Silvia Rojas González

Expediente 1206/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 21 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1206/2020
Año
2020
Actuaciones
21
Última actuación
25/11/2021

Partes del expediente

  • Silvia Rojas González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Causa estado cumplimiento. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes promovieran recurso de inconformidad en contra del auto de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara que ha causado estado el mencionado proveído para todos los efectos legales consiguientes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Depúrese el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que por una parte se determinó por una parte se declara fundado el incidente de objeción de documentos; asimismo, se concedió el amparo en el presente juicio, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: (.) I. b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional..". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se concedió la medida cautelar provisional y la definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), del mismo Acuerdo, por tanto, el cuaderno original es susceptible de depuración, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita, por lo tanto deberán conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento y del presente proveído. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de tomo de pruebas. Por otra parte, devuélvase a la autoridad responsable las constancias que remitió en autos; en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Devolución de documentos. Dado que existe en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le requiere para que dentro del plazo de noventa días comparezca a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Se hace de su conocimiento que, en atención al Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura, publicado el treinta y uno de julio de dos mil veinte, en donde en su artículo 2° se determinó que, si bien subsistía la situación de emergencia sanitaria, se levanta la suspensión de plazos y términos en cuestión a partir del tres de agosto de dos mil veinte, deberá atender a los lineamientos referidos en el acuerdo de mérito para poder acudir a las instalaciones del juzgado federal por los documentos exhibidos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Se declara cumplida la sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, tomando en consideración que la partes no desahogaron la vista que le fue otorgada mediante auto de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Sentencia. Al respecto, se precisa que mediante sentencia de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, en la que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "VIII. DECISIÓN "89. Tomando en cuenta lo fundado de los conceptos de violación de la quejosa estudiados bajo la prerrogativa de la suplencia de la queja deficiente, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la Juez Décimo Segundo Especializada en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, deje insubsistente todo lo actuado en el juicio oral mercantil 614/2017 de su índice, a partir del emplazamiento reclamado, ordenando reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión conforme a la ley que lo rige. 90. Es aplicable la jurisprudencia 99/2017, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 287, libro 49, tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a diciembre de 2017, que dice: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." 91. Por otra parte, es importante destacar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando se ordene reponer el procedimiento, sus efectos deben hacerse extensivos a los codemandados de la parte quejosa, siempre que entre estos exista litisconsorcio pasivo necesario; y siendo que entre la quejosa y el restante demandado en el procedimiento de origen -Gregorio Melo Sanguino-, existe tal institución porque se trata de un juicio oral mercantil; existe el actor y diversos demandados quienes obran por su propio derecho, ocupan la misma posición en el proceso, fueron demandados simultáneamente y se les reclamaron las mismas prestaciones, por lo que es inconcuso que la reposición ordenada, como tal, alcanza al codemandado, pero con una modalidad distinta a la quejosa. 92. Se hace dicha aclaración porque la reposición respecto del referido codemandado debe realizarse en los términos expuestos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 258/2010, de la que derivó la jurisprudencia 72/2011, de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO. LA CONCESIÓN DE AMPARO A UNO DE LOS LITISCONSORTES PARA EL EFECTO DE SER EMPLAZADO AL JUICIO, NO TIENE EL ALCANCE DE DEJAR INSUBSISTENTES LOS EMPLAZAMIENTOS DE LOS DEMÁS LITISCONSORTES Y ORDENAR SU NUEVO LLAMAMIENTO A JUICIO", la cual es aplicable al caso por analogía, porque en ella se estableció que la reposición de autos debe afectar a todos los litisconsortes respecto de los cuales se deberá dictar una nueva sentencia en la que se habrán de valorar, de nueva cuenta, los elementos que