud se acuerde favorablemente. 5. Hecho lo anterior, el usuario estará listo para utilizar el portal de Consulta de Expediente Electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes. En ese sentido, se exhorta a las partes dentro del presente asunto para que, de ser posible y tomando en consideración la contingencia sanitaria, transiten a la tramitación de su asunto mediante el esquema de "juicio en línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal https://www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Horario presencial de labores. Ahora bien, se informa a las partes dentro del presente juicio que, para el caso del personal adscrito a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, la jornada laboral presencial se desempeña dentro de un horario matutino, a saber, de 8:30 a 14:30. Términos para la consulta de expedientes físicamente y Modelo de atención presencial basado en citas. De la misma forma, se comunica a las partes que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, a partir del tres de agosto del año en curso, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables tienen a su disposición los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio se encuentra a su disposición el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional con la finalidad de que puedan generar citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas es un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. El código de mérito podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso. Para el caso de juzgados de Distrito las citas serán generadas dos cada media hora, durarán un máximo de veinticinco minutos cuando fueron solicitadas por las partes y tanto se estima necesario cuando fueron agendas por el órgano. Condiciones para el desahogo de notificaciones personales. Toda notificación de carácter personal que deba llevarse a cabo en lo subsecuente, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Publicaciones en el portal electrónico. Por otra parte, dado que no se permite la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, los órganos jurisdiccionales remiten por correo electrónico a las administraciones de los edificios las listas a publicar, para que estos las coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita. Domicilio procesal. En otro aspecto, con base en el arábigo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo, en la inteligencia que de ser incierto o inexacto, sin ulterior acuerdo se le notificará por lista las subsecuentes, aún las de carácter personal, lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Autorizados con facultades amplias. En atención a lo dispuesto por el artículo 12 párrafo primero del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizados con facultades amplias a Rodrigo Cervantes González, Natividad Hernández Quintero y a Elizabeth Ascencio Ponce de León, en razón de que se trata de un asunto en materia civil y acredita tener registrada sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo, no así a Leticia Alemán Figueroa, Christopher Emmanuel Ortiz Bahena y a Karla Ivonne Ortega Padilla, en virtud de que no colman el extremo en cita, a quienes únicamente se les autoriza para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Habilitación de días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de garantía constitucional. Comunicación entre órganos jurisdiccionales federales e instituciones públicas con las cuales el Consejo de la Judicatura Federal haya suscrito convenios de interconexión. En acatamiento a lo dispuesto en los artículos 1 y 8 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, se instruye a los actuarios de la adscripción para que, por regla general, remitan los oficios que se libren dentro del presente asunto a Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito, Centros de Justicia Penal Federal e Instituciones Públicas con las cuales el Consejo de la Judicatura Federal haya suscrito convenios de interconexión vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (en uso del canal de interconexión), esto es, se optará por la remisión física de los memoriales, únicamente y por excepción, en casos estrictamente necesarios, es decir, cuando se requiera forzosamente el envío de constancias originales, voluminosas o de expedientes. Compensación. Finalmente, glósese a los autos el original de la boleta de turno con número de registro 007428/2021, a la cual se adjuntó copia simple del oficio OCC/C18/JDM/1081/2021 firmado por la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, del cual se advierte que, en atención a lo solicitado por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos y de conformidad con el Punto de Acuerdo 120/2021 relativo a las Medidas de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Décimo de Distrito en esa sede, dicha oficina realizó la compensación de los diez juicios de amparo remitidos por dicho órgano a esta sede federal, entre los cuales, se encuentra el sumario en que se actúa y, por tal motivo, remite en particular la boleta de turno de cuenta; lo anterior, se toma del conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo acordó Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante David Antonio Galindo Arenas, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno. Recepción juicio de amparo con audiencia celebrada. Téngase