Silvia Sánchez Prado

Expediente 634/2020 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 31 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
634/2020
Año
2020
Actuaciones
31
Última actuación
17/10/2023

Partes del expediente

  • Silvia Sánchez Prado
  • Congreso del Estado de Baja California.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés se remitió a archivo el presente asunto; sin embargo, por un error involuntario se omitió pronunciarnos sobre los cuadernos incidentales. En consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se regulariza en el presente juicio y se acuerda lo siguiente: Orden de archivo. Ahora bien, con fundamento en los artículos 196, penúltimo párrafo y 214, de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido; realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Cuadernos incidentales. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar provisional y definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 17, punto III, inciso b), del citado Acuerdo, por tanto, el cuaderno original es susceptible de conservación una vez que transcurra el plazo de tres años que prevé el numeral en cita. De igual forma, como lo dispone el diverso numeral 19, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruible una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Agréguense al expediente el oficio y anexos, que remite la Delegada del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, en esta ciudad; mediante el cual, informa haber dado cumplimiento al fallo protector, anexando copia certificada de las constancias que lo acreditan; por tanto, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, para que, en el plazo de tres días computado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a derecho convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las partes.

  3. Principal

    Agréguese a los autos, el oficio de cuenta que remite el Delegado Autorizado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del gobierno y Municipio del Estado de Baja California, mediante el cual informa gestiones que ha realizado encaminadas de dar cumplimiento a la sentencia dictada en el presente expediente, asimismo, solicita prórroga de treinta días a efecto de poder dar cumplimiento cabal a la ejecutoria de mérito. Por tanto, se le otorga por única ocasión una prórroga de treinta días hábiles improrrogables, contados a partir de que le surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de dar cumplimiento al fallo protector dictado en este juicio de amparo. Apercibida que de no hacerlo, se le impondrá multa por el equivalente cien veces la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 192, 193, 238 y 258 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que en dieciséis de enero de dos mil veintitrés entró en vigor el Acuerdo General 107/2022, publicado en trece de enero de dos mil veintitrés, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; en el que se amplió la competencia de este Juzgado de Distrito, a materia mixta y cambió la denominación, quedando de la siguiente manera: Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. Por tanto, lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los presentes autos, el oficio y anexos de cuenta que remite el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, al que anexa copia certificada del testimonio de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, así como el juicio de amparo indirecto 634/2020-VI, promovido por Silvia Sánchez Prado, así como testimonio autorizado de la ejecutoria dictada dentro del amparo en revisión administrativo 479/2022, formado con motivo del recurso interpuesto por las autoridades responsables, en cuyos puntos resolutivos se establece lo siguiente: "[.] PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Para los efectos precisados en el considerando sexto de la sentencia que se revisa, la Justicia de la Unión ampara y protege a Silvia Sánchez Prado, contra los actos y autoridades precisados en el fallo controvertido. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Lorenzo Ramos Luna, contra los actos reclamados de la autoridad responsable Director General de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, para los efectos señalados en el considerando séptimo de la sentencia que se revisa. [.]" Lo anterior, hágase del conocimiento a las partes, agréguense a estos autos las constancias originales del expedientillo formado con motivo del recurso de revisión, acúsese recibo de estilo a la superioridad, y realícese las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este órgano jurisdiccional. En ese tenor, con copia de la ejecutoria de amparo y con fundamento en los artículos 192, 193, 197, 238 y 258 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Director General y Departamento de Nóminas de Pensiones y Jubilaciones, ambas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California para que, en el plazo de tres días, contado a partir de la notificación de este proveído, cumpla los extremos del fallo protector, que son los siguientes: "[.] a) Dejen de aplicar en perjuicio de la quejosa Silvia Sánchez Prado el descuento a la pensión a que se refiere el último párrafo del artículo 16 y el diverso 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el veinte de diciembre de mil novecientos setenta. b) Devuelvan las cantidades que se hubieran descontado a la parte gestora del amparo Silvia Sánchez Prado, respecto a su pensión con motivo de la aplicación del último párrafo de los preceptos legales antes mencionados; en el entendido que sólo deberá devolver los descuentos de esos tópicos efectuados desde la fecha en que se efectuó el último acto de aplicación y en que se sustentó la instauración del presente juicio de amparo. En la inteligencia que cualquier otra autoridad que esté relacionada al cumplimiento de este fallo protector, pueda vincularse eventualmente, en virtud que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento. [.]" Asimismo, se le requiere para que en el mismo plazo remita las constancias con las que acredite dicho cumplimiento. Apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá multa por el equivalente cien veces la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 192, 193, 238 y 258 de la Ley de Amparo.

Quedan 27 actuaciones en este expediente

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