Silvia Santiago López

Expediente 150/2014 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de febrero de 2015.

Datos del expediente

Expediente
150/2014
Año
2014
Actuaciones
2
Última actuación
04/02/2015

Partes del expediente

  • Silvia Santiago López

Actuaciones

  1. Principal

    MESA II A Visto el escrito de demanda de amparo promovida por ERIK OMAR REYES SÁNCHEZ, contra actos del Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, y otras autoridades, por violación a sus derechos fundamentales; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite en sus términos; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 150/2015. Con apoyo en los normativos 125 y 128 de la citada ley, tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión por así haberlo solicitado. Con fundamento en el artículo 5°, fracción IV de la Ley de Amparo, se otorga a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional, la intervención correspondiente por lo que entréguesele una copia simple de la demanda. Se señalan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE, para la celebración de la audiencia constitucional. Solicítese informe justificado a las autoridades responsables el cual deberán rendir dentro del término de quince días hábiles siguientes a que reciban el oficio, para lo cual deberán acompañar, en su caso, copias certificadas legibles y completas de las constancias necesarias para apoyarlo, de no hacerlo en sus términos, de conformidad con el precepto 260, fracción II, en relación con el 238 del ordenamiento invocado, se impondrá a la omisa multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. En términos del artículo 64 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se previene a todas las partes para que comuniquen cuando cesen los efectos del acto reclamado o se actualicen causas notorias de sobreseimiento, así mismo, informen si en relación al acto reclamado se ha promovido diverso juicio de amparo, de ser así, indiquen el número de juicio y el Juzgado de Distrito que conoció del asunto, de incumplirlo, en términos del precepto 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de treinta a trescientos días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Se reserva proveer respecto del emplazamiento al o los terceros interesados hasta en tanto obren en autos los informes de las autoridades responsables y, en su caso, se pueda advertir a quien o quienes les resulta tal carácter. Se precisa a la parte quejosa, que para el caso de que las autoridades señaladas como responsables, no existan, o bien, la denominación que indica no sea la correcta, con fundamento en el numeral 108, fracción III de la Ley de Amparo, que le impone la obligación de precisar en la demanda la autoridad o autoridades responsables; se les tendrá aquí como inexistentes, no se les dirigirán comunicaciones procesales y, en su oportunidad, se resolverá la litis constitucional, conforme a tal situación; salvo prueba en contrario, o señalamiento corregido. Por otra parte, con apoyo en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones personales el que indica en la demanda de garantías; y por autorizados con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo vigente, a las personas que señala, por ser el presente asunto de naturaleza penal. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional.

