Silvia Sandoval Hernández

Expediente 1130/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1130/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
05/11/2021

Partes del expediente

  • Silvia Sandoval Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad de México, cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Vistas las constancias que integran el presente expediente, así como la certificación de cuenta, de las que se advierte que no se interpuso medio de impugnación alguno en contra del proveído de quince de octubre del año en curso, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, dentro del término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y al no haber diligencias pendientes por realizar, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. En la inteligencia de que en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente será susceptible de destrucción, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar; lo cual deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Inclúyase el presente asunto en el acta y relación que deberá elaborarse en su oportunidad, para efectos de la transferencia del archivo judicial o de la destrucción de expedientes, según corresponda, de conformidad con la normatividad aplicable. En virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse a la parte quejosa las documentales que, en su caso, haya exhibido en copia certificada o simple en el presente juicio; por tanto, mediante notificación por lista que se le realice, infórmesele que las mismas se dejan a su disposición en el local de este Juzgado, por el término de tres días, a efecto de que las recoja, con el 2 apercibimiento de que de no hacerlo, serán destruidas junto con las constancias que correspondan. Se instruye a la Secretaria encargada de la mesa de trámite para que al momento de realizar la devolución de que se trata, únicamente proceda a dejar en autos la certificación de desglose de las documentales devueltas, sin que al efecto sea necesario dejar copia certificada de las mismas, previa toma de razón que por su recibo y entrega se asiente para constancia. Notifíquese. Así lo proveyó Eduardo Vázquez Torres, Secretario del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, autorizado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en términos de la comunicación contenida en el oficio CCJ/ST/2238/2021 de doce de julio de dos mil veintiuno, asistido de la secretaria Patricia Hernández Ávila, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, quince de octubre de dos mil veintiuno. Sobreseimiento fuera de audiencia. Vistas las constancias que integran el presente asunto, en específico, la demanda de amparo que dio origen a esta contienda constitucional, promovida por la quejosa *************; contra actos del Director General de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, consistente en: "La omisión de dar contestación a mi petición ingresada por Oficialía de Partes de la Responsable el día VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO.." En esa tesitura, y como lo señala la autoridad responsable en su informe de ley, que el dos de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número ****************, ha contestado a la parte quejosa, su petición de veinticinco de marzo del año en curso, como lo acreditó con copia certificada del mismo el cual, constituye esencialmente el acto que reclamó en el presente juicio de amparo. Oficio que tiene el carácter de documento público de conformidad con el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2°, entendiéndose por éstos, aquéllos cuya formación está encomendada por la ley dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público investido de fe pública y los expedidos por funcionarios en el ejercicio de sus funciones; la calidad de públicos se demuestra por la existencia regular sobre los documentos de los sellos, firma y otros signos exteriores que, en su caso, provengan de las leyes; en esa virtud, al tener el carácter de documento público se le confiere eficacia demostrativa plena atento a lo dispuesto por los artículos 197 y 202, del Código Procesal invocado. Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia 226, del Máximo Tribunal del país, publicada en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del Tomo VI, Materia Común, bajo el rubro y tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." De lo anterior, es claro advertir que en el caso, cobra vigencia la causa de sobreseimiento contemplada en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, segundo término, mismo que establece la improcedencia del juicio de amparo, cuando se aprecie de manera ineludible la inexistencia del acto reclamado. Conforme a los párrafos que presiden, resulta evidente determinar que en el caso, se aprecia que de las constancias remitidas por la responsable la misma dio cumplimiento como lo solicito la quejosa, al dar contestación a su pretensión como lo reclamo en su escrito de petición entregándolo al autorizado ************, mismo que acento "Recibi oficio 15/Junio/21"Sic con su firma, así como la copia de la identificación del autorizado señalado por la parte quejosa en su escrito de petición, mismo que la autoridad le dio contestación con fecha dos de junio de dos mil veintiuno, previo al inicio de la presente contienda constitucional, ya que la presente demanda de amparo fue presentada el tres de septiembre del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en esta ciudad. En consecuencia, al existir una inexistencia del acto que aquí se combate es procedente decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, en esta instancia constitucional con fundamento en el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo. Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada en autos, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte de amparo, pues en el caso en estudio surgió una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causal con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, por lo que, resultaría ocioso e innecesario celebrar dicha audiencia y resolver mediante una sentencia lo que aquí se ha determinado; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Al caso concreto, cobra vigencia por analogía la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin que sea aplicable a este Juzgado de Distrito el segundo párrafo del artículo 64, de la Ley de Amparo, en razón de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión celebrada el dieciocho de septiembre de dos mil catorce, resolvió la contradicción de tesis 426/13, en que determinó que la hipótesis prevista en el párrafo del precepto en cita solo aplica a la segunda instancia. Lo anterior, así se advierte de la jurisprudencia número P./J. 51/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, publicada con el número de registro 2007920, el viernes 14 de noviembre de 2014, en el Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia." Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Eduardo Vázquez Torres, Secretario del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, autorizado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en términos de la comunicación contenida en el oficio CCJ/ST/2238/2021 de doce de julio de dos mil veintiuno, asistido de la Secretaria Patricia Hernández Ávila, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, siete de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, respecto de la vista dada a las partes con el informe justificado rendido por la Dirección General de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, transcurre del seis al dieciocho de los actuales. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las doce horas del veinte de octubre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo. A lo anterior resulta aplicable, por el criterio que contiene, la jurisprudencia por contradicción de tesis número P./J./54/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de 2000, página 5, cuyo rubro señala: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". Notifíquese. Así lo proveyó Eduardo Vázquez Torres, Secretario del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, autorizado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en términos de la comunicación contenida en el oficio CCJ/ST/2238/2021 de doce de julio de dos mil veintiuno, asistido de la secretaria Patricia Hernández Ávila, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, uno de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, a través del cual la autoridad que ahí se indica, en representación de la Dirección General de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, mediante el cual rinde su informe justificado, designa delegados, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, solicitan el uso de medios electrónicos, la consulta del expediente electrónico y ofrece pruebas. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe de mérito, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. De igual manera, de conformidad con el numeral 9° de la Ley antes invocada, se tienen por designados como delegados a las personas que menciona, y por señalado como su domicilio 1 procesal el que indica, conforme a lo que establece el artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo, siempre y cuando corresponda al de su domicilio oficial. En otro orden de ideas, tal como lo solicitan las responsables de mérito, se autoriza la consulta del expediente electrónico en virtud de que, conforme a la certificación de cuenta, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se encontró el nombre del usuario "**********", que corresponde a ***********. Se instruye a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que realice las autorizaciones necesarias para tal efecto. En la inteligencia de que las autorizaciones de mérito son independientes de aquéllas otorgadas para la consulta física del expediente, y que en el caso de que sea intención de la parte promovente revocarlas, deberá solicitarlo de manera expresa e independiente. Ahora bien, respecto de la solicitud de autorización de medios electrónicos, no ha lugar a dictar mayor proveído, en virtud de que con anterioridad se autorizó a la totalidad de las partes el uso de los mismos. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de las responsables las documentales que anexan a su informe, instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana; mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó Eduardo Vázquez Torres, Secretario del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, autorizado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en términos de la comunicación contenida en el oficio CCJ/ST/2238/2021 de doce de julio de dos mil veintiuno, asistido de la secretaria Eliana Damián Gaspar, que autoriza y da fe.

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