obren en el expediente y los que aporte el litisconsorte que obtuvo el amparo, lo que hace patente que los litisconsortes que sí acudieron al juicio o que fueron emplazados -distintos de la parte quejosa- no obtendrán una renovación de plazos, aportar nuevas pruebas o formular alegatos novedosos, tal como se advierte de la parte conducente de dicha ejecutoria que dice: (.)" Recurso de revisión. Mediante proveído del ocho de abril de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte tercera interesada, interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que lo radicó bajo el número A.R.101/2021 de su índice. Así, mediante acuerdo del veinte de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo al Tribunal de Alzada remitiendo copia certificada de la ejecutoria pronunciada el dos de septiembre de dos mil veintiuno, en el amparo en revisión A.R.101/2021 de su índice; misma que en sus puntos resolutivos estableció: "PRIMERO. Se confirma la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y protege a SILVIA ROJAS GONZÁLEZ, respecto de los actos reclamados consistentes en la falta de emplazamiento al juicio oral mercantil 614/2017, y todo lo actuado en el mismo, incluyendo la diligencia de requerimiento de pago y embargo de tres de noviembre de dos mil veinte, seguido en su contra, por la aquí recurrente, tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla. (VICIOS DE FONDO)." Cumplimiento. En atención a lo anterior, se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remitiera las constancias relativas para acreditarlo. En ese sentido, la Juez Décimo Segundo Especializada en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, mediante acuerdo del treinta de septiembre del año en curso, informó el contenido de la determinación del veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio oral mercantil 614/2017/12/AF de su índice, del que se advierte en lo que interesa, lo siguiente: 1. Que dejó sin efecto todo lo actuado en el juicio oral mercantil 614/2017/12/AF a partir del emplazamiento practicado a la quejosa Silvia Rojas González, incluyendo la diligencia de requerimiento de pago y embargo de tres de noviembre de dos mil veinte. 2. Subsiste el emplazamiento realizado al codemandado Gregorio Melo Sanguino, en virtud de que en el juicio de origen existía la figura de litis consorcio pasivo necesario. 3. Ordenó turnar los autos del juicio de origen al Diligenciario de su adscripción, para que se constituyera en el domicilio de la parte demandada [aquí quejosa] y llevara a cabo la diligencia de emplazamiento de la demandada. Por lo tanto, si la protección constitucional se concedió para el efecto de que la Juez Décimo Segundo Especializada en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, dejara insubsistente todo lo actuado en el juicio oral mercantil 614/2017 de su índice, a partir del emplazamiento reclamado, ordenando reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión, lo cual realizó mediante acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, emitido en el juicio de origen, como se aprecia de la narrativa hecha con antelación; por lo que este Juzgado de Distrito considera que la autoridad responsable demostró haber dado cumplimiento a la sentencia dictada en autos. Consecuentemente, se concluye que el fallo protector HA QUEDADO CUMPLIDO, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO." Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes esta determinación, a efecto de que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes puedan interponer recurso de inconformidad. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y a la tercera interesada Ana ***, y por lista al diverso tercero interesado Gregorio ***.

  3. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA *** NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Se declara cumplida la sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, tomando en consideración que la partes no desahogaron la vista que le fue otorgada mediante auto de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Sentencia. Al respecto, se precisa que mediante sentencia de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, en la que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "VIII. DECISIÓN "89. Tomando en cuenta lo fundado de los conceptos de violación de la quejosa estudiados bajo la prerrogativa de la suplencia de la queja deficiente, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la Juez Décimo Segundo Especializada en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, deje insubsistente todo lo actuado en el juicio oral mercantil 614/2017 de su índice, a partir del emplazamiento reclamado, ordenando reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión conforme a la ley que lo rige. 90. Es aplicable la jurisprudencia 99/2017, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 287, libro 49, tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a diciembre de 2017, que dice: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." 