Silvia Rosales Cruz
Expediente 776/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 776/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 20/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Silvia Rosales Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinte de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Se recibe testimonio. Por recibido el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, relativo al testimonio de la ejecutoria dictada en sesión del treinta de agosto del año en curso, dentro de los autos del recurso de queja 231/2023, interpuesto por la quejosa **********, en contra del auto de veintitrés de junio del año en curso, por medio del cual se desechó la demanda de amparo promovida; ejecutoria que en sus puntos resolutivos señala: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por **********, por propio derecho, contra el auto de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo indirecto 776/2023, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. Notifíquese..." Acúsese de recibido respecto del testimonio recibido 2. Anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes: Se solicita al Oficial Judicial "A" de este órgano jurisdiccional, encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), haga las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico que se lleva en este órgano jurisdiccional 3. Archivo del expediente. En virtud de que el juicio de amparo en que se actúa ha quedado definitivamente concluido, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, procédase al archivo definitivo del expediente. 4. Destino del expediente. Acorde a lo establecido en el capítulo sexto, en el artículo 20, fracción IV), del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se declara que el presente expediente ES DESTRUIBLE. 5. Destrucción de expediente principal. Lo que así habrá de acontecer pasados tres años de dictado el presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del multicitado Acuerdo General. 6. Precisión de relevancia documental del expediente. De conformidad con el artículo 12, 14 y 15, del Acuerdo General que antecede, se hace constar que el presente expediente no es de relevancia documental, lo que deberá asentarse en la carátula, de conformidad con el numeral 35 del mencionado acuerdo. 7. Transferencia. Hecho que sea lo anterior solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Entretanto, resguárdese en el recinto archivístico de este órgano jurisdiccional (archivo reciente). 8. Devolución de documentos exhibidos. Asimismo, toda vez que la parte quejosa exhibió diversas documentales públicas en el juicio de amparo, con apoyo en el artículo 19 y 20, segundo párrafo, del Acuerdo General en cita, requiérasele para que en el plazo de NOVENTA DÍAS, acuda a este órgano jurisdiccional a recogerlo, previa hoja de desglose y toma de razón que por su recibo deje para constancia. Se le apercibe que en caso de ser omiso, se procederá a su destrucción, de conformidad con el artículo 38, fracción IV, tercer párrafo, del Acuerdo General de referencia. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dieciocho de julio de dos mil veintitrés. 1. Se agrega oficio de admisión de recurso de queja. Glósese a los autos el oficio de cuenta recibido vía electrónica signado por la Actuaria Judicial adscrita al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por medio del acusa de recibo las copias certificadas del juicio de amparo en que se actúa e informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto en autos, registrado con el toca Q.A. 231/2023; de lo cual la suscrita toma conocimiento. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridades responsables Lista Fiscal Federal adscrito Lista
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a cuatro de julio de dos mil veintitrés. Quejosa interpone recurso de queja. Ténganse por recibido el escrito signado por la quejosa **********, por medio del cual interpone recurso de queja contra el auto de veintitrés de junio del año en curso, dictado en el presente juicio de amparo. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99 y 100 de la Ley de Amparo, remítase el escrito de expresión de agravios, así como las constancias necesarias para la substanciación del medio de impugnación de referencia al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, para la substanciación del recurso de queja interpuesto. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe con justificación correspondiente, en el sentido de ser cierto el acto que se impugna, el cual se encuentra ajustado a derecho, por las razones que en el mismo se expresan. Por otro lado, hágase del conocimiento del Órgano revisor que corresponda, que se encuentra disponible el expediente electrónico. Finalmente, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a efecto de que vincule de inmediato las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa, ello con la finalidad de que el Tribunal Colegiado que conozca del medio de impugnación correspondiente se encuentre en condiciones legales de resolver el mismo. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintitrés de junio de dos mil veintitrés. 1. Registro, captura en SISE, formación de expediente físico y electrónico. Vista la demanda de amparo interpuesta por **********, por propio derecho en contra de actos reclamados del Juez Décimo Civil de Tlalnepantla, con residencia en Nicolas de Romero, Estado de México y otra autoridad, por considerar que se vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Federal, se ordena anotar en el libro de registro de juicios de amparo con el número 776/2023, se ordena al registrar en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, de este órgano jurisdiccional y formar expediente, tanto físico como electrónico. 2. Integración del expediente físico y electrónico. En ese sentido, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena al Oficial Judicial la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo y en cuanto a las personas actuarias, deberán digitalizar todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; debiendo la persona secretaria cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. 3. Consideraciones previas. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. De ahí, que deban analizarse de manera preferente las causas de improcedencia por ser éstas una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, que lleva por rubro y texto los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Del estudio integral de la demanda, se advierte que la quejosa en esencia reclama: A. EL DICTADO INDEBIDO DECRETO DE FECHA CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DENTRO DE LA CONTINUACIÓN DE LA AUDIENCIA PRINICIPAL, por el cual el C. JUEZ DÉCIMO CIVIL DE TLALNEPANTLA, CON RESIDENCIA EN NICOLAS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO, declara que se tienen por desiertas las pruebas supervenientes,a dmitidas por auto de fecha cinco de junio de dos mil veintitrés. B. La negativa a admitir el recurso de revocación por parte del C. JUEZ DÉCIMO CIVIL DE TLALNEPANTLA, CON RESIDENCIA EN NICOLAS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO, contenido en la promoción número 11004/2023, SEGÚN auto de fecha DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, que promoví el quince de junio de dos mil veintitrés, contra el decretó de la deserción de las pruebas supervenientes. C. EL DICTADO INDEBIDO DECRETO DE FECHA CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DENTRO DE LA CONTINUACIÓN DE LA AUDIENCIA PRINICIPAL, por el cual el C. JUEZ DÉCIMO CIVIL DE TLALNEPANTLA, CON RESIDENCIA EN NICOLAS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO, declara que se de le de vita al ministerio público, porque supuestamente la actora **********, se coloca en los supuestos de haber cometido fraude procesal. D. La negativa a admitir el recurso de revocación por parte del C. JUEZ DÉCIMO CIVIL DE TLALNEPANTLA, CON RESIDENCIA EN NICOLAS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO, contenido en la promoción número 11004/2023, SEGÚN auto de fecha DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, que promoví el quince de junio de dos mil veintitrés, contra el decretó de que se le de vista al ministerio público, porque supuestamente la actoira **********, se coloca en los supuestos de haber cometido fraude procesal Ahora, por lo que respecta a los hechos señalados en los incisos a y c, referentes al auto de catorce de junio de dos mil veintitrés, en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por las razones que enseguida se exponen. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". En efecto, del análisis del ordinal mencionado se advierte la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica o patrimonial; mientras que el segundo se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido. Sirve de apoyo a lo anterior, por similitud, la tesis III.3º.C.92 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." En el caso concreto, la parte quejosa reclama, entre otros actos, el auto de catorce de junio del año en curso, dictado dentro del juicio de origen, por el que se tienen por desiertas las pruebas supervenientes admitidas por auto de cinco de junio del año en curso, y en consecuencia, se de vista al ministerio público porque supuestamente la aquí quejosa (actora), se coloca en los supuestos de haber cometido fraude procesal. Ahora, en el escrito de cuenta, manifestó que interpuso recurso de revocación en contra de dicha determinación, medio de impugnación, el cual fue inadmitido por la responsable, acto que también señala como reclamado. En ese contexto, se advierte que el auto de catorce de junio del año en curso, que constituye el acto que por esta vía se controvierte, fue sustituido procesalmente por la diversa dictada por la responsable, en la que determinó inadmitir el recurso de revocación promovido por la quejosa, en contra de la determinación que constituye el acto que se combate, por ende, ésta última determinación incide en la vigencia y ejecutividad del acto reclamado, dado que reemplazó al primero impugnado. Apoya a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1ª/J.77/2012(10ª.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 841, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 1, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "RECURSO IDÓNEO. SU DESECHAMIENTO Y EL EFECTO QUE ÉSTE GENERA PROVOCAN QUE LA RESOLUCIÓN QUE PRETENDE RECURRIR QUEDE FIRME, SUSTITUYA PROCESALMENTE A LA IMPUGNADA Y, POR ENDE, QUE SE ACTUALICE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO, SI SE RECLAMA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1ª./J. 51/2004 y 1ª./J. 97/2008, de rubros: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO." Y "DENEGADA APELACIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA O DECLARA INFUNDADO ESE RECURSO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA).", al pronunciarse en torno a la naturaleza de la determinación que desecha un recurso de apelación o el diverso de denegada apelación, sostuvo que dichas decisiones constituyen resoluciones que ponen fin al juicio para efectos del amparo directo, lo cual se asemeja a los efectos de la sentencia dictada en el recurso de apelación, cuando en ella se confirma la de primera instancia declarando infundado el recurso intentado; de ahí que pueda afirmarse que una resolución impugnada queda sustituida procesalmente por la determinación que desecha un recurso idóneo (que tiende a modificar o revocar la resolución impugnada) interpuesto en su contra. Lo anteriores así, toda vez que el desechamiento del recurso y el efecto que éste genera, hacen que la resolución que se pretende recurrir quede firme, como si se hubiera confirmado de haberse admitido el recurso. En ese sentido, al sustituirse procesalmente la resolución impugnada por la determinación que desecha el recurso idóneo respectivo, deja de tener efectos legales propios, por lo que de reclamarse en un juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la ley de la materia, de manera similar a como ocurre con la sentencia de primera instancia cuando se dicta la de alzada; lo anterior, en el entendido de que dicha sustitución procesal opera exclusivamente tratándose desechamiento de recursos idóneos, es decir, procedentes conforme a la ley, ya que cuando el medio ordinario de defensa se interpone contra una resolución irrecurrible, su desechamiento no actualiza la referida causal de improcedencia, debido a que por disposición de la ley aquélla se constituye en definitiva." Se afirma lo anterior, porque con posterioridad a la emisión de la determinación de catorce de junio de dos mil veintitrés, referente a tener por desiertas las pruebas supervenientes y en consecuencia dar vista al ministerio público por presuntamente haber cometido fraude procesal, la autoridad responsable, emitió la diversa en la que determinó inadmitir el recurso de revocación que la parte quejosa hizo valer en contra de esa determinación; siendo éste último, el que ocasiona un perjuicio a la parte quejosa al sustituir procesalmente al primero y ser la determinación que rige. Por ello, es que con fundamento en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, se desecha la demanda interpuesta por la quejosa **********, por propio derecho, únicamente respecto del acto previamente citado. Ahora bien, por cuanto hace a la negativa de admitir