Silvia Salazar Monroy
Expediente 1115/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 16 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1115/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 16/11/2018
Partes del expediente
- Silvia Salazar Monroy
- Juez de Control Especializado en Cateos y Ordenes de Aprehensión en línea del Poder Judicial del Estado de México.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
VII. Toluca, Estado de México; dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho. De la certificación de cuenta se evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no recurrió el proveído de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, donde se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, se declara que ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. Las anotaciones correspondientes háganse en el Libro de Gobierno. Ahora, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues mediante auto de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, se sobreseyó fuera de audiencia (punto vigésimo primero, fracción I, párrafo primero y segundo). El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración (punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo y tercero de dicho Acuerdo), al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. El duplicado de dicho cuaderno es susceptible de destrucción, (punto vigésimo, inciso III, del Acuerdo en mención). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la depuración del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
VII. Toluca, Estado de México; veintidós de octubre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio signado por la Jueza de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, México, en atención al requerimiento formulado el dieciséis de octubre del presente año, a través del cual informa que el veintiuno de julio del año en curso, se llevó a cabo el desahogó de la audiencia inicial de formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión, y el veinticinco de julio posterior, se resolvió la situación jurídica de la imputada de mérito hoy quejosa, decretándose en su contra auto de vinculación a proceso por los hechos delictuosos de evasión y daño en los bienes, remitiendo los discos en formato DVD de la orden de aprehensión reclamada y de la audiencia donde se resolvió su situación jurídica. Atento a lo anterior, agréguense a los autos el oficio y anexos de mérito para que surta los efectos legales conducentes. Por otra parte, de las constancias descritas y visto el estado procesal que guardan los autos, se estima que en el presente caso, este juzgado estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;" Del precepto transcrito, se colige que la finalidad de la concesión del amparo es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de derechos fundamentales, una vez nulificado el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven. En tales condiciones, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o bien administrativo seguido en forma de juicio. b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. c) Que no se pueda decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que se deban considerar consumadas de modo irreparable las violaciones reclamadas en el juicio constitucional. d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última puede subsistir, con independencia de que el acto, materia del amparo, resulte o no constitucional. Es aplicable la tesis 2a.CXI/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la Página 219, Tomo IV, Diciembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En el caso, el acto reclamado lo constituye la orden de aprehensión y la detención ilegal por la que fuera privada de la libertad. La Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, México, el diecinueve de octubre del año en curso, remitió copias certificadas de la carpeta administrativa 920/2018, donde informó que el veintiuno de julio del año en curso, se llevó a cabo el desahogó de la audiencia inicial de formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión, y el veinticinco de julio posterior, se resolvió la situación jurídica de la imputada de mérito hoy quejosa, decretándose en su contra auto de vinculación a proceso por los hechos delictuosos de evasión y daño en los bienes, remitiendo los discos en formato DVD de la orden de aprehensión reclamada y de la audiencia donde se resolvió su situación jurídica. Lo que se corrobora, con los discos en formato DVD derivadas de la carpeta administrativa 920/2018, del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, México, a las que se les otorga valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, dado que las documentales son públicas por contener la certificación realizada por funcionario público, en ejercicio de sus funciones, y respecto de diligencias encomendadas por disposición de la Ley. En esas condiciones, resulta inconcuso que ha cambiado la situación jurídica de la quejosa, toda vez que el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión y la detención ilegal por la que fuera privada de la libertad, acontecido dentro de las actuaciones de la orden de aprehensión contenida en el oficio NUC:CUA/CUA/CUT/032/145155/18/07, dejó de tener eficacia jurídica con el auto de vinculación a proceso dictado el veinticinco de julio de dos mil dieciocho, que es el que ahora rige su situación jurídica. Además, no puede examinarse de manera autónoma la orden de aprehensión y la detención ilegal reclamada, sin afectar la nueva situación jurídica de la impetrante, que surgió a partir de que fue consignada y se decretó el auto de vinculación a proceso; razón por la cual, las violaciones que pudieron cometerse en dicha orden de aprehensión y la detención ilegal se deben considerar irreparablemente consumadas y en todo caso debe analizarse su legalidad por el impacto en la obtención probatoria al impugnar el auto de término Constitucional. En ese tenor se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo; toda vez que el Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, México, dictó auto de vinculación a proceso en la carpeta administrativa 920/2018, en contra de la aquí quejosa Silvia Salazar Monroy, por los delitos de evasión y daño en los bienes; lo que, se reitera, impide a este juzgador examinar el fondo de la cuestión planteada, en virtud de que se afectaría la nueva situación jurídica de la quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 