Silvia Rodríguez Mendivil
Expediente 501/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 501/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/03/2021
Partes del expediente
- Silvia Rodríguez Mendivil
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, enviado vía interconexión, por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, mediante el cual solicita se le remita copia certificada de diversos proveídos del juicio de amparo 501/2020 y se le informe el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo. Atento a su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º de la misma, remítase por la misma vía las copias certificadas que solicita, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, se hace de su conocimiento que con fecha diez de noviembre de dos mil veinte, causó estado el sobreseimiento fuera de audiencia dictado en el presente expediente, como asunto concluido; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diez de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el auto de veinte de octubre de dos mil veinte, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, no fue recurrido por alguna de las partes; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo conforme a su artículo 2°, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. En otra tesitura, en cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, pues se trata de un asunto en el que fue sobreseído el presente juicio de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Igualmente, una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21; y háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. En la inteligencia de que si la autoridad responsable no ha reanudado labores con motivo de la emergencia sanitaria que predomina en nuestro país, resérvese la entrega del oficio respectivo, hasta la fecha en que reanuden labores. Asimismo, dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada del edificio sede para su consulta por los interesados. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio JFCA49/ADIM/SEMR/1571/2020 de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas de ocho de octubre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por anunciada la prueba documental que exhibe. Toda vez que el acto reclamado en el presente juicio de amparo consiste en la omisión de la Junta Especial número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, de celebrar la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro del juicio laboral número 311/2018, promovido por ... por tanto, de la constancia de referencia se advierte que en el presente juicio se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.) Para actualizarse la causa de improcedencia referida, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, no basta su derogación, modificación o revocación por parte de la autoridad responsable; sino también, es necesario que aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de revisar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del gobernado para ser borrada por el otorgamiento de la Protección de la Justicia Federal. Lo anterior, debido a que el Presidente de la Junta Especial número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, informó que el ocho de octubre del año en curso, celebró la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral 311/2018 de su índice. Circunstancias que se consideran suficientes para llegar a concluir que cesó el acto reclamado consiste en la omisión de la Junta responsable de celebrar la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro del juicio laboral número 311/2018. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J.59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio 1999, Novena Época, registro 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia que contiene la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio constitucional. En consecuencia, válidamente se puede concluir, que en el caso particular, cesaron los efectos del acto reclamado; el que quedó sin efecto al celebrarse la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas de ocho de octubre de dos mil veinte, por lo que la afectación que se dolía la peticionaria de amparo desapareció, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, que constituyó una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo y repuso a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, del rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Bajo ese orden de ideas, lo procedente es decretar el SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, puesto que ni aún con la celebración de la misma podría desvirtuarse con prueba alguna tal hecho jurídico; de ahí que resulta innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, esperar a que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Apoya las consideraciones anteriores la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que literalmente dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En consecuencia, se deja sin efectos la hora y fecha señalada en autos para la celebración de la audiencia constitucional, misma que estaba fijada para las NUEVE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a ocho de octubre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los presentes autos, del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, y del acuerdo de veintidós de septiembre del año en curso, dictado en el juicio laboral 311/2018, que acompañó, se advierten que se fijaron las trece horas de esta fecha, para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el citado juicio laboral, motivo del acto reclamado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, requiérase a dicha autoridad para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído, remita copias certificadas debidamente legibles y completas de la referida audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas; o bien, de la determinación que emita al respecto, para estar en condiciones de realizar un estudio completo de la pretensión formulada, lo anterior, de acuerdo con la facultad de recabar oficiosamente las pruebas que se estimen necesarias para mejor proveer, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo. En caso de hacer caso omiso a lo ordenado, se le impondrá una multa de doscientas Unidades de Medida y Actualización equivalentes a $16,120.00 (dieciséis mil ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional), en términos de los artículos 237, fracción II, 259 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE.
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