el recurso de revocación que la parte quejosa, hizo valer en contra de la determinación de catorce de junio de dos mil veintitrés, referente a tener por desiertas las pruebas supervenientes y en consecuencia dar vista al ministerio público por presuntamente haber cometido fraude procesal, la autoridad responsable, se advierte que surte de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107 fracción V, de la Ley de Amparo, este último en sentido contrario, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Ahora bien, conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra el acto que en esta vía se reclama y que se precisó líneas que anteceden, porque dicho acto tiene el carácter de intraprocesal y no trae como consecuencia una ejecución irreparable, en virtud que los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, son aquellos que sus consecuencias afectan directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado (la libertad, la propiedad, el estado civil, etc.) y que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por medio de los derechos fundamentales que consagra; siendo que en estos casos, no pueden repararse esas violaciones a través del amparo uniinstancial dada la propia naturaleza del acto que acarrearía imposible reparación. Circunstancia que no ocurre en el caso a estudio, ya que ésta circunstancia constituiría en su caso, una violación procesal que trascienda al fondo del asunto natural, por lo que en su caso, debe reclamarse mediante el juicio de amparo directo que se interponga en contra de la resolución correspondiente, por supuesto si ésta es contraria a los intereses de la parte quejosa, argumentando la parte agraviada las transgresiones en las que considere haya incurrido la autoridad y que haya sido motivo de la determinación que considera violatoria de derechos fundamentales. A mayor abundamiento, no puede ser considerado como acto de imposible reparación el acto que tilda de inconstitucional en su escrito inicial de demanda, debido a que su actualización tiene como consecuencia una afectación a sus derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y son reparables, ya que el acto que por esta vía se impugna es una afectación cometida de un procedimiento jurisdiccional, que no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violación de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste. En efecto, los artículos 171 y 172 de la Ley de Amparo se apoya en el principio de economía procesal, pues lo que con ello se pretende evitar es la proliferación o una cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones procesales; es decir, el legislador de amparo ha pretendido evitar que las partes contendientes en un procedimiento puedan agotar el juicio constitucional tantas veces como violaciones se cometan en el procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la resolución del conflicto. Con lo anterior, se pretende así que continúe el curso del procedimiento, sin mayores trabas y que el afectado con la resolución correspondiente, al impugnarlo, pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estimara le hubieran sido cometidos. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia número 3a./J. 43 29/89, que sustentara la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 291, Tomo IV Primera Parte, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es el siguiente: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." De igual forma, cobra aplicación la jurisprudencia por contradicción de tesis, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice de 1995, Tomo VI, página 39, cuyo rubro y texto son: "AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUANDO Y COMO PROCEDE. La Constitución y la Ley de Amparo no establecen que el amparo proceda contra todas las violaciones que se puedan dar en el procedimiento judicial; por el contrario, la Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso a), señala que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, éstas deben afectar "las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo". La Ley de Amparo, con las mismas palabras repite esta orden constitucional en su artículo 158, para determinar la procedencia del amparo directo. La propia Constitución señala a la anterior regla general, las excepciones: contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y contra actos que afecten a personas extrañas a juicio. Así, para las violaciones en el procedimiento hay una regla general establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución y 158 de la Ley de Amparo y en estos casos procede el amparo directo; y una serie de excepciones que señala la propia Constitución en el artículo 107, fracción III, incisos b) y c) y que precisa el artículo 114, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, procediendo en estos casos el amparo indirecto." En las condiciones anteriores, al ser manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 61, fracciones XXI y XXIII, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por **********, por propio derecho en contra de actos reclamados del Juez Décimo Civil de Tlalnepantla, con residencia en Nicolas de Romero, Estado de México y otra autoridad, por lo que hace a la negativa de admitir el recurso interpuesto contenido en el auto de dieciséis de junio del año en curso. 4. Autorizados y domicilio. Se autoriza en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Jesús Rosales Estrada, quien cuenta con su cédula profesional inscrita en el Registro Único de Profesionales del Derecho. Asimismo, con fundamento en el artículo 24 de la Ley de Amparo, ténganse como autorizados para oír y recibir notificaciones y documentos a las personas que refiere. Ahora bien, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, por lo que se le requiere para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de residencia de este órgano jurisdiccional, apercibida que en caso de no hacerlo así, se le harán las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado federal sin ulterior acuerdo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo. Por lo anterior, se comisiona a la persona actuaria adscrita para que por única ocasión notifique el contenido del presente proveído en el domicilio ubicado en **********. 5. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, en concordancia con el artículo 17 constitucional, para los casos en los que el presente juicio se deban de realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas. 6. Transparencia. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental1 ; hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa De manera personal (por única ocasión)
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