14/2004 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 441, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Mayo de 2004, con registro: 181477, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "RATIFICACIÓN DE LA DETENCIÓN. EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CUANDO CON POSTERIORIDAD SE DICTA AUTO DE FORMAL PRISIÓN (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL NUEVE DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE). Si bien la finalidad de la reforma al artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, fue para que, cuando se señale como acto reclamado la orden de aprehensión y con posterioridad se dicte el auto de formal prisión, no rija la excepción a la regla, consistente en la actualización de la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica; lo cierto es que todas las violaciones al artículo 16 constitucional, entre las que se encuentra la ratificación de la detención, quedaron fuera de esa excepción, en virtud de que dicho dispositivo fue suprimido. Lo anterior, motivó que en el juicio de amparo, específicamente en materia penal, deban analizarse los actos reclamados que se consideran violatorios del artículo 16 constitucional, a la luz de la regla general que prevé la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, para establecer si se actualiza o no la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica. Por consiguiente, cuando en un juicio de amparo se reclame la ratificación del Juez de la detención realizada por el Ministerio Público, el dictado del auto de formal prisión hace que se actualice la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica, ya que con el auto de formal prisión culmina la etapa de preinstrucción, iniciando la etapa de instrucción en donde la persona a quien se le atribuye la comisión de un delito adquiere la calidad de procesado. El cambio de situación jurídica aludido, hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones que se le atribuyen a la ratificación de la detención, ya que no es posible decidir sobre las mismas sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso, generada por el inicio de la etapa de la instrucción al haberse dictado el auto de formal prisión, el cual tiene su fundamento, principalmente, en el artículo 19 de la Constitución Federal." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se estima aplicable, al caso la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XVII, materia común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno y notifíquese a las partes que la fecha para la celebración de la audiencia constitucional prevista para las once horas con cuarenta y cinco minutos del treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
VII. (EN CUMPLIMIENTO AL CITATORIO DE VEINTICUATRO DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PRESENTE ACUERDO A LA PARTE QUEJOSA) Toluca, Estado de México; veintidós de octubre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio signado por la Jueza de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, México, en atención al requerimiento formulado el dieciséis de octubre del presente año, a través del cual informa que el veintiuno de julio del año en curso, se llevó a cabo el desahogó de la audiencia inicial de formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión, y el veinticinco de julio posterior, se resolvió la situación jurídica de la imputada de mérito hoy quejosa, decretándose en su contra auto de vinculación a proceso por los hechos delictuosos de evasión y daño en los bienes, remitiendo los discos en formato DVD de la orden de aprehensión reclamada y de la audiencia donde se resolvió su situación jurídica. Atento a lo anterior, agréguense a los autos el oficio y anexos de mérito para que surta los efectos legales conducentes. Por otra parte, de las constancias descritas y visto el estado procesal que guardan los autos, se estima que en el presente caso, este juzgado estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;" Del precepto transcrito, se colige que la finalidad de la concesión del amparo es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de derechos fundamentales, una vez nulificado el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven. En tales condiciones, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o bien administrativo seguido en forma de juicio. b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. c) Que no se pueda decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que se deban considerar consumadas de modo irreparable las violaciones reclamadas en el juicio constitucional. d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última puede subsistir, con independencia de que el acto, materia del amparo, resulte o no constitucional. Es aplicable la tesis 2a.CXI/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la Página 219, Tomo IV, Diciembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En el caso, el acto reclamado lo constituye la orden de aprehensión y la detención ilegal por la que fuera privada de la libertad. La Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, México, el diecinueve de octubre del año en curso, remitió copias certificadas de la carpeta administrativa 920/2018, donde informó que el veintiuno de julio del año en curso, se llevó a cabo el desahogó de la audiencia inicial de formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión, y el veinticinco de julio posterior, se resolvió la situación jurídica de la imputada de mérito hoy quejosa, decretándose en su contra auto de vinculación a proceso por los hechos delictuosos de evasión y daño en los bienes, remitiendo los discos en formato DVD de la orden de aprehensión reclamada y de la audiencia donde se resolvió su situación jurídica. Lo que se corrobora, con los discos en formato DVD derivadas de la carpeta administrativa 920/2018, del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, México, a las que se les otorga valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, dado que las documentales son públicas por contener la certificación realizada por funcionario público, en ejercicio de sus funciones, y respecto de diligencias encomendadas por disposición de la Ley. En esas condiciones, resulta inconcuso que ha cambiado la situación jurídica de la quejosa, toda vez que el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión y la detención ilegal por la que fuera privada de la