por recibido el oficio firmado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, a través del que, en atención al Punto de Acuerdo 120/2021 relativo a las Medidas de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Décimo de Distrito en esa sede, de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, firmado por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, remite el juicio de amparo 844/2021 de su estadística y tres anexos, promovido por Silvia Solano Aupart contra actos de la Sala Auxiliar del tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, sumario dentro del cual la audiencia constitucional fue celebrada a las diez horas con treinta minutos del uno de diciembre de dos mil veintiuno. Acuse de recibo. Acúsese el recibo de estilo correspondiente al órgano oficiante. Radicación del juicio. Regístrese en el libro de gobierno con el número 8/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, antepóngase la carátula correspondiente al sumario principal y a los anexos e intégrese el expediente electrónico respectivo, el cual deberá coincidir cabalmente con el sumario físico que se recibe. Homologación de actuaciones. En tal virtud, acorde con lo dispuesto en el Punto de Acuerdo 120/2021 relativo a las Medidas de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Décimo de Distrito en esa sede, de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, firmado por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento de este juicio de amparo y continúa con su tramitación, a efecto de su resolución, validándose las actuaciones practicadas por el juzgado oficiante, para todos los efectos legales a que haya lugar. Solicitud de cuadernillos incidentales. Además, de una revisión a los autos se advierte que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos aperturó incidente de suspensión a petición de la parte quejosa; por tanto, solicítesele atentamente que de no existir inconveniente legal y material alguno, remita a este órgano jurisdiccional dichos cuadernos debidamente integrados y coincidentes a cabalidad entre sí. Resolución del juicio de amparo. Bajo esa tesitura, se hace del conocimiento de las partes que esta sede federal, resolverá el presente juicio de amparo; así, con el propósito de evitar posibles nulidades, irregularidades o, en su caso, incurrir en alguna responsabilidad, con fundamento en el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, a la ley de la materia, se requiere a las partes para que en un término común de tres días, expresen si tienen conocimiento de algún impedimento que tenga el titular de este órgano, Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, para dictar sentencia en el sumario en que se actúa, acorde con lo estatuido en el numeral 51 de la Ley de Amparo, en el entendido de que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo otorgado, sin ulterior acuerdo, se procederá a turnar los autos para el dictado de la sentencia correspondiente. Por otra parte, con independencia de que se radique el juicio de amparo de mérito, una vez que se avoque al estudio de la sentencia, se verificará que el asunto remitido cumpla los supuestos que establece el punto de acuerdo 120/2021, emitido Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la "Medida de equilibro de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Décimo de Distrito en esa sede." Comunicación a la responsable. De igual manera, gírese el oficio correspondiente a la autoridad responsable a fin de informarle que este Juzgado Décimo de Distrito a partir de este momento se avoca al conocimiento del sumario en que se actúa, a efectos de su resolución, de ahí que, en lo subsecuente, sus oficios o promociones deberán dirigirlos a este órgano jurisdiccional. Transparencia y acceso a la información pública. Con fundamento en los artículos 1 al 23; 113; 68, fracción I y 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona; en la inteligencia que de existir alguna oposición, este órgano jurisdiccional como sujeto obligado realizará el trámite respectivo para determinar si dicha oposición puede surtir efecto y se omitirá la publicación de los datos personales en las listas de notificación que se publiquen. Asimismo, se hace del conocimiento a las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo del año antes citado, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Consulta del expediente vía internet. Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx en el apartado "SERVICIOS", elegir la liga "CONSULTA DE EXPEDIENTES", a continuación elegir el 18º Circuito-Morelos; seleccionar el Órgano Jurisdiccional "Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos" y, finalmente, ingresar el número de expediente. Adicionalmente, se les informa que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario. Para obtener el nombre de usuario, deben realizar lo siguiente: Registrarse en el sitio de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir estos pasos: 1. Llenar el formulario, proporcionar nombre completo, domicilio, correo electrónico y contraseña preferida. 2. Revisar su correo electrónico y confirmar el registro dando click al enlace que aparecerá en el mensaje. 3. Imprimir la solicitud para consultar el expediente electrónico. 4. Presentar la solicitud ante el órgano jurisdiccional federal que conozca del expediente de amparo y esperar que la solicitud se acuerde favorablemente. 5. Hecho lo anterior, el usuario estará listo para utilizar el portal de Consulta de Expediente Electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes. En ese sentido, se exhorta a las partes dentro del presente asunto para que, de ser posible y tomando en consideración la contingencia sanitaria, transiten a la tramitación de su asunto mediante el esquema de "juicio en línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal https://www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Horario presencial de labores. Ahora bien, se informa a las partes dentro del presente juicio que, para el caso del personal adscrito a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, la jornada laboral presencial se desempeña dentro de un horario matutino, a saber, de 8:30 a 14:30. Términos para la consulta de expedientes físicamente y Modelo de atención presencial basado en citas. De la misma forma, se comunica a las partes que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, a partir del tres de agosto del año en curso, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables tienen a su disposición los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio se encuentra a su disposición el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional con la finalidad de que puedan generar citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas es un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. El código de mérito podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso. Para el caso de juzgados de Distrito las citas serán generadas dos cada media hora, durarán un máximo de veinticinco minutos cuando fueron solicitadas por las partes y tanto se estima necesario cuando fueron agendas por el órgano. Condiciones para el desahogo de notificaciones personales. Toda notificación de carácter personal que deba llevarse a cabo en lo subsecuente, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Publicaciones en el portal electrónico. Por otra parte, dado que no se permite la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, los órganos jurisdiccionales remiten por correo electrónico a las administraciones de los edificios las listas a publicar, para que estos las coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita. Domicilio procesal. En otro aspecto, con base en el arábigo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo, en la inteligencia que de ser incierto o inexacto, sin ulterior acuerdo se le notificará por lista las subsecuentes, aún las de carácter personal, lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Autorizados con facultades amplias. En atención a lo dispuesto por el artículo 12 párrafo primero del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizados con facultades amplias a Rodrigo Cervantes González, Natividad Hernández Quintero y a Elizabeth Ascencio Ponce de León, en razón de que se trata de un asunto en materia civil y acredita tener registrada sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo, no así a Leticia Alemán Figueroa, Christopher Emmanuel Ortiz Bahena y a Karla Ivonne Ortega Padilla, en virtud de que no colman el extremo en cita, a quienes únicamente se les autoriza para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Habilitación de días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de garantía constitucional. Comunicación entre órganos jurisdiccionales federales e instituciones públicas con las cuales el Consejo de la Judicatura Federal haya suscrito convenios de interconexión. En acatamiento a lo dispuesto en los artículos 1 y 8 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, se instruye a los actuarios de la adscripción para que, por regla general, remitan los oficios que se libren dentro del presente asunto a Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito, Centros de Justicia Penal Federal e Instituciones Públicas con las cuales el Consejo de la Judicatura Federal haya suscrito convenios de interconexión vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (en uso del canal de interconexión), esto es, se optará por la remisión física de los memoriales, únicamente y por excepción, en casos estrictamente necesarios, es decir, cuando se requiera forzosamente el envío de constancias originales, voluminosas o de expedientes. Compensación. Finalmente, glósese a los autos el original de la boleta de turno con número de registro 007428/2021, a la cual se adjuntó copia simple del oficio OCC/C18/JDM/1081/2021 firmado por la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, del cual se advierte que, en atención a lo solicitado por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos y de conformidad con el Punto de Acuerdo 120/2021 relativo a las Medidas de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Décimo de Distrito en esa sede, dicha oficina realizó la compensación de los diez juicios de amparo remitidos por dicho órgano a esta sede federal, entre los cuales, se encuentra el sumario en que se actúa y, por tal motivo, remite en particular la boleta de turno de cuenta; lo anterior, se toma del conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo acordó Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante David Antonio Galindo Arenas, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.
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