  2. Incidental

    MESA II A Como está ordenado en el cuaderno principal, por auto de esta misma fecha, con dos copias de la demanda de amparo y con apoyo en los artículos 125, 128, 130, 138, 139, 140, 147 y demás aplicables de la Ley de Amparo vigente, fórmese por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo 150/2015, promovido por ERIK OMAR REYES SÁNCHEZ, contra actos del Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, y otras autoridades. Con fundamento en los artículos 138 y 140 de la nueva Ley de Amparo, mediante oficio al que se anexe copia de la demanda, solicítese a las autoridades responsables su informe previo, el cual deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, acompañando copia certificada del mandamiento privativo de libertad reclamado, y en ese informe deberán precisar cuáles son los delitos que se imputa al quejoso, incluyendo sus modalidades, si éstos son considerados como graves, la penalidad legal aplicable y la cuantía de los daños causados, o el beneficio económico obtenido, en caso de que se trate de delito de carácter patrimonial, por el monto estimado de la reparación del daño, para los efectos precisados en el normativo 168 de la invocada Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Apercíbase a las responsables, que de no rendir su informe previo, o no proporcionar los datos que se precisan, con fundamento en el normativo 260, fracción I, en relación con el 238, ambos de la ley de la materia, se les impondrá multa de cien a mil salarios mínimos general vigente en el Distrito Federal, al momento de realizarse la conducta sancionada. Se señalan las ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE, para la celebración de la audiencia incidental. Con fundamento en los artículos 124, 124 bis, 136 y 138 de la anterior Ley de Amparo, aplicable de conformidad con la parte final del artículo DÉCIMO Transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, toda vez que la suspensión de los actos es solicitada por el agraviado, con su concesión no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público y de ejecutarse éstos se causaría a la parte quejosa daños de difícil reparación, se concede la suspensión provisional respecto a la ejecución de la orden de aprehensión reclamada a los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, para efecto de que el quejoso quede a disposición de este juzgado de Distrito, únicamente en cuanto a su libertad personal; sin perjuicio de la continuación del proceso penal de donde emanan los actos reclamados; siempre y cuando el o los delitos por los que se le siga el proceso, no estén considerados como graves, conforme a la legislación procesal penal aplicable, cuya calificación queda bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad responsable ordenadora; medida suspensional que surte efectos desde luego, pero dejará de surtirlos, si no se cumplen los siguientes requisitos de eficacia: a) Que el quejoso exhiba, a favor de este juzgado, dentro del plazo de tres días, de conformidad con el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la citada ley de la materia, garantía económica por la cantidad de dos mil pesos moneda nacional, en billete de depósito de Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, sucursal en esta ciudad, o en cualquiera de las formas establecidas por la ley. El monto fijado se estima así, atendiendo a la naturaleza restrictiva de libertad del acto reclamado, consistente en la orden de aprehensión, además de que no se cuenta con elementos que permitan conocer las modalidades y características del delito que se impute al quejoso, dado que reclama la orden de aprehensión, de manera genérica, y tampoco manifestó en la demanda datos referentes a su situación económica, por lo que se estima que es mayor el interés que puede tener en sustraerse a la acción de la justicia. En lo conducente se invoca la jurisprudencia VI.1o.P. J/57 (9a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible a página 1517, Tomo 2, agosto de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. CORRESPONDE AL QUEJOSO MANIFESTAR EN LA DEMANDA DE AMPARO LO REFERENTE A SU SITUACIÓN ECONÓMICA PARA SER TOMADA EN CUENTA AL MOMENTO EN QUE SE FIJE EL MONTO DE LA GARANTÍA RESPECTIVA. El artículo 124 bis de la Ley de Amparo establece, para la efectividad de la suspensión concedida contra actos derivados de un procedimiento penal que afectan la libertad personal, que se exija al quejoso una garantía cuyo monto se fijará tomando en cuenta la naturaleza, modalidades y características del delito que se le impute, su situación económica y la posibilidad de que aquél se sustraiga de la acción de la justicia; sin embargo, tratándose de la suspensión provisional contra una orden de aprehensión, el Juez de Distrito debe fijar el monto de la garantía con los datos asentados en la demanda interpuesta, y si de ella no se advierte alguno sobre la situación económica del quejoso, hará uso de su facultad discrecional para determinarla pues, en este aspecto, corresponde a éste proporcionar dicha información. b) Obligadamente comparezca ante el juez de la causa, dentro del plazo de tres días, a partir de que surta efectos la notificación del auto en que se agregue el informe previo en que se acepte la existencia del acto reclamado, a efecto de que rinda su declaración preparatoria, para la continuación del procedimiento penal, y posteriormente efectúe sus presentaciones cada quince días, hasta la resolución ejecutoria del juicio principal de amparo al que corresponde este incidente de suspensión; conforme al precepto 138 de la anterior Ley de Amparo, y jurisprudencia 1ª./J.94/2001 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en las páginas 26 y 27, Tomo XIV, noviembre de 2001, Novena Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "SUSPENSIÓN EN CONTRA DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 138, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO AL CONCEDERLA GOZA DE LA MAS AMPLIA FACULTAD PARA IMPONER AL QUEJOSO LA OBLIGACIÓN DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA PARA RENDIR SU DECLARACIÓN PREPARATORIA, COMO REQUISITO DE EFECTIVIDAD DE ESA MEDIDA". c) Acredite dentro de las siguientes veinticuatro horas el cumplimiento de las obligaciones fijadas en el inciso b); con apercibimiento que de no acatarlas o no acreditar dicho cumplimiento, en su caso, se les hará efectiva la garantía pecuniaria exhibida, en favor del erario federal, y dejará de surtir efectos la suspensión provisional concedida, con apoyo en lo previsto por el artículo 138, párrafo segundo, de la Ley de Amparo invocada. Medidas de aseguramiento del quejoso que se implementa a efecto de que pueda ser devuelto a la autoridad responsable ordenadora, en caso de no concederle el amparo. Se invoca en apoyo la jurisprudencia número 1ª./J.16/97, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 226, Tomo V, mayo de 1997, materia penal, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL." Por otro lado, si el delito por el que se instruye el proceso al quejoso, está calificado como grave por la legislación adjetiva penal aplicable, la suspensión provisional sólo se otorga para el único efecto de que una vez detenido el aquí quejoso quede a disposición de este Juzgado Primero de Distrito, por lo que respecta a su libertad personal en el lugar donde sea internado, y a disposición del Juez de su causa por lo que atañe a la continuación del proceso penal, en términos del artículo 136, párrafo quinto, de la anterior Ley de Amparo. Esta medida cautelar, en cuanto a su duración, producirá efectos en tanto se notifique a las autoridades responsables la resolución interlocutoria que se dicte sobre la suspensión definitiva que se emita en la audiencia incidental. Se precisa a la parte quejosa, que para el caso de que las autoridades señaladas como responsables, no existan, o bien, la denominación que indica no sea la correcta, con fundamento en el numeral 108, fracción III de la nueva Ley de Amparo, que le impone la obligación de precisar en la demanda la autoridad o autoridades responsables; se les tendrá aquí como inexistentes, no se les dirigirán comunicaciones procesales, y en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario, o señalamiento corregido. Por otra parte, con apoyo en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones personales el que indica en la demanda de garantías; y por autorizados con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo vigente, a las personas que señala, por ser el presente asunto de naturaleza penal. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la nueva Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley de la materia según su precepto 2°, expídase al quejoso copia certificada de esta determinación, teniéndose por autorizados para recibirla, a las personas que indica, previa identificación y razón que de su entrega se asiente en autos.

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