91. Por otra parte, es importante destacar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando se ordene reponer el procedimiento, sus efectos deben hacerse extensivos a los codemandados de la parte quejosa, siempre que entre estos exista litisconsorcio pasivo necesario; y siendo que entre la quejosa y el restante demandado en el procedimiento de origen -Gregorio Melo Sanguino-, existe tal institución porque se trata de un juicio oral mercantil; existe el actor y diversos demandados quienes obran por su propio derecho, ocupan la misma posición en el proceso, fueron demandados simultáneamente y se les reclamaron las mismas prestaciones, por lo que es inconcuso que la reposición ordenada, como tal, alcanza al codemandado, pero con una modalidad distinta a la quejosa. 92. Se hace dicha aclaración porque la reposición respecto del referido codemandado debe realizarse en los términos expuestos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 258/2010, de la que derivó la jurisprudencia 72/2011, de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO. LA CONCESIÓN DE AMPARO A UNO DE LOS LITISCONSORTES PARA EL EFECTO DE SER EMPLAZADO AL JUICIO, NO TIENE EL ALCANCE DE DEJAR INSUBSISTENTES LOS EMPLAZAMIENTOS DE LOS DEMÁS LITISCONSORTES Y ORDENAR SU NUEVO LLAMAMIENTO A JUICIO", la cual es aplicable al caso por analogía, porque en ella se estableció que la reposición de autos debe afectar a todos los litisconsortes respecto de los cuales se deberá dictar una nueva sentencia en la que se habrán de valorar, de nueva cuenta, los elementos que obren en el expediente y los que aporte el litisconsorte que obtuvo el amparo, lo que hace patente que los litisconsortes que sí acudieron al juicio o que fueron emplazados -distintos de la parte quejosa- no obtendrán una renovación de plazos, aportar nuevas pruebas o formular alegatos novedosos, tal como se advierte de la parte conducente de dicha ejecutoria que dice: (.)" Recurso de revisión. Mediante proveído del ocho de abril de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte tercera interesada, interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que lo radicó bajo el número A.R.101/2021 de su índice. Así, mediante acuerdo del veinte de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo al Tribunal de Alzada remitiendo copia certificada de la ejecutoria pronunciada el dos de septiembre de dos mil veintiuno, en el amparo en revisión A.R.101/2021 de su índice; misma que en sus puntos resolutivos estableció: "PRIMERO. Se confirma la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y protege a SILVIA ROJAS GONZÁLEZ, respecto de los actos reclamados consistentes en la falta de emplazamiento al juicio oral mercantil 614/2017, y todo lo actuado en el mismo, incluyendo la diligencia de requerimiento de pago y embargo de tres de noviembre de dos mil veinte, seguido en su contra, por la aquí recurrente, tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla. (VICIOS DE FONDO)." Cumplimiento. En atención a lo anterior, se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remitiera las constancias relativas para acreditarlo. En ese sentido, la Juez Décimo Segundo Especializada en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, mediante acuerdo del treinta de septiembre del año en curso, informó el contenido de la determinación del veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio oral mercantil 614/2017/12/AF de su índice, del que se advierte en lo que interesa, lo siguiente: 1. Que dejó sin efecto todo lo actuado en el juicio oral mercantil 614/2017/12/AF a partir del emplazamiento practicado a la quejosa Silvia Rojas González, incluyendo la diligencia de requerimiento de pago y embargo de tres de noviembre de dos mil veinte. 2. Subsiste el emplazamiento realizado al codemandado Gregorio Melo Sanguino, en virtud de que en el juicio de origen existía la figura de litis consorcio pasivo necesario. 3. Ordenó turnar los autos del juicio de origen al Diligenciario de su adscripción, para que se constituyera en el domicilio de la parte demandada [aquí quejosa] y llevara a cabo la diligencia de emplazamiento de la demandada. Por lo tanto, si la protección constitucional se concedió para el efecto de que la Juez Décimo Segundo Especializada en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, dejara insubsistente todo lo actuado en el juicio oral mercantil 614/2017 de su índice, a partir del emplazamiento reclamado, ordenando reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión, lo cual realizó mediante acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, emitido en el juicio de origen, como se aprecia de la narrativa hecha con antelación; por lo que este Juzgado de Distrito considera que la autoridad responsable demostró haber dado cumplimiento a la sentencia dictada en autos. Consecuentemente, se concluye que el fallo protector HA QUEDADO CUMPLIDO, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO." Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes esta determinación, a efecto de que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes puedan interponer recurso de inconformidad. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y a la tercera interesada Ana ***, y por lista al diverso tercero interesado Gregorio ***.

  4. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA *** NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Se declara cumplida la sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, tomando en consideración que la partes no desahogaron la vista que le fue otorgada mediante auto de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Sentencia. Al respecto, se precisa que mediante sentencia de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, en la que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "VIII. DECISIÓN "89. Tomando en cuenta lo fundado de los conceptos de violación de la quejosa estudiados bajo la prerrogativa de la suplencia de la queja deficiente, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la Juez Décimo Segundo Especializada en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, deje insubsistente todo lo actuado en el juicio oral mercantil 614/2017 de su índice, a partir del emplazamiento reclamado, ordenando reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión conforme a la ley que lo rige. 90. Es aplicable la jurisprudencia 99/2017, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 287, libro 49, tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a diciembre de 2017, que dice: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." 91. Por otra parte, es importante destacar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando se ordene reponer el procedimiento, sus efectos deben hacerse extensivos a los codemandados de la parte quejosa, siempre que entre estos exista litisconsorcio pasivo necesario; y siendo que entre la quejosa y el restante demandado en el procedimiento de origen -Gregorio Melo Sanguino-, existe tal institución porque se trata de un juicio oral mercantil; existe el actor y diversos demandados quienes obran por su propio derecho, ocupan la misma posición en el proceso, fueron demandados simultáneamente y se les reclamaron las mismas prestaciones, por lo que es inconcuso que la reposición ordenada, como tal, alcanza al codemandado, pero con una modalidad distinta a la quejosa. 92. Se hace dicha aclaración porque la reposición respecto del referido codemandado debe realizarse en los términos expuestos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 258/2010, de la que derivó la jurisprudencia 72/2011, de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO. LA CONCESIÓN DE AMPARO A UNO DE LOS LITISCONSORTES PARA EL EFECTO DE SER EMPLAZADO AL JUICIO, NO TIENE EL ALCANCE DE DEJAR INSUBSISTENTES LOS EMPLAZAMIENTOS DE LOS DEMÁS LITISCONSORTES Y ORDENAR SU NUEVO LLAMAMIENTO A JUICIO", la cual es aplicable al caso por analogía, porque en ella se estableció que la reposición de autos debe afectar a todos los litisconsortes respecto de los cuales se deberá dictar una nueva sentencia en la que se habrán de valorar, de nueva cuenta, los elementos que obren en el expediente y los que aporte el litisconsorte que obtuvo el amparo, lo que hace patente que los litisconsortes que sí acudieron al juicio o que fueron emplazados -distintos de la parte quejosa- no obtendrán una renovación de plazos, aportar nuevas pruebas o formular alegatos novedosos, tal como se advierte de la parte conducente de dicha ejecutoria que dice: (.)" Recurso de revisión. Mediante proveído del ocho de abril de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte tercera interesada, interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que lo radicó bajo el número A.R.101/2021 de su índice. Así, mediante acuerdo del veinte de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo al Tribunal de Alzada remitiendo copia certificada de la ejecutoria pronunciada el dos de septiembre de dos mil veintiuno, en el amparo en revisión A.R.101/2021 de su índice; misma que en sus puntos resolutivos estableció: "PRIMERO. Se confirma la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y protege a SILVIA ROJAS GONZÁLEZ, respecto de los actos reclamados consistentes en la falta de emplazamiento al juicio oral mercantil 614/2017, y todo lo actuado en el mismo, incluyendo la diligencia de requerimiento de pago y embargo de tres de noviembre de dos mil veinte, seguido en su contra, por la aquí recurrente, tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla. (VICIOS DE FONDO)." Cumplimiento. En atención a lo anterior, se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remitiera las constancias relativas para acreditarlo. En ese sentido, la Juez Décimo Segundo Especializada en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, mediante acuerdo del treinta de septiembre del año en curso, informó el contenido de la determinación del veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio oral mercantil 614/2017/12/AF de su índice, del que se advierte en lo que interesa, lo siguiente: 1. Que dejó sin efecto todo lo actuado en el juicio oral mercantil 614/2017/12/AF a partir del emplazamiento practicado a la quejosa Silvia Rojas González, incluyendo la diligencia de requerimiento de pago y embargo de tres de noviembre de dos mil veinte. 2. Subsiste el emplazamiento realizado al codemandado Gregorio Melo Sanguino, en virtud de que en el juicio de origen existía la figura de litis consorcio pasivo necesario. 3. Ordenó turnar los autos del juicio de origen al Diligenciario de su adscripción, para que se constituyera en el domicilio de la parte demandada [aquí quejosa] y llevara a cabo la diligencia de emplazamiento de la demandada. Por lo tanto, si la protección constitucional se concedió para el efecto de que la Juez Décimo Segundo Especializada en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, dejara insubsistente todo lo actuado en el juicio oral mercantil 614/2017 de su índice, a partir del emplazamiento reclamado, ordenando reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión, lo cual realizó mediante acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, emitido en el juicio de origen, como se aprecia de la narrativa hecha con antelación; por lo que este Juzgado de Distrito considera que la autoridad responsable demostró haber dado cumplimiento a la sentencia dictada en autos. Consecuentemente, se concluye que el fallo protector HA QUEDADO CUMPLIDO, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO." Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes esta determinación, a efecto de que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes puedan interponer recurso de inconformidad. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y a la tercera interesada Ana ***, y por lista al diverso tercero interesado Gregorio ***.

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