libertad, acontecido dentro de las actuaciones de la orden de aprehensión contenida en el oficio NUC:CUA/CUA/CUT/032/145155/18/07, dejó de tener eficacia jurídica con el auto de vinculación a proceso dictado el veinticinco de julio de dos mil dieciocho, que es el que ahora rige su situación jurídica. Además, no puede examinarse de manera autónoma la orden de aprehensión y la detención ilegal reclamada, sin afectar la nueva situación jurídica de la impetrante, que surgió a partir de que fue consignada y se decretó el auto de vinculación a proceso; razón por la cual, las violaciones que pudieron cometerse en dicha orden de aprehensión y la detención ilegal se deben considerar irreparablemente consumadas y en todo caso debe analizarse su legalidad por el impacto en la obtención probatoria al impugnar el auto de término Constitucional. En ese tenor se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo; toda vez que el Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, México, dictó auto de vinculación a proceso en la carpeta administrativa 920/2018, en contra de la aquí quejosa Silvia Salazar Monroy, por los delitos de evasión y daño en los bienes; lo que, se reitera, impide a este juzgador examinar el fondo de la cuestión planteada, en virtud de que se afectaría la nueva situación jurídica de la quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 14/2004 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 441, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Mayo de 2004, con registro: 181477, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "RATIFICACIÓN DE LA DETENCIÓN. EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CUANDO CON POSTERIORIDAD SE DICTA AUTO DE FORMAL PRISIÓN (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL NUEVE DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE). Si bien la finalidad de la reforma al artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, fue para que, cuando se señale como acto reclamado la orden de aprehensión y con posterioridad se dicte el auto de formal prisión, no rija la excepción a la regla, consistente en la actualización de la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica; lo cierto es que todas las violaciones al artículo 16 constitucional, entre las que se encuentra la ratificación de la detención, quedaron fuera de esa excepción, en virtud de que dicho dispositivo fue suprimido. Lo anterior, motivó que en el juicio de amparo, específicamente en materia penal, deban analizarse los actos reclamados que se consideran violatorios del artículo 16 constitucional, a la luz de la regla general que prevé la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, para establecer si se actualiza o no la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica. Por consiguiente, cuando en un juicio de amparo se reclame la ratificación del Juez de la detención realizada por el Ministerio Público, el dictado del auto de formal prisión hace que se actualice la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica, ya que con el auto de formal prisión culmina la etapa de preinstrucción, iniciando la etapa de instrucción en donde la persona a quien se le atribuye la comisión de un delito adquiere la calidad de procesado. El cambio de situación jurídica aludido, hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones que se le atribuyen a la ratificación de la detención, ya que no es posible decidir sobre las mismas sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso, generada por el inicio de la etapa de la instrucción al haberse dictado el auto de formal prisión, el cual tiene su fundamento, principalmente, en el artículo 19 de la Constitución Federal." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se estima aplicable, al caso la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XVII, materia común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno y notifíquese a las partes que la fecha para la celebración de la audiencia constitucional prevista para las once horas con cuarenta y cinco minutos del treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Toluca, Estado de México; dieciséis de octubre de dos mil dieciocho. El estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que la audiencia constitucional se encuentra señalada para hoy a las diez horas con cinco minutos; sin embargo, del análisis de las actuaciones remitidas por las autoridades responsables como complemento de su informe justificado, se aprecia que en el caso pudiere actualizarse una causa de improcedencia, la cual sería de estudio preferente lo aleguen o no las partes. Esto es así, toda vez que la quejosa en su escrito de demanda refirió que fue puesta a disposición del juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, con motivo de la orden de aprehensión contenida en el oficio número NUC:CUA/CUA/CUT/032/145155/18/07 de diecinueve de julio de dos mil dieciocho. Por ende, con fundamento en el artículo 75 de la ley de Amparo, requiérase al Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, para que dentro del plazo de tres días legalmente computado, informe a este juzgado si cuenta con el antecedente relacionado con la aquí quejosa Silvia Salazar Monroy, referente a la orden de aprehensión que ahora reclama derivada del citado oficio y de ser así, en caso de que se haya cumplido ese mandato de captura y ya se hubiese resuelto su situación jurídica, remita las constancias respectivas en copia certificada, legible y completa que así lo acrediten, con el apercibimiento que de no hacerlo así, en vía de apremio se le impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los preceptos 237, fracción I y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia 363, publicada en la página 309 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común del rubro y texto siguientes: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Así como la jurisprudencia 1a./J. 163/2005 visible en la página trescientos diecinueve del Tomo XXIII, enero de dos mil seis, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto". En tales condiciones, a efecto de dar margen a que se cumplimente lo anterior, se difiere la audiencia de ley y en su lugar se fijan las once horas con cuarenta y cinco minutos del treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho para s verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Marco Antonio Maya García, que autoriza, firma